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Cómo los accionistas del Popular han perdido toda la inversión

Durante la semana pasada el Banco Popular ha sido noticia por su compra por el Banco Santander por un euro, haciendo que las acciones del Popular en la bolsa perdieran todo su valor.

Accionistas del Banco Popular

Desde el primer momento de esta adquisición la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, aseguró que la sociedad española no tendría que hacerse cargo económicamente de esa operación. Aunque no se haya utilizado dinero público, el total de accionistas han perdido toda su inversión.

El Popular ha realizado cuatro ampliaciones de capital desde la crisis del 2.008, en la ampliación gestionada por Ángel Ron vendieron un producto irreal, y en la última necesitaron 1.000 millones de euros como provisiones adicionales.

A los inversores y accionistas se le prometieron conseguir beneficios y dividendos, que se han convertido en la pérdida de grandes cantidades multimillonarias. La macroampliación se llevó a cabo sin ningún tipo de análisis de riesgo ni se comercializó de forma transparente. Asimismo, las pymes no tuvieron elección pues al contratar una línea de crédito fueron prácticamente obligadas a comprar acciones de la entidad.

Unos de los más afectados no son los accionistas, sino que son las personas que para ir a esa ampliación pidieron préstamos a la misma entidad, por lo que ahora van tener que seguir pagando ese préstamo, para la adquisición de acciones que no tienen valor, al Santander.

En estos últimos días se han disparado las demandas por esta macroampliación de capital al no actuar debidamente, pues no se mostraron las cuentas ni la situación económica reales, ni se llevaron a cabo los análisis de riesgos posibles, ni se hizo de manera transparente.

Muchos profesionales de derecho bancario han comunicado que van a interponer las demandas necesarias para que los accionistas recuperen su inversión.

Todo este caso tiene grandes similitudes con el caso Bankia, por lo que se van a iniciar acciones legales a los dos consejos de administración del Banco Popular, al de Ángel Ron y al de Emilio Saracho. Cabe recordar que el año pasado la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya impuso un millón de euros como sanción por comerciar bonos convertibles.

Ahora toca al Banco Santader asumir todos los problemas sobre las acciones y los bonos del Banco Popular.

Estos son algunos de los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia:

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Nulidad del impuesto de plusvalía municipal

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional el pasado 11 de mayo, se ha declarado la nulidad del impuesto de plusvalía si se dan minusvalías. Desde Navas & Cusí declaramos que la cuantía a abonar por los diferentes ayuntamientos rondaría los 10.000 millones de euros. Será un gran impacto para las arcas públicas de esos municipios.

Cómo reclamar la plusvalía municipal

Esta nulidad solamente afecta a quien haya comprado, vendido, donado o heredado una propiedad en los últimos cuatro años, aplicándose la prescripción en el resto de casos. Principalmente se recomienda a todos los damnificados a reclamar los ingresos cobrados injustamente a sus ayuntamientos. En el caso de no conseguir un acuerdo, se aconseja seguir por la vía contencioso-administrativa.

La sentencia del 16 de febrero de este año del Pleno Alto Tribunal sobre los territorios forales de Guipúzcoa y Álava, ya declaró inconstitucional este impuesto recogido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Muchos han sido los tribunales que se han manifestado ante el cobro del impuesto de plusvalía, pues sería contrario al art. 31.1 el cual estipula que los ciudadanos deben contribuir según su capacidad económica. Desde el despacho Navas & Cusí defendemos que se trata de una decisión idónea que beneficia a los ciudadanos.

Al ser anulado el pago del impuesto sobre el incremento del valor delos terrenos de naturaleza urbana a nivel nacional, cualquier propietario que venda la propiedad por una cantidad menor por la que la adquirió no tendrá que abonar ese tributo.

Muchos han sido los medios que se han hecho eco de la noticia:

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El gobierno español deberá cumplir las sanciones del TJUE por incumplir la normativa hipotecaria

Los estados miembros tenían hasta el 21 de marzo de 2016 para realizar la trasposición de la Directiva 2014/17/CE. Como desde Navas & Cusí se lleva advirtiendo desde abril del año pasado, el gobierno no estaba cumpliendo con el plazo establecido para la trasposición de esta directiva.

Desde julio de 2016 se llevan presentado varios borradores por parte del gobierno, llevándose a cabo anteproyectos que no cumplen plenamente lo que incluye la directiva europea. El gobierno español, al igual que el de Croacia, Portugal y Chipre, no han cumplido con la vigencia de esta norma comunitaria, vigente desde el 21 de marzo del año pasado.

Por ello, la Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a estos países, entre ellos España, por no haber incluido la normativa europea hipotecaria a su legislación vigente.

Esta normativa defiende los derechos de los consumidores en relación a la suscripción de préstamos hipotecarios o cuando estos tengan problemas para reembolsar esos préstamos. Se pretende conseguir un mercado de crédito hipotecario que proteja a los consumidores.

La no aplicación de esta directiva perjudica a los consumidores ya que otros prestamistas de otros países de la Unión Europea no pueden realizar actividades comerciales, perjudicando a la competencia y la elección entre varias ofertas.

La trasposición no se llevó a cabo ya el gobierno se encontraba en funciones, según fuentes del Ministerio de Economía, necesitan llegar a un consenso parlamentario por lo que no depende únicamente del gobierno.

Juan Ignacio Navas Marqués, socio-director de Navas & Cusí considera que “el retraso es bochornoso y culpable. Nos podríamos haber ahorrado este descrédito nacional”.

Infórmese de los medios que se han hecho eco de la noticia:

 

 

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El Banco Popular debe reformular sus cuentas y el Banco de España aclararlas

El propio Banco Popular ha reconocido que tiene que realizar las correcciones oportunas en sus cuentas de provisiones y garantías tras la auditoría interna realizada por PriceWatherhouseCoopers (PWC). Si esas cuentas no reflejaron la situación financiera real de la entidad bancaria, los inversores podrían reclamar alegando que no tenían datos reales.

En palabras de Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, “en caso de que esa contabilidad incorrecta significará infracciones de orden legal podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades tanto al consejo de administración del Banco Popular como a los organismos reguladores -CNMV y Banco de España- por su responsabilidad in vigilando”.

Si el consejo de administración del banco da por bueno el informe elaborado por PWC deberán reformular las cuentas. La entidad financiera remitió a la CNMV que el informe de la auditoría interna muestra que más de 600 millones de euros de los ejercicios de antes del 2015 están mal calculados.

El consejo de administración ha declarado que no cree que las cuentas deban ser reformuladas al no haberse visto tan afectadas, añadiendo que simplemente deberían asumir el impacto en el ejercicio de cuentas de este año. Unos u otros ajustes van a mermar los niveles del capital en unos 50 puntos básicos.

Por otro lado, el Banco de España que ha sido el encargado de inspeccionar la actividad del banco, va a tener que explicar y aclarar la situación de la entidad.

Tras lo sucedido, diversos despachos de abogados, entre ellos Navas & Cusí, han estado estudiando el caso para tener en cuenta posibles demandas contra la entidad. La demanda se presentaría por parte delos accionistas de la última ampliación al comprobarse la existencia de valoraciones indebidas.

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El gobierno amplía la protección de los deudores hipotecarios con el RD 5/2017

Con la aprobación del Real Decreto-ley 5/2017 el pasado 18 de marzo en el BOE queda modificado el Real Decreto-ley 6/2012 sobre la protección de los deudores hipotecarios que no disponen de recursos.

Ampliación de la moratoria de los deudores hipotecarios

Desde el primer decreto le han ido sucediendo otros con los que se amplía la duración de moratoria hasta 3 años más, teniendo presente la reciente crisis económica y financiera de los últimos tiempos. Por lo que se amplía el plazo de suspensión de ejecuciones hipotecarias hasta el año 2020.

Para posponer esos desahucios los afectados deben cumplir ciertos requisitos modificados en este último decreto, en el que se ha ampliado el colectivo de la sociedad que puede beneficiarse de estas medidas. Acogiéndose a ellas familias con hijos menores, monoparentales, víctimas de violencia de género o discapacitados, además de los colectivos protegidos en los decretos anteriores.

Desde Navas & Cusí se achaca que debido a la praxis de los últimos años se ha tenido que aumentar la protección para todas esas familias afectadas por la crisis económica y financiera. Asimismo, se defiende que las entidades bancarias ofrezcan alquileres sociales en vez que el banco pase a ser el propietario legal de la vivienda.

El proponer un sistema de recuperación de la vivienda es un acierto ya que se evitan las cesiones de créditos a fondos buitre limitando el derecho de tanteo y de retracto. Sin olvidar, la hitorial de la vivienda, la situación del deudor hipotecario y la cantidad prestada.

Desde nuestro despacho sostenemos que debería ser una ley permanente y de obligado cumplimiento para todas las entidades financieras ya que solamente se aplicará a las que suscribieran el Código de Buenas Prácticas. Este Real Decreto admite que las inscritas en el Código se puedan dar de baja antes de un mes, esto no se debería permitir, incluso debería ser obligatorio para todas las entidades la suscripción en el Código de Buenas Prácticas.

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El Tribunal Supremo sentencia la devolución de 550.000€ a una empresa por falta de información en la contratación de un swap con el banco Santander

En julio de 2008 la mercantil defendida por Navas & Cusí suscribió con la entidad bancaria Santander un contrato sobre el alquiler de una planta solar fotovoltaica por más de 1.000.000€, cuyo vencimiento se cumplía el 18 de julio de 2020 y con un interés variable del euríbor más un 10%.

En ese mismo año, el 17 de octubre se realizó un contrato de permuta financiera de 550.500 €. Cuando se ejecutó el contrato el cliente obtuvo 1.492,66€ de liquidaciones positivas y 39.973,02€ de liquidaciones negativas.

Los afectados optaron por recurrir ante el Tribunal Supremo tras distintas sentencias de varias instancias judiciales. El tribunal sentenció la nulidad del swap financiero argumentando que el cliente no recibió la información necesaria sobre el producto que contrataron.

La sentencia explica que el Banco Santander no ofreció “al cliente una información completa, suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de cancelación”.

Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de las Palmas de Gran Canaria condenó a esa entidad bancaria a devolver a la empresa denunciante 300.000€ al suscribir valores Santander sin ofrecer la información necesaria del tipo de producto. Obligando a la empresa a devolver 111.744 € al Santander en relación a los intereses y dividendos en función del tiempo de duración del contrato. Este tipo de sentencia no es firme, por lo que podría ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

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El Tribunal Supremo aplica la normativa del TJUE sobre las cláusulas suelo

El Tribunal Supremo desde el pasado miércoles 15 de febrero, comenzó a aplicar el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el que se concede la retroactividad total a los afectador por cláusulas suelo. Las asociaciones de consumidores lo celebran ya que esta normativa va a implicar que las entidades bancarias tengan que devolver las cantidades de dinero percibidas indebidamente.

El TJUE falló el pasado 21 de diciembre la nulidad de las cláusulas suelo siempre y cuando se demostrará la existencia de un vicio en el consentimiento de quienes firmaron el contrato hipotecario sin haber recibido la información pertinente sobre los riesgos de ese producto.

La presidenta de ASUFIN declaró que esperaba que los bancos devolvieran el dinero sin necesidad de medidas judiciales. Tras el recurso del Supremo del pasado miércoles que sentenció que las cláusulas de la Caja Rural de Teruel cumplían con todos los deberes de transparencia, hará que otras entidades se escuden en ese argumento. Además, obvia el real decreto que está desarrollando el Gobierno, obligando a los afectados a reclamar sus derechos por vía judicial.

Desde Navas & Cusí se defiende que esta celeridad con la que el Tribunal Superior ha tratado el tema de retroactividad ha venido motivada por la resolución del TJUE en Luxemburgo. Señalando que en casos con una sentencia firme se debe apoyar en la jurisprudencia comunitaria, apelando a la responsabilidad del gobierno ya que en casos similares se ha demostrado la mala aplicación del derecho de la Unión Europea.

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Se aplica las sentencias del TJUE y el Supremo para declarar la nulidad de una cláusula similar a la suelo

El Juzgado de Primera Instancia nº5 de L’Hospitalet de Llobregat ha sentenciado, aplicando las sentencias del TJUE y el Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo, la nulidad de una cláusula incluida en un contrato hipotecario muy similar a la de las cláusulas suelo.

La demandante fue defendida por Navas& Cusí, el despacho defendió este caso basándose en la nulidad de la cláusula abusiva y contraria al derecho. La cláusula especificaba que “si la cuota calculada después de cada revisión de tipo fuese interior a la cuota resultante de la revisión anterior, se aplicará esta última”.

La jueza interpuso esa sentencia debido a la similitud con la cláusula suelo ya que existe un límite en la bajada de intereses, no bajando la cuota aunque disminuyan los intereses, aplicándose uno cuota superior a la que correspondería. Aplicando por ello la doctrina del Tribunal Supremo y del TJUE basándose en su retroactividad.

La afectada no fue informada sobre el coste comparativo con otros tipos de préstamos o sobre el comportamiento del índice de referencia, dificultando la identificación de la cláusula. Todo esto, según la juez, implicaba que los afectados no conocieran la auténtica relevancia del contrato hipotecario que firmaron.

Por el contrario, se rechazó la nulidad de otra cláusula relativa al Índice de Referencias de Préstamos Hipotecarios (IRPH), al considerar que hubo una negociación previa sobre el índice antes de firmar el contrato de la hipoteca ante la notaría.

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Bankinter vendió multidivisas argumentado la falta de trasparencia del Euríbor

Según Juan Ignacio Navas Marqués, socio-director de Navas & Cusí, “se trata de la primera vez que un banco reconoce en sede judicial la manipulación del Euríbor”.

Bankinter vendió multidivisas a un azafato de Iberia al argumentar el riesgo del euríbor, poniendo en duda su transparencia y aportando documentación manipulada a los clientes en la que se mostraba las ventajas de contratar una multidivisa frente al préstamo hipotecario en euros. Como señala el señor Navas “No informó de los riesgos de la multidivisa, pero sí de los riesgos de contratar en euros; exactamente lo contrario de lo que debió hacer”.

El juez dictaminó que el testimonio de la empleada de Bankinter no era veraz ya que no se había facilitado toda la información al cliente sobre los riesgos de contratar una multidivisa, señalando en el fallo que “no ha probado en absoluto sus deberes de diligencia y transparencia en interés de sus clientes”.

Se obligó al banco mediante la sentencia a volver a calcular la hipoteca en euros desde el principio del contrato hipotecario y condenando a Bankinter a pagar las costas judiciales.

Bankinter alegó que el contrato se realizó con total control notarial para asegurar una total transparencia. También se defendió utilizando el principio de actos propios, en el que se supone que el cliente confirmó al no quejarse, y alegando la caducidad de la acción. El juez considera que el banco tenía la obligación de ofrecer toda la información “imparcial, clara y no engañosa” como se recoge en la directiva MiFID.

En la sentencia se recuerda que las multidivisas pertenecen al grupo de derivados financieros, por lo que en la compra no se permite la omisión de la obligación de la información. Básicamente, se señala que la entidad debe asegurarse de que el cliente conoce y comprende todas las circunstancias y los riegos del producto que comercializan.

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Primera sentencia que anula la hipoteca al entregar el inmueble

El pasado 7 de diciembre el Juzgado nº 10 de lo Mercantil de Barcelona declaró nula la cláusula de responsabilidad personal universal, al considerarla abusiva al estar impuesta por la entidad bancaria. En la sentencia se resolvió que no se cumple el doble control de transparencia que se exige a las cláusulas impuestas, que sean entendidas por el cliente y que este sea consciente de las consecuencias económicas, patrimoniales y personales de dicha cláusula.

La cláusula que ha sido nula, impone al titular del préstamo hipotecario la obligación de pagar el resto de la deuda aunque haya entregado su vivienda al banco en concepto de dación de pago.

Según Juan Ignacio Navas Marqués, socio-director de Navas & Cusí, se trata de “una sentencia histórica porque Juan Español no sabe que cuando firma un contrato de hipoteca y las cosas se tuercen, no sólo se queda sin su casa sino que el banco le persigue de por vida hasta que cobre lo que no se haya cubierto en la subasta del piso”.

Bankia impuso la cláusula de responsabilidad personal universal sin negociación con el cliente y sin informar plenamente de las consecuencias que dicha cláusula acarrea. Por ello, el juez dictaminó que la entidad no había actuado con buena fe.

El Juzgado de lo Mercantil terminó anulando la responsabilidad personal del contrato de la hipoteca, así como la nulidad de la cláusula por la que se establecían unos fiadores solidarios al considerar esas cláusulas abusivas y no haber ningún control de transparencia.

Desde Navas & Cusí se ha defendido en todo momento el caso, y señala que es una sentencia relevante para el derecho español ya que se ha establecido la dación en pago por vía judicial, es decir, el deudor hipotecario ya no asumirá responsabilidades de por vida al entregar el inmueble al banco.

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