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Nulidad de vencimiento anticipado: nulo por abusivo y por lo tanto se tendrá por no puesto

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El Tribunal de Justicia de la UE resolvió el pasado 26 de marzo la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. Considera Luxemburgo que sancionar con el vencimiento anticipado por un único impago es “desproporcionado” y por lo tanto “nulo por abusivo”. La consecuencia de la nulidad por abusividad es la ya conocida en la jurisprudencia de Luxemburgo: se dará por no puesta.

¿Y qué pasa con la reforma de la Ley 1/2013 que elevó de una a 3 cuotas el incumplimiento requerido para ejercitar la cláusula de vencimiento anticipado? Luxemburgo sigue considerando “desproporcionado” sancionar a un consumidor con el vencimiento anticipado por el impago de tres cuotas.

Sin embargo, Luxemburgo establece un matiz que ha generado una gran controversia. Recuerda que la consecuencia de la nulidad por abusividad debe de ser el darse por no puesto salvo que se entienda que el contrato no puede subsistir y que sea más perjudicial para el consumidor la nulidad completa del contrato que la sustitución de la cláusula abusiva por otra que no lo sea.

Algunos interpretan que lo que Luxemburgo está sugiriendo al Supremo es que sustituya la cláusula nula por lo contemplado en el art. 24 de la nueva Ley Hipotecaria que establece un criterio más racional y proporcional para ejercer el vencimiento anticipado.

Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse es si el contrato puede subsistir sin dicha cláusula. En nuestra opinión, sí, por supuesto que puede subsistir. La cláusula de vencimiento anticipado es una cláusula secundaria de garantía adicional para el banco. Pero lo esencial, lo prioritario es el precio, la cuantía y el plazo. Por lo tanto, sí, puede subsistir sin dicha cláusula.

¿Significa eso que el incumplimiento de las obligaciones del cliente quedaría impune? No.

 El banco puede reclamar por la vía ordinaria las obligaciones incumplidas. Por lo tanto, el banco no queda desprotegido frente a posibles incumplimientos de los clientes. Puede ir a un declarativo y reclamar los incumplimientos o la resolución total. Es verdad que el efecto en caso de reclamar la resolución total es el mismo que el vencimiento anticipado. Pero también es verdad que es difícil que el juez acuerde la resolución total cuando también puede decretar la exigencia de las cuotas impagadas con sus correspondientes intereses de demora, sin duda un escenario mucho mejor para el cliente que el vencimiento anticipado.

Algunos han interpretado un éxito del Supremo que reclamaba poder sustituir la clausula abusiva por otra que no lo fuera. Sin embargo, en nuestra opinión, el resultado es exactamente el inverso. Y así nos lo han hecho saber fuentes del Supremo.

Luxemburgo marca un camino claro del que el Supremo no puede despegarse. Si considera que el contrato no puede subsistir sin una cláusula alternativa, debe de justificarlo. En nuestra opinión, será difícil de justificar porque el contrato es perfectamente válido sin dicha cláusula que no es sino una garantía adicional a la garantía hipotecaria y personal y al normal funcionamiento del contrato.

Y si el Supremo piensa que sería peor para el consumidor ser sometido a la vía ordinaria de reclamación, también tendrá que justificarlo. En nuestra opinión, parece claro que es mejor para el consumidor enfrentarse a las cuotas impagadas con sus intereses de demora que a la deuda en su conjunto. Y en todo caso, en nuestra opinión, debería de ser el consumidor quien deba de señalar qué considera mejor para él.

Si a esto le añadimos el sublime colapso judicial que sufren los llamados juzgados cláusula-suelo, lo que normalmente es un calvario para el consumidor se vuelve un ‘boomerang’ contra el banco. Aunque reclame en justicia las cuotas impagadas, pasarán años hasta que su caso pueda ventilarse ante la administración de Justicia.

Por eso nosotros recomendaremos a nuestros clientes que no acepten una negociación en la que se sustituya la cláusula abusiva por una que supuestamente no lo sea. Y quedamos a la espera de ver qué camino emprende el Supremo tras la resolución de Luxemburgo.

Por otra parte, ¿qué pasa con los asuntos que ya han sido juzgados con una cláusula que Luxemburgo declara nula por abusiva? La nueva Ley Hipotecaria entra en vigor el 16 de junio, pero la disposición adicional primera permite la aplicación retroactiva de la cláusula de vencimiento anticipado siempre que no haya sido judicializada. Para estos casos y para los casos en los que la ejecución ya se haya producido cabe exigir responsabilidad patrimonial al Estado. Entre otras cosas porque la trasposición de la directiva hipotecaria se produjo con más de 3 años de retraso. Y la doctrina de Luxemburgo es clara: el ciudadano no tiene por qué pagar la deslealtad institucional de sus autoridades nacionales, el derecho europeo debe de primar y debe de ser efectivo desde la fecha tope de su trasposición. Es la conocida ‘doctrina Francovich’ que invocaremos en los casos en los que ya no sea posible acogerse a la nueva cláusula de amortización anticipada de la nueva Ley Hipotecaria.

Juan Ignacio Navas en Conexión Bruselas

Conexión Bruselas programa 20


El lobbismo se hace fuerte en la Unión

Según las últimas estadísticas del Registro de Transparencia de la Unión Europea, los grupos de influencia procedentes de España frente a los estamentos europeos se han disparado en los últimos tiempos. Empresas, organizaciones empresariales, bufetes, administraciones locales y/o regionales… de todos los tamaños y procedentes de diversos sectores profesionales engrosan las listas de los grupos de presión españoles que se posicionan en Bruselas con el fin de influir en las decisiones de las autoridades de la UE, siendo España uno de los cinco países que lideran este ranking.

Hablamos sobre la importancia del lobbismo con el despacho de abogados Navas & Cusí. “Equivocadamente, se piensa que el lobbismo es muy caro, pero lo que realmente es carísimo es no tenerlo, apunta su responsable del lobby en Bruselas, David Gorría; mientras que para Fernando Navas, abogado del despacho, El lobbismo en Bruselas permite el acceso a la toma de decisiones y es la vía para luchar por los propios intereses”.

En otro orden de cosas, el Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves la normativa para crear el producto paneuropeo de pensiones individuales. Los PEPP, que podrán se ofrecidos por bancos, fondos de pensiones, gestores de activos, empresas de inversiones y compañías de seguros, serán transferibles entre Estados miembros, pudiendo los clientes cambiar de proveedor transcurridos cinco años y seguir contribuyendo de forma independiente al Estado miembro en el que residan. Del mismo modo, los promotores podrán ofrecer sus productos en todo el bloque comunitario.

La iniciativa ha generado adeptos y detractores dentro del Parlamento: más opciones de ahorro de cara a la jubilación para unos y una forma de reducir ingresos públicos en favor, además, de las rentas más altas para otros.

Carlos Esquivias, responsable de la comisión de vida y pensiones de UNESPA, señala que “El producto paneuropeo de pensiones individuales permitirá el libre acceso de los clientes a productos en cualquier estado de la Unión Europea; está por ver si habrá homogeneidad en la fiscalidad y si el dinero que existe acumulado en cada país podrá ser transferible al nuevo producto”. A ese respecto, Fernando Navas apunta que “a veces el regulador nacional limita o dificulta la extensión del reglamento o directiva; en el caso de los PEPP corremos el riesgo de que ocurra lo mismo”.

Banco de España, garante de los consumidores

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La Memoria de Supervisión Financiera del Banco de España publicada recientemente pone de manifiesto un interesantísimo cambio en el sesgo de la actividad de la institución supervisora. Además de mantener un alto estándar en la supervisión de las entidades, realiza labores de supervisión macroprudencial y se convierte en garante de los derechos de los consumidores de productos financieros y bancarios.

Este último punto es quizás el más novedoso y el más desconocido. Pero también el más interesante. Ante las malas prácticas bancarias y los abundantes reproches judiciales, el Banco de España ha decidido actuar como agente preventivo, alertando de las malas prácticas, advirtiendo al consumidor de productos dudosos o de elevado riesgo e incluso sancionando por falta de transparencia.

Así, el año pasado el Banco de España elevó expediente sancionador a 6 entidades de crédito por falta de transparencia en la concesión de créditos hipotecarios. Además, efectuó 14 requerimientos y 72 recomendaciones. ¿Cuáles fueron los problemas detectados? Los que desde nuestro despacho llevamos lustros denunciando: información precontractual incompleta, redondeos no permitidos o comisiones por amortización anticipada superiores a las permitidas en la ley. Pero no en la nueva Ley Hipotecaria, sino en la legislación vigente hasta ahora.

Además, el Banco de España censura que las comisiones de apertura no estén incorporadas a efectos de cálculo en la TAE. El Supremo resolvió recientemente que la comisión de apertura estaba permitida siempre que fuera única, es que decir que incluyera apertura, estudio, etc. Y el segundo requisito del Alto Tribunal es que fuera incluido en la TAE ya que forma parte del precio de la hipoteca y no incorporarlo distorsiona la información y la transparencia a efectos de comparabilidad con las ofertas de otras entidades.

Por otra parte, el Banco de España también advierte del incumplimiento del Código de Buenas Prácticas en lo relativo a la protección de los deudores sin recursos. Por supuesto que hay que mantener la cultura de pago y cumplimiento de los compromisos con los bancos, pero obviar situaciones sociales de extrema vulnerabilidad no mejora la cuenta de resultados y sí perjudica gravemente al entorno y a la misma reputación del sistema.

Los bancos -como cualquier empresa- deben de maximizar el valor para el accionista. Pero también deben de preocuparse por los ‘stakeholders’, por el entorno en el que trabajan. Y eso pasa por recuperar el alma y cumplir al menos con el Código de Buenas Prácticas autoimpuesto.

Otro de los capítulos en donde el Banco de España hace especial hincapié en su informe es en el crédito al consumo, especialmente en las llamadas ‘tarjetas revolving’ y los créditos para la adquisición de vehículos. El año pasado se realizaron en este capítulo 36 actuaciones a distancia y 4 ‘in situ’. En cuanto a las tarjetas revolving, el Banco de España advierte que las cuotas pequeñas que hacen atractivo el crédito pueden hacer que la deuda se convierta en perpetua.

El simulador disponible en la web del banco de España permite comprobar que las pequeñas cuotas impiden la amortización de la deuda y en el mejor de los casos que el dinero devuelto duplica o triplica lo prestado en apenas dos o tres años. Incluso fuentes oficiosas del Banco de España han llegado a sugerir al cliente que demande ante un producto tan ruinoso para el cliente pero comercializado atractivamente como un préstamo fácil a devolver en cómodos plazos.

Lo mismo podría decirse de los swaps colocados como una especie de seguro frente a subidas de tipo de interés. Algunas sentencias han llegado a afirmar que efectivamente se trataba de un seguro, pero no para el cliente sino para el banco, que se esta manera se aseguraba el negocio en caso de caídas en los tipos.

La memoria del del Banco de España también informa de la apertura de 4 expedientes y de la resolución de 2 en el ámbito normativo. Las entidades no cumplieron la normativa de gobierno corporativo, políticas remunerativas y control interno. Es decir, no cumplieron con los criterios básicos para asegurar una buena gestión, una solvencia en el capital y una transparencia en su relación con la clientela.

Porque -conviene recordar- fueron los ‘bonus’ los que actuaron de incentivos perversos que aceleraron la crisis financiera. Y fue la ausencia de independencia y profesionalidad en la gestión la que llevó a la desaparición de las cajas de ahorros.

El Banco de España ha aprendido las lecciones de la crisis y pretende enderezar el árbol desde el tallo. Y además, no sólo se preocupa por cada árbol, sino por la salud del bosque en su conjunto, para evitar crisis sistémicas como la que estuvimos cerca de sufrir. Y todo ello empezando por controlar también la transparencia y la buena praxis para proteger al consumidor frente a lo que el Supremo califica como “asimetría informativa”. Pero también para proteger la reputación de una actividad que cumple un rol esencial en una economía capitalista: intermediar entre el exceso y la demanda de capital, es decir, entre el ahorro y la inversión.

La banca debe de concentrarse en mejorar sus análisis actuariales y de riesgos, eficienciar su gestión y prestar un servicio honesto y de calidad a los clientes. Si no lo hace, las ‘fintech’ irán comiendo terreno, el Banco de España amonestará y sancionará y la Justicia estará preparada para reprochar las malas prácticas bancarias.

Juan Ignacio Navas en Conexión Bruselas

Conexión Bruselas programa 19

El porqué de la importancia de la inversión del biorecover

Más allá del brexit y de la directiva de Copyright, que han acaparado la actualidad informativa en Bruselas, el lobo y el Biorecover también han ocupado minutos en el corazón del Viejo Continente.

Biorecover tiene entre sus objetivos reducir la brecha entre la oferta europea y la demanda de materias críticas en minerales como el aluminio, el magnesio y metales del grupo del platino.»Es muy baja la inversión en #biorecover para el retorno que se recibe», apunta Fernando Navas, abogado de Navas Cusí.

El Centro Cetim de Culleredo (La Coruña) cuenta con 14 centros de investigación y universidades de diferentes países de la UE y recibirán 6,3 millones de euros en los próximos 4 años para sacar productos que necesariamente importamos del reciclaje de bacterias, hongos y microalgas.

La Directiva Hábitat ha estado en el foco de los eurodiputados, aunque no hubo nadie de la Comisión Europea a pesar de ser un problema no solo español sino de toda la UE.

En la provincia de Córdoba ya son trece los ayuntamientos que hasta la fecha han aprobado en sus plenos una moción solicitando la paralización del Programa de Recuperación del Lobo Ibérico en Andalucía. “No queremos que el lobo sea extinguido del Planeta, sino que se controle igual que otras especies”, señala José María Castilla, representante de ASAJA en Bruselas.

El TJUE, sobre la determinación de la competencia judicial territorial

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En el mundo globalizado en el que vivimos, es más que habitual contratar un servicio o comprar un producto a una empresa que no está domiciliada en el país donde el consumidor o usuario es residente. Por ello, cuando hay problemas que derivan en posibles demandas judiciales, surge la duda de saber qué partido judicial es el competente. ¿Será competente el juzgado del país donde tiene la empresa el domicilio social? ¿Puedo demandar en el sitio donde se han producido los hechos?

Esta respuesta nos la da el Reglamento Europeo 1215/2012. No obstante, en muchas ocasiones surge la duda, como es el caso que a continuación se presenta.

Ahora, ha sido una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que ha dictado Sentencia (asunto C-464/18), en relación con una demanda de indemnización presentada por un viajero, como consecuencia del retraso de un vuelo de la compañía Ryanair.

Un consumidor reservó un billete de avión para un vuelo entre Oporto (Portugal) y Barcelona operado por Ryanair. El vuelo sufrió retraso, por lo que el viajero solicitó ante el Juzgado de lo Mercantil de Girona (lugar donde Ryanair tiene la domiciliación en España) que la aerolínea le pagara una indemnización por el retraso sufrido. El Juzgado señaló que no tenía competencia internacional para conocer de dicha demanda dado que la empresa Ryanair está domiciliada en otro Estado miembro (Irlanda), y porque tanto el aeropuerto de llegada como el de salida se encuentran en una circunscripción territorial distinta a la suya.

Con estas, el Juzgado de lo Mercantil de Girona elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo (TJUE) preguntando los siguientes términos:

  1. si la competencia implícita en favor del órgano jurisdiccional nacional debe interpretarse en el sentido de que no puede verse condicionado por las normas relativas a la competencia judicial interna de los Estados miembros;
  2. si la regla de competencia jurisdiccional internacional, que atribuye una competencia implícita al órgano jurisdiccional nacional, o si se considera la regla de la competencia jurisdiccional tanto internacional como territorial;
  3. si la demanda de indemnización presentada contra una compañía aérea cuyo domicilio social no se encuentra en el Estado miembro en el que se ha presentado está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento 1215/2012, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

El Tribunal de Justicia de la Unión Euorpea, mediante sentencia del pasado 11 de abril de 2019, concluye que el artículo 7, punto 5, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no es competente para conocer de un litigio relativo a una demanda de indemnización interpuesta en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91, y dirigida contra una compañía aérea establecida en otro Estado miembro por el hecho de que dicha compañía tiene una sucursal en la demarcación del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, no habiendo participado dicha sucursal en la relación jurídica entre la compañía y el pasajero afectado.

Juan Ignacio Navas en Conexión Bruselas

Conexión Bruselas programa 18

La sentencia del TJUE deja dudas sobre el vencimiento anticipado de hipotecas

La esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas de vencimiento anticipado no contundente como esperaban muchos abogados y muchos apuntan a que no despeja todas las dudas existentes.

Luxemburgo establece como criterio: que sea proporcional y que se tengan en cuenta todas las circunstancias. En 2018 hubo 53.857 ejecuciones hipotecarias según el INE de las que 6.523 fueron de viviendas habituales. La cifra supone un 41% menos que respecto al 2017 y un 81% menos respecto a 2014.

«Si el cliente no va a pagar, es cierto que el sistema debe garantizar que el acreedor va a cobrar», apunta Javier Plaza, catedrático de Derecho en la Universidad de Valencia. La Ley 1/2013 modifica la Ley de Enjuiciamiento civil elevando a 3 las mensualidades requeridas para el vencimiento anticipado. La nueva ley hipotecaria establece como requisitos: 3% del capital vivo en la primera mitad del préstamo y 7% en la segunda mitad.

Los expertos cifran entre 15.000 y 17.000 los procedimientos actualmente en el aire a la espera de la decisión del tribunal de Luxemburgo, y estas son las claves de una sentencia muy esperada. «No defendemos la cultura del no pago, las deudas se han de pagar. Se tiene que hacer una resolución equilibrada con lo que se lleva ejecutando», señalé en Conexión Bruselas.

Juan Ignacio Navas en Conexión Bruselas

Conexión Bruselas programa 17

¿Cártel de camiones en Europa? Los juzgados de Países Bajos y Alemania, los mejores para reclamar

El pasado 19 de julio de 2016, la Comisión Europea sancionó con 2.930 millones de euros a MAN, Daimler, DAF, Iveco y Volvo/Renault por pactar precios y timing de las mejoras tecnológicas. «Estimamos que el daño que tengan que resarcir los fabricantes de camiones duplique la sanción que han recibido de Bruselas”, señala Ramón Valdivia, Director General de ASTIC.

Un tercio de la mercancía transportada en Europa se hace por camión y según las investigaciones comunitarias entre 1997 y 2004. Un año después de la primera sanción, la multa se amplió también a la marca Scania y aumentó el montante final en 880 millones de euros. «Recomendamos denunciar en Holanda, porque tienen muy claro los criterios de indemnización», añadí en el programa Conexión Bruselas.

Ranking de reputación digital en el sector legal

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Una vez más, y por quinto trimestre consecutivo, desde la reputada página de contenidos digital Law&Trends me ha brindado la primera posición en su ranking de reputación digital, con una distancia considerable respecto a otros compañeros de profesión.

Desde mi firma legal, siempre he defendido el acceso y derecho de cualquier ciudadano a ser informado de sus legítimos derechos a través de la difusión de conocimiento en una plataforma de internet.

Si bien es cierto que el artículo 6 del Código Civil establece que la ley se presume, lo que no se puede pretender es que cualquier ciudadano de a pie se dedique, cada mañana, a revisar las publicaciones destacadas del BOE, para ver qué nuevas leyes o disposiciones normativas le pueden afectar.

Por eso, creo que es muy importante que se pueda utilizar una de las mayores y mejores invenciones que nos ha traído la tecnología: internet.

Hoy en día en internet, con poca habilidad, se puede encontrar respuesta a prácticamente cualquier cuestión que se plantee. 

En el ámbito legal, nos encontramos en un panorama absolutamente extraordinario, en el que se han publicado y reformados demasiadas leyes, en muy poco tiempo. La razón es doble, pues, en primer lugar, tenemos la crisis económica que seguimos arrastrando de 2006-2008 aún a día de hoy. La crisis financiera hizo que el legislador nacional y también la legislación europea se planteara reformas de gran envergadura. Estas reformas han afectado, básicamente, al ámbito del consumidor (préstamos hipotecarios, derecho a la vivienda, situaciones familiares, etc.) y por ello, es muy importante conocer qué derechos me amparan en cada momento.

Por ejemplo, el pasado 15 de marzo de publicó en el BOE la Ley 5/2019, de crédito inmobiliario; una ley que viene a incorporar la Directiva 2014/17/CE y que trae muchas novedades en cuanto a la protección del consumidor cuando contrata un préstamo o crédito hipotecario con una entidad financiera.

Desde luego, un buen abogado tiene que estar al día de toda la legislación y cambios normativos, para así conocer cómo pueden afectar/perjudicar o beneficiar a sus clientes. Además, esta legislación es bueno que la sepa o pueda conocer el cliente, explicada desde un punto de vista que lo pueda llegar a comprender, -puesto que la legislación muchas veces incorpora conceptos y tecnicismo difíciles de alcanzar por una persona que no esté habituada-.

Por ello, nosotros intentamos poner a disposición y divulgar en forma de artículos, los cambios normativos que consideramos más interesantes y que podrían afectar a los consumidores.

No me queda más que agradecer a Law & Trends por su consideración en el ranking de mejor profesional del derecho, desde el punto de vista de reputación digital. Y a mi fantástico equipo de profesionales que trabajan conmigo día a día.

La previsible multa de Europa a España por la tardía transposición de la directiva hipotecaria

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Han sido varios los posts a los que he dedicado el análisis de la Directiva europea nº 2014/17/CE relativa a la concesión de préstamos y créditos financieros para la adquisición de inmuebles para el uso residencial. Y no es para menos por la importancia que desprende de cara a los consumidores.

Según la misma normativa europea, cada país miembro – entre ellos España- tenía un máximo de dos años para adaptar la legislación nacional a la europea. Pues bien, dicho plazo terminaba el pasado mes de marzo del año 2016. Y llegada la fecha, España no tenía ni tan siquiera un borrador definitivo de la que debía ser, nueva Ley.

Tres años más tarde, y concretamente el pasado 15 de marzo de 2019, se aprobó y publicó la Ley 5/2019, relativa al crédito inmobiliario, que incorpora y traspone a nivel español la mencionada directiva, con el claro objetivo de otorgar un plus de protección a los consumidores (y también cualquier persona física) decididos a adquirir un inmueble con el objetivo de que su uso sea para la residencia.

Pues bien, si hará un par de semanas comentaba las novedades que trae aparejada esta ley, en el artículo de hoy pretendo hacer referencia a las previsibles y posibles consecuencias a la que se ha expuesto el poder legislativo español en aprobar la legislación, tardíamente.

Sanción a España por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Como bien refiere el anterior subtítulo, una de las previsibles consecuencias de una transposición tardía es que el Tribunal de Luxemburgo le imponga una multa a España por este incumplimiento.

Y esta teoría se ha hecho realidad según las ultimas noticias que se han emitido desde Europa, en el que el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un comunicado de prensa en el que informaba que el abogado general Tanchev solicitaba al Tribunal que declarara que España no había adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimento a la Directiva 2014/17, y le imponga a consecuencia, una multa coercitiva diaria de 106.000 euros hasta que dé cumplimiento a la Directiva.

Este recurso de incumplimiento puede ser iniciado por la Comisión o bien por otro estado miembro, contra el estado infractor. Luego, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que decida, mediante Sentencia, si procede la declaración de incumplimiento y la sanción pertinente.

Responsabilidad patrimonial del Estado Español. Daños y perjuicios

Otra de las consecuencias que tiene, ya a nivel interno, la transposición tardía de la normativa es que los consumidores que se hayan visto afectados por no tener ninguna normativa a nivel interno que regule las nuevas condiciones o exigencias financieras de la norma europea.

Por ejemplo, la Directiva 2014/17/CE regula la famosa cláusula de vencimiento anticipado, exigiendo un incumplimiento mínimo de 12 meses. Ahora, la nueva Ley de crédito español – en vigor a partir de 16 de junio de 2019- también recoge esta nueva exigencia, pero ¿qué ocurre con todos los préstamos que han sido vencidos por el impago de hasta 15 cuotas, durante el 2016-2019? Según entendemos, existe aquí la posibilidad, por un lado, de exigir la aplicación directa según el efecto vertical, de la Directiva comunitaria; y por otro lado, el consumidor afectado puede exigir responsabilidad en daños y perjuicios al Estado español por publicar la ley en un plazo tardío.

Juan Ignacio Navas en Conexión Bruselas

Conexión Bruselas programa 16

El TJUE parará el vencimiento anticipado de las hipotecas

La cláusula de vencimiento anticipado permite al prestamista dar por vencido la totalidad del préstamo con anterioridad al plazo establecido, en el momento en que el deudor incumple su obligación de pago de parte del capital o de los intereses del préstamo. Una cláusula que en estos días juega una final en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque parece que el partido está casi sentenciado.

“Esperamos una sentencia que anule el vencimiento anticipado“, señala en Capital Radio Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí. “Al ciudadano español al que se le ha aplicado esta normativa puede y podrá reclamar al Estado”, añade.

Esta semana, el Tribunal Constitucional anuló una sentencia de un juzgado de primera instancia de Madrid, que ignoró la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre una cláusula de vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario.

El TC ha estimado así el recurso de amparo presentado por un particular, al considerar que se vulneró su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria contra la demandante y otros, y el juzgado procedió a decretar el embargo y requirió de pago a los deudores; posteriormente, la recurrente denunció por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado incluida en su contrato de préstamo, extremo que fue rechazado por el juez.

“Cuando la cláusula es abusiva tiene que desaparecer del contrato, no va a ser una respuesta fácil”, relata Fernando Navas. El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2018 fue de 59.671, un 1,8 % menos que un año antes, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales.

“El problema de España es que nos fiábamos del banco y no ha de ser así, hay que asesorarse”, apunta en Conexión Bruselas el consultor inmobiliario y director de Chamberí Asset Management, José Luis Ruiz Bartolomé. “Yo no he dejado de pagar porque sí, me fie de mi banco”, añade Guillermo Martínez, afectado y ex director de banca.

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