Categoría: Derecho Mercantil y Societario

El plagio: ¿Qué puedo reclamar?

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El plagio es un termino que suele ser muy usado en nuestra vida cuotidiana. No obstante, ¿sabemos realmente qué es y, sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener?

Si le preguntamos a cualquier ciudadano o conocido, nos definirá el plagio como el hecho de copiar una obra realizada por otra persona (o tercero). Y su definición técnica tiene precisamente este espíritu, aunque como todo en la ley, hay que matizar y ver qué es lo que engloba

Para empezar, para poder referirnos a plagio, debemos previamente hacer referencia obligada al concepto de AUTOR y de OBRA, dos conceptos que van muy unidos, ya que el autor, valga la redundancia, es el que realiza una obra. Y esta obra es la que puede ser objeto luego de plagio por un tercero que intente atribuirse esta obra.

El plagio como derecho de propiedad intelectual

El plagio como hecho ilícito se configura dentro de lo que se denomina derecho de propiedad intelectual, que es aquella rama del derecho que engloba los derechos que tienen los autores de obras artísticas.

Según el artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.

Diferentes formas de plagio

Existen distintas formas de plagio que pueden dar lugar a responsabilidad civil. Entre ellas y, en primer lugar, encontramos el plagio puro, que no deja de ser el más conocido, y es el “copy paste integro. Es decir, coger una obra, realizar un copiar de toda esta obra, y atribuirse su autoría.

Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otras formas de plagio, tales como son, centrándonos en las obras literarias y/o académicas, el maquillaje de párrafos o el uso abusivo del derecho de citas.

En el caso del maquillaje de párrafos, lo que se intenta es “disimular” este plagio mediante la recolocación de párrafos y sustitución de palabras por sinónimos. Se trata entonces aquí, de ir revisando “página a página” para ver si la forma de expresión y literalidad de párrafos ha sido cambiada con esta intención.

Y, en segundo lugar, el uso abusivo de la cita viene recogido en el art. 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. De hecho, se añade de una forma positiva, cuando el precepto se refiere en primer lugar a que las citas son lícitas; pero luego lo limita cuando establece que son licitas siempre y cuando busquen fines docentes o de investigación, y siempre indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Infracción del derecho de autor por plagio: indemnización por daños y perjuicios

La consecuencia directa que tiene un reconocimiento judicial de infracción del derecho de propiedad intelectual es que el autor original tiene derecho a una indemnización de daños y perjuicios. Esta indemnización tiene dos dimensiones: una dimensión patrimonial y una dimensión moral.

Dependerá, en cada caso, cual será el importe que se puede solicitar por el impacto e infracción de los derechos de autor por sufrir plagio en una obra.

El deber de solicitar el concurso de acreedores

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Una de las palabras más temidas para las empresas españolas, debido ello a nuestra poca cultura en temas de insolvencia es el “concurso de acreedores”. Todas las empresas le temen y normalmente se suele vincular con el final de un negocio.

El concurso de acreedores es necesario

No obstante, la institución de concurso de acreedores es una figura jurídica que sirve para poder ayudar a las empresas que están en riesgo de insolvencia o inminente solvencia, poder ayudar a su situación para luego, en todo caso, “volver a empezar”.

El concurso de acreedores viene regulado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, una ley que, desde su publicación y entrada en vigor, ha sufrido varias modificaciones.

Lo que muchas veces no conocen los empresarios es que éstos tienen la obligación, incluida esta no solo en la ley Concursal sino también en la Ley de Sociedades de Capital, de presentar voluntariamente el concurso de acreedores cuando se encuentran en un caso de insolvencia empresarial. En caso contrario, puede incurrirse incluso en un caso de responsabilidad social.

Así mismo lo establece el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando se refiere a que Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

¿Cuándo debe un empresario o sociedad solicitarlo?

La respuesta nos la da la Ley de Concurso, y es la que enumera los casos en los que procedería entender que debemos solicitar la apertura de concurso de acreedores:

  1. El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
  2. La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
  3. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. 
  4. El incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago tributarias, de cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante los 3 meses anteriores a la solicitud de concurso; así como las de pago de salarios, indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las 3 últimas mensualidades.

¿Quién puede o debe instar el concurso de acreedores?

Los principales legitimados para poder solicitar el concurso de acreedores son el deudor (concurso voluntario), cualquiera de sus acreedores, los socios integrantes de una persona jurídica o los acreedores del deudor fallecido (concurso forzoso).

La Ley obliga al deudor a instar el concurso en un término máximo de dos meses a contar desde la fecha desde que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Este deber, dentro de la ley de sociedades de capital, tal como ya hemos avanzado, se integra dentro de los deberes de diligencia del buen empresario.

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