La discriminación en el reconocimiento de prestaciones a deportistas de alto rendimiento es contraria al derecho europeo

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Se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el caso de un ciudadano checo que reside, desde hace 52 años, en la actual Eslovaquia, y que, en 1971, ganó diferentes competiciones deportivas de alto rendimiento con la selección de la entonces República Socialista de Checoslovaquia, que solicita una prestación legalmente reconocida a deportistas, y que le es denegada por razón de su nacionalidad: sólo derecho a dicha prestación los ciudadanos eslovacos.

Lo primero que se plantea el TJUE es si esa prestación quedaba incluida en la protección del Reglamento nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. El Tribunal resolvió en sentido negativo por entender que se trata de una prestación enmarcada en el Reglamento nº 492/2011, relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión.

El TJUE considera que esa prestación es una “ventaja social, es decir, una prestación que, estando vinculada o no a un contrato de trabajo, se reconoce a los trabajadores nacionales, principalmente, por su condición objetiva de trabajadores, o por el mero hecho de tener su residencia habitual en el territorio nacional, y cuya extensión a trabajadores nacionales de otros estados miembros permite facilitar su movilidad en el interior de la Unión.

Ahora bien, en este caso, el deportista de nacionalidad checa no había trasladado su lugar de residencia, sino que lo que ocurrió es que la República Socialista de Checoslovaquia despareció. Entonces, ¿tiene derecho a obtener esa prestación?

El TJUE recuerda que Eslovaquia y República Checa entraron a formar parte de la Unión Europea, el 1 de mayo de 2004, y que, desde entonces, la libre circulación de trabajadores se aplica plenamente, sin discriminación alguna. Así como que la finalidad de la prestación es tanto la de ser una herramienta de integración social de trabajadores migrantes, como la de constituir una garantía económica a través de la cual se recompensa a sus beneficiarios por las hazañas que realizaron en el ámbito deportivo en representación de su país, lo que, no hay duda que hizo este nacional checo.

En definitiva, el TJUE dio la razón al deportista checo disponiendo que no puede supeditarse la concesión de una prestación a determinados deportistas de alto nivel, que han representado a un Estado Miembro (o a sus predecesores legales) en competiciones deportivas internacionales, al hecho de que el solicitante tenga la nacionalidad de dicho Estado miembro, pues de ser así, se estaría vulnerando la libre circulación y la igualdad de trato de los trabajadores, reconocidas en el Derecho comunitario.

El caso de Zaldibar pone en jaque el cumplimiento de la normativa medioambiental

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La devastadora noticia que conocíamos hace unos días sobre el desprendimiento del vertedero de Zaldibar (Vizcaya) nos alerta, una vez más, de la crisis climática en la que estamos inmersos, y, en concreto, dentro del ámbito jurídico, nos recuerda la relevancia del Derecho medioambiental.

La normativa medioambiental

Desde hace un tiempo, cualquier referencia que se haga al Derecho medioambiental –tanto a nivel local y nacional, como de normativa medioambiental de la Unión Europea e internacional- está ligada al concepto transversal de “Economía circular”.

La Economía circular pretende superar el tradicional modelo lineal y apostar por un modelo de producción y consumo que permita una reducción de los residuos, a través de la reutilización y el reciclaje de los productos, incidiendo tanto en el medio ambiente, como en la perspectiva económica y social.

Siendo que ya en 2015 Naciones Unidas y, en la misma línea, la Comisión Europea habían definido unos objetivos de desarrollo sostenibles, lo ocurrido en el País Vasco pone en jaque, como mínimo, las medidas que las instituciones españolas han ido adoptando para dar cumplimiento de la normativa que desde la Unión Europea se ha venido dictando, sobre todo, en materia de gestión de residuos, y abre la puerta a la reclamación de posibles responsabilidades, tanto de los organismos públicos competentes, como de las empresas privadas implicadas.

En todo caso, es innegable que el incumplimiento de las políticas medioambientales puede provocar –a corto, medio y largo plazo- graves daños y perjuicios que no sólo acarrearán consecuencias en el ámbito de la salud y seguridad públicas y de los recursos naturales, sino que también afectarán al crecimiento económico nacional y conjunto y a las condiciones de vida y desarrollo de las personas.

En definitiva, una vez más, la realidad nos demuestra la importancia de que todos los ciudadanos estemos informados de nuestros derechos, en concreto, en este caso, en materia medioambiental, así como lo imprescindible que es contar con asesoramiento experto para conocer las posibilidades de emprender acciones frente a las entidades públicas y/o privadas infractoras, en aras a que nuestros derechos sean restaurados, compensados y respetados.

La Unión Europea y Reino Unido: ¿hacia un acuerdo de libre comercio?

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La consumación del Brexit abre una serie de incertidumbres que tanto la Unión Europea como el Reino Unido deben afrontar para ser proteger los derechos de sus ciudadanos y reconducir y determinar su futura relación bilateral comercial, una vez se haya superado el periodo de transición estipulado.

La negociación de los acuerdos de libre comercio consisten, básicamente, en la supresión y reducción de aranceles, cero-cuotas u otros costes relacionados con el libre comercio de mercancías, sin prever, no obstante, la eliminación de los controles aduaneros, ni de las certificaciones de seguridad o de salud, ni de las inspecciones de productos de riesgo ni del pago de aranceles respecto a productos específicos.

En la práctica, estos acuerdos dependerán de la voluntad de las autoridades públicas europeas y británicas, quienes negociarán las futuras cláusulas que regirán sus relaciones comerciales, siempre cumpliendo con la normativa europea, teniendo especial relevancia las políticas medioambientales y ayudas laborales.

Este acuerdo, desde una perspectiva global, podría llegar a ser beneficioso para ambas partes, pues no puede olvidarse que la “desconexión de la normativa europea” por parte de Reino Unido, le situará bajo el paraguas de la prácticamente paralizada Organización Mundial del Comercio, cuyas normas en materia comercial están obsoletas.

Una de los retos que tendrá el acuerdo será el de abordar el área de la libre circulación de capitales. Esta área está sometido a la normativa comunitaria y es de prever que los organismos europeos sean reticentes a otorgar privilegios, en esta materia, sin más, a las instituciones inglesas, en detrimento de los derechos de los ciudadanos europeos. Estos tratados pueden llegar a tardar años en negociarse, ratificarse y, finalmente, implementarse, por lo que aunque las negociaciones se cierren antes de enero de 2021, se necesitará, sin duda, de otro largo periodo de transición, para que lograr que la economía, el comercio y los derechos fundamentales de los ciudadanos no se vean afectados negativamente.

La inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH

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Hace unos días conocíamos la noticia de que la tan esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice IRPH está prevista para el próximo día 3 de marzo de 2020.

Esto significa que, en breve, sabremos si el TJUE se ha decantado por una línea más cercana a las conclusiones del Abogado General de la Unión Europea, Maciej Szpunar, del pasado mes de septiembre de 2019, o bien, si se posiciona de forma similar a como lo hizo el Tribunal Supremo español en su conocida sentencia de diciembre del 2017.

Cabe recordar que las conclusiones –no vinculantes- del Abogado General se decantaban por reconocer el sometimiento de las cláusulas relativas al índice IRPH a los controles de transparencia y abusividad, entendiendo que así debía ser conforme a lo dispuesto en la Directiva 93/13.

En efecto, entendió el Abogado General que, en base a esos controles, los jueces nacionales debían poder declarar la nulidad de las cláusulas de IRPH en aquéllos supuestos en los que las entidades bancarias no hubieran informado al consumidor de forma clara, sencilla y comprensible de la evolución y repercusión de dicho índice.

Por el contrario, el Pleno de la Sala Civil de nuestro Tribunal Supremo se había postulado dos años antes –de forma no pacífica: no podemos olvidar el voto particular de dos de sus Magistrados- a favor de la trasparencia del IRPH, por ser un índice oficial que se publicaba y que, por tanto, no era desconocido para los consumidores. Fue, precisamente, la duda de si esta argumentación era conforme con el Derecho de la Unión Europea la que llevó al Juzgado de primera instancia nº 38, de Barcelona, a plantear la cuestión prejudicial que ahora va a resolverse.

A efectos prácticos es indiscutible el alcance que tendrá la sentencia del TJUE, puesto que si se decanta por la posibilidad de declarar la nulidad de las cláusulas que contuvieran esos índices, los afectados por esa nulidad estarían en su derecho a reclamar frente a las entidades bancarias esos perjuicios -estando, por su puesto, a las condiciones concretas que prevea el TJUE.

En definitiva, el día 3 de marzo de 2020 conoceremos los derechos de aquéllos consumidores que, por ver referenciados sus préstamos hipotecarios al índice IRPH, hayan sufrido perjuicios económicos y, en su caso, en qué se concretan los efectos jurídicos y económicos de esos derechos.

Navas & Cusí y Juan Ignacio Navas mantienen el liderazgo en los rankings de reputación digital de Law & Trends

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El pasado año 2019 pude compartir con vosotros la feliz noticia de terminar el año liderando el ranking de Law & Trends, la prestigiosa revista jurídica digital, en la que mi firma Navas & Cusí también ocupaba las primeras posiciones.

El inicio del nuevo año también ha sido muy satisfactorio: Law & Trends sigue reconociéndome el primer puesto en su ranking de reputación digital, y coloca a Navas & Cusí, como despacho de abogados, también, en su primera posición.

Me llena de satisfacción poder mantener este liderazgo, pues es una muestra de reconocimiento hacia mi propio trabajo y esfuerzo y el de mi equipo, que desde hace más de 35 años ha estado siempre enfocado a la divulgación de contenido jurídico novedoso, estando a la vanguardia de cuantas modificaciones y actualizaciones legales, doctrinales y jurisprudenciales se han ido produciendo en nuestro país y a nivel comunitario.

Esta manera de trabajar y de entender la profesión de la abogacía, unida a nuestra amplia experiencia, me permite seguir ofreciendo a mis clientes un servicio jurídico integral, multidisciplinar y de calidad, siendo férreo nuestro compromiso de seguir haciéndolo en los tiempos venideros.

Nueva directiva de derechos del consumidor

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Paso muy desapercibido, pero el pasado 18 de diciembre el Diario Oficial de la UE publicó la directiva 2019/2161 que refuerza los derechos de los consumidores en toda la UE. Los estados miembro tendrán hasta el 28 de noviembre de 2021 para informar a la Comisión de las medidas adoptadas para cumplir con lo dispuesto en la nueva norma europea.

Características de la Directiva 2019/2161

Quizás lo más llamativo es la muerte del fax como canal de comunicación entre una empresa y sus clientes y viceversa. La exposición de motivos argumenta que “rara vez se utiliza en la actualidad y resulta obsoleto”. En realidad, el ‘entierro del fax’ no es sino una anécdota que apunta a la realidad de la nueva directiva: actualizar los derechos de los consumidores en un entorno donde el comercio electrónico crece a ritmo de vértigo.

En este sentido resulta muy interesante que la nueva directiva equipare la entrega de datos personales a una venta electrónica de un servicio. Porque en realidad, cuando un servicio es aparentemente gratuíto, el precio eres tu mismo… Por eso el consumidor tendrá los mismos derechos de desestimiento e incluso, en su caso, indemnización por daños, en los casos de venta de servicios online y de entrega de datos personales.

Además, establece las sanciones en caso de cláusulas abusivas. Las sanciones deben de ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias” y las cifras en “al menos” el 4% de la facturación anual. Además, esta sanción es compatible con multas diarias hasta la retirada de la abusividad para incentivar el pronto cumplimiento de la sanción. Se trata en el fondo de buscar la efectividad real de la protección del consumidor frente a la abusividad.

Otro detalle de la nueva directiva es que se prohíben las reparaciones o la sustitución. Si el producto o servicio es incorrecto no basta con sustituirlo por el correcto sino que hay que indemnizar por daños y perjuicios. La razón es que si el abuso es subsanable, no es disuasorio. Por lo tanto, no sólo se debe de reparar el abuso, sino que se debe de pagar el abuso. Y de nuevo, nos parece un método muy adecuado para buscar la eficaz protección de los derechos del consumidor.

También nos parece muy interesante la obligación de los motores de búsqueda, comparadores o mercados en línea que informen si la clasificación de las ofertas obedece a un patrocinio, ya sea directo o indirecto. Y además, que la información sobre dichos criterios de clasificación sean proporcionados de manera “sucinta y proporcionada”.

También nos parece muy buena medida porque en demasiadas ocasiones se ofrecen rankings y búsquedas de servicios sin informar si el criterio para mostrar las ofertas es un criterio meramente técnico o el buscador, comparador o tienda tienen algún tipo de interés. El interés el legítimo, pero deben de informar de ello para que el consumidor sepa a qué atenerse.

Además, los mercados en línea no estarán obligados a comprobar la situación jurídica de sus proveedores -lo que representaría una carga excesiva o imposible- pero si deberán de preguntar si son comerciantes o no para trasladar esa información al cliente final. La información es relevante porque si el proveedor no es un comerciante sino un particular, el cliente no tendrá derecho a desestimiento en los 14 días posteriores a la compra como si lo tendría si el proveedor fuera un comerciante. Además, la posibilidad o no de dicho desestimiento debe de ser advertida de manera clara antes de efectuarse la compra.

Otra de las novedades es que el comerciante tiene derecho a personalizar la oferta en función del perfil del consumidor. Es decir, tiene derecho a cobrar más a las personas de mayor renta o que en sus análisis están más interesados en su producto o servicio. También se permiten los precios dinámicos o fijados en tiempo real en función de la oferta y la demanda del momento. Es decir, se ‘bendice’ el uso del ‘big data’ con un solo requisito: que se informe de ello y de cuáles son los criterios utilizados. La solución nos parece razonable porque no se puede poner puertas al campo, pero siempre informando con transparencia al consumidor.

En cuanto a las reseñas o comentarios de los mismos consumidores, se prohíbe su manipulación. Si hay algún criterio de publicación de dichas reseñas, debe informarse del mismo. La Comisión Europea es muy consciente de la fuerte capacidad prescriptora que tienen los mismos consumidores, pero -de nuevo- exige transparencia.

Por último, se prohíbe la reventa de entradas en eventos deportivos o artísticos adquiridas mediante ‘bots’. Un consumidor puede revender su entrada si finalmente decide no asistir, pero no se puede hacer de la reventa un negocio en sí mismo, lo cual también es muy razonable.

Finalmente la Comisión justifica esta directiva en las dificultades encontradas en los procesos de armonización. Recuerda que esta regulación es un mínimo que los estados pueden reforzar y cuyas directrices deben de empezar a aplicar. Nos parece un esfuerzo encomiable para actualizar de manera razonable los derechos del consumidor en un entorno de sofisticación del tráfico comercial. La clave como siempre es que la operación sea transparente. Incluso de acceso universal, adaptada a las personas con discapacidad. Porque la transparencia conlleva justicia y eficiencia, que es lo que todos deseamos.

La incertidumbre sobre la reclamación de los gastos de formalización de hipoteca

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Desde que empezaron las reclamaciones judiciales en materia de cláusulas abusivas, los criterios jurisprudenciales han ido cambiando, y estos cambios han sido especialmente significativos en relación a la postura de nuestros tribunales respecto de la cláusula de gastos de formalización de hipoteca.

El Tribunal Supremo, ya en 2015, reconoció la nulidad de la cláusula que imponía todos los gastos a la parte prestataria, sin embargo, los efectos que ha venido reconociendo a dicha declaración de nulidad han ido variando. Así, en algunas de sus sentencias atribuye a tal declaración de nulidad efectos parciales (excluyendo el reintegro del impuesto que grava la hipoteca), en otras, reconoce un efecto restitutorio total, y, en las más recientes, incluso, establece el reparto de los gastos de notaría y gestoría por mitad entre la Entidad bancaria y la parte prestataria.

Ante esta situación, el pasado 26 de diciembre de 2019, el Juzgado de lo mercantil nº 1 de Badajoz planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el procedimiento acelerado, solicitando que se pronunciara sobre si, declarada nula por abusiva la cláusula que atribuye todos los gastos de formalización, novación o cancelación,

  • Es conforme con el principio de no vinculación del artículo 6.1 de la Directiva 93/13 y con el principio de no moderación de las cláusulas declaradas nulas (sentado por la jurisprudencia del propio TJUE), la moderación de los efectos restitutorios que están estableciendo los Tribunales nacionales, así como la imposición al prestatario del pago de los gastos de tasación y del impuesto que grava la hipoteca.
  • Es conforme con el artículo 3.2 de la Directiva 93/13, imponer a la parte prestataria la carga de probar que no se le permitió aportar su propia tasación.
  • Es conforme con el efecto disuasorio que prevé el artículo 7.1 de la Directiva, que el Tribunal nacional excluya parcialmente el efecto restitutorio.

Es evidente que el pronunciamiento del TJUE respecto de todas estas cuestiones es necesario para unificar el criterio interpretativo de nuestros tribunales y acomodarlo a la normativa europea –lo que, a la postre, supondrá una mayor seguridad jurídica-, y será clave para sentar las bases de lo que deben ser las sentencias nacionales en materia de gastos hipotecarios y para resolver todos aquellos procedimientos que todavía están pendientes.

La nulidad del aval de los padres

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¿Pueden los padres avalar con su piso la hipoteca de sus hijos? La respuesta es afirmativa, pero con un matiz: una cosa es que puedan y otra que sea obligatorio. Muchos bancos han utilizado esta figura para reforzar sus garantías. No sólo exigen la garantía real del bien hipotecado sino que exigen como condición ‘sine qua non’ avalar con el patrimonio inmobiliario de los padres.

Se trata de una suerte de ‘chantaje emocional’: si quieres que tu hijo tenga una hipoteca debes de avalarle. Incluso el abuso bancario a veces va más allá redactando la cláusula de manera que el avalista renuncia a sus derechos de excusión y orden. Esto es: renuncia a su derecho de que en caso de impago el banco se dirija primero contra el deudor y en caso de fracasar se dirija entonces contra el avalista.

Es decir, el ‘doble salto mortal’ consiste en convertir al avalista en deudor solidario, lo que en muchas ocasiones -además- se realiza sin la debida transparencia. Los padres que tratan de echar una mano a sus hijos se encuentran de repente que son deudores solidarios sin saberlo.

Hay un tercer elemento que también resulta relevante. En la práctica totalidad de los casos de aval familiar se hace de manera gratuita, lo que resulta absolutamente irracional. ¿Alguien asume un riesgo sin resarcirse por ello? Lo hace, obviamente, porque es exigencia obligatoria del banco, porque es la única manera de que su hijo obtenga la financiación que necesita para obtener el préstamo para su vivienda.

Este abuso bancario ya está recibiendo reproches judiciales en toda España. En primer lugar porque exigir un aval no remunerado es abusivo y contrario a la directiva 93/13 de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas como ya ha señalado el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo.

En segundo lugar, porque en muchos casos no se supera el test de transparencia. Muchos padres se encuentran siendo deudores solidarios sin que nadie les haya informado de su verdadera condición. Aparentemente son avalistas. Pero por la redacción de la cláusula de aval, renuncian a sus derechos como avalistas convirtiéndose ‘de facto’ en deudores al mismo nivel que sus hijos.

La cascada de resoluciones judiciales en favor del cliente están impulsando nuevas reclamaciones. Para el banco siempre es mejor reforzar sus garantías: minimiza el riesgo de mora y maximiza su calidad crediticia. Pero no es racional. La actividad bancaria es una actividad de riesgo donde el valor añadido ¡del banco no es la gestión administrativa sino el cálculo actuarial, es decir, la gestión del riesgo. Pretender una actividad bancaria sin riesgo es una utopía.

Así que debe de calcular si el cliente es merecedor de crédito o si el complemento de la garantía hipotecaria es suficiente. En caso contrario, debe denegar el crédito. O en su caso hipotecar el patrimonio de los padres directamente. Porque en el fondo, el aval de los padres es eso, máxime cuando se obliga a renunciar a sus derechos como avalistas. ¿Verdad que así planteado muchos padres darían un paso atrás?

En todos esos casos, el aval sería nulo por falta de transparencia. Porque lo presentan como aval, pero en realidad se trata de hipotecar el propio patrimonio. Y es al banco a quien corresponde la función de informar con transparencia. Por eso la avalancha de resoluciones judiciales favorables al consumidor.

Muchos padres angustiados pueden ver satisfechas sus legítimas demandas y salvar su patrimonio de una cláusula abusiva y colocada -en muchos casos- sin la debida transparencia. Afortunadamente, las malas prácticas bancarias siempre reciben su correspondiente reproche judicial.

A la espera de la nueva decisión del Tribunal Supremo sobre las tarjetas “revolving”

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Las llamadas tarjetas “revolving” son en realidad un producto financiero de alto riesgo que puede acabar comportando un espiral de endeudamiento en el consumidor, quien por su falta de conocimientos financieros y la poca transparencia e información proporcionada por las entidades, termina por creer que este producto le será muy ventajoso.

Se trata de tarjetas que son similares a las tarjetas de crédito tradicionales, pero que, a diferencia de éstas, permiten al cliente aplazar los pagos de sus compras, ya sea fijando una cuota mensual fija o fijando el porcentaje de la deuda pendiente que devolverá cada mes.

Lo que desconocen los consumidores es que si fijan una cuota muy baja, estarán dejando de pagar parte de los intereses, que se incluirán como más deuda pendiente de pago y dando lugar a nuevos intereses.

Esta operativa convierte a las tarjetas “revolving” en un producto financiero “trampa”, pues termina por generar a los consumidores una deuda inasumible, debido a los altos intereses que aplican las entidades financieras, los cuales llegan incluso a porcentajes de entre un 25-30% (cuando el que rige sobre el crédito al consumo al uso es del 8,3%).

El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre este producto en su sentencia nº 628/2015 de 25 de noviembre de 2015, en la que decidió anular, por usurario, un crédito concedido en una tarjeta “revolving” en el que el tipo de interés era del 24,6%. El Alto Tribunal fundó su resolución en la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, que tacha de nulo;

todo contrato de préstamo que estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.”.

Desde que se publicara tal sentencia, las reclamaciones por tarjetas “revolving” no han hecho sino aumentar. De hecho, actualmente, estamos a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación interpuesto por Wizink Bank, S.A. en el que éste alega que los tipos de las tarjetas “revolving” deben compararse con los de las tarjetas de crédito –que están alrededor del 20%- y no con los de crédito al consumo; y es de esperar, que si la sentencia es favorable a la recurrida –una mujer que contrató una tarjeta de crédito con un interés del 27% TAE- continúen creciendo las reclamaciones judiciales frente a las entidades de crédito y bancarias por razón de las tarjetas “revolving”.

La tasa anual equivalente debe expresarse en un porcentaje concreto

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Desde hace casi 30 años, el Banco de España obliga a las Entidades de crédito a incluir en sus operaciones de crédito la Tasa Anual Equivalente (TAE), para que el cliente pueda conocer el coste total de su crédito, garantizándose, así, la trasparencia de las operaciones y la protección de la clientela.

Y a nivel comunitario, la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo, se refiere a dicha TAE como

“el coste total del crédito para el consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido” y se refiere a ella como parte de la información básica que debe especificarse en los contratos de crédito “de forma clara y concisa”, disponiendo que “la [TAE] y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito; se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje”.

Pues bien, un Tribunal eslovaco se planteó la duda de si la TAE fijada en un contrato de crédito, no mediante un tipo único, sino mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo, cumplía con la mencionada Directiva la TAE, y elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El TJUE, en su Sentencia de 19 de diciembre de 2019, es claro al señalar que;

“la indicación de la TAE en forma de una horquilla de dos valores no es conforme al tenor literal de varias disposiciones de la Directiva 2008/48, en particular de los artículos 3 y 19, ni al sistema de esta. En efecto, de dichas disposiciones se desprende que la TAE debe expresarse en porcentaje, por referencia a una cifra concreta.”.

Añade el Tribunal europeo que la concreción de la TAE en un tipo único es obligatoria incluso en los casos en que, ofertándose una oferta de contrato de crédito a un consumidor, no se sabe, con exactitud, la fecha de disposición del crédito o la fecha de la celebración del contrato. Por tanto, los consumidores pueden exigir que, en los créditos al consumo, la tasa anual equivalente se exprese mediante un tipo único, pudiendo plantear la pertinente reclamación judicial en el caso de que la entidad la fije mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo.

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