Autor: Juan Ignacio Navas Marqués Página 2 de 28

El procedimiento de infracción de España por incumplimientos reiterados de la norma de calidad del aire

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Está previsto que se anuncie por parte de la Comisión Europea la noticia que ya lleva anunciando lleva meses: que instará un procedimiento de infracción de normativa a España, en relación a la infracción de las normas de calidad del aire.

Tres han sido los detonantes que han llevado a Europa a denunciar a nuestro país. Y estos tres detonantes llevan nombre de ciudad: Madrid, Barcelona y Granada. Las ciudades con más contaminación y que menos respetan la normativa comunitaria.

Europa lleva advirtiendo en varias ocasiones a España, pero parece que aún

¿Cuál es el procedimiento que seguirá la Comisión Europea para denunciar a España?

Para ello tenemos que hablar de dos fases de denuncia: la fase de investigación y la fase de infracción.

En un primer momento, en la primera fase, la CE abrirá un procedimiento de investigación y se pondrá en contacto con las autoridades del país miembro denunciado. Concluida esta fase, la CE decidirá si procede dar curso o no a la denuncia.

En segundo termino estamos ante la segunda fase, la de infracción. Aquí se realizarán los contactos formales entre la CE y el Estado miembro, a quien le enviara un “requerimiento”, emplazándole a presentar observaciones. En base a la respuesta, o falta de respuesta, la CE podrá decidir enviarle un “dictamen motivado” en el que exponga claramente y con carácter definitivo las razones por las cuales considera que existe violación del Derecho de UE.

En el dictamen motivado también se le requerirá al Estado para que cese y/o se ajuste al Derecho de la UE en un plazo determinado.

A la raíz de la contestación o reacción del Estado, la CE podrá elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la persistente infracción, solicitando además que se imponga una multa diaria.

¿Qué multa puede imponerse a España por Europea por la infracción de las normas de calidad del aire?

Cuando devuelve el asunto al Tribunal de Justicia por segunda vez, la Comisión propone que este imponga sanciones económicas (consistentes en una suma a tanto alzado y/o en multas diarias).

Las sanciones se calculan teniendo en cuenta:

  • la importancia de las normas infringidas y las repercusiones de la infracción para los intereses generales y particulares
  • el periodo durante el que no se ha aplicado la norma en cuestión
  • la capacidad del Estado miembro para abonar las sanciones, con el fin de garantizar que estas tengan un efecto disuasorio.

¿Se puede evitar la multa?

Solo hay una manera: cumplir con la normativa

Cuando se inicia el procedimiento, como se ha indicado, la Comisión requiere al Estado para que cumpla y pueda salir de la situación de infracción. Si no lo hace, es cuando la Comisión llevará el caso al TJUE.

Una vez en el TJUE, para evitar la sanción, tendrá que ser la Comisión quien retire la demanda ante el Tribunal. Si la Comisión la retira (como por ejemplo ha hecho con el procedimiento de infracción de la Ley hipotecaria hará cosa de un mes), el TJUE tendrá que archivar el caso. No puede, de oficio, seguir el procedimiento.

España, el miembro de la Unión Europea con más expedientes de incumplimiento de la normativa europea

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Esta semana hemos conocido el informe que presenta anualmente la Unión Europea, sobre los expedientes de incumplimiento que presentan cada uno de los estados miembros, en relación a su funcionamiento normativo.

En este informe, podemos comprobar qué nivel de cumplimiento normativo está siguiendo cada uno de los países miembros de la Unión Europea en relación a la normativa que hacen las instituciones europeas.

Primacía del Derecho de la Unión Europea

Como es sabido, desde el momento en que aceptamos pertenecer a la Unión Europea, ello significa que, como Estado, hemos trasladado una serie de competencias a unas instituciones, que ahora serán las encargadas de legislar. Y nosotros, como país, tenemos que aplicar esta legislación. La forma de norma más conocida es la Directiva Europea. Una directiva no deja de ser una norma derivada y aprobada por el Parlamento Europeo, tras pasar por varias fases en la Comisión y Consejo, que tiene como objetivo legislar en puntos muy concretos de un área (medio ambiente, protección de consumidores, nuevas tecnologías…). Luego, cada estado, tiene lo que se llama un “plazo de trasnsposición”, que suele ser de dos años, durante el cual cada Estado miembro tendrá que redactar, aprobar y publicar una normal legal que tenga como objetivo “adaptar” o incluir a nivel interno, las nuevas exigencias legislativas.

Ahora bien, ¿Qué ocurre cuando un Estado no cumple con esta obligación?

En estos casos pueden darse varias situaciones, algunas de las cuales pueden llevar a un Estado miembro hasta responder con una sanción impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según hemos podido observar en el informe que recién ha publicado Europa, España se encuentra entre los países con más quejas y expedientes por incumplimiento.

En concreto, España es el segundo estado europeo con más quejas formales enviadas por parte de sus ciudadanos estatales.

Con números, destacamos que España cuenta con 97 expedientes, siendo así el país de toda la Unión Europea con más infracciones abiertas por incumplir la normativa europea, o no aplicarla de forma correcta o a tiempo. Como , por ejemplo, sucedió con la Directiva 2014/17/UE, a pesar de que la Comisión Europea, una vez ya había solicitando una multa de 100.000 euros diarios por tardar más de tres años en incorporar normas que afectaban a derechos de los consumidores, ha retirado su denuncia.

España tiene 52 casos pendientes más del doble de la media y los mismos que tenía en 2014.

Le siguen a España, por incumplimiento, Alemania y Bélgica. Y se sitúan en la cola Dinamarca y Finlandia.

En cuanto al área, en España, las quejas van destinadas a tratar los problemas con la Justicia, la protección al consumo, el empleo y el medioambiente.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

En caso de que el estado miembro – España en nuestro caso- no adapte ni transponga de forma correcta (o en el plazo correcto) una Directiva, el ciudadano que se vea afectado por ello puede reclamar responsabilidad patrimonial al Estado español, lo cual derivará, en caso de estimación, en daños y perjuicios.

Para ello, es importante que concurran los requisitos legales para poder apreciar posible responsabilidad del estado, y que se limitan a que exista un daño y que el daño lo haya producido el estado a través de su actuación u omisión (relación de causalidad).

El nuevo régimen de insolvencia del empresario: la Ley de segunda oportunidad Europea

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Hace apenas unas semanas conocíamos la nueva Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

Es una norma muy esperada, que a su vez aún deja bastantes lagunas a tratar, como por ejemplo la regulación de la llamada “segunda oportunidad” a los consumidores, desde el punto de vista de la Unión Europea, siendo que la norma se limita a tratar la exoneración de deudas directas con los empresarios.

Características de la Ley de segunda oportunidad Europea

Veamos algunos de los rasgos más significativos de esta nueva norma, pendiente de transposición a nivel de los estados miembros.

En primer lugar, como he avanzado, la Directiva tiene como ámbito de aplicación subjetivo los “empresarios”, entendiéndose como tal a cualquier persona física que ejerza una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Sí es cierto que la Directiva deja abierta la puerta a que los Estados miembros puedan ampliar el ámbito de aplicación de la norma a los consumidores (y, de hecho, lo aconseja), pero deja bastante que desear que realice estas indicaciones, cuando era mucho más fácil incluir a los consumidores, aunque hubiera sido desde un punto de vista “light”.

Un segundo factor muy importante, y con clara conexión con el anterior, es el tipo de deudas que pueden ser objeto de exoneración, ya que la normativa europea no distingue entre deudas profesionales y deudas domésticas. De hecho, permite la exoneración de cualquiera de las dos. Ello crea un claro perjuicio y patente desequilibro con la figura del deudor, ya que la categorización de sus deudas es de “domésticas”, y por tanto se sitúa en una misma posición que el empresario si a éste se le exonera de sus deudas.

¿Por qué puede el empresario exonerarse de sus deudas domésticas, y no puede el consumidor de esas mismas deudas?

Este es un punto que esperemos que España, en su normativa de transposición,pueda detallar con más precisión y claridad.

Además, en cuanto a la tipología de deudas, la Directiva no establece ningún tipo de limitación, a excepción de las deudas que figuran en el art. 24 de la norma: deudas garantizadas, derivadas de sanciones penales, responsabilidad extracontractual, alimentos, deudas posteriores declaración de concurso y costes de Procedimiento. El incluir o no el concepto de crédito público queda a libre arbitrio de los Estados.

En tercer lugar, la condición de “deudor de buena fe” desaparece por completo en esta regulación. En la ley española relativa a la Ley de Segunda Oportunidad el hecho de ser deudor de buena fe es un requisito indispensable para que se te puede aplicar el régimen de exoneración de pasivos. Ahora, lo que plantea la Directiva es que el empresario insolvente no tiene que pagar sus deudas, salvo que excepcionalmente se le prive de la exoneración.

Cabrá esperar ahora qué parámetros sigue el estado español para adaptar esta nueva normativa y reformar, con ello, si cabe, la Ley Concursal y la famosa Ley de Segunda Oportunidad.

La problemática de la nueva Ley Hipotecaria

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Llevamos apenas una semana con la entrada en vigor de la Ley 5/2019 de Crédito inmobiliario, y ya está dando bastante de qué hablar.

Las entidades financieras, agentes intermediarios y también a los Notarios todavía se han adaptado a las nuevas exigencias de la norma. Y es que la nueva norma aporta un plus de garantías en la fase pre contractual a favor del futuro deudor hipotecario, entre las cuales, está la obligación de información y la obligación de analizar la solvencia del cliente para poder hacer frente a los pagos derivado del préstamo o crédito inmobiliario.

Esta norma, como ya hemos explicado, proviene de una Directiva Europea, concretamente la directiva 2014/17, hecha por las instituciones europeas como respuesta al resultado de la crisis acontecida durante los años 2006 y 2008.

Los países europeos tenían un plazo de dos años para poder trasponer la normativa. Pero no lo hizo. De hecho, ha sido hasta 3 años más tarde cuando ha entrado en vigor la norma que traspone la directiva europea hipotecaria.

Lo anterior llevó a la Comisión Europea a advertir en un primer momento a España, en el año 2016, sobre su infracción.

Al hacer caso omiso, la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando una multa diaria de más de 100.000 euros.

Pues bien, hemos tenido conocimiento esta semana que la Comisión Europea ha retirado la Demanda que interpuso frente al tribunal de Luxemburgo por el retraso en la aprobación de la ley hipotecaria, lo que significa que España se librará de una multa de aproximadamente 80 millones de euros.

El motivo que ha llevado a la Comisión tomar esta decisión es el cumplimiento de España en cuanto a la aprobación – tardía- de la norma.

A pesar del desestimiento y archivo de la causa frente a España ante el TJUE, debemos recordar que cualquier persona física o consumidor que haya sido afectado por la inaplicación de las exigencias concretas de la Directiva, desde el mismo año 2014 hasta actualmente, puede apelar una acción de responsabilidad patrimonial del Estado para reclamar los daños que haya sufrido

Freno en la firma de préstamos hipotecarios

Por otro lado, debemos analizar cuál ha sido el efecto de la entrada en vigor de la Ley hipotecaria. Pues bien, desde que entró en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, el pasado 20 de junio de 2019 la firma de préstamos hipotecarios ha descendido. De hecho, como la Ley ya estaba probada, pero estaba en periodo de “vacatio legis”, el mercado hipotecario ya sintió sus efectos, siendo que el descenso en la firma de préstamos hipotecarios ha causado efecto desde el pasado mes de abril.

El importe medio de los préstamos hipotecarios que se inscribieron, hasta abril, en los registros de la propiedad fue de 124.655 euros, un 0,7% más que un año antes y un 0,5% menos que el mes anterior, según los datos provisionales que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística.

Tendremos que ver ahora si los costes de los préstamos y las nuevas exigencias son trasladadas al deudor hipotecario, ya que ahora las entidades tendrán que asumir nuevos costes (gastos) y reducir comisiones.

La aceptación del uso de nuestros datos en internet

De forma consciente, bueno, generalmente inconsciente, ya que no reflexionamos sobre las consecuencias de teclear o “pinchar”, en nuestro teléfono móvil, en la tablet o en el ordenador “ACEPTO”. A partir de ese gesto,  hemos abierto puertas y ventanas  dando salida a nuestros datos personales y permitiendo el acceso a toda nuestra información al perceptor de ese “acepto”.

            Teníamos en nuestro sistema legal un instrumente de protección de datos  desde el año 1999, “Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre  de Protección de Datos de carácter Personal”, que era  suave y a la que nos acogíamos los ciudadanos de forma muy puntual. Ha sido a partir del día 25 de Mayo de 2018, cuando se ha establecido como de obligado cumplimiento el Reglamento (de la Unión Europea), 2016/679, relativo a la Protección de Datos de las Personas Físicas.  Regula el tratamiento de datos personales  y la libre circularon de esos datos.

Este Reglamento, ha definido todos las términos y conceptos. Establece, cual sea el objeto : “ protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de los  datos personales y las normas relativas a la libre  circulación de tales datos”. Exceptúa aquellos supuestos de  los que correspondan a los archivos de los organismos oficiales, , en el ámbito propio de su actividad, pero no para que los divulguen. ( Seguridad Social, Hacienda, Fuerzas de Seguridad del Estado…), en el  ámbito de su aplicación territorial para todos los residentes en el marco europeo.

Ese “acepto”, que supone ese consentimiento al uso de nuestros datos personales, en caso de que discutamos si lo habíamos permitido o no  traslada la obligación de demostrar que dimos ese “consentimiento” el responsable del  archivo y uso de esos datos  “deberá ser capaz  de demostrar” que dimos el consentimiento. Tenemos derecho a retirar el consentimiento. En cualquier momento.

Un aspecto importante es el consentimiento dado por  menores. La barrera se sitúa en los 16 años, por debajo de esta edad solo se podrá considerar licito el consentimiento dado por el niño si esta fue autorizado por quien detente la patria potestad o la tutela del menor.

El poseedor de nuestros datos viene obligado a informar y determinar el plazo en el que podrá utilizar nuestros datos, derecho a ser informados en que forma se han inscrito y que datos constan, posibilidad de rectificarlos. Derecho a presentar reclamaciones  ante las autoridades de control.

Se ha establecido nuestro derecho a  suprimir los datos del archivo al que se hayan incorporado es el conocido, como  “Derecho al Olvido”. Si se ejercita esta acción de que se supriman nuestros datos de un archivo el responsable del mismo, deberá realizarlo sin dilación. Podemos oponernos también a que  en  ese archivo figuren algunos datos  de los que podemos interesar su supresión.

Puede suceder, que los datos se hayan obtenido por otros sin el consentimiento el responsable de los archivos de los datos, que  han sido obtenidos de forma ilícita. En ese caso, apreciada la violación el responsable deberá ponerlo,  sin dilación alguna, en conocimiento de las autoridades competentes.. Deberá también informar al interesado de tal circunstancia.

El Reglamento ha establecido  nuestro derecho a presentar reclamaciones ante la autoridad de control. Es el derecho a la  tutela judicial efectiva, frente al responsable o encargado de los archivos en  los que consten nuestros datos.  En defensa de nuestros intereses podremos delegar la representación en alguna entidad,  organización o asociación, que no tenga animo de lucro.

Realizada nuestra oposición o denuncia por la utilización de nuestros datos  podremos reclamar la responsabilidad  frente al responsable de los archivos, así como  pedir indemnizaciones.

La Autoridad competente, podrá imponer multas administrativas a los responsables de los archivos de datos personales. Pueden imponerse multas de 10.000 €, con un máximo de 20.000 €. Si se tratase de una empresa  la sanción podrá alcanzar el 4%, como máximo  del volumen de negocio de dicha empresa.

A lo anterior , no podemos olvidarnos que el Código Penal, también se alza con fuerza en defensa de nuestros derechos al honor y propia imagen.

A las puertas de la entrada en vigor de la nueva normativa hipotecaria

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La semana próxima estrenamos nueva legislación, y me refiero nada mas y nada menos que a la Ley 5/2019, de crédito inmobiliario. O, dicho de otra forma, la nueva normativa de ley que regulará la concesión de préstamos y créditos hipotecarios que vayan destinados a adquirir bienes inmuebles.

Esta Ley viene a trasponer, más de dos años mas tarde, la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial

Se les ha terminado el plazo a las entidades financieras para hacerse a la idea y adaptar las nuevas exigencias de la normativa. Que no son pocas. Veamos algunos ejemplos:

Principales novedades

La principal novedad no son nuevas exigencias de información sino la obligación por parte de unos destinatarios muy concretos, de cerciorarse y comprobar que las obligaciones de información se han dado de forma correcta a los destinatarios, esto es, a los futuros deudores hipotecarios.

Una de estas obligaciones es la confección, entrega y explicación del “FEIN” (anteriormente, la Oferta Vinculante”) con un periodo mínimo de 10 días anteriores a la firma. En esta ficha, que no da lugar a errores ya que viene perfectamente detallada en el Anexo de la Ley

Toda la información entregada con anterioridad a la firma deberá ser subida a una plataforma online, en la que se pueda verificar la fecha de subida, así como la fecha de firma por parte de las partes implicadas.

Otra de las novedades mas relevante es la obligación de las entidades financieras a analizar la solvencia de los futuros deudores. La normativa establece unos parámetros muy estrictos para ayudar a las entidades a poder valorar la solvencia, entre los que encontramos, poder recopilar todo tipo de información del prestatario en relación a sus ingresos, activos, etc. A pesar de que la normativa no especifica ni detalla cuales son las consecuencias legales en caso de que las entidades incumplan esta obligación de verificar la futura solvencia del deudor, se puede advertir que el prestatario podría instar acción judicial frente a la prestamista, dependiendo siempre del caso concreto.

Y los Notarios también tienen un papel muy importante, pues serán quienes tendrán que dar fe de que la información anterior ha cumplido todas las exigencias legales.

Otra de las grandes novedades, que hemos analizado en otros varios posts, es la concesión de préstamos en divisa extranjera (las “hipotecas multidivisa”). A partir de ahora no se podrá conceder un préstamo en multidivisa a menos que la divisa elegida sea una divisa en la que el deudor tenga activos o reciba ingresos (por tanto, se elimina de forma tajante la comercialización en yenes japoneses o francos suizos). En definitiva, habrá que ver ahora como se adaptan las entidades y agentes obligados, en la concesión de préstamos hipotecarios.

Los deberes de información en relación a los planes de pensiones: Doctrina del Tribunal Supremo

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Tras la revolución de la llamada “mala praxis bancaria” en la comercialización de productos complejos y de riesgos (hipotecas multidivisa, swaps, cláusulas abusivas en los contratos de préstamos, preferentes y subordinadas…), ahora el Tribunal Supremo viene a establecer doctrina sobre los riesgos que tienen las distintas modalidades del cobro de la prestación de un plan de pensiones, una vez producido el evento de la jubilación.

Sentencia sobre el plan de pensiones

Así entonces, mediante Sentencia de Pleno 40/2019, de 22 de enero de este 2019, el Supremo Español sienta jurisprudencia sobre los deberes de las entidades financieras en relación a la transparencia e información que tienen las entidades de planes de pensiones acerca de los riesgos de las distintas modalidades de cobro.

El caso concreto tratado por el Supremo trata sobre sobre un señor que, al momento de la jubilación, había optado por la modalidad de cobro de su plan de pensiones en forma de renta asegurada mensual y fija durante 15 años, designando como beneficiaria, en caso de fallecimiento, a su esposa.

Pues bien, la esposa falleció dos años antes al fallecimiento del titular del plan de pensiones, y entonces las hijas del matrimonio interpusieron demanda frente a la promotora y gestora del plan para que fueran condenadas al abono del plan de pago de las rentas desde el fallecimiento del titular, hasta la finalización de los 15 años que se había propuesto.

Pues bien, llegado el caso hasta el Supremo mediante recurso de casación, el Alto Tribunal Español determina que son especialmente exigibles los deberes de información y transparencia acerca de los derechos de los participes a las distintas modalidades de cobro de las prestaciones (percepción de capital en pago único, renta garantizada o renta financiera cuya cuantía o duración no está garantizada).

Pues bien, cada una de las modalidades de cobro presenta ventajas y riesgos. Por tanto, la valoración de la mejor forma de cobrar dependerá de cada caso en concreto y de las necesidades del beneficiario, por lo que es preciso que cuente con un conocimiento de los riesgos asociados a cada modalidad.

La conclusión en el caso concreto es que no existió una información adecuada sobre las características de las opciones de cobro del plan y, en particular, sobre la extinción del derecho a cobrar la renta garantizada si fallecían el partícipe y su esposa antes del plazo garantizado de los 15 años. El Tribunal Supremo considera que, al ser los planes de pensiones productos que se comercializan como una forma de ahorro, para un consumidor medio sin conocimientos específicos, la expresión “renta asegurada” evoca a pensar en una garantía proporcionada por la promotora y la gestora del plan, de que la renta se va a cobrar durante el plazo de 15 años.

El cártel de divisas: Quién puede reclamar

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La semana pasada conocíamos la noticia de que la Comisión Europea ha impuesto una multa de más de 1000 millones de euros a los bancos Barclays, RBS, JPMorgan, Citigroup y MUFG por tener participación directa en dos cárteles en los mercados de cambio de divisa con once distintas monedas.

¿Quién pertenece al cártel?

Como he citado anteriormente fueron los bancos Barclays, RBS, JPMorgan, Citigroup y MUFG los que han tenido participación directa en en cártel.

Fue la entidad UBS, también involucrada, quien reveló la existencia de estas prácticas anticompetitivas, y gracias a su cooperación, fue eximida de cualquier sanción.

Tras la revelación, la Comisión Europea ha concluido que agentes individuales a cargo de los intercambios de divisa en Forex, actuando en nombre de los bancos, intercambiaron información sensible y planes de comercio. Estas conversaciones tenían lugar en salas de chat en internet que han desvelado que los brokers tenían contacto personal directo.

A consecuencia de lo anterior, han sido muchas las empresas y particulares que han sufrido graves perjuicios en su propio patrimonio.

La pregunta que me han hecho varios medios ha sido ¿pueden estas personas afectadas, reclamar los daños sufridos?

La respuesta debe ser claramente afirmativa.

¿Dónde y quién puede reclamar?

Las instituciones europeas, con esta multa, están dando un claro mensaje a los intermediarios financieros y agentes de mercado, dirigido a afirmar que no van a tolerar ningún tipo de prácticas que vayan en contra de la libre competencia.  Y menos cuando estas prácticas pueden afectar al consumidor y reducir así, la competitividad entre empresas.

Por tanto, los afectados que hayan sufrido directamente daños patrimoniales pueden reclamar en base a la Directiva 104/2014, de 26 de noviembre de 2014, la cual determina que los daños sufridos por un cártel o actividad colusoria podrán reclamar a las empresas que hayan formado parte del cártel, independientemente que ninguno de éstos sea español, pues puede darse perfectamente el caso de que un español pueda haber sido afectado por la manipulación de las divisas, ya que entre ellas, está el Euro.

En definitiva, podrá reclamar cualquier persona que haya operado con divisas durante diciembre de 2007 y enero de 2013. Cada reclamación y cada perjuicio económico hay que analizarlo y adaptarla al caso concreto. No obstante, y según las estadísticas europeas que constan por perjuicios en cárteles de otros años, los daños pueden rondar el 20%.

Teniendo en cuenta que es un daño que se ha producido en varias áreas, y la sanción ha sido europea, el daño puede reclamarse en cualquier juzgado del espacio europeo. No obstante, aquello más lógico es que cada ciudadano y cada empresa pueda demandar en su país, por un principio básico de costes y comodidad.

Derecho de competencia: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los pactos de no concurrencia

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció, mediante Sentencia 241/2019, de 1 de marzo, acerca de la controvertida cláusula de no concurrencia en el ámbito de infracción de competencia empresarial.

El caso que trataba era el siguiente: un profesional que prestó servicios en una empresa, en virtud de un contrato en régimen de indefinido, con la categoría de “responsable de Centro”. En el referido contrato laboral venía una cláusula de no concurrencia en virtud de la cual de forma expresa se acordaba establecer un pacto de no competencia para después de extinguido el contrato, durante un plazo de dos años.

Con el tiempo, el profesional demandante cambió de categoría dentro de la misma empresa, pasando primero por Jefe de Área del Segmento de Empresas y luego a ocupar el puesto de Responsable de Desarrollo de Negocio de Zona Centro. Su actividad era la de reportar y tratar las ofertas a clientes.

En fecha 2017 el profesional actor comunicó su decisión de abandonar la empresa, empezando luego a trabajar en una empresa del mismo sector, en la posición profesional de Proyect Manager de Operaciones, siendo el responsable de los procesos de cocinas centrales del segmento Educación, para centros educativos no universitarios (diseño menús, optimización en la planificación laboral, mejora distribución y definición de técnicas de cocinado y conservación adecuados…).

Al tener conocimiento, la primera empresa solicitó que se declarar haber existido un incumplimiento del pacto de no concurrencia, y se solicitaba se obligara a abonar la cantidad de más de 50.000 euros.

Pacto no competencia

El artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores regula el llamado pacto de no competencia para después de estar extinguido el contrato de trabajo. Este pacto solamente será valido si se dan los siguientes requisitos, que han sido ratificados por nuestros tribunales, véase:

  1. Que el empresario tenga un efectivo interés comercial o industrial en que el trabajador no utilice los conocimientos adquiridos en su empresa.
  2. Que el compromiso no sobrepase el plazo de 2 años para los técnicos, y 6 meses para los demás.
  3. Que se pacte una compensación económica adecuada, para asegurar al trabajador una estabilidad económica una vez extinguido el contrato.
  4. Que se trate de un pacto equilibrado y proporcionado entre las obligaciones recíprocas.

La liberad de iniciativa económica, así como el derecho al trabajo que tienen los trabajadores una vez abandonan voluntariamente una empresa tiene sus limitaciones, las cuales vienen consagradas precisamente en este pacto de no competencia.

La finalidad de este pacto es evitar que el trabajador aproveche las relaciones con la clientela y con proveedores puestos a su disposición por la empresa.

Por tanto, al existir derechos constitucionalmente protegidos de cara al trabajador, para valorar la validez y aplicación de la cláusula de no competencia deberá ponderarse, por un lado, a la prohibición limitada y concreta de una actividad; y por otro lado, la indemnización a favor del trabajador como efecto compensador.

Sector empresarial vs ambito comercial

El argumento y objeto de debate se centra en poder diferenciar e identificar en cada caso, en qué sector empresarial estamos, y también, dentro de éste, en qué ámbito nos movemos.

La empresa para la cual trabajó en primer lugar el profesional opera comercialmente en cocinas de los clientes. Por su parte, la segunda empresa opera comercialmente en cocinas centrales sirviendo comidas a clientes para sus comedores. Esto es, una cosa es que ambas empresas desarrollen su actividad en el mismo sector de la restauración y otra bien distinta es que concurran en el mismo ámbito comercial, de mercado y círculo potencial de clientes. Y esta ha sido la razón – no única- que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a determinar que no cabe activar el pacto de no concurrencia en este caso, siendo que las empresas operan en distintos ámbitos comerciales, de clientes, y también distintos ámbitos territoriales.

Tendencias y necesidades de la abogacía del futuro

Tendencias-y-necesidades-de-la-abogacía-del-futuro-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

La semana pasada se celebró en Valladolid el XII Congreso de la Abogacía, en el que se presentó un interesante informe llamado “Abogacía futura 2020: áreas de negocio”.

En este informe, el Consejo de la Abogacía analiza pormenorizadamente cuáles serán las futuras y potenciales áreas de negocio en el sector legal, trayendo a colación la rápida transformación que está experimentando tanto el sector jurídico como la globalización en sí.

Las áreas de negocio que analiza son precisamente aquellas en las que se estima que más necesidad habrá de establecer un marco jurídico de seguridad para poder proteger a los usuarios y consumidores de posibles injerencias en sus derechos y libertades. No es de extrañar que todos los sectores que son analizados tengan que ver con el sector de las nuevas tecnologías. Veamos algunos ejemplos:

Inteligencia artificial

Sin duda, la inteligencia artificial ha sido uno de los conceptos y herramientas más sonado en el ultimo año. Es un campo de transformación no solamente en el sector legal sino también en todos los sectores de negocio y económicos.

Llegará un día en el que el uso de sistemas autónomos -drones- y robots sea nuestro día a día. De hecho, en algunos sectores como la automoción, por ejemplo, ya se está dando. En el sector de la medicina, también se han empezado a realizar operaciones a través de robótica. Por ello, es importante contar con un marco jurídico solido que pueda regular las posibles situaciones de controversia que puedan darse, como, por ejemplo, quién ostentará una posible responsabilidad por daño producido.

Dispositivos conectados

En la era digital en la que vivimos lo más normal es estar todo el día conectados. El teléfono móvil, el ipad, el portátil, etc. El principal problema que puede derivarse aquí es la protección de los datos de los usuarios.

Medicina 3.0

El sector médico es uno de los ámbitos que más innovaciones también puede surtir. Cada vez más los tratamientos se basan en la tecnología, siendo buen ejemplo de ello, la impresión en 3D de órganos fabricados -en fase embrionaria aún a día de hoy- o las negligencias médicas por participación robótica en ciertas operaciones.

Blockchain

Otro de los conceptos que más se ha utilizado en el ultimo año es el llamado “Blackchain”. De hecho, los organismos públicos han empezado a promover su uso, con la creación de apps de “Smart cities”.

Además de estos sectores analizados, podríamos citar algunos que, a pesar que se pusieron de manifiesto ni vienen recogidos en el informe, resultarán altamente atractivos desde el punto de vista legislativo y jurídico. A modo de ejemplo el sector de los deportes (los llamados ESPORT), uno de los sectores que más dinero mueve en los últimos años.

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