El proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal

Las dificultades provocadas por la COVID-19 y sus graves consecuencias económicas están dificultando la supervivencia de muchos autónomos y PYMES, siendo muchos los casos que terminan por declararse insolventes.

En el ordenamiento jurídico español, la insolvencia viene regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. El pasado 14 de enero de 2022, se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales un nuevo Proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que tiene como objetivo principal transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia a nuestro ordenamiento.

Entre las novedades introducidas, podemos destacar las siguientes:

  1. Fase pre-concursal

Uno de los pilares esenciales tanto de la directiva como del proyecto de ley son los planes de reestructuración, que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación. La diferencia está en que los planes se adelantan a los acuerdos, siendo que pueden activarse ante la mínima probabilidad de insolvencia. De esta manera el proceso se hace más flexible y ágil, favoreciendo una reestructuración más temprana y adaptada.

En este sentido, cabe mencionar también que el Proyecto incluye los mecanismos de alerta temprana, una herramienta que permita advertir de cualquier indicio de insolvencia.

  • Fase de convenio

El Proyecto regula con más detalle la propuesta de convenio, y se introducen cambios como:

  • la supresión del requisito del consentimiento de los afectados cuando se prevea la conversión de créditos laborales en acciones o participaciones (es decir, del art. 327.2 TRLC),
  • se elimina el derecho de oposición de los acreedores a la propuesta de convenio cuando aquellos no tuviesen reconocido el derecho de adhesión. 
  • Se introduce la prohibición de alterar o revocar la propuesta de convenio una vez haya sido admitida a trámite, sin perjuicio de que el concursado pueda dejarla sin efecto en cualquier momento mediante la solicitud de liquidación de la masa activa.
  • Fase de la conclusión y calificación del concurso

Respecto a la fase final del concurso, el Proyecto incluye una nueva causa de conclusión, que sería la inscripción de la fusión, escisión total o cesión global de activo y pasivo que produzcan la extinción de la sociedad.

Entre los cambios introducidos por el Proyecto que puedan afectar a la calificación, destaca especialmente la supresión de la responsabilidad de los auditores de las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores a la declaración de concurso, que hasta ahora se podían considerar cómplices si actuaban con dolo o negligencia grave.

Por último, es menester mencionar que el Proyecto suprime también todos los artículos relativos al procedimiento abreviado, arts. 522 al 531 TRLC e introduce el procedimiento especial para microempresas (cuya aplicación se aplaza al 1 de enero de 2023) que reduce costes, elimina trámites innecesarios y agiliza el proceso para dichas mercantiles.

Doctrina Francovich / Bonifaci

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 1991 (asuntos acumulados C-6/90 y 9/90), que dio lugar a la doctrina Francovich/Bonifaci, marcó un antes y un después en lo que respecta a la interpretación que debe hacerse en supuestos de responsabilidad de un Estado miembro por incumplimiento de Derecho de la Unión Europea.

Este pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo asentó doctrina europea y en síntesis dispuso que, todos los Estados miembros tienen el deber de tomar todas las medias que resulten preceptivas para que se aplique debidamente la normativa emanada de las instituciones de la UE. Este deber se encuentra previsto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE, cuyo contenido fue completado con la doctrina Francovich/Bonifaci al disponer que, la falta de incorporación y aplicación debida de Directivas y Reglamentos a los ordenamientos interinos derivará en responsabilidad para el Estado miembro incumplidor.

No obstante, esta doctrina asentó una serie de requisitos que deben reunirse para que se aprecie responsabilidad patrimonial de un Estado, en el supuesto de que exista una falta de aplicación de Derecho comunitario. En concreto, el resultado prescrito por la normativa europea debe atribuir derechos concretos a los particulares a los que se les ha causado el daño; el contenido de esos derechos debe aparecer entre las disposiciones recogidas en la normativa europea en cuestión; y la existencia de un nexo causal entre el incumplimiento en el que incurre el Estado miembro y el daño sufridos por los particulares.

En virtud de ello, la doctrina Francovich/Bonifaci dispuso que, para apreciar la existencia de responsabilidad civil patrimonial de un Estado miembro, esta debe fundamentarse en el incumplimiento de una normativa concreta de Derecho de la Unión Europea. En este sentido, la responsabilidad puede valorarse en supuestos tales como en la falta o defectuosa transposición de una normativa comunitaria.

Igualmente, para apreciar dicho incumplimiento el Estado del que se trate debe, en el ejercicio de su facultad normativa, haber vulnerado gravemente disposiciones concretadas emanadas del Derecho de la Unión.

Asimismo, no solo se precisa el incumplimiento de una norma comunitaria, sino que, ello haya supuesto la violación de un derecho a un particular que se recogido en dicha normativa. Por ello, para que un Estado incurra en responsabilidad, debe haberse violado un derecho particular que se encuentre previsto de manera clara y precisa en la normativa de la UE incumplida. Tal y como se recoge en el texto de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 1991, debe tratarse de derechos definidos de manera incondicional y suficientemente precisa.

Del mismo modo, para apreciar responsabilidad de un Estado miembro, debe existir una demostrable relación de causalidad (causa-efecto) entre la acción u omisión de una administración nacional y el daño padecido por un particular.

Con respecto al daño, este debe ser real, efectivo e individualizado, lo que significa que tiene que ser un daño verdadero. En el caso de que el daño ocasionado cumpla dichos requisitos, será el Estado infractor quien deba reparar las consecuencias del perjuicio causado en el marco del Derecho nacional en materia de responsabilidad.

Por último, en virtud de la doctrina Francovich/Bonifaci, para que se aprecie culpa por parte de un Estado miembro, no es requisito exigible que se haya declarado previamente por parte del TJUE la existencia de dicho incumplimiento.

Límites a la carga probatoria del artículo 217 LEC: La prueba diabólica

La Ley de Enjuiciamiento Civil trata el tema de la carga de la prueba en el artículo 217 LEC, que señala: “corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención”.

En las últimas décadas, la jurisprudencia ha ido perfeccionando la regla general de distribución de la carga de la prueba, regulando el criterio de “disponibilidad y facilidad probatoria” del apartado sexto del mencionado artículo. En otras palabras, se ha ido flexibilizando o limitando la carga de la prueba, imponiendo la misma a la parte que tenga mayor facilidad o esté en condiciones de aportarla, criterio que se deja a discreción del Tribunal durante el juicio o la vista.

En este sentido, uno de los límites a la carga probatoria de la parte demandante es la figura que se conoce como probatio diabólica, que es aquella situación imposible de probar y la doctrina jurisprudencial es muy clara sobre lo inadecuado de su exigencia. Así, tal y como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2013, no puede exigirse la aportación documental a la parte actora cuando las fuentes de prueba no se encuentran en su poder:

“Es doctrina del Tribunal Constitucional (desde sus sentencias núm. 227/1991, de 28 de noviembre EDJ 1991/11318 , 7/1994, de 17 de enero EDJ 1994/152 , y 95/1999, de 31 de mayo EDJ 1999/11260 ), acogida por el Tribunal Supremo (en sentencias de la Sala 1 ª del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1991, núm. 684/1999, de 26 de julio, recurso núm. 1779/1997, núm. 48/2000, de 31 de enero, recurso núm. 1320/1995 EDJ 2000/330 y núm. 75/2010, de 10 de marzo, recurso núm. 2091/2005 EDJ 2010/31636 ), y reflejada incluso en nuestras normas legales ( art. 304 y 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), que cuando las fuentes de la prueba se encuentran en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso ( art. 118 de la Constitución ) conlleva que dicha parte es quien debe aportar los datos requeridos; que los tribunales no pueden exigir de ninguna de las partes una prueba imposible o diabólica , so pena de causarle indefensión contraria al art. 24 de la Constitución, por no poder justificar procesalmente sus derechos e intereses pertinentes para su defensa; y que los obstáculos y dificultades puestos por la parte que tiene en su mano acreditar los hechos determinantes del litigio, sin causa que lo justifique, no pueden repercutir en perjuicio de la contraparte, porque a nadie le es lícito beneficiarse de la propia torpeza.

La Sala considera que tal doctrina ha de ser tomada en consideración tanto para aplicar las reglas de disponibilidad y facilidad probatoria en la carga de la prueba ( art. 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (EDL 2000/77463) ) como en la valoración de la prueba, otorgando suficiente valor probatorio a pruebas que, en otras circunstancias, pudieran haber sido consideradas insuficientes, cuando la causa de las debilidades probatorias sea imputable a la postura obstaculizadora de la parte a quien benefician”.

Lo mismo señala, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2012, que indica nítidamente que la exigencia de un hecho negativo también se podría calificar como una prueba imposible o diabólica:

“34. Previsto en el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que «(c)corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención», recaía sobre la demandante la prueba de la entrega de la cantidad a cuenta del precio, no solo porque la realidad de ese pago conforma un hecho constitutivo de su pretensión, sino también porque el artículo 217.6 de la Ley procesal valora la proximidad de la parte a la fuente de la prueba, y la disponibilidad probatoria y, como afirma la sentencia recurrida EDJ 2008/15455 , «la escasa dificultad que supone demostrar la entrega de una cantidad de dinero de esa envergadura (462.779’32 Eur.)», desplazaría la carga de la prueba sobre quien afirmó el pago.

35. A lo expuesto hay que añadir que imponer a los codemandados la prueba de su inexistencia, supondría exigir la demostración de un hecho negativo, lo que configura una prueba imposible o diabólica que, como precisa la sentencia 334/2006, de 20 de noviembre, del Tribunal Constitucional, vulnera el derecho a la tutela efectiva”.

El «nuevo» impuesto de plusvalía

Tal y como avanzamos, el pasado martes 26 de octubre el Tribunal Constitucional publicaba su Nota Informativa nº99/2021 en la que se informaba que pronto se publicaría una Sentencia que declararía la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales, en lo que se refiere al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). Puedes encontrar la sentencia aquí.

El Tribunal Constitucional respondió a la “cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla -sede en Málaga-, respecto de los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, por posible vulneración del art. 31.1 CE[1]. Estas disposiciones del RDL son las que hacen referencia al cálculo de la base imponible de la plusvalía municipal, mientras que el artículo 31, en su apartado primero, de nuestra constitución es un principio fundamental del derecho tributario que garantiza que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”[2]

Pues bien, para que luego digan que la administración del Estado es lenta, el pasado lunes, 8 de noviembre, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 26/2021 que modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para adaptarla a la decisión del Constitucional e implantar, entre otras cosas, un nuevo sistema de determinación de la base imponible.

  1. ¿Qué es ­ el Impuesto de Plusvalía Municipal?

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como Plusvalía Municipal, consiste en un impuesto directo que se devenga de manera instantánea y que es de competencia municipal, lo que significa que son los ayuntamientos los encargados de su gestión.

En pocas palabras, la Plusvalía Municipal grava el incremento del valor que se produce en un terreno de naturaleza urbana (o terrenos que forman parte de bienes inmuebles de carácter especial como, por ejemplo, los aeropuertos) a lo largo de un período de tiempo limitado en 20 años, y que se devenga cuando se transmite su propiedad o se constituye cualquier tipo de derecho real de goce sobre el mismo.

  • ¿Qué cambios introduce el RDL 26/2021?

Como avanzamos, el principal cambio que introduce es el cálculo de la base imponible, por lo que se establecen dos métodos:

– La estimación objetiva, consistente en multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes aprobados por el ayuntamiento correspondiente, dentro de los límites establecidos para cada período de tiempo. Así, por ejemplo, si el período son dos años, el coeficiente no podrá superar la cifra de 0,15.

– La estimación directa, que consiste en calcular la diferencia del valor del terreno entre la fecha de transmisión y adquisición, que deberán ser comprobados por los ayuntamientos.

Además, con el fin de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional contenido en su Sentencia 59/2017 de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor.

Por último, señalar que el RDL 26/2021 entró en vigor ayer mismo, el 10 de noviembre de 2021 y que, tal y como dispone su Disposición Final Tercera, no tendrá efectos retroactivos.


[1] Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, p.1

[2] Artículo 31.1 Constitución Española, disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

¿EL FIN DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL?

El pasado martes 26 de octubre el Tribunal Constitucional publicaba su Nota Informativa nº99/2021 en la que se informaba que pronto se publicaría una Sentencia que declararía la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales, en lo que se refiere al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). Puedes encontrar la sentencia aquí.

¿Qué es el Impuesto de Plusvalía Municipal?

El Impuesto de Plusvalía Municipa (Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) consiste en un impuesto directo que se devenga de manera instantánea y que es de competencia municipal, lo que significa que son los ayuntamientos los encargados de su gestión.

En pocas palabras, la Plusvalía Municipal grava el incremento del valor que se produce en un terreno de naturaleza urbana (o terrenos que forman parte de bienes inmuebles de carácter especial como, por ejemplo, los aeropuertos) a lo largo de un período de tiempo limitado en 20 años, y que se devenga cuando se transmite su propiedad o se constituye cualquier tipo de derecho real de goce sobre el mismo.

La cuestión de inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha respondido a la “cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla -sede en Málaga-, respecto de los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, por posible vulneración del art. 31.1 CE”[1].

Estas disposiciones del RDL son las que hacen referencia al cálculo de la base imponible de la plusvalía municipal, mientras que el artículo 31, en su apartado primero, de nuestra constitución es un principio fundamental del derecho tributario que garantiza que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”[2]

La respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad del magistrado don Ricardo Enríquez, ha sido afirmativa, declarando que el método que se emplea para la determinación objetiva de la base imponible de la plusvalía es del todo inconstitucional, por partir de la premisa de que siempre se ha producido un incremento en el valor del terreno, ignorando así, todos aquellos supuestos en los que no se de tal aumento. Así, concluye en su fundamento jurídico quinto, apartado D:

“En consecuencia, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE).”[3]

¿Qué consecuencias tiene esta decisión?

El propio Tribunal Constitucional ha querido asegurarse de limitar el alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la plusvalía municipal. Así, antes del fallo añade un apartado sexto dedicado a aclarar que:

“no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.

A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse 31 esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.”[4]

[1] Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, p.1

[2] Artículo 31.1 Constitución Española.

[3] Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021,FJ 5 apartado D

[4] Ibid. FJ 6.

La CNMV introduce cambios en los modelos de informes anuales

El pasado 9 de octubre la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió en forma de nota de prensa una nueva circular por la que se modifican los modelos de informes anuales de gobierno corporativo y remuneraciones de consejeros de las sociedades cotizadas.

Así, se publica la Circular 3/2021 de 28 de septiembre, que pretende adaptar los mencionados modelos de informes anuales a la Ley 5/2021 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital con el objetivo de fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Modelos de informes anuales de Gobierno Corporativo

Estos modelos de informes anuales de Gobierno Corporativo tienen como finalidad reunir de manera unitaria y sintetizada todas aquellas prácticas y costumbres que conformen la estructura de gobierno de una sociedad. Se recoge, por ejemplo, información acerca de los procesos para la toma de decisiones o de la organización interna tanto vertical como horizontal de la sociedad. El objetivo de estos modelos es proporcionar una especie de “folleto informativo” que refleje la imagen fiel de la sociedad, para que todos los agentes que operen en el mercado puedan conocer la realidad funcional de la misma.

Los cambios que ha introducido la Circular 3/2021 respecto a estos modelos de informes son los siguientes:

  1. A partir de ahora, se debe informar, en su caso, sobre las “acciones con voto doble por lealtad”;
  2. también se realice un ajuste en la sección sobre operaciones con partes vinculadas a las definiciones y criterios establecidos en la Ley de Sociedades de Capital;
  • y por último, se solicita información sobre los cargos que los consejeros desempeñan en otras entidades, sean o no cotizadas, y sobre las demás actividades retribuidas de los consejeros.

Modelos de informes anuales de Remuneraciones de Consejeros

Estos informes, denominados usualmente IARC, recogen esencialmente las políticas y prácticas retributivas adoptadas por una sociedad cotizada, y aplicadas a sus consejeros. La Circular 3/2021 introduce los siguientes cambios:

  1. A partir de ahora, se debe informar sobre toda desviación del procedimiento para la aplicación de la política de remuneraciones y sobre toda excepción temporal que se haya aplicado;
  2. también se deberá incluir una explicación sobre cómo la remuneración devengada y consolidada en el ejercicio contribuye al rendimiento sostenible y a largo plazo de la sociedad;
  • y además, se añade un apartado nuevo para poder comparar los importes anuales devengados y las variaciones anuales experimentadas, durante los últimos 5 años, en la retribución de cada uno de los consejeros, en los resultados consolidados de la sociedad y en la remuneración media sobre una base equivalente a jornada completa de los empleados de la sociedad y de sus sociedades dependientes que no sean consejeros (CEO pay ratio).

Esta Circular es completamente vigente, ya que ha entrado en vigor el pasado 10 de octubre, y como ya se ha mencionado, afectará exclusivamente a las sociedades cotizadas que deban presentar informes correspondientes a ejercicios cerrados con fecha de 31 de diciembre de 2021 o posterior.

El plazo para presentar la tasación de costas en el marco del procedimiento de ejecución

Un problema recurrente en el marco de un procedimiento de ejecución es el relativo a la tasación de costas procesales. Cuando una persona acude a un procedimiento de ejecución para hacer valer la condena del contrario, normalmente solicita también al juez que condene en costas al ejecutado, que son los gastos derivados del procedimiento judicial.

El requerimiento del juez a la parte ejecutante para que presente la tasación de dichas costas, suele ir acompañado de un plazo límite de, por ejemplo, cinco días. No es raro que se dé la situación en la que dicho plazo no se cumple, ya sea por la complejidad de la tasación o la burocracia que conlleva, y cada vez es más común que la consecuencia sea la notificación por la que se da por terminado el procedimiento de ejecución por entender tal silencio como una renuncia a las costas.

Desde Navas Cusí queremos recordar que esto vulnera la Ley de Enjuiciamiento Civil y se opone a la jurisprudencia asentada.

Esto es así porque el procedimiento de ejecución de títulos judiciales se caracteriza, esencialmente, por ser un proceso de apremio especial y privilegiado cuyo objetivo se concreta la ejecución forzosa de una resolución judicial y que, además, tal y como dispone el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Judicial, “sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante

Teniendo esto en cuenta, el hecho de que el Juzgado haya notificado que declara por terminado el proceso de ejecución por entender que la parte ejecutante ha renunciado a la tasación de costas por haber transcurrido el plazo de CINCO días sin haber obtenido respuesta, contraviene de manera flagrante no sólo el artículo mencionado, si no la esencia del proceso ejecutivo en sí.

La decisión de terminar el proceso de ejecución estaría, por tanto, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución, ya que la ejecución de sentencias en sus propios términos forma parte de tal derecho. Así lo entiende la jurisprudencia de nuestros tribunales como, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Valencia en su Sentencia de 19 de diciembre de 2018 en la que considera que:

el artículo 179 de la LEC no autoriza a fijar plazos impropios con carácter preclusivo y fatal para actuaciones en que la LEC no establece plazo perentorio alguno, máxime cuando el art. 231 de la LEC dispone que «el Tribunal y el secretario judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes». Además, porque según el art. 236 la falta de impulso procesal por las partes o interesados no originará caducidad alguna, máxime cuando el art. 239 establece que las disposiciones relativas a la caducidad de la instancia no son aplicables en las actuaciones para la ejecución forzosa, ya que éstas deberán proseguir hasta obtener el cumplimiento, ello como expresión del derecho a la tutela judicial efectiva , ya que la ejecución de sentencias en sus propios términos forman parte de tal derecho, debiendo agotarse la ejecución hasta la completa satisfacción del acreedor ejecutante (art . 570). Asimismo, porque despachada ejecución por principal e intereses y costas, no se ha agotado el proceso de ejecución despachado, máxime cuando no consta renuncia de la parte inicialmente ejecutante. Y finalmente, porque el hecho de que la parte no evacue o cumplimente un determinado traslado podrá dar lugar, en su caso, a un archivo provisional , cual si se tratara de un supuesto análogo al de suspensión de los arts 179.2 y 19.4 de la LEC, pero en absoluto a un archivo definitivo, que sólo será factible en el supuesto previsto en el art. 570 cuando la ejecución haya terminado, como se ha dicho, con la completa satisfacción del acreedor ejecutante , que no es el caso.”

Y respecto a la vulneración concreta del artículo 570 LEC, cabe mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 2 de septiembre de 2019 que señala:

 “la parte ejecutante tiene reconocida su cualidad de acreedor ejecutante, por lo que la aplicación del artículo 570 LEC no debe dejar lugar a dudas, ya que, si la ejecución forzosa sólo termina con la completa satisfacción del acreedor , tal satisfacción no puede presumirse en aras de una interpretación limitativa del derecho, en atención a normas de impulso procesal que no son de aplicación al caso, y que de ningún modo pueden tener el alcance con que se sanciona la conducta de la ejecutante en el auto recurrido, por cuanto la repercusión de la inactividad de la parte, no supondría nunca el ir más allá de un «archivo provisional (Art. 179 LEC), permaneciendo en tal situación mientras no se solicite la continuación. Por cuanto, tampoco hay que olvidar que el artículo 239 LEC excluye la caducidad de la instancia en la ejecución, estableciendo que las disposiciones de los artículos relativos a la caducidad de la instancia no son aplicables a las actuaciones para la ejecución forzosa, que podrá proseguir hasta obtener el cumplimiento de lo juzgado, aunque hayan quedado sin curso durante los plazos que para la caducidad señala.”

Además de contravenir las disposiciones legales mencionadas supra, la decisión del Juzgado de dar por terminado el proceso de ejecución basándose en el transcurso del plazo de CINCO días sin haber presentado tasación de costas es, básicamente, errónea. Esto es así porque este plazo no es legal, y así lo explica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de junio de 2005 recordando que:

A la parte favorecida por la tasación de costas no se la puede obligar como parece entender la parte recurrente a que presente la tasación en un determinado plazo; lo podrá hacer en el que estime por conveniente, porque el único límite que tiene es el de la prescripción de su acción de reclamación del crédito fijado en la sentencia. Y no se puede pretender modificar esto por el «impulso de oficio del proceso», porque ello sería una actuación en fraude de ley y derechos de las partes, lo que no es admisible.

Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 237 dispone que «se dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictándose al efecto las resoluciones necesarias», ahora bien, de esta redacción no se puede pretender fijar plazos preclusivos no solo no previstos en la Ley, sino contrarios a las normas civiles vigentes y protectoras de derechos; y la Ley procesal no fija un plazo para ejercitar un derecho de crédito, porque no es cuestión procesal sino de Derecho material, prevista en el Código Civil.

El artículo 136 LEC al que se refiere la parte recurrente, que regula la «preclusión», no se ha infringido, porque el mismo se refiere a los plazos fijados para «la realización de un acto procesal de parte», pero no es un acto procesal de parte la petición de tasación de costas.”

Por tanto, si el plazo de cinco días no es el aplicable a las acciones ejecutivas, solo queda recordar cuál sería el plazo de caducidad aplicable. La jurisprudencia responde que es de aplicación el artículo 518 LEC, que reza: “la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del letrado de la Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.”

En este sentido se ha pronunciado, por ejemplo, el Tribunal Supremo en Auto de 1 de junio de 2010, señalando que

“si bien con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil el plazo de prescripción de la acción para reclamar la cantidad correspondiente era el previsto en el art. 1964 CC de quince años, al entender que se pretendía el cumplimiento de una obligación personal, posteriormente, en coherencia con el espíritu de la  Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 , se entiende aplicable a la solicitud de tasación de costas el plazo de caducidad de cinco años previsto en el art. 518 de la LEC para las acciones ejecutivas al considerarla como acto preparatorio de la ejecución. En este sentido, el hecho de estar incluida la condena a su pago en la resolución definitiva, la convierte en un aspecto más al que se extiende la acción ejecutiva que dimana de aquella resolución, sujeta, en consecuencia, al plazo establecido en dicho precepto. Y es que la petición de tasación de las costas implica, en definitiva, la pretensión de cobro de una deuda establecida en una sentencia, cuyo titular es la parte vencedora y no el abogado ni el procurador actuantes, por ello, tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, deberá aplicarse el plazo legal para el ejercicio de las acciones ejecutivas de cinco años (art. 518 LEC).”

Siguiendo esta línea se pronunció la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencia de 17 de marzo de 2011, confirmando que:

Acerca de la caducidad de la solicitud de tasación de costas, traemos a colación el auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2010 (recurso 3398/1998), que dice: «el planteamiento fáctico expuesto exige resolver la solicitud de archivo de la petición de costas por haber caducado el derecho, de acuerdo al artículo 518 LEC. Sobre esta cuestión y aun reconociendo la discrepancia existente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de las Audiencias, encontrando apoyo el criterio defendido por el abogado del Estado, esta Sala considera que a la solicitud de la tasación de costas se le debe aplicar el artículo 518 LEC. En este sentido, el hecho de estar incluida la condena a su pago en la resolución definitiva, la convierte en un aspecto más al que se extiende la acción ejecutiva que dimana de aquella resolución, sujeta, en consecuencia, al plazo establecido en dicho precepto. Y es que la petición de tasación de las costas implica, en definitiva, la pretensión de cobro de una deuda establecida en una sentencia, cuyo titular es la parte vencedora y no el abogado ni el procurador actuantes , por ello, tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , deberá aplicarse el plazo legal para el ejercicio de las acciones ejecutivas de cinco años ( artículo 518 LEC ).”

Por último y para mayor abundamiento, mencionar que las sentencias más recientes han continuado con esta línea argumental, como se puede apreciar en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 1 de julio de 2021:

“No obstante, lo cierto es que el plazo para solicitar la práctica de liquidación de intereses y tasación de costas, según el Tribunal Supremo, es el de cinco años previsto en el art. 518 LEC para las acciones ejecutivas. (…)

Conjugando tales cuestiones, primero, el deber del juez y el LAJ, en el ejercicio de sus correspondientes competencias, de dar de oficio impulso al procedimiento, con el fin, entre otros, de evitar la pervivencia de un número excesivo de procedimientos; segundo, el deber de diligencia de las partes de dar cumplimiento a cuantos requerimientos se le realicen por parte del juzgado; y, tercero, los plazos legales para el ejercicio de las acciones , debe concluirse que resulta posible proceder al archivo provisional del procedimiento en el caso de que en el plazo conferido no se formule por la parte propuesta de liquidación de intereses ni se solicite la práctica de tasación de costas , al objeto de culminar la tramitación del procedimiento y evitar la proliferación innecesaria de ejecuciones abiertas que pueden dificultar el normal funcionamiento de los juzgados; si bien en modo alguno puede tenerse por renunciada a la parte en el ejercicio de tal derecho, ni limitarse el plazo legalmente establecido para el ejercicio de la acción.”

El defecto insubsanable del título en el que se basa el despecho de ejecución: Las segundas copias.

El procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se caracteriza por ser un proceso de apremio especial y privilegiado, cuyo objetivo se concreta en el cobro de los importes adeudados por parte del acreedor ante el impago de las cuotas o cantidades debidas en virtud de un préstamo hipotecario. Este mecanismo viene regulado en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, concretamente en los artículos 681 a 698, en los que la defensa del ejecutado está perfectamente tasada. Por este motivo, la mayoría de letrados que trabajan para defender a la parte deudora, centran su atención en la formación del título ejecutivo en el que se basa el juez para dictar el despacho de ejecución, porque ahí puede estar la respuesta.

¿QUÉ ES UN TÍTULO DE EJECUCIÓN?

Los títulos de ejecución se pueden definir como aquellos documentos que recogen el derecho que posee el acreedor sobre la deuda y que sirve como presupuesto legal para el despacho de la ejecución. No cualquier documento puede ser considerado título ejecutivo, si no que la lista viene delimitada por los artículos 517 y 1429 LEC. Para lo que nos interesa, estos artículos señalan que

“la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. 2.- Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos: …4º) Las Escrituras Públicas, con tal que sea primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes”.

Por tanto, la pregunta lógica es: ¿qué pasa si la Escritura Pública no es una primera copia o, siendo la segunda, no está dada con los requisitos necesarios para su validez? ¿Es un defecto insubsanable en el que se puede basar la defensa del deudor? La respuesta es afirmativa, y así lo concreta la jurisprudencia.

LAS SEGUNDAS COPIAS SIN VALOR EJECUTIVO

Para poder basar la defensa del ejecutado en el valor ejecutivo de las segundas copias, es esencial saber cuáles son los requisitos que debe cumplir. Tal y como nos recuerda la SAP Vizcaya, sec. 3ª, S 22-05-2002, nº 271/2002, rec. 380/2001:

“El denominado juicio ejecutivo, precisa que quien lo inste tenga a su favor un título de los previstos legalmente como aptos para abrir el procedimiento, fórmula que se utiliza en el art. 1.429 de la LEC, al expresar que la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución , siendo el primer título al que se refiere el mencionado precepto, la escritura pública con tal que sea primera copia, o si es la segunda , que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante.”

Por tanto, los requisitos para que una Escritura Pública tenga fuerza ejecutiva son dos y muy simples: que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona perjudicada, o de su causante.  Presupuestos simples, pero que si no se cumplen tienen como consecuencia directa la nulidad del despacho de ejecución hipotecaria. Así ocurre, por ejemplo, en la SAP Vizcaya, sec. 3ª, S 29-05-2001, nº 550/2001, rec. 160/2000 , en el que se reconoce la nulidad del juicio por nulidad del título, al carecer la segunda copia de fuerza ejecutiva:

“desde las anteriores precisiones esta Sala debe hacerse eco de los criterios reseñados, estimando que el presente juicio ejecutivo se ha seguido en base a un título que carece de fuerza ejecutiva dado que se trata de una escritura pública sobre segunda copia, sin cumplir los requisitos legales y que no puede tenerse subsanados por la cláusula contenida en la escritura matriz, ya reseñada en el fundamento segundo de esta resolución, a saber la tercera de los pactos, y ello teniendo en cuenta el carácter eminentemente formalista del juicio ejecutivo sumario, no siendo dado modificar en tal sentido los requisitos establecidos en el art. 1.429/1º de la L.E.C EDL 1881/1. con carácter de necesariedad al carácter y fuerza ejecutiva de los títulos.”

La defensa, por tanto, consiste en solicitar la nulidad de actuaciones en base a la nulidad del título ejecutivo, que además de l todo lo mencionado anteriormente, ha quedado blindado por el artículo 233 del Reglamento Notarial, tras su reforma operada en el año 2007, que establece:

“a los efectos del artículo 517.2.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se considera título ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que se le expida con tal carácter. Expedida dicha copia el notario insertará mediante nota en la matriz su fecha de expedición e interesado que la pidió. En todo caso, en la copia de toda escritura que contenga obligación exigible en juicio, deberá hacerse constar si se expide o no con eficacia ejecutiva y, en su caso y de tener este carácter, que con anterioridad no se le ha expedido copia con eficacia ejecutiva”.

En conclusión, a pesar de que la defensa del ejecutado en un procedimiento de ejecución hipotecaria venga tasada y parezca insuficiente, es esencial conocer el derecho y su aplicación para encontrar formas alternativas que nos permitan proteger al deudor, ya que teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad que suelen definir a este tipo de contratos, es indudablemente la parte más débil de la relación.

Protección de datos en el ámbito laboral

La Agencia Española de Protección de Datos ha unido sus fuerzas junto con el Ministerio del Trabajo, la patronal y las organizaciones sindicales para recopilar, organizar y presentar un documento que sirva de guía práctica sobre protección de datos y relaciones laborales. Puedes encontrar la guía publicada aquí à Protección de datos y relaciones laborales.

La conexión entre los datos personales y el ámbito laboral es evidente ya desde el principio de la relación entre empresa y trabajador. Es precisamente el proceso de selección el punto de partida de la guía: desde el primer envío de datos personales, lo que generalmente consiste en el currículum vitae, credenciales o incluso la carta de presentación, hasta la entrevista de trabajo. La siguiente fase sería la duración de la relación laboral per se, y por último, el manejo de los datos una vez finalizado el contrato de trabajo.

Así, la AEPD se ha centrado en la aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) en las relaciones laborales, lo que inevitablemente supone cambios en el trato y manejo de los datos personales de los trabajadores por parte del empresario y viceversa.

Legitimación del tratamiento de datos

La Guía recalca que la base jurídica que legitima a la empresa a la utilización y manejo de datos personales es el propio contrato de trabajo, que delimita, a su vez, el tipo de información que se puede exigir. Por tanto, y aplicando también el Reglamento de Protección de Datos (RGPD),  tan sólo se permite el tratamiento de datos si se cumplen las siguientes situaciones:

  1. Cuando sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. (art.6.1.b)
  2. Cuando la finalidad del tratamiento de esos datos esté encaminada al mantenimiento de relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios (relaciones «business to business», B2B).

Además, la AEPD ha querido incluir el principio de minimización de datos, que pretende limitar la recogida de los mismos únicamente a aquellos que sean pertinentes, esenciales y adecuados para los fines establecidos.

  1. El proceso de selección

Acceso a las redes sociales de personal y candidatos

El punto esencial de este apartado es que la Guía nos recuerda que tanto el personal como los candidatos no están obligados, bajo ninguna circunstancia y en momento alguno, a permitir el rastreo o la visualización de sus perfiles de redes sociales.

Entrevista de trabajo

Respecto al propio acto de la entrevista de trabajo, la Guía expone de manera clara la prohibición de realizar preguntas personales irrelevantes o no esenciales para la finalidad laboral, así como cualquiera que pueda incurrir en discriminación por razón de sexo, raza, religión etc. Esta limitación incluye preguntas comunes como las relativas a los planes familiares, datos médicos o estado civil.

  • Desarrollo de la relación laboral

Durante el desarrollo de la relación laboral, que no es otra cosa que el cumplimiento de lo estipulado en el contrato de trabajo, el empresario está obligado a informar al trabajador de los datos personales que están siendo manejados y el fin para el que se utilizan. Además, se debe cumplir con el principio de proporcionalidad y minimización de datos.

El registro de la jornada laboral

La AEPD ha querido detenerse en el registro de la jornada laboral, recordando la ilicitud de utilizar este tipo de control para finalidades distintas a las estipuladas en el contrato de trabajo y que bajo ningún concepto puede extralimitarse, por ejemplo, al control de la ubicación del trabajador. Así, incluye apartados dedicados específicamente a la geolocalización, el uso de sistemas de control etc.

Publicación de datos de productividad

Respecto a los datos de productividad del trabajador, la Guía permite su publicación siempre que responda a un juicio ponderado racional entre los intereses del empleador y de los afectados. Además, esta decisión no puede ser indiscriminada si no que debe tener base utilitaria, una finalidad justificada y respetar los principios de proporcionalidad y minimización de datos ya mencionados.

Publicación de nóminas

Sobre si una empresa puede publicar las nóminas de sus trabajadores, la respuesta es afirmativa. La Guía permite la apertura de estos datos siempre que sean estrictamente limitados a los ingresos y deducciones derivados del contrato de trabajo, sin incluir información innecesaria o irrelevante. Además, se impone a los empresarios el deber de proteger datos como la afiliación sindical.

  • Fin de la relación laboral

En esta fase de la relación laboral, se incluyen límites a la carta de despido así como una serie de derechos que ostenta el trabajador para con sus datos personales una vez finalizado el contrato, como es el acceso al bloqueo de datos (art.32 LOPDGDD), el derecho a ser informado sobre el futuro tratamiento de los mismos o el derecho al olvido.

A modo de conclusión, recordamos que la Guía incluye muchos más puntos de los aquí mencionados y de igual relevancia, tales como la protección de datos en los sistemas internos de denuncia o whistleblowing, o la protección de los datos de las víctimas de acoso en el trabajo y de las mujeres supervivientes a la violencia de género.

El plan del Gobierno para frenar el precio de la electricidad: RDL 17/2021 de 14 de Septiembre

Llevamos ya varias semanas atrapados en una especia de loop temporal y como si del día de la marmota se tratara, la noticia es la misma: el precio de la luz rompe todos los récords, todos los días. Esto es así porque desde febrero de este año, se ha incrementado bruscamente – en más de un 250% – , la cotización del gas natural en los mercados europeos, alcanzando niveles sin precedentes e impactando negativamente sobre el precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Esta situación preocupa y no es para menos, ya que se acercan los meses del otoño e invierno, temporadas de mayor consumo energético, y muchos hogares españoles se ven con dificultades para hacer frente al aumento de sus gastos. Ante esta situación insostenible, la pregunta más recurrente es la de qué piensa hacer el gobierno para contrarrestar tales efectos y proteger a los consumidores, en otras palabras, cuál es el plan.

La respuesta llega en forma de Real Decreto-ley[1] e incluye, entre otras, medidas como:

La introducción del “suministro mínimo vital”, como instrumento de protección social frente a la situación de pobreza energética por el que se prohíbe la interrupción del suministro de energía por impago, durante un máximo de seis meses, en aquellos hogares a los que se le reconozca tal beneficio.

La ampliación de cuatro meses del plazo de cobertura de las ayudas directas para autónomos y empresas planteadas en el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19: ahora desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre.

La prórroga de un trimestre adicional de la suspensión del IVPEE (Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica), es decir,  hasta final de año

La reducción del tipo impositivo del IEE (Impuesto Especial de la Electricidad) del 5,11% al 0,5%.

La limitación, durante dos trimestres, del incremento de la tarifa de gas natural, con el objetivo de frenar la subida en la factura del consumidor medio derivada del incremento en el coste de la materia prima.

El fomento de la contratación a plazo de energía eléctrica a través de subastas de contrato, concretando el método y los requisitos.

La introducción del instrumento de minoración hasta el 31 de marzo de 2022, consistente en la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y no emisoras, por un importe proporcional al valor de la cotización del precio del gas natural en el mercado ibérico de gas.

El Gobierno descubre, por tanto, cómo pretende atajar el “problema de la factura de la luz”, con medidas como las expuestas que pretenden frenar la subida del precio de la electricidad a corto plazo. El objetivo, tal y como anuncia la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, es recuperar los niveles del año 2018.


[1] Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

Página 1 de 44

Funciona con WordPress & Tema de Anders Norén