Autor: Juan Ignacio Navas Marqués Página 1 de 38

El plazo para reclamar las cantidades anticipadas en las compras de vivienda sobre plano acaba en octubre de 2020

Como es ampliamente conocido, la crisis económica de 2008 afectó duramente al sector inmobiliario y, de rebote, a muchas familias que habían comprado viviendas sobre plano y pagado una parte del precio, que nunca pudieron ser terminadas por quebrar las promotoras y constructoras.

Así, los compradores se encuentran con que su dinero fue depósito en una entidad bancaria, a favor de las empresas promotoras y constructoras, y que, con la llegada de la crisis y la desaparición de muchas de estas empresas, en la gran mayoría de casos, las obras no se terminaron y no pueden reclamar el precio pagado a esas promotoras y constructoras porque ya no existen (por eso se habla del fenómeno de “promotoras fantasma”).

Pero hay solución para esos compradores que se vieron sin vivienda y sin saber a quién recuperar el dinero: plantear acciones legales contra las entidades bancarias depositantes. En efecto, la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, obligaba a que las entidades bancarias depositantes lo destinaran en una cuenta especial y pidieran a las promotoras unos avales y seguros, precisamente, para asegurar que, si era necesario, pudieran devolver esas cantidades a los compradores. ¿Qué ocurrió, en la práctica, en la mayoría de casos? Que las entidades bancarias en que se depositaba el dinero de los compradores no cumplieron con esas obligaciones. Y por ello, puede reclamarse frente a ellas las cantidades entregadas.

Debe tenerse en cuenta que, a pesar de que esta Ley fue derogada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 21 diciembre de 2015, declaró que la entidad bancaria debe hacerse cargo (tanto en casos previos como posteriores a la entrada en vigor de esta última Ley), siendo “responsables de  haber admitido los ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y de la correspondiente garantía, en tanto que cantidad anticipada por aquellos e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en esa entidad”.

Por último, debe recordarse que, a la vista de la modificación que la Ley 42/2015 operó sobre el Código civil, el plazo para reclamar las cantidades anticipadas acabará el próximo día 7 de octubre de 2020.

La Comisión Europea plantea una propuesta para proteger a las empresas de la Unión Europea frente a las extranjeras

La Comisión Europea plantea una propuesta para proteger a las empresas de la Unión Europea frente a las extranjeras-Juan Ignacio Navas Abogado especialistas en Derecho de la Unión Europea

La situación provocada por el COVID 19 ha servido para que las instituciones europeas se dieran cuenta de que las industrias europeas no podían abastecer a los ciudadanos de los Estados miembros del material sanitario que necesitaban, sin contar con empresas extranjeras.

Por esta razón, la Comisión Europea ha decidido hacer una nueva propuesta de “Libro Blanco” sobre los efectos del falseamiento provocado por subvenciones extranjeras en el mercado único.

De qué trata la propuesta

Se trata de una propuesta que busca ser convertida en iniciativa legislativa, pero para ello, deberá, antes pasar un proceso de consulta pública a nivel de todos los actores interesados de la Unión Europea, con el fin de alcanzar un consenso que permita a la Comisión Europea, presentar esa propuesta legislativa, a más tardar, dentro de un año.

Con esta nueva propuesta, la Comisión Europea pretende controlar las subvenciones y accesos que puedan tener empresas extranjeras a los fondos europeos, buscando una igualdad de condiciones. Es decir, que las empresas extranjeras que accedan a las subvenciones que ofrece el mercado único europeo lo hagan en las mistas condiciones que las empresas españolas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que una empresa extranjera ya recibiera ayudas en su respectivo Estado, en tal caso, es evidente que tendría más ventajas que las propias empresas de Estados miembros de la Unión Europea.

Hemos de recordar que, hasta ahora, el control de que las empresas cumplen con la normativa del Derecho de la competencia estaba en manos de la Comisión, pero ese control sólo afectaba a las empresas de la Unión Europea, no a las extranjeras.

Para lograr este objetivo se propone, en primer lugar, la creación de una nueva institución Nacional supervisora (que incluso, podría ser la propia Comisión), como autoridad que posea la competencia de investigar cualquier indicio relacionado con el “falseamiento” en las subvenciones extranjeras, corrigiéndolos a través de pagos compensatorios o de otras soluciones estructurales.

Además, la Comisión, busca controlar las subvenciones extranjeras para facilitar la adquisición de empresas de la Unión, obligando a que las sociedades extranjeras que se beneficien de dichas subvenciones notifiquen esas adquisiciones cuando la operación financiera y de control, alcance unos umbrales determinados, siendo ésta revisada por esa autoridad supervisora.

En tercer lugar, la Comisión Europea, pretende, también, controlar las subvenciones extranjeras relativas a procesos de contratación pública, controlando que no se de una ventaja injusta entre los licitadores, como obtener contratos públicos que, de otro modo, no habrían obtenido, por ejemplo, al presentar ofertas por debajo del precio de mercado. En este caso, este control pasaría por la notificación al órgano de contratación y supervisión competente que sería el encargado de evaluar si esa subvención existe y, en su caso, si el procedimiento de contratación pública ha sido o no injusto, y en caso de que lo hubiera sido, excluiría al licitador del procedimiento de contratación.

Finalmente, este nuevo “Libro”, recalca la importancia de garantizar que las instituciones financieras internacionales ejecuten proyectos apoyados por el presupuesto de la Unión Europea, como el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

En definitiva, esta nueva propuesta de la Comisión Europea es una muestra más de los mecanismos que se está adoptando desde las instituciones europeas para paliar los efectos negativos de la pandemia y para proteger a las empresas europeas, para que sigan siendo competitivas, sobretodo, frente a empresas extranjeras.

El Tribunal Supremo confirma la interpretación restrictiva del retracto en los créditos litigiosos

El Tribunal Supremo confirma la interpretación restrictiva del retracto en los créditos litigiosos-Juan Ignacio Navas Abogado especialista en Derecho Bancario

El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión sobre la interpretación del derecho de retracto en los créditos litigioso.

Los créditos litigiosos en el Código Civil

Cabe recordar que nuestro Código civil se refiere a los créditos litigiosos en su artículo 1535, del cual se desprende lo siguiente:

  • Que existe crédito litigioso cuando se conteste a una demanda sobre el mismo. Pensemos, por ejemplo, en la reclamación judicial (en un procedimiento ordinario o de ejecución) que inste el acreedor de una deuda. Pues bien, se entenderá que ese crédito es litigioso si el deudor contesta a la demanda o se opone al procedimiento de ejecución.
  • Que cuando el acreedor originario (o cedente) venda ese crédito litigioso a un tercero (cesionario), si este nuevo acreedor (cesionario) reclamare la deuda al deudor, éste podrá extinguirla pagándole el precio que dicho cesionario hubiera pagado al primer acreedor por la deuda, más las costas que se le hubieran ocasionado y los intereses.
  • Que el deudor puede ejercer este derecho de pagar al cesionario tal cantidad –es decir, puede ejercer su derecho de retracto- en el plazo de 9 días desde que el cesionario le reclame el pago.

El problema respecto al derecho de retracto ocurre cuando no se cede una única deuda, sino que tiene lugar lo que se conoce como una cesión en “bloque” o en “globo”. En estos casos, el cedente –normalmente, entidades bancarias- transmite al cesionario –normalmente, fondos buitre- un conjunto de deudas o créditos que se prevén de difícil cobro, por un precio alzado, lo que impide (o dificulta mucho) al deudor conocer el precio que el Fondo pagó por su deuda y, por tanto, no puede ejercitar el retracto, pues el criterio jurisprudencial mayoritario es que el plazo de 9 días para ejercerlo empieza a contar cuando el deudor conoce dicho precio.

Precisamente, la controversia que el Tribunal Supremo resuelve en su Sentencia de 5 de marzo de 2020, se refiere a una cesión de diversos préstamos hipotecarios transmitidos por una entidad financiera a una sociedad.

En su resolución, el Alto Tribunal recuerda que para hablar de “crédito litigioso” debemos estar ante un crédito que ha sido reclamada judicialmente y exigido por el titular, y que, a su vez es contradicho o negado por el demandado; y que, por tanto, debe existir un proceso judicial en curso, y a su vez, este ha de tratar de la acción de carácter declarativo en la que se pretende declarar la existencia o exigibilidad de ese crédito litigioso.“.

Y termina insistiendo el Tribunal Supremo en que no puede calificarse de “litigioso” un crédito sobre el que exista otro tipo de controversia, por ejemplo sobre su naturaleza o condiciones y reitera que se excluye la posibilidad de ejercitar el retracto cuando se trate de ventas de créditos realizadas en bloque o paquetes de deuda.

En definitiva, el Tribunal Supremo ratifica lo que había venido diciendo en sentencias anteriores respecto de la imposibilidad de ejercitar el derecho de retracto cuando la deuda no se haya cedido de forma individualizada. Esta restricción limita las posibilidades de actuación de deudores cuyas deudas hayan sido cedidas en bloque, adquiriendo, en tales casos, una gran importancia el factor negociador –siempre con asesoramiento profesional-, para intentar llegar a acuerdos de condonación parcial o refinanciación de la deuda con el Fondo.

“El comportamiento conflictivo” de un pasajero puede exonerar al transportista aéreo de compensar a los pasajeros en caso de retraso o cancelación de vuelo

Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Comunitario-y-de-la-Unión-Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 11 de junio de 2020, ha declarado que “el comportamiento conflictivo” de un pasajero puede exonerar al transportista aéreo bajo la invocación de “circunstancias extraordinarias” de compensar a los pasajeros en caso de gran retraso o cancelación de un vuelo debido a aquél.

La controversia

El litigio enfrenta a la aerolínea portuguesa TAP y a un pasajero que reservó un vuelo desde Brasil hasta Noruega, con escala en Lisboa, no pudiendo llegar a la destinación final hasta 24h más tarde, dado que en el primer trayecto, la aeronave tuvo que desviarse hasta Las Palmas de Gran Canaria, para desembarcar a un pasajero conflictivito, el cual, ponía en riesgo la seguridad aérea. Este pasajero, exigió el pago de esa compensación por retraso, contemplado en el artículo 5, apartado 1, c, del Reglamento 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, la cual fue denegada por la compañía aérea, alegando que existía una circunstancia extraordinaria, sobre la cual habían tomado todas las medidas razonables.

Resuelve el Tribunal de Justicia Europeo, haciendo primeramente hincapié en que tal y como se expone en el citado Reglamento, el transportista aéreo está exento de compensar a los pasajeros si puede probar que esa cancelación o retraso igual o superior a tres horas se debe a circunstancias extraordinarias que no pudieran haberse evitado incluso tomando todas las medidas posibles, entendiendo las mismas, por “acontecimientos que por su naturaleza u rigen, no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo afectado y escapen al control efectivo de este, siendo estos dos requisitos acumulativos tal y como se expuso en el Asunto C-501/17, Germanwings”.

“Un riesgo para la seguridad”

Asimismo, el artículo 14 del Reglamento, considera que tales circunstancias, pueden producirse en caso de riesgo para la seguridad, dado que efectivamente, que un pasajero ponga en peligro la seguridad de un vuelo debiéndose el mismo desviar, denota extraordinariedad, si el transportista aéreo no ha contribuido a que se produzca ese comportamiento conflictivo del pasajero o si se hubiera tenido la posibilidad de adoptar otras medidas adecuadas sin consecuencias graves para el desarrollo del vuelo afectado.

“Relación de causalidad directa”

Por otra parte, el TJUE considera que para que pueda invocarse esa obligación de eximirse de compensar a esos pasajeros por tales circunstancias, es necesario que exista una relación de causalidad directa rentre aquella que ha afectado al vuelo anterior y el retraso o cancelación del vuelo posterior, hecho que deberá examinar de forma detallada el tribunal remitente del asunto a la luz de los hechos y elementos expuestos en el caso.

El TJUE estima que la vulneración del Derecho de defensa está en relación con la posibilidad de un resultado distinto

El TJUE estima que la vulneración del Derecho de defensa está en relación con la posibilidad de un resultado distinto Juan Ignacio Navas abogado especialista en Derecho de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia dictada el día 4 de junio de 2020, ha declarado que el Principio General de la Unión Europea del respeto al Derecho de defensa debe interpretarse en el sentido que cuando un sujeto pasivo no ha podido acceder a la información que figura en su expediente administrativo en relación a un proceso de inspección, debe anularse esa resolución si el acceso a tal documentación hubiese podido dar un resultado distinto.

La cuestión se encuadra dentro de un litigio entre una empresa rumana, que tiene como objeto la explotación de recursos forestales, a la cual, se le realiza una inspección fiscal, con el objetivo de determinar si se le deben imponer obligaciones fiscales adicionales en base a los resultados de esa inspección. Posteriormente a esta, el representante legal de la misma fue a retirar una copia de tal acta de inspección, la cual le fue denegada sin motivo de interés alguno.

El Tribunal de Justicia de la Unión resuelve recordando que el Derecho Europeo, no regula las condiciones en que debe hacerse efectivo ese respeto al Derecho de defensa ni las consecuencias de la vulneración del mismo, siendo de ámbito nacional su regulación, y considera, que “la vulneración de ese derecho solo da lugar a la anulación de esos actos administrativos encuadrados en un proceso de inspección, si el acceso a tales documentos, hubiese podido llevar a un resultado diferente de no concurrir tal irregularidad, tal y como expone en la Sentencia Kamino International y Datema Hellmann, en los asuntos acumulados C 129 y 130/ 13.

Asimismo, defiende que debe ser el órgano jurisdiccional que conoce de ese procedimiento de inspección, el cual debe apreciar en qué medida, podía haber cambiado el resultado de ese procedimiento administrativo si el particular hubiera tenido acceso al expediente.

En base a todo lo anterior, el TJUE estima que en efecto, se debería anular el acta o resolución administrativa de ese procedimiento de inspección por el que se imponen obligaciones fiscales adicionales, si el acceso a la información por parte del particular hubiese conducido a un resultado diferente, siendo en todo caso el órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto quien debe apreciarlo.

El TJUE anula la decisión de la comisión europea de bloquear una concentración de empresas telefónicas

El-TJUE-anula-la-decisión-de-la-comisión-europea-de-bloquear-una-concentración-de-empresas-telefónicas-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado, finalmente, la Decisión de la Comisión Europea que impidió el proyecto de adquisición de Telefónica UK (O2) por parte Hutchison 3G UK (Three). La Comisión Europea había considerado que la adquisición habría eliminado la competencia entre los principales actores del mercado, pues pasar de cuatro a tres competidores habría comportado un incremento de los precios de los servicios telefonía móvil, repercutiendo de forma negativa en los consumidores.

La anulación de esta Decisión (frente a lo que todavía cabe que aún está recurso de casación) se basa en la aplicación del Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (Reglamento comunitario de concentraciones).

El Tribunal General considera que los criterios aplicados por la Comisión Europea para impedir la concentración adolecen de errores de Derecho. Así, entiende que el concepto de “fuerza competitiva importante” que alega la Comisión es erróneo, pues el Tribunal estima que la proximidad entre dos competidores concretos no basta para demostrar que su concentración comportará la desaparición de las presiones competitivas en su sector, en este caso, en el de las telecomunicaciones en Reino Unido.

El Tribunal refuerza su postura de anular la Decisión y, por tanto, permitir la concentración de las dos empresas telefónicas sobre la base de que el análisis cuantitativo de los efectos de dicha concentración sobre los precios, y, por tanto, su incremento, no es concluyente ni la Comisión ha demostrado, efectivamente y de forma fiable, que pudiese darse ese aumento de los mismos. Asimismo, también dispone que no se ha demostrado que la operación de concentración pudiese causar serios efectos sobre el uso compartido de redes e infraestructura en el Reino Unido, de forma que la misma hubiese sido constitutiva de un obstáculo significativo para la competencia, dentro del mercado.

Concluye el Tribunal General que la calificación de la compañía Three como “fuerza competitiva importante” no ha dejado al resto de los operadores virtuales existentes sin el uso de las infraestructuras, pes dicha compañía no puede ser considerada como relevante, ya que, aunque en el mercado desempeñe un papel competente más importante de lo esperado, su cuota de mercado no lo es tanto, con lo que, no existe el suficiente obstáculo significativo que deje al resto de operadores en una posición negociadora más débil respecto del nivel mayorista.

Lo único que queda por ver es si, en la práctica, esta resolución del Tribunal General de la Unión Europea tiene efectos sobre los consumidores finales y, por tanto, si su decisión de anular el bloqueo de la concentración de estas empresas telefónicas acaba suponiéndoles un mayor coste o un peor servicio.

Los Estados miembros deben garantizar la seguridad del suministro de gas

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Recientemente, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra, prácticamente, todos los Estados miembros, incluido el Reino de España, (a excepción de Reino Unido y Chipre), en que advierte de la falta de implementación del Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas.

Es fundamental tener presente la importancia del cumplimiento de las obligaciones impuestas en este Reglamento, pues la Unión Europea se encuentra inmersa en la llamada “dependencia energética”, lo que significa que la mayoría de los combustibles utilizados en el territorio europeo se importan de terceros Estados. Esto provoca que todo lo relacionado con los suministros energéticos y el cumplimiento de su normativa sea una de las principales preocupaciones políticas de las instituciones comunitarias.

Del referido Reglamento destaca el llamado “mecanismo de solidaridad”, que permite que un Estado Miembro -previa declaración de una situación de emergencia- pueda solicitar asistencia a los Estados Miembros vecinos para asegurar el suministro a sus “clientes protegidos”, como son los hogares u servicios sociales esenciales. Este mecanismo es un mecanismo que debe ser de último recurso, pero los Estados Miembros requeridos están obligados a prestar esa asistencia si les fuese solicitada.

Quiero recordar que los procedimientos de infracción se encuentran regulados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que son iniciados por la Comisión Europa, si detecta posibles infracciones de la normativa, bien a través de sus propias investigaciones, bien a partir de denuncias de ciudadanos, personas jurídicas u otras partes interesadas; todo ello, en virtud de la competencia de la Comisión de supervisar el cumplimiento del Derecho de la Unión.

Estos procedimientos de infracción constan de varias fases y, en el caso del seguido sobre el suministro de gas, en concreto, respecto a España, se encuentra en la primera fase. Así, la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno explicaciones e informaciones sobre el presunto incumplimiento del referido Reglamento sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas.

Ahora el Gobierno español tiene dos meses para dar a la Comisión una respuesta detallada que convenza al órgano europeo de que está cumpliendo –y qué medidas ha adoptado para ello- con las obligaciones que le impone este Reglamento, si no quiere que la Comisión remita al asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pudiendo, si ese presunto incumplimiento fuere reiterado, llegar a proponer a dicho Tribunal la imposición de sanciones económicas.

El TJUE establece que desistir de un contrato de crédito a distancia da derecho a reembolso, pero no a compensación

El-TJUE-establece-que-desistir-de-un-contrato-de-crédito-a-distancia-da-derecho-a-reembolso-pero-no-a-compensación-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Sentencia de 4 de junio de 2020, ha declarado que cuando un consumidor ejerce su derecho de desistimiento respecto de un contrato de crédito celebrado a distancia, tiene derecho a obtener del proveedor el reembolso del principal y de los intereses pagados, pero no a una compensación por ese disfrute de esas cantidades.

El litigio sobre el que versa la cuestión planteada al TJUE trata el caso de un consumidor persona física que, en el año 2005, había celebrado dos contratos de préstamo con DSL-Bank (para financiar la adquisición de dos apartamentos), que si bien contenían información sobre el derecho de desistimiento, no se correspondía con lo dispuesto en la normativa nacional en vigor.

Diez año después, tras haber estado pagando los intereses, el consumidor, comunicó a la entidad prestamista su voluntad de desistir del contrato alegando, precisamente, que la información relativa a ese desistimiento, que se le había proporcionado diez años antes, no era conforme a la normativa alemana, y solicitando la devolución del reembolso de los pagos de intereses hechos, así como una compensación por los intereses ya pagados.

El órgano jurisdiccional alemán, en base a lo dispuesto en la legislación nacional, consideró que el prestatario tenía derecho, no sólo a la devolución del capital reembolsado, sino también a una compensación por el disfrute. Sin embargo, este tribunal se cuestiona si esta posibilidad que da el derecho nacional, es conforme con el artículo 7.4 de la Directiva 2002/65, de 23 de septiembre de 2002,relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, que únicamente se refiere a que el proveedor reembolsará al consumidor “todas las cantidades que haya percibido de éste con arreglo a lo establecido en el contrato a distancia”.

El TJUE se basa, precisamente, en ese todas las cantidades que haya percibido” para sostener que en los casos de desistimiento por parte del consumidor, el proveedor deberá devolverle el capital y los intereses que aquél haya pagado, pero no una compensación. Por último, cabe destacar que el recordatorio que hace el alto Tribunal europeo al insistir que, salvo que se índice expresamente, los Estamos miembros no deben poder adoptar, en su legislación nacional, más disposiciones que las establecidas en las Directivas.

La declaración de nulidad del IRPH Cajas, pero la aplicación del IRPH Entidades

Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Comunitario-y-de-la-Unión-Europea

En primera instancia se habían declarado válido el IRPH cajas y el CECA, pero nulo ese tipo “fijo”.

La Audiencia provincial de Tarragona, por su parte, declaró la abusividad tanto del IRPH Cajas, como del CECA, alegando que, en sintonía con lo dispuesto por el TJUE, esos índices deben reputarse como nulos por no superar los criterios de transparencia extensiva marcados por el alto tribunal europeo.

Entiende la Audiencia que si la entidad prestamista hubiera informado a los consumidores de la evolución de esos dos índices y éstos hubieran podido comprender el funcionamiento concreto del modo en que se calculan dichos tipos, no hubieran suscrito el contrato. En relación al índice sustitutivo del IRPH, es decir, a ese tipo “fijo” que, en la práctica, lo que supone es la conversión de un préstamo hipotecario inicialmente a interés variable en uno a interés fijo, también declara su nulidad.

Lo que es relevante de esta sentencia es cómo interpreta la Sentencia del TJUE.

En efecto, y aunque es cierto que esa Sentencia no establece qué índice tendrán que aplicar los tribunales nacionales si considerasen que, en un caso concreto, la inclusión de esa cláusula no hubiera sido transparente, la práctica habitual de nuestros juzgados y audiencias provinciales ha sido la de dejar referenciado el préstamo a EURIBOR.

Sin embargo, la Audiencia provincial de Tarragona, en su sentencia, se decanta por no aplicar el EURIBOR, sino el IRPH Entidades, por entender que, si no se ha pactado como supletorio el Euribor, lo que corresponde es la aplicación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que en su Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 3, que, precisamente, impone el IRPH Entidades más un diferencial.

Dicho todo esto, no quiero concluir sin lanzar una pregunta abierta sobre si, desde un punto de vista de seguridad jurídica y cumplimiento de la normativa y jurisprudencia europea tiene sentido que nuestros tribunales declaren la nulidad de una modalidad de IPRH (Cajas), pero impongan –a sabiendas de que así lo permite la Ley- la aplicación de otra (Entidades).

El Tribunal Supremo alemán condena a Volkswagen por el “dieselgate”

El-Tribunal-Supremo-alemán-condena-a-Volkswagen-por-el-“dieselgate”-Navas-&-Cusí-Abogados-especialistas-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

La Sentencia del Tribunal Supremo alemán, de 25 de mayo de 2020, condena a Volkswagen a indemnizar a un comprador afectado por el “dieselgate”, sentando un precedente que podría causar efecto rebote en el resto de tribunales nacionales europeos.

Esta sentencia trae causa de la noticia que se hizo pública hace una años al conocerse que la multinacional alemana había estado manipulando un software que alteraba los resultados de las pruebas del nivel de emisiones contaminantes que emitían determinados vehículos de su compañía.

Ahora, el Tribunal Supremo alemán determina el comportamiento fraudulento de todo el Grupo automovilístico por considerar que no sólo un sector de ese grupo conocía del engaño.

Además, defiende que el comprador está legitimado para ejercitar la acción de indemnización de daños y perjuicios y es merecedor de ella con independencia de que hubiese actualizado dicho software de manera gratuita; lo que cabe recordar que ha sucedido en el caso de consumidores españoles.

En efecto, el alto tribunal germano reconoce al demandante el reembolso o devolución del precio de compra pagado por el vehículo, si bien teniendo en cuenta ciertos factores, por ejemplo, el uso dado al vehículo (en base a su kilometraje).

Es importante destacar que, en España, igual que en otros Estados miembros, el grupo automovilístico, está intentado llegar a acuerdos extrajudiciales con los compradores afectados; y que, no obstante, los procedimientos judiciales que se han instado por demandantes particulares frente a la empresa alemana, han sido resueltos con sentencias estimatorias.

A nivel de la legislación española, cabe señalar que nos encontramos en un supuesto de incumplimiento contractual de los regulados en los artículos 1.124, 1.101 y concordantes del Código civil estatal, los cuales fijan las consecuencias en los casos de incumplimiento de obligaciones bilaterales, y el derecho a exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos en el sí de una relación contractual, como la que existía entre el comprador del vehículos y la empresa ahora condenada. A todo ello, debe añadirse la protección que ofrece la normativa en materia de consumidores y usuarios y su importancia a nivel comunitario, pues la Unión Europea ha venido poniendo especial énfasis en la defensa de este colectivo, casi siempre en situación de inferioridad frente a las grandes corporaciones.

En definitiva, esta Sentencia del Tribunal Supremo Alemán es una muestra más de la preminencia de la defensa de los intereses de los consumidores y del calado de la ya comentada normativa europea en defensa de los mismos, y podría hacer que los consumidores españoles y de otros Estados miembros reconsiderasen sus estratégicas, y se plantearán no sólo intentar solventar su situación intentado un acuerdo extrajudicial con la automovilística alemana, sino acudir a los tribunales.

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