Juan Ignacio Navas Marqués

La usuaria afectada suscribió con Bankinter —a través de su hijo, en condición de apoderado— participaciones preferentes del banco islandés Landsbanki, cuya nacionalización le impidió recuperar el dinero invertido: 24.000 euros. Ahora, un juzgado de Castellón le ha dado la razón obligando a la entidad financiera a indemnizar por daños y perjuicios a la mujer devolviéndole la cantidad que tenía en preferentes.

El auto judicial, el primero de estas características en Castellón, es demoledor al calificar el contrato firmado entre el hijo de la demandante y la entidad financiera como "documento oscuro, que no identifica debidamente el instrumento que se adquiere".

Asesorada por el bufete de abogados Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y financiero, la afectada y su hijo presentaron una demanda en la que solicitaron la nulidad contractual e indemnización por daños y perjuicios, así como la devolución del importe depositado (24.000 euros) en la entidad Bankinter.

El argumento de la defensa se centraba en que la entidad financiera Bankinter no facilitó a la afectada, de "perfil conservador y que buscaba un producto sin riesgo", el folleto de la Ley del Mercado Nacional de Valores ni se le dio explicación alguna de esta compleja operación financiera, de forma que sólo una vez nacionalizado Landsbanki, Bankinter le proporcionó información.

El abogado de la demandante, Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, alegó que la afectada "contrató un producto de riesgo confiando en la entidad crediticia, no pudiendo evaluar ni digerir lo que contrataba". Entiende la acusación que Bankinter "había incumplido el deber de mantener permanentemente informada a su cliente".

El juez responsable del proceso entiende en su auto que el banco se "limitó a comercializar el producto sin aconsejar al cliente debido por tanto descartarse cualquier figura contractual que implique asesoramiento, ya que no consta que Bankinter asumiese tales funciones".

También considera el juzgado que, pese a que la demandante intervino asesorada por su hijo, debe ser calificada como "cliente minorista en cuanto a su perfil inversor, ostentando además la condición de consumidora y, por tanto, merecedora de la máxima protección".

La crisis y las políticas comerciales llevadas a cabo por la banca han dado paso a un nuevo escenario en el que los empleados de entidades financieras se han convertido en el centro de la diana de la crispación y del malestar existente entre los miles de clientes que se encuentran ahora con que no pueden recuperar el dinero invertido, a pesar de que cuando firmaron el contrato el director o el trabajador de toda la vida de la sucursal les dijeron que iban a poder hacerlo sin ningún tipo de problema.

"Las reacciones de algunos clientes, airadas en muchos casos, se dirigen sobre los trabajadores de las entidades financieras, a quienes responsabilizan injustamente de los cambios legales acontecidos y les acusan de haberles engañado en el momento de informarles sobre las características de aquellas inversiones" señalaban desde el sindicato CSICA. 

¿El motivo? Que los productos contratados eran de alto riesgo y que la prometida liquidez poco o nada tenía que ver con la realidad. Participaciones preferentes, deuda subordinada o swaps son algunos de los productos 'tóxicos' que se han comercializado de forma masiva durante los años de bonanza y que ahora constituyen el principal objeto de reclamo de los que invirtieron en ellos. 

En este sentido, desde la Asociación General de Consumidores (Asgeco), su portavoz, Marcos Méndez, señala que la responsabilidad es de bancos y cajas de ahorros, ya que "se trata de productos de alto riesgo que se han vendido a personas con escasos conocimientos financieros". 

El debate sobre el grado de culpabilidad de los empleados de la sucursal bancaria a la hora de comercializar productos supuestamente seguros que luego se han demostrado que no eran así se circunscribe únicamente al ámbito de la ética, ya que desde el punto de vista judicial no existe ningún tipo de duda y es la entidad financiera la responsable de cualquier perjuicio generado al cliente. 

"Es un completo error intentar culpabilizar a los trabajadores de banca, ya que estos venden a instancias de su banco o caja de ahorros y no pueden responder ante una sentencia firme". Así lo señalaba a EL DÍA Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho de abogados Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y financiero, para quien la única forma de acabar con todos los problemas derivados de la venta masiva de estos productos tóxicos sería que se comercializaran a través de asesores independientes y no de entidades bancarias, tal y como ocurre mayoritariamente en el Reino Unido.

Más aún cuando en el caso de la banca, ésta juega con la ventaja de prever con una cierta exactitud cuál va a ser la evolución de los tipos de interés, algo crucial a la hora de colocar swaps u otros "seguros" a los clientes. Y es que ése es uno de los argumentos principales que están esgrimiento los distintos juzgados repartidos por la geografía española que han emitido más de 600 sentencias contrarias a la banca por este motivo. 

«Las coberturas de tipos, participaciones preferentes y bonos convertibles, han supuesto una conmoción sin precedentes en el mercado de valores e inversor, ya que debido a la evolución de la crisis financiera, dichos productos han ocasionado unas pérdidas terribles a empresas e inversores.»

Fragmento del artículo titulado 'Crisis financiera', publicado el 3 de mayo en la revista económica Business BCN.

Las asociaciones ASUAPEDEFIN, ACUIB y APYMIFID, dedicadas al asesoramiento y defensa de los intereses de los usuarios minoristas de productos financieros, han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario por parte de España.

La Directiva MIFID define con absoluta claridad qué clientes se consideran profesionales en la contratación de servicios financieros. Sin embargo, este modelo de clasificación de clientes ha sido completamente desvirtuado en la transposición al derecho interno operada por la Ley del  Mercado de Valores, dejando espacio a la interpretación por parte de las entidades financieras allí dónde la Directiva no deja lugar a dudas: si se cumplen los requisitos se es cliente profesional, en caso contrario, se es minorista.

Esta incorrecta transposición de la norma comunitaria está dando lugar a un debate judicial, caso por caso, sobre quién tiene presumiblemente experiencia y, por tanto, no es digno de protección a pesar de no cumplir los requisitos de la Directiva para ser cliente profesional.

Este incumplimiento absoluto de la normativa de la Unión Europea preocupa a las tres asociaciones denunciantes, especialmente al demostrarse el abuso en la actuación de los bancos españoles y las distintas sentencias que han dado lugar a interpretaciones dispares dependiendo de la ‘presunta’ experiencia del cliente, aunque de manera cada vez más favorable a los derechos de los clientes, con casi 650 favorables a los mismos.

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón ha dictado sentencia contra Bankinter, entidad a la que ha condenado a indemnizar con 24.000 euros a un inversor de Castellón por ocultarle el riesgo de las  participaciones preferentes. El letrado ha sido Juan Ignacio Navas, experto en derecho bancario y financiero y socio-director del bufete Navas & Cusí Abogados.

El juez considera que la entidad no informó debidamente de los riesgos que conllevaba la adquisición de este producto, cuya inversión es irrecuperable si la entidad no logra vender la participación en el mercado. A pesar del conocimiento financiero del afectado, el banco logró ocultarle los riesgos de la operación.

La asociación Adicae calcula que sólo en la Comunitat Valenciana hay unas 100.000 personas afectadas por las participaciones preferentes.

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Nació Digital, publicación online catalana, ha publicado un artículo sobre esta problemática donde destaca que los riesgos de las participaciones preferentes son muy elevados porque no cuentan con vencimiento y el título está expuesto a fuertes variaciones ante la fluctuación de los tipos de interés. Por esto, en la calle continúan las protestas de muchos clientes que se sienten estafados y víctimas de un ‘corralito’.

A pesar de esta situación, la justicia puede acabar dando la razón a los clientes que puedan demostrar que la entidad no ha dicho toda la verdad.

En el artículo se cita a Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí Abogados, especializado en derecho bancario y financiero: “Si el proceso informativo verbal por parte de la entidad financiera que comercializaba el producto no fue correcta, se puede reclamar y denunciar a la entidad por infracción de la ley de transparencia de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), que vincula las entidades bancarias y sus empleados, y a las que exige que cumplan con su misión de administrar los valores confiados con la máxima diligencia y transparencia”.

En este sentido, el despacho Navas & Cusí Abogados ha entablado numerosas acciones judiciales de éxito contra la mala práctica bancaria pioneras en toda España, que se pueden consultar en su página web.

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Virginia Gómez, del periódico Cinco Días, publica un artículo que reproducimos a continuación sobre la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (Mifid), que se creó para evitar que los minoristas inviertan en productos que no entienden o que no se adaptan a su perfil inversor. Su objetivo es, pues, que los clientes bancarios sean debidamente informados de las características de los productos de inversión y de los riesgos que entrañan.

La Directiva Mifid se refiere a productos de inversión como acciones cotizadas, productos de renta fija, fondos de inversión y derivados. No afecta a préstamos bancarios, seguros o depósitos. La entidad financiera puede ofrecer servicios de inversión tales como la compra/venta, el asesoramiento financiero y la gestión de carteras.

Dentro ya del paraguas de la Mifid se establece una distinción entre productos no complejos que son acciones, instrumentos del mercado monetario como pagarés o deuda pública, fondos de inversión y SICAV, exceptuando los hedge funds y, por último cédulas hipotecarias. Los productos complejos son la deuda subordinada, participaciones preferentes, fondos de inversión libre o hedge funds, derivados financieros, caso de futuros, opciones, warrants... contratos financieros atípicos, seguros de cambio, y opciones sobre divisas.

De acuerdo a la normativa Mifid, deben actuar de forma honesta, imparcial y profesional, en el mejor interés de sus clientes. Este principio protege al inversor cuando contrate con una entidad financiera que, como profesional, está en una posición de ventaja respecto a usted. Además, debe proporcionar información imparcial, clara y no engañosa a sus clientes ayudándoles a comprender el producto y tomar las decisiones y deben prestar servicios y ofrecer productos teniendo en cuenta las circunstancias personales de los clientes.

Cuando acuda a una entidad para invertir en este tipo de productos, el empleado tendrá que solicitar información para conocer mejor al cliente posible y así poder ayudarle a tomar las decisiones de inversión más adecuadas. Además, sólo ofrecerá productos que considera adecuados, teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia para valorar los riesgos.

Los clientes minoristas son aquellos que tienen menos conocimiento y experiencia en los mercados financieros. Como cliente minorista, recibirá el mayor grado de protección. Los clientes con mayor conocimiento y experiencia (clientes profesionales) reciben menos protección ya que tienen más capacidad para comprender la naturaleza y riesgo de los mercados y los productos de inversión. Son clientes profesionales los bancos, gobiernos, fondos de pensiones, grandes compañías y, de manera excepcional, algunos inversores particulares.

Es posible que el banco haga preguntas muy personales al cliente tales como si sabe como funciona tal o cual producto, si lo ha comprado antes, cual es su grado de conocimiento de los mercados financieros, cual es su objetivo al invertir, cuanto riesgo está dispuesto a asumir o incluso cuales son sus ingresos, sus gastos, patrimonio y deudas.

Dentro de la compra y venta de productos financieros, el test de conveniencia es un conjunto de preguntas que la entidad financiera hará al ahorrador para valorar sus conocimientos y experiencia. Los tipos de productos y servicios con los que usted está familiarizado, la naturaleza, frecuencia, volumen y periodo en el que usted ha operado previamente y el nivel de estudios y profesión actual o anterior. Si el potencial cliente ya fuera cliente, puede ocurrir que la entidad ya disponga de todos estos datos.

El asesoramiento de inversiones es la realización de recomendaciones personalizadas, ya sea de forma puntual o continuada. El conjunto de preguntas que le harán para obtener esta información se llama test de idoneidad. En el se incluyen las preguntas del test de conveniencia junto algunas más detalladas sobre la situación financiera del cliente como la fuente de los ingresos regulares, el patrimonio incluyendo inmuebles, liquidez y activos y pasivos financieros y los gastos y pagos periódicos.

Toda la información que reciba debería ser imparcial, clara y no engañosa tanto en el contenido como en la forma. Por eso hay que diferenciar entre lo que es publicidad y lo que no lo es. Tenga en cuenta que nunca debe tomar una decisión basándose solo en la publicidad. Si usted todavía no es cliente de un intermediario financiero hay que tener claro que tiene que estar inscrito en la CNMV y autorizado para prestar servicios de inversión. Además, debe recibir información sobre costes y gastos directos e indirectos. El cliente nuevo deberá suscribir un contrato con la entidad que regule derechos y obligaciones de ambos en la prestación del servicio de inversión. Si el servicio es de asesoramiento, no es necesaria la firma de un contrato, basta con la constancia escrita o fehaciente de la recomendación personalizada.

Al principio de la relación con la entidad, la misma debe informar al cliente sobre los mecanismos de protección que tenga a su disposición para el depósito y custodia de sus instrumentos financieros y efectivo. La salvaguarda y custodia de sus instrumentos financieros y efectivo exige que sus valores y los del resto de clientes estén siempre identificados y separados de los que pertenecen a la entidad.

En caso de que el cliente no pueda recuperar el efectivo o los instrumentos financieros que hubiera confiado a la entidad por insolvencia de ésta, podrá solicitar la compensación del fondo al que se encuentra adherida. Normalmente la cobertura suele ser de un máximo de 20.000 euros por cada inversor.

Con el título, 'Atrapados en la letra pequeña', el programa de actualidad de TVE 'Informe semanal' trata sobre cómo cerca de un millón de pequeños ahorradores han visto su dinero atrapado en un producto financiero complejo: las llamadas participaciones preferentes, pensadas para grandes fondos de inversión. Sin embargo, en la mayoría de casos se comercializaron como productos de renta fija a particulares y empresas sin que éstos superian que el dinero se entregaba "a perpetuidad". 

Según se explica en el reportaje emitido el pasado sábado 10 de marzo, la mayoría de los usuarios afectados confió en los asesores de su sucursal bancaria pensando que invertían su dinero sin ningún riesgo. 

Ahora se encuentran con que no pueden disponer de su inversión porque las reglas de los mercados han cambiado —se ha cerrado el mercado secundario en el que se cambiaban estos productos— y la entidad financiera afirma que no tiene obligación de devolver el dinero invertido. Por contra, los afectados advierten que no recibieron la información necesaria. 

Muchos de ellos han optado por aceptar las soluciones que están dando las entidades bancarias, canjearlos por otros productos, aunque eso les suponga perder dinero o tardar años en recuperarlo. Otros, sin embargo, están optando por la vía judicial.

El socio-director del bufete Navas & Cusí Abogados, Juan Ignacio Navas Marqués, afirma que “hay una profunda conmoción y desconfianza de los inversores ante la pérdida de sus ahorros por la política de comercialización de algunos productos bancarios que se ha llevado a cabo en los últimos años en España”.

El letrado participó, el pasado 2 de marzo, en la jornada informativa ‘Regulación del Mercado de Valores. Estrategias de Defensa ante las malas prácticas bancarias’ organizada por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en la cual afirmó que más de 700.000 afectados y alrededor de 500 sentencias en contra de algunas entidades financieras es parte de la radiografía de la mala praxis bancaria en España.

Más de 100 empresarios se dieron cita en este evento, que contó también con la participación de la vicepresidenta de la Cámara, Ángeles Palmero, quien manifestó que “durante la crisis, algunos bancos han cruzado la línea roja en la comercialización de algunos de sus productos, incumpliendo su deber de transparencia e información, lo que ha provocado pérdidas de los ahorros de miles de inversores”.

En este sentido, Palmero señaló que se vive “un auténtico divorcio” entre los bancos y los sectores productivos, que además de haber cerrado el “grifo del crédito”, en algunos casos, “sus condiciones son totalmente abusivas”.

Precisamente, el socio-director del bufete Navas & Cusí Abogados señaló que la mala praxis bancaria se ha  incrementado en los últimos años en España.

En su opinión, las entidades financieras han venido colocando productos complejos entre sus clientes 

minoristas: participaciones preferentes, bonos convertibles, coberturas de tipos de interés o swaps, sin la correcta información, “ocultando en muchas ocasiones sus riesgos y generando graves perjuicios económicos a sus propios clientes”.  

En este sentido, el despacho de Navas & Cusí Abogados ha entablado numerosas acciones judiciales de éxito contra la mala práctica bancaria pioneras en toda España.

Las sesiones formativas se celebrarán los próximos días 22 y 23 de marzo en la Cámara de Comercio de Ourense y la Cámara de Comercio de Vigo, respectivamente. El curso pondrá sobre la mesa toda la información sobre la regulación del mercado financiero y de valores, así como la problemática de las coberturas de tipos de interés o swaps, las participaciones preferentes y los bonos convertibles.

También se debatirá sobre las diferentes estrategias de defensa legal para las empresas afectadas por una incorrecta comercialización de estos productos. En este sentido, los asistentes a la jornada tendrán la posibilidad de exponer sus problemáticas y conocer cuáles son las mejores estrategias y acciones a realizar en cada caso.

Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y financiero, conducirá el curso, que incluirá algunas de las resoluciones judiciales favorables obtenidas por el despacho a modo de ejemplo.

>Más información e inscripciones sobre el curso en la Cámara de Comercio de Ourense.

>Más información e inscripcions sobre el curso en la Cámara de Comercio de Vigo

El periódico Canarias7 entrevista a Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y de mercado financiero, a propósito de los cursos de formación que ofrece sobre regulación del mercado de valores, swaps, participaciones preferentes y bonos convertibles los próximos 1 y 2 de marzo en el Colegio de Abogados de las Palmas y la Cámara de Comercio de Tenerife, respectivamente.

Miles de pequeños inversores españoles se encuentran actualmente atrapados por una serie de productos financieros que han reducido de forma considerable sus ahorros, en algunos casos de toda la vida. Los swaps (cobertura de tipos), las participaciones preferentes y los bonos convertibles son el problema. ¿Cuál está afectando más a las familias españolas?
—Todos son productos sometidos al control del derecho del mercado de valores. En cuanto a las demandas que acumulan, es algo cíclico. Empezaron con los swaps, que hay 500 sentencias contra entidades financieras; ahora están comenzando las preferentes, que se estima que hay 700.000 personas afectadas en España y luego vendrán los bonos convertibles, que es lo siguiente. Lo veremos  a partir de octubre. Es un público bastante amplio. Es la historia de una serie de despropósitos, de cosas que no se han hecho bien.

Los swaps son las cláusulas abusivas impuestas por algunas entidades sobre los créditos. Las participaciones preferentes son un producto de inversión que se vendió como seguro pero que, sin embargo, es de alto riesgo, con una rentabilidad no garantizada y sujeta al mercado secundario y además con carácter perpetuo. ¿En qué consisten los bonos convertibles?
—Eran inversiones que daban un bono o cupón de renta fija que se recuperaba al final de la inversión. A finales de 2007 cambia y se convierten en acciones. El problema es que a fecha de hoy ya han perdido un 68%-70% y cuando llegue su vencimiento, en octubre, estará en niveles similares.
Las pérdidas van a ser tremendas. Al final, lo que se vende como un producto seguro es de alto riesgo y de renta variable.

Al conocer la existencia de estos productos da la sensación de que el inversor está completamente desprotegido.
—El invesor está protegido como se evidencia en los fallos que están haciendo los tribunales, a favor de ellos de forma mayoritaria. Si se cometen prácticas equivocadas por las entidades financieras está habiendo una corrección en los tribunales, que están obligando a indemnizar.

También uno se pregunta donde está el Banco de España que no prohíbe este tipo de prácticas que se asemejan mucho a un fraude?
—El Banco de España tiene potestad de vigilancia y sanción pero no de obligar. Los contratos se hacen o deshacen por mutuo acuerdo o en los tribunales. El Banco de España no tiene facultad de resolución. Lo único que puede hacer es sancionar de forma ejemplarizante dichas prácticas. Ha habido alguna sanción pero debería ser más duro.

Con todo esto lo único que queda al pequeño inversor es no fiarse de ninguna entidad financiera, ¿no?
—Lo que debe hacer es asesorarse con asesores externos. Algo que no sucede en este país, donde las personas hasta ahora han tenido una confianza ciega sobre el banco. Hay países como Gran Bretaña donde el 80% son asesores externos y aquí, debe haber cultura de consultar de forma externa, independiente. Y también ser cauto y lógico. A raíz de esto habrá gente que perderá la confianza en el banco y otros lo mantendrán, pero desde luego, todos irán con más cuidado.

—Lo que ha sucedido es que dejaron el mercado tradicional y quisieron intermediar en el mercado de valores por cuestiones de rentabilidad. Viendo lo visto, las cosas no se han hecho bien. Entraron en un mercado que no era el suyo y suceden una serie de cosas que van en perjuicio de los inversionistas.

¿A qué se refiere cuando dice que se hicieron cosas que no estaban bien?
—Digamos que las conductas no coinciden con la legislación del mercado de valores. Ahora bien, le quitaría intencionalidad. Sencillamente, no se ha sabido hacer. Ni ellos eran conscientes de lo que hacian. Fue una falta de previsión. Y fallaron mucho al no concienciar de los riesgos ante la posibilidad de que no se hiciera la inversión.

Claro, pero es es un engaño.
—Eso es un incumplimiento de la normativa del mercado de valores. Lo que ha sucedido aquí ha pasado en otros países, aunque aquí con más incidencia judicial.

¿Qué recomendación haría a una persona que vaya a su banco y se entere de que ha metido su dinero en algo que no sabía y está perdiendo su capital?
—Que acuda a un abogado especialista para ver lo qué está sucediendo y qué puede hacer.

¿Y una persona que vaya al banco a contratar algún producto para poner su dinero?
—Que acuda a un asesor externo e independiente y pregunte y se fíe más de éste que de lo que le diga el banco.

La jornada, que se celebrará el próximo 1 de marzo de 2012, de 17 a 20 h, en el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria (Plaza de San Agustín, 3), pondrá sobre la mesa toda la información sobre la regulación del nuevo derecho del mercado financiero y dará a conocer cuáles son las normas de protección para empresas inversoras. 

Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y financiero, conducirá el curso como ponente, que también tratará sobre los swaps y coberturas de interés, desde la problemática actual de muchas empresas hasta la defensa ante los tribunales, incluyendo algunas de las resoluciones judiciales favorables obtenidas por el despacho a modo de ejemplo.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas también recomienda el curso en su página web.

>Información del curso

>Todas las conferencias ofrecidas por Juan Ignacio Navas

>Mapa de sentencias, consultas y procedimientos judiciales en España

El curso, que se celebrará el próximo 2 de marzo, de 10 a 13 h, en la Cámara de Comercio de Tenerife, pondrá sobre la mesa toda la información sobre la regulación del mercado de valores y la problemática de las coberturas de tipos de interés o swaps, las participaciones preferentes y los bonos convertibles, así como las diferentes estrategias de defensa legal para las empresas afectadas por una incorrecta comercialización de estos productos.

Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y financiero, conducirá el curso, que incluirá algunas de las resoluciones judiciales favorables obtenidas por el despacho a modo de ejemplo.

>Más información sobre la jornada
>Mapa de sentencias, consultas y procedimientos judiciales en España

El analista Arcadi Orrit, director de Inversión de AIF (Asociación de Profesionales Asesores Independientes Financieros), explica a 'La Vanguardia' los pros y contras de este producto en el que miles de ahorradores están atrapados.

Destacamos también unos fragmentos de un artículo de Pedro Calvo que ha publicado El Economista, que definen con exactitud la situación actual de las personas que suscribieron estos productos.

Por este motivo, Navas & Cusí ofrece una tercera alternativa a las personas afectadas por participaciones preferentes, poniendo a su alcance un completo equipo de profesionales con amplia experiencia en Derecho bancario y de mercado financiero y un asesoramiento 100% personalizado. 

Existen dos tipos principales, los bonos que se convierten en acciones de forma voluntaria o los que lo hacen de forma obligatoria. Estos últimos son los más populares y el cliente cobra unos cupones o intereses, normalmente con periodicidad anual, y llegado el momento de conversión recibe unas acciones a un precio determinado.

Muchos de los bonos convertibles se emitieron en octubre de 2007 y contaban con un interés muy atractivo, del 7,5% TAE, por ejemplo, en el caso del Banco Santander, la entidad que más número de bonos convertibles colocó.  

En octubre de este año se producirá la conversión obligatoria en acciones de estos bonos. Pero, si el panorama no cambia radicalmente, el inversor podría sufrir unas pérdidas muy elevadas. 

Los bancos han sufrido un fuerte varapalo en bolsa como consecuencia de la crisis. Esto aumenta el riesgo de que el inversor reciba unas acciones que cotizan muy por debajo del precio de conversión que se fijó, lo que puede provocar una pérdida considerable de capital en el caso de que el cliente decida vender los títulos en el momento del canje, pese a los cupones recibidos. 

Por ejemplo, la acción de Santander cotiza en estos momentos en 6,4 € mientras que en su día fijó la conversión en 16,04 € cuando empezó a comercializarlos. En el caso hipotético de que siguiera así hasta octubre, el inversor podría sufrir unas pérdidas del 56%. 

Fuente: Expansión

Las protestas convocadas este pasado fin de semana para reclamar soluciones "efectivas" al fraude de las participaciones preferentes y otros productos tóxicos, ha abierto aún más el debate sobre los criterios con que la banca ha colocado entre sus clientes productos de inversión complejos en estos últimos años. 

Se calcula que sólo las participaciones preferentes habrían atrapado los ahorros de más de 700.000 consumidores en España, unos 30.000 millones de euros. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha anunciado que presentará demandas judiciales contra diferentes entidades financieras por lo que considera una “comercialización fraudulenta” de este producto.

La principal queja radica en la falta de adecuación del perfil del cliente con el tipo de inversión contratada. Muchos de ellos son pequeños ahorradores sin historial inversor a los que sus entidades financieras vendieron productos de alto riesgo que han perdido valor con la crisis o, en el caso de las participaciones preferentes, se ha cerrado el mercado interno donde cotizaban y ahora deben venderse en otra plataforma.

Algunos bancos y cajas han ofrecido a sus clientes canjear estas inversiones por otras de mayor liquidez, como acciones o deuda subordinada a vencimientos que pueden oscilar entre un y diez años, sin garantizar la totalidad del capital invertido inicialmente ni los intereses.

Por todo esto, ya han llegado las primeras demandas judiciales y se multiplican las plataformas de afectados. De hecho, ya existen resoluciones judiciales que resuelven reclamaciones y conceden indemnizaciones a los suscriptores de participaciones preferentes.

En un comunicado, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha criticado al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, por su "humor negro" al llamar "problemas puntuales comercialización" al "macrofraude" que, a su juicio, ha supuesto la venta de participaciones preferentes a clientes minoristas por parte de las entidades financieras.

"Donde nosotros vemos un auténtico corralito español tras el engaño masivo a decenas de miles de españoles que tienen sus ahorros secuestrados", señaló el portavoz de Facua, Segura "sólo observa algún tipo de defecto en la comercialización'".

La asociación pidió al presidente del organismo supervisor que "no se limite a defender los intereses de la banca" y que "haga su trabajo protegiendo a los pequeños inversores". Asimismo, Facua ha solicitado la intervención de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, competente en materia de protección de los consumidores.

Según establece el real decreto ley de reforma del sistema financiero, las entidades podrán solicitar al Banco de España el aplazamiento durante un año del pago del cupón de estos títulos.

Las participaciones preferentes son emisiones de deuda perpetua (no vencen nunca), y si bien han ofrecido remuneraciones superiores a la media de los productos de ahorro conservador, son muy poco líquidas, lo que dificulta enormemente la recuperación del capital invertido en el momento deseado, además de las pérdidas latentes que acumulan desde que comenzó la crisis.

En la práctica, son muy numerosos los clientes con graves dificultades para recuperar su dinero, un problema que de momento se está resolviendo con la recompra de estos títulos, en ocasiones con descuento (y pérdida para el cliente) y en otras, respetando el cien por cien del valor nominal.

El empresario leridano Xavier Graus ha conseguido la nulidad de la operación que contrajo con el Banco Popular de los denominados swaps o contratos de permuta financiera. 

El propietario de Graus Pintura i Decoració firmó dos operaciones de swap en el año 2008, recomendadas por el director de la entidad en Mollerussa (Lleida) por la confianza que tenía con el responsable financiero, quien en ningún momento le especificó las características, riesgos y naturaleza de estos contratos. 

Poco tiempo después, Graus empezó a pagar importes de 250 € de manera trimestral. El director de la oficina de Banco Popular le confirmó la obligatoriedad de abonar estas cantidades al haber firmado la operación.

Después de emprender todo tipo de iniciativas para obligar a la entidad a rescindir el contrato y congregar a un gran número de afectados de la zona, Graus trasladó su caso a la justicia contactando con el despacho Navas & Cusí, especialista en derecho bancario y de mercado financiero y con numerosas resoluciones favorables contra la mala práctica bancaria en toda España. 

Navas & Cusí emprendió acciones legales contra Banco Popular, que han dado como resultado la nulidad de las dos operaciones de swaps suscritas por Xavier Grau, así como la restitución de todas las cantidades pagadas y abonadas hasta la fecha de la sentencia y los intereses que hayan podido generar. 

Fuente: La Mañana (25/01/2012)

BTV, la televisión local de Barcelona, emitió el pasado 22 de enero un vídeo-reportaje sobre la problemática generada por las participaciones preferentes en el que contó con la colaboración del letrado Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí, especialista en derecho bancario y de mercado financiero.

Juan Ignacio Navas habló sobre qué responsabilidad tienen los bancos y cajas en la incorrecta comercialización de las participaciones preferentes, así como la de los usuarios, y las obligaciones legales de las entidades financieras.

Entre 2008 y 2009, numerosas entidades bancarias de este país colocaron participaciones preferentes a los pequeños ahorradores por valor de más de 12.000 millones de euros. Cuando ha salido a la luz el riesgo de las participaciones preferentes, la mayoría de bancos y cajas ha ofrecido a sus clientes cambiarlas por bonos convertibles, deuda subordinada a 10 años o acciones de la entidad; productos que no permiten a los clientes recuperar ahora su dinero. 

Ante esta situación, algunos compradores han decidido llevar a estas entidades a los tribunales porque aseguran que no fueron informados con claridad del elevado riesgo y naturaleza del producto.

Navas & Cusí, con presencia en toda España, pone a disposición de los suscriptores de participaciones preferentes un servicio especializado de asesoramiento y representación jurídica.

La sentencia ha anulado el contrato suscrito entre la Caixa d'Estalvis Penedès —hoy Banco Mare Nostrum (BMN)— y una empresa inmobiliaria, que contaba con un antiguo director de oficina bancaria como administrador. La empresa ha sido defendida por el letrado Juan Ignacio Navas Marqués, socio-director del bufete Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y de mercado financiero.

La juez considera que Caixa Penedès ocultó al cliente "información esencial" sobre la evolución del euríbor, el indicador básico de funcionamiento del producto, lo que acabó perjudicando a la empresa demandante.

Además, apunta que el hecho de que el administrador de la empresa hubiera trabajado en banca durante los años 70 y 80 no implica que tuviera "experiencia inversora o en operaciones especulativas", como defendía la entidad financiera.

La anulación del contrato implica que ambas partes tendrán que devolver las cantidades recibidas en estos años.

Así, a pesar de que el administrador tenía unos conocimientos profesionales del sector bancario, la juez considera que la información que la entidad ofreció sobre la previsión del futuro comportamiento del euríbor "fue, sencillamente, ninguna", lo que justifica la nulidad del contrato.

Esta sentencia no es firme, ya que Caixa Penedès puede presentar un recurso de apelación en los veinte días siguientes a su notificación. 

La reciente adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell por un euro, y el hecho de que esta entidad se haya desentendido de las deudas con los partícipes, ha despertado la indignación entre los numerosos clientes de la CAM que tenían suscritas participaciones preferentes, cuotas participativas o deuda subordinada.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el propio Banco de España, que gestionaba la entitat alicantina desde julio de 2011, apoyaron la emisión de cuotas participativas como un mecanismo para proceder a la reorganización financiera de las cajas. Pero los clientes que confiaron en aquella emisión e invirtieron en las cuotas han visto como su valor económico caía en picado. 

Tras la compra de la CAM por parte del Sabadell, el Banco de España se ha desentendido de los clientes, que ven como los productos que anteriormente se vendían como rentables y con el capital totalmente garantizado, hoy en día apenas tienen valor, por lo que actualmente no pueden recuperar sus ahorros. 

Navas & Cusí, especialista en derecho bancario y de mercado financiero, y atento a esta problemática, defiende y asesora a los afectados por malas prácticas bancarias en toda España. 

· Más información en el artículo publicado en Mercado Dinero

La nueva prioridad de los bancos españoles es captar más de 25.000 millones de euros con el canje de participaciones preferentes y bonos convertibles a acciones ordinarias o bonos de nueva emisión. Es la única manera de cumplir con las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que ha acelerado la reestructuración del capital de los mayores bancos españoles.

De momento, el BBVA ha conseguido una aceptación de casi el 100% en su oferta de canje de participaciones preferentes por bonos convertibles en acciones. Por contra, Santander es la entidad financiera con el mayor déficit de capital, aunque ha logrado convencer a los inversores para que canjeen sus participaciones preferentes por acciones del banco. Los clientes no perderán la inversión aunque quedarán a merced del mercado cuando lo que contrataron en su día era un producto con tipo fijo y con posible recompra a los cinco años.

Banco Popular tiene 1.194 millones en bonos convertibles, de los cuales 500 millones van a precio de mercado con posibilidad de conversión en 2013, aunque la entidad financiera necesita convertir todos los bonos lo antes posible. Caixabank, por su parte, ha lanzado un programa de recompra de preferentes por convertibles y deuda subordinada. 

Banco Sabadell, que adquirió recientemente Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), comunicó que quiere canjear sus participaciones preferentes y las de la caja alicantina por acciones. Sin embargo, siguen saliendo casos de usuarios afectados por una incorrecta comercialización de estos productos. El caso más insólito es el de un empresario de Castellón, que reveló que una oficina de la controvertida CAM le retiene 36.000 euros hasta el año 3000.

Según explicó el afectado a El Mundo, el 31 de diciembre del año 3000 es la fecha en la que podrá extraer los 36.000 euros de inversión que suscribió en 2006 en participaciones preferentes. Confiando en el banco, que le había ofrecido este producto asegurando una gran rentabilidad, el empresario firmó el contrato sin adquirir más información, pensando que era una buena operación. La desinformación y el perfil del producto —constata que nadie le advirtió de la verdadera naturaleza de las preferentes— han suscitado la polémica.

El Banco Santander colocó 7.000 millones de bonos convertibles entre 129.000 inversores minoristas en el año 2007. El precio de canje que fijó entonces fue de 16,04 €, aunque en noviembre de 2008 ajustó el precio hasta los 14,63 €. Estos bonos vencen en octubre de 2012, y será entonces cuando se materialice su conversión en acciones de la propia entidad financiera. 

El problema reside en que las acciones del Santander, con un valor actual de 5,80 €, deberían ascender hasta los 14 € aprox. para evitar las pérdidas millonarias que podrían registrar los inversores el próximo año. Estas cifras supondrían un descenso del 60% con respecto al precio fijado hace tres años.

Expansión, El Economista i The Wall Street Journal se hacen eco de esta noticia, sobre todo después de las denuncias presentadas por algunos de estos inversores de forma individual reclamando que se les devuelva la totalidad del dinero invertido por no informar adecuadamente de las características del producto y los riesgos de inversión.

Más información sobre la problemática de los bonos convertibles en nuestro blog especializado.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ya denunció, el pasado mes de noviembre, que unas 52 entidades financieras habían obstaculizado el acceso de sus particulares a 12.000 millones de euros invertidos en participaciones preferentes, un producto que supone deuda perpetua y carece de liquidez, que los clientes adquirieron a partir de 2007 a cambio de una rentabilidad fija.

Las principales críticas se centran en la comercialización indebida de este producto y la negativa de devolver los capitales invertidos como mínimo hasta el 31 de diciembre. A partir de esta fecha podrían salir a la venta en un mercado secundario, lo que podría suponer pérdidas para los titulares.

Algunos bancos y cajas, como CaixaBank, han ofrecido a sus clientes un canje de participaciones preferentes por bonos convertibles, deuda subordinada o acciones de la entidad, que tienen mayor liquidez aunque es el sector más volátil de la bolsa y de renta variable. Una alternativa que no satisface a muchos consumidores que contrataron el producto pensando que podrían recuperar el dinero en cualquier momento.

Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está insistiendo ante las entidades para que informen a su clientela del valor real de esas participaciones, según la cotización en el mercado secundario, y que en la mayoría de los casos apenas supera el 60%.

El volumen de preferentes que hay en el mercado es muy alto y el precio y las expectativas de los valores bursátiles no están en su mejor momento. El ranking de entidades que más participaciones preferentes colocaron en el mercado lo lidera CaixaBank, con 4.898 millones en participaciones, seguida del BBVA (3.477 millones) y Caja Madrid (3.022 millones).

Más información en La Vanguardia y Finanzas.com

Los medios de comunicación se han hecho eco de la problemática de las participaciones preferentes, que en las últimas semanas está generando muchas noticias. Por ejemplo, TVE centraba un reportaje en la venta de participaciones preferentes por parte de bancos y cajas de este país. 

Según se puede ver en el vídeo, las entidades financieras se defienden diciendo que avisaban del riesgo de estos productos financieros, mientras que los clientes denuncian que no les informaron de la letra pequeña y exigen más información.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Mercado de Valores quiere dar más transparencia a las participaciones preferentes, un producto con mínima liquidez que no vence nunca, y exige a la banca que informe de su valor real a sus titulares. Aunque la difusión de información será obligatoria, la CNMV asegura que no hay todavía una fecha límite para su cumplimiento. 

En previsión de una avalancha de reclamaciones y críticas, entidades financieras como BBVA, Sabadell, Santander y CaixaBank están apostando por la conversión de preferentes en acciones o deuda subordinada, según informaba Cinco Días esta semana. 

Desde 2007 se han emitido más de 14.000 millones de euros en acciones preferentes. Sin embargo, los nuevos requerimientos de capital y las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) han hecho que las preferentes dejen de ser interesantes para los bancos, pues no contabilizarán como capital de máxima calidad. 

Por este motivo, las entidades están acelerando su conversión en acciones, capital de primera categoría. Así ha sucedido con las preferentes de CaixaBank. El pasado jueves 15 de diciembre aprobó el canje de sus participaciones preferentes, que suman un importe de más de 4.897 millones de euros, por bonos convertibles en acciones y deuda subordinada.