El procedimiento de evaluación de repercusiones en zonas protegidas

El pasado 9 de septiembre el TJUE trató y analizó el procedimiento de evaluación de repercusiones de un proyecto sobre zonas protegidas, que prevé la Directiva 92/43/CEE, en su artículo 6.

El caso en cuestión resolvía una cuestión judicial procedente de Irlanda. En ella, una sociedad Irlandesa pretendía construir una terminal de regasificación de gas natural. Esta empresa pidió una primera autorización para la construcción de la terminal, que tenía un plazo máximo de 10 años. Superado la fecha límite, nunca se llegó a hacer la construcción y se pidió una prórroga de la autorización.

El fondo del asunto radica en si, en la autorización inicial, la Autoridad irlandesa competente cumplió con el procedimiento de evaluación del artículo 6.3 de la Directiva y si la prórroga de la autorización está sometida a un nuevo examen, o en cambio, no era necesario, al ser el proyecto el mismo que el anterior.

Dicho procedimiento está destinado a garantizar, mediante un control previo, que un plan o proyecto no va afectar de forma apreciable (y negativa) a un lugar con cuya gestión no tenga relación directa, por ejemplo, si el emplazamiento donde se va a llevar a cabo ese plan está situado al lado de una zona protegida gestionada por los poderes públicos.

El procedimiento que regula la Directiva consta de dos fases:

  • La primera impone a los Estados Miembros la realización de una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto en un lugar protegido cuando exista la probabilidad de que afecte de manera apreciable a dicho lugar. Esta fase implica identificar todos los aspectos del plan o proyecto que puedan afectar a los objetivos de conservación del lugar protegido.
  • La segunda supedita la autorización de tal plan o proyecto al requisito de que no cause perjuicio a la integridad del lugar afectado, de manera que únicamente se aprobaran si se tiene la certeza (y no sólo la duda razonable) que, desde el punto de vista científico, no habrá ningún efecto perjudicial.

Insiste el Tribunal que, por esta razón, si una evaluación presenta lagunas, no contiene contestaciones y conclusiones completas, precisas y definitivas que disipen cualquier duda, quedará el examen inadmitido.

Además, en dicha Sentencia, se establecen las obligaciones que la Autoridad Competente debe realizar en el caso de haber una “renovación” o nueva aprobación de un proyecto ya autorizado con anterioridad.

Las autoridades están obligadas a tener en cuenta cualquier cambio en la obra utilizada, así como en el “contexto medioambiental” por lo que SÍ será necesario un nuevo examen de la repercusión. No obstante, no es necesario hacer toda la evaluación de nuevo, sino que podrá hacer parcialmente en aquellos puntos donde se hayan producido los cambios.

En definitiva, esta Sentencia del alto tribunal europeo es una muestra más de que en estos últimos años, la sociedad está demandado, al legislador, nuevas normativas que cuiden y protejan la naturaleza, con el objetivo de tener un mundo más sostenible y respetuoso con los recursos naturales. Las instituciones europeas han recogido el guante, y han comenzado a buscar mecanismos más sólidos y eficaces para proteger nuestro medio ambiente.

La reclamación de las cuotas de comunidad de propietarios

Todas las situaciones de copropiedad son complejas y las comunidades de propietarios no son una excepción.

De entre todas las cuestiones que envuelven a las comunidades de propietarios una de las más delicadas es siempre la de demandar judicialmente a aquéllos copropietarios que no están al corriente del pago de sus cuotas.

Como siempre que se ejercita una reclamación, es imprescindible tener claro el plazo que existe para ejercitar dicha reclamación, evitando así la prescripción de la misma y, por tanto, la imposibilidad de que demandar.

En concreto, respecto a la prescripción de la acción para reclamar las cantidades impagadas en concepto de cuotas de comunidad, las Audiencias provinciales han mantenido criterios dispares. Así, hay Audiencias que sostiene que el plazo que se tiene para exigir a los propietarios morosos el pago de esas cuotas es el general previsto en el artículo 1964.2 Código civil (antes de 15 años y, actualmente, de 5 años); y otras apuestan porque se trata de una “obligaciones de pago que debe hacer por años o en plazos más breves” y, por tanto, les resulta de aplicación el artículo 1963.3º del Código civil, que prevé que la acción para reclamar esas cuotas impagadas prescribe a los 5 años.

Pues bien, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha posicionado, recientemente, en favor de esta segunda postura, defendiendo que, efectivamente, la obligación de pagar la cuota a que se refiere el artículo 9.1.e) de la Ley de propiedad horizontal es un pago que debe hacerse por años o en plazos más breves.

Siendo que en 2015 el artículo 1964.2 del Código civil fue modificado –pasando el plazo de prescripción general de 15 a 5 años, podría pensarse que la reciente Sentencia del Tribunal Supremo carece de sentido, pues, en la práctica, el plazo de prescripción acaba siendo, en un caso u otro, de 5 años.

Ahora bien, la importancia de esta sentencia no radica en el hecho de que el plazo de prescripción sea de 5 años, sino en el hecho de que se determine que estamos ante una “obligación que debe hacerse en años o en plazos más breves”, pues puede ocurrir que en determinadas legislaciones autonómicas los plazos no sean los mismos si se trata de una obligación de pago “general” o una que deba hacerse “en años o en plazos más breves”, a modo de ejemplo, el derecho catalán fija una prescripción trienal para “Las pretensiones relativas a pagos periódicos que deban efectuarse por años o plazos más breves”.

En cualquier caso, las Comunidades de propietarios deben tener en cuenta que no podrán reclamar indefinidamente las cuotas impagadas de los copropietarios morosos y éstos deben saber que, transcurrido determinado tiempo, no se les podrán exigir todas las cantidades impagadas.

La importancia de ejercitar la acción legal adecuada

En cualquier procedimiento judicial es clave que la acción que se ejercita en la demanda y, por tanto, lo que se pide, sea exactamente lo que pretendemos.

En este artículo me centraré en tres vías de acción que prevé nuestro Código civil que pueden confundirse: 1) la acción de nulidad de un contrato por vicio en el consentimiento (artículos 1261, 1265 y 1266 CC) 2) la acción de resolución contractual por incumplimiento (artículo 1124) y 3) la acción indemnizatoria (artículo 1101).

Estas tres vías de reclamación tienen puntos en común, pero también particularidades concretas que deben tenerse en cuanta dependiendo de la consecuencia que se busca, tal y como ha recordado el Tribunal Supremo en una reciente sentencia de 15 de julio de 2020, en la que se le plantea una cuestión relativa a la compra de unos títulos de deuda subordinada que fueron posteriormente convertidas en acciones.

Pues bien, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, veamos cuándo debe utilizarse cada una de estas acciones y sus efectos:

  1. La acción de nulidad del contrato por vicio se ejercita cuando lo que se pretende es que se declare nulo el contrato por haber dado el consentimiento al mismo, una de las partes, por error, por ejemplo, por no haber sido informado de los riesgos de un producto bancario concreto comercializado por una entidad financiera.

La finalidad de esta acción es la de que el contrato se tenga como si nunca hubiera existido y cada parte deberá devolver a la otra lo que hubiera recibido de ésta. En este caso, es importante recordar que el plazo para poder demandar en base a esta acción, es de 4 años.

  • Por su parte, debe ejercitarse la resolución contractual cuando, en obligaciones recíprocas, la otra parte haya incumplido con sus obligaciones, y lo que se busque sea que cumpla o bien que se resuelva el contrato, en ambos casos con daños y perjuicios, e intereses.
  • Y por último, la acción de resarcimiento que prevé el artículo 1101 del Código civil, que no debe confundirse con la anterior.

Esta vía es la que debe utilizarse cuando se pretende que se fije una indemnización por el daño sufrido por razón de un incumplimiento doloso o culposo de la otra parte, quien será condenado al pago. En palabras del propio Tribunal Supremo, “no persigue el logro de la efectividad de la prestación, ni la finalización del vínculo obligacional, sino reequilibrar la economía del acreedor tras el daño patrimonial sufrido por causa del incumplimiento”.

En definitiva y si bien dependiendo de los caso, podrán ejercitarse varias de las anteriores acciones en una misma demanda, será esencial que se ejerciten las que legalmente procedan, pues en caso contrario podemos ver como es desestimada por los tribunales.

En este artículo me centraré en tres vías de acción que prevé nuestro Código civil que pueden confundirse: 1) la acción de nulidad de un contrato por vicio en el consentimiento (artículos 1261, 1265 y 1266 CC) 2) la acción de resolución contractual por incumplimiento (artículo 1124) y 3) la acción indemnizatoria (artículo 1101).

Estas tres vías de reclamación tienen puntos en común, pero también particularidades concretas que deben tenerse en cuanta dependiendo de la consecuencia que se busca, tal y como ha recordado el Tribunal Supremo en una reciente sentencia de 15 de julio de 2020, en la que se le plantea una cuestión relativa a la compra de unos títulos de deuda subordinada que fueron posteriormente convertidas en acciones.

Pues bien, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, veamos cuándo debe utilizarse cada una de estas acciones y sus efectos:

  1. La acción de nulidad del contrato por vicio se ejercita cuando lo que se pretende es que se declare nulo el contrato por haber dado el consentimiento al mismo, una de las partes, por error, por ejemplo, por no haber sido informado de los riesgos de un producto bancario concreto comercializado por una entidad financiera.

La finalidad de esta acción es la de que el contrato se tenga como si nunca hubiera existido y cada parte deberá devolver a la otra lo que hubiera recibido de ésta. En este caso, es importante recordar que el plazo para poder demandar en base a esta acción, es de 4 años.

  • Por su parte, debe ejercitarse la resolución contractual cuando, en obligaciones recíprocas, la otra parte haya incumplido con sus obligaciones, y lo que se busque sea que cumpla o bien que se resuelva el contrato, en ambos casos con daños y perjuicios, e intereses.
  • Y por último, la acción de resarcimiento que prevé el artículo 1101 del Código civil, que no debe confundirse con la anterior.

Esta vía es la que debe utilizarse cuando se pretende que se fije una indemnización por el daño sufrido por razón de un incumplimiento doloso o culposo de la otra parte, quien será condenado al pago. En palabras del propio Tribunal Supremo, “no persigue el logro de la efectividad de la prestación, ni la finalización del vínculo obligacional, sino reequilibrar la economía del acreedor tras el daño patrimonial sufrido por causa del incumplimiento”.

En definitiva y si bien dependiendo de los caso, podrán ejercitarse varias de las anteriores acciones en una misma demanda, será esencial que se ejerciten las que legalmente procedan, pues en caso contrario podemos ver como es desestimada por los tribunales.

El cómputo de los cuatro años para reclamar la nulidad por vicio en el consentimiento

El 14 de julio de 2020, el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse sobre el dies a quo para el cómputo del plazo de interposición de la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento en la adquisición de participaciones preferentes de BANKIA. Es decir, sobre cuándo empieza a correr el plazo legal de 4 años para reclamar la nulidad de esas preferentes, si el cliente prestó su consentimiento por error, por falta de información.

En efecto, ante nuestro Tribunal Supremo se plantea un recurso de casación que versa sobre una acción de nulidad de tres órdenes de suscripción de participaciones preferentes de la ya extinta Caja Madrid, del año 2009, en la que el cliente solicita la restitución de las cantidades abonadas; frente a la cual BANKIA opone, entre otros argumentos, la caducidad/prescripción de la acción de nulidad ejercitada, por entender que el plazo de 4 años debe computarse desde que se suspendieron los pagos de los cupones, eso fue el 1 de junio de 2012, porque fue entonces cuando el cliente se dio cuenta de su error.

Por su parte, el cliente entiende que tuvo conocimiento del error el día 16 de abril de 2013, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dictó una Resolución acordando acciones de recapitalización y gestión de instrumentos híbridos y de deuda subordinada, en ejecución del Plan de Reestructuración de Grupo BFA-Bankia, aprobado el 27 de noviembre de 2012; y, por tanto, que todavía no habían transcurrido los 4 años cuando, el 9 de septiembre de 2016 interpuso la demanda.

En definitiva, una vez más vuelve a plantearse el Tribunal Supremo la cuestión relativa al cómputo del plazo de los 4 años para ejercitar la acción de nulidad por vicio en el consentimiento, respecto del cual el artículo 1301 del Código civil dispone que “La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: (…) En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.”.

Y, la respuesta que da el Tribunal Supremo en nada es una sorpresa, pues insiste en su doctrina de que “debe impedir[se] que la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error, quede fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error, concluyendo que el día inicial del cómputo del plazo debe ser el de la resolución administrativa del FROB que dio lugar al canje, es decir, el día 16 de abril de 2013, y, en consecuencia, la acción no estaba caducada.

El Tribunal Supremo mantiene su criterio sobre las hipotecas multidivisa

Los préstamos hipotecarios en divisa extranjera, más conocidas como “hipotecas multidivisa” han sido uno de los productos financieros más comercializados por nuestras entidades bancarias y también uno de los que mayores perjuicios han causado a los deudores hipotecarios.

En efecto, en los años 2006 a 2008, cuando el EURIBOR estaba a unos niveles muy elevados, los bancos ofrecían estas hipotecas en divisas extranjera y referenciada, normalmente, al LIBOR, como un producto muy favorable y con cuotas muy bajas; pero sin explicar las entidades prestamistas que esas cuotas estaban directamente relacionadas con la fluctuación que sufriera la divisa extranjera en la cual se hubiera formalizado el préstamo (normalmente, yenes japoneses o francos suizos).

Cuando los deudores empezaron a darse cuenta de que, por culpa de esas fluctuaciones, sus cuotas eran cada vez más altas, empezaron a interponer demandas judiciales reclamando la nulidad de las cláusulas multidivisa, llegando a pronunciarse no sólo el Tribunal Supremo, sino también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A día de hoy, el criterio de la jurisprudencia nacional –basado en las directrices dadas por Europa- respecto a las hipotecas multidivisa es claro y unánime, y así se mantiene en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de julio de 2020.

Y este criterio -que cualquier deudor hipotecario que quiera que su hipoteca sea recalculada a euros, aplicándosele el tipo de interés pactado y teniéndose en cuenta los pagos ya realizados- se basa en lo siguiente:

  • En primer lugar, en que las hipotecas multidivisa no tienen la consideración de producto de inversión y, por tanto, no se aplica la normativa sobre el mercado de valores para valorar la contratación de este tipo de productos financieros.
  • En segundo lugar, en que para que sea declarada la nulidad parcial (y no total) del préstamo en divisas y, por tanto, para que subsista el préstamo, pero  en euros, la acción que debe ejercitarse no es la del “error en el consentimiento” –que conllevaría el vicio de la totalidad del contrato y no sólo de las cláusulas multidivisa-, sino la acción de la “falta de transparencia”.
  • Y, por último, y en relación con lo anterior, en que las hipotecas multidivisa son un producto complejo a efectos del control de transparencia.

Ello supone que, para que pueda entenderse que hubo transparencia en la celebración del contrato y, por tanto, que esas cláusulas no son nulas, el consumidor habrá tenido que disponer, antes de la celebración del mismo, de información sobre sus condiciones y consecuencias. Esto, en este tipo de hipotecas se traduce en que el consumidor debe ser informado de que se expone al riesgo del tipo de cambio de la moneda en que percibe el préstamo (pero no sus ingresos), y de las posibles variaciones de los tipos de cambio; no siendo suficiente con que el deudor haya recibido información y recomendación externa ajena a la propia entidad y con independencia de que hubiera sido el consumidor quien hubiera solicitado este producto.

Es decir, que, en definitiva, los tribunales tendrán que valorar si el consumidor pudo conocer, con sencillez, la carga económica y jurídica que estaba asumiendo cuando firmó el préstamo en divisas.

La responsabilidad de CAIXABANK respecto de los contratos suscritos y transmitidos por BANKPIME

Durante los últimos años, los consumidores han tenido que sufrir, expectantes, como las cajas y las entidades financieras, con las que habían contratado todo tipo de productos y servicios, desaparecían, para fusionarse con otras entidades bancarias o ser absorbidas por éstas; y, en otros muchos casos, han padecido las consecuencias de que sus deudas fueran transmitidas de sus prestamistas iniciales a nuevos acreedores; con el desconcierto e indefensión que estos “movimientos” suponen para sus derechos.

Precisamente, el caso que afecta a la transmisión del negocio bancario operado entre BANKPIME y CAIXABANK, S.A. es sobre el que recae el recurso de casación recientemente resuelto por el Tribunal Supremo.

Este caso tiene su origen en una demanda que una consumidora presentó frente a CAIXABANK, S.A., reclamando la resolución de un contrato de adquisición de bonos Aisa con pacto de recompra, que en su día había suscrito con BANKPIME, por entender que no había sido informada del riesgo que conllevaba el producto adquirido y que, cuando vencieron dichos bonos, no le fue reintegrado su importe.

La contestación de CAIXABANK, S.A. se basó en negar que estuviera legitimada pasivamente, es decir, en negar que frente a ella pudiera hacerse cualquier reclamación por ese contrato que había firmado BANKPIME, pues si bien era cierto que esta le había transmitido su negocio bancario, se habían excluido los pasivos litigios, como este.

Con todo ello, el Tribunal Supremo resuelve dando la razón a la consumidora y entendiendo que CAIXABANK, S.A. sí puede ser demandada, pues, su criterio es el de que Caixabank está legitimada pasivamente para soportar las acciones de nulidad, de resolución contractual o de responsabilidad por incumplimiento contractual, ejercitadas por quienes en su día fueron clientes de Bankpime, en virtud de la transmisión del negocio bancario operado entre Bankpime y Caixabank”.

Todavía más, insiste el alto Tribunal, que si CAIXABANK, S.A. quiere seguir manteniendo que no ostenta legitimación pasiva para ser parte demandada en este tipo de reclamaciones derivadas de contratos suscritos con BANKPIME, debe esgrimir nuevos argumentos distintos a los que ha utilizado hasta ahora; para ver si, con ello, logra que el Tribunal Supremo cambie su asentado criterio jurisprudencial en este tipo de asuntos.

En definitiva, esta sentencia viene a reiterar la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación a la posibilidad de exigir a CAIXABANK responsabilidades por los contratos celebrados con BANKPIME –los cuales le fueron, posteriormente, transmitidos-, reforzándose así la posición de los consumidores, quienes no se ven perjudicados por dicha transmisión.

Nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre los gastos de formalización de hipoteca

En Enero de 2019, el Tribunal Supremo ya se había pronunciado sobre la forma en que debían ser asumidos los gastos derivados de la formalización de hipoteca, cuando la cláusula por la cual se imponía su completo pago al consumidor-prestamista, era declarada abusiva.

Así, como hemos explicado en otras ocasiones, esta jurisprudencia establecería correspondía el pago de los derechos notariales y gastos de gestoría, por mitades a la entidad prestamista y al prestatario, el pago de los aranceles del Registro de la propiedad íntegramente a la entidad prestamista y el Impuesto de Actos Jurídicos documentados debía abonarlo el prestatario.

Sin embargo, entre los tribunales menores, existían dudas respecto de que la solución adoptada por nuestro alto Tribunal fuera conforme a la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como respecto de si existía algún plazo para reclamar la devolución de las cantidades pagadas por razón de dicha cláusula abusiva.

Ello terminó con el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, el 16 de julio de 2020, dictó sentencia por la declaraba que, si una cláusula es abusiva, el juez nacional debe inaplicarla, sin poder modificar su contenido y que, esa cláusula debe tenerse por no puesta, pudiendo, por tanto, el consumidor exigir la restitución de los pagos que hubiera realizado en virtud de la misma, salvo que dichos pagos vengan impuestos por una norma de Derecho interno.

Pues bien, tras esta sentencia europea, ya hemos conocido la primera reacción del Tribunal Supremo. En efecto, el Tribunal tiene que resolver un recurso de casación por el que, en síntesis, se alega que “la sentencia recurrida ha infringido los citados preceptos al imponer el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y de la totalidad de los gastos notariales y registrales al prestamista, en lugar de atender a lo establecido legal y reglamentariamente respecto de cada uno de esos gastos, decidiendo así arbitrariamente sobre las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula del contrato sobre imputación de gastos.”.

Recuerda el Tribunal Supremo, en esta sentencia de 24 de julio de 2020, que si bien la apreciación del carácter abusivo de la cláusula que atribuye al consumidor prestatario el pago de todos los gastos y tributos derivados de la hipoteca comporta su inaplicación, «cosa distinta es que, en cuanto a sus efectos, y dado que los gastos deberán ser abonados a terceros ajenos a los contratantes (funcionarios públicos sujetos a arancel, gestores, etc.) se determine cómo deben distribuirse tales gastos, no en función de la cláusula anulada, sino de las disposiciones legales aplicables supletoriamente.».

Afirma el Tribunal que esta postura ha sido confirmada por la reciente sentencia del Tribunal europeo, cuando dispone que “el juez nacional debe deducir todas las consecuencias que, según el Derecho interno, deriven de la comprobación del carácter abusivo de la cláusula considerada, a fin de evitar que la mencionada cláusula vincule al consumidor”, y vuelve a analizar a quién corresponde, según las leyes y reglamentos, pagar el Impuesto de Actos jurídicos documentados, los derechos notariales y los aranceles registrales.

Concluye el Tribunal Supremo que, de conformidad con la nueva jurisprudencia europea, debe mantenerse su postura y, por tanto, que el Impuesto de Actos jurídicos documentados ha de ser abonado por el prestatario, en tanto que es el sujeto pasivo de dicho tributo; que los gastos de notaría deben distribuirse por mitades entre las partes contratantes, por estar ambas interesadas en la operación; y que los aranceles y gastos registrales deben ser asumidos por el banco prestamista, porque el derecho de hipoteca se inscribe a su favor.

El Tribunal Supremo volverá a pronunciarse sobre el IRPH

Después de que, en 2017, el Tribunal Supremo declarara –aunque con el voto particular de dos de sus Magistrados- que el índice de referencia de préstamos hipotecarios -más conocido por sus siglas, IRPH- era válido y no podía ser sometido a control de transparencia, por tratarse de un índice oficial publicado; y de que el Juzgado de primera instancia nº 38 de Barcelona planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronunciara sobre si ese índice debía ser o no sometido a los controles de transparencia y abusividad, muchos creyeron que la cuestión relativa al IRPH quedaría zanjada, pero nada más lejos de la realidad.

Efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el pasado mes de marzo, se pronunció sobre esta cuestión sentenciando que la cláusula por la que se fija como tipo de referencia el IRPH (en concreto, cajas), sí está comprendido en el ámbito de la Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores y que, por tanto, los tribunales nacionales deben analizar, en cada caso concreto, si esa cláusula era clara y comprensible y si el consumidor fue informado y pudo conocer sus consecuencias.

En virtud de esta Sentencia, la mayoría de nuestros tribunales, han apostado por la eliminación de dicha cláusula del contrato, pero no hay tanta unanimidad de criterio respecto a qué efecto tiene que tener la eliminación de una cláusula IRPH declarada abusiva, si eso conllevara la anulación del préstamo y eso fuera perjudicial para el consumidor, es decir, si, en consecuencia, debe, por ejemplo, aplicarse el Euribor, o el tipo que fija la Disposición adicional 15ª de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, o no aplicarse tipo de interés alguno.

En definitiva, el importante papel que el Tribunal europeo dejó en manos de los tribunales nacionales ha sembrado ciertas dudas respecto a cómo debe interpretarse su Sentencia y concretarse, a nivel práctico, la declaración de nulidad de una cláusula IRPH.

Y tanto es así, que está previsto que, el próximo 30 de septiembre, la Sala de Civil del Tribunal Supremo se pronuncie, nuevamente, sobre esta cuestión. Por lo que tendremos que esperar para conocer qué decide el nuestro alto Tribunal y para ver si esta vez se posiciona de forma favorable a los consumidores –lo que es de esperar, dado el talante de la Sentencia europea-, pero sobretodo, para que aclare cuáles son los efectos prácticos concretos de la declaración de nulidad de una cláusula IRPH.

El cómputo de los cuatro años para reclamar la nulidad por vicio en el consentimiento

El 14 de julio de 2020, el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse sobre el dies a quo para el cómputo del plazo de interposición de la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento en la adquisición de participaciones preferentes de BANKIA. Es decir, sobre cuándo empieza a correr el plazo legal de 4 años para reclamar la nulidad de esas preferentes, si el cliente prestó su consentimiento por error, por falta de información.

En efecto, ante nuestro Tribunal Supremo se plantea un recurso de casación que versa sobre una acción de nulidad de tres órdenes de suscripción de participaciones preferentes de la ya extinta Caja Madrid, del año 2009, en la que el cliente solicita la restitución de las cantidades abonadas; frente a la cual BANKIA opone, entre otros argumentos, la caducidad/prescripción de la acción de nulidad ejercitada, por entender que el plazo de 4 años debe computarse desde que se suspendieron los pagos de los cupones, eso fue el 1 de junio de 2012, porque fue entonces cuando el cliente se dio cuenta de su error.

Por su parte, el cliente entiende que tuvo conocimiento del error el día 16 de abril de 2013, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dictó una Resolución acordando acciones de recapitalización y gestión de instrumentos híbridos y de deuda subordinada, en ejecución del Plan de Reestructuración de Grupo BFA-Bankia, aprobado el 27 de noviembre de 2012; y, por tanto, que todavía no habían transcurrido los 4 años cuando, el 9 de septiembre de 2016 interpuso la demanda.

En definitiva, una vez más vuelve a plantearse el Tribunal Supremo la cuestión relativa al cómputo del plazo de los 4 años para ejercitar la acción de nulidad por vicio en el consentimiento, respecto del cual el artículo 1301 del Código civil dispone que “La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: (…) En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.”.

Y, la respuesta que da el Tribunal Supremo en nada es una sorpresa, pues insiste en su doctrina de que “debe impedir[se] que la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error, quede fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error, concluyendo que el día inicial del cómputo del plazo debe ser el de la resolución administrativa del FROB que dio lugar al canje, es decir, el día 16 de abril de 2013, y, en consecuencia, la acción no estaba caducada.

La nueva regulación sobre la publicidad de los productos y servicios bancarios

El pasado 26 de junio de 2020, el Banco de España publicó una nueva Circular sobre la publicidad de los productos y servicios bancarios a clientes en territorio español, que entrará en vigor el próximo 15 de octubre de 2020.

En materia bancaria y financiera uno de los aspectos más importantes y que mayores controversias generan, a posteriori, entre las entidades y sus clientes, giran en torno a la publicidad que se ofrece y recibe durante la comercialización de un producto o un servicio bancario.

En la mayoría de operaciones financieras las entidades prestadoras de los servicios bancarios gozan de una posición dominante –como mínimo, por actuar en su ámbito profesional- respecto de sus clientes, y es, precisamente, por lo que desde hace años el Banco de España viene regulando el control que debe existir frente a las prácticas publicitarias de las entidades bancarias.

Por ello, en palabras del propio Banco de España, mediante esta nueva Circular, 4/2020, se pretende lograr una publicidad “clara, suficiente, objetiva y no engañosa y que las relaciones de los clientes con sus entidades en las fases posteriores a la contratación sean menos conflictivas”.

De conformidad con las Directivas europeas, una de las principales novedades que introduce esta Circular es que su aplicación se extiende más allá de las tradicionales entidades de crédito, abarcando también a los productos y servicios publicitados por entidades de dinero electrónico, entidades de pago y prestamistas inmobiliarios -tanto nacionales como autorizadas en un Estado miembro o tercer estado, siempre que operen en España a través de una sucursal, agente o intermediario-, así como a establecimientos financieros de crédito.

También incide la nueva regulación en el formato del mensaje publicitario, en concreto, a la tipografía, al tamaño de letra, al color y al contraste de los mensajes, así como a la adecuación de los mensajes al colectivo al que se dirige; estableciéndose exigencias concretas según se trata de publicidad emitida por medios audiovisuales, radiofónicos, digitales o por redes sociales. Todo ello, con la previsión de que el control de la actividad publicitaria se basará, en primer lugar, en la aprobación por parte del órgano de administración y estar a disposición del Banco de España.

Por último, debe destacarse, que la especial obligación de que en el mensaje publicitario se incluya la tasa anual equivalente, cuando se detalle el coste del producto o servicio, en aras a que el cliente bancario pueda saber cuál es el coste real que la concreta operación le supondrá, en un periodo anual.

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