Categoría: Derecho comunitario Página 1 de 9

La nulidad del aval de los padres

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¿Pueden los padres avalar con su piso la hipoteca de sus hijos? La respuesta es afirmativa, pero con un matiz: una cosa es que puedan y otra que sea obligatorio. Muchos bancos han utilizado esta figura para reforzar sus garantías. No sólo exigen la garantía real del bien hipotecado sino que exigen como condición ‘sine qua non’ avalar con el patrimonio inmobiliario de los padres.

Se trata de una suerte de ‘chantaje emocional’: si quieres que tu hijo tenga una hipoteca debes de avalarle. Incluso el abuso bancario a veces va más allá redactando la cláusula de manera que el avalista renuncia a sus derechos de excusión y orden. Esto es: renuncia a su derecho de que en caso de impago el banco se dirija primero contra el deudor y en caso de fracasar se dirija entonces contra el avalista.

Es decir, el ‘doble salto mortal’ consiste en convertir al avalista en deudor solidario, lo que en muchas ocasiones -además- se realiza sin la debida transparencia. Los padres que tratan de echar una mano a sus hijos se encuentran de repente que son deudores solidarios sin saberlo.

Hay un tercer elemento que también resulta relevante. En la práctica totalidad de los casos de aval familiar se hace de manera gratuita, lo que resulta absolutamente irracional. ¿Alguien asume un riesgo sin resarcirse por ello? Lo hace, obviamente, porque es exigencia obligatoria del banco, porque es la única manera de que su hijo obtenga la financiación que necesita para obtener el préstamo para su vivienda.

Este abuso bancario ya está recibiendo reproches judiciales en toda España. En primer lugar porque exigir un aval no remunerado es abusivo y contrario a la directiva 93/13 de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas como ya ha señalado el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo.

En segundo lugar, porque en muchos casos no se supera el test de transparencia. Muchos padres se encuentran siendo deudores solidarios sin que nadie les haya informado de su verdadera condición. Aparentemente son avalistas. Pero por la redacción de la cláusula de aval, renuncian a sus derechos como avalistas convirtiéndose ‘de facto’ en deudores al mismo nivel que sus hijos.

La cascada de resoluciones judiciales en favor del cliente están impulsando nuevas reclamaciones. Para el banco siempre es mejor reforzar sus garantías: minimiza el riesgo de mora y maximiza su calidad crediticia. Pero no es racional. La actividad bancaria es una actividad de riesgo donde el valor añadido ¡del banco no es la gestión administrativa sino el cálculo actuarial, es decir, la gestión del riesgo. Pretender una actividad bancaria sin riesgo es una utopía.

Así que debe de calcular si el cliente es merecedor de crédito o si el complemento de la garantía hipotecaria es suficiente. En caso contrario, debe denegar el crédito. O en su caso hipotecar el patrimonio de los padres directamente. Porque en el fondo, el aval de los padres es eso, máxime cuando se obliga a renunciar a sus derechos como avalistas. ¿Verdad que así planteado muchos padres darían un paso atrás?

En todos esos casos, el aval sería nulo por falta de transparencia. Porque lo presentan como aval, pero en realidad se trata de hipotecar el propio patrimonio. Y es al banco a quien corresponde la función de informar con transparencia. Por eso la avalancha de resoluciones judiciales favorables al consumidor.

Muchos padres angustiados pueden ver satisfechas sus legítimas demandas y salvar su patrimonio de una cláusula abusiva y colocada -en muchos casos- sin la debida transparencia. Afortunadamente, las malas prácticas bancarias siempre reciben su correspondiente reproche judicial.

La tasa anual equivalente debe expresarse en un porcentaje concreto

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Desde hace casi 30 años, el Banco de España obliga a las Entidades de crédito a incluir en sus operaciones de crédito la Tasa Anual Equivalente (TAE), para que el cliente pueda conocer el coste total de su crédito, garantizándose, así, la trasparencia de las operaciones y la protección de la clientela.

Y a nivel comunitario, la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo, se refiere a dicha TAE como

“el coste total del crédito para el consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido” y se refiere a ella como parte de la información básica que debe especificarse en los contratos de crédito “de forma clara y concisa”, disponiendo que “la [TAE] y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito; se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje”.

Pues bien, un Tribunal eslovaco se planteó la duda de si la TAE fijada en un contrato de crédito, no mediante un tipo único, sino mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo, cumplía con la mencionada Directiva la TAE, y elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El TJUE, en su Sentencia de 19 de diciembre de 2019, es claro al señalar que;

“la indicación de la TAE en forma de una horquilla de dos valores no es conforme al tenor literal de varias disposiciones de la Directiva 2008/48, en particular de los artículos 3 y 19, ni al sistema de esta. En efecto, de dichas disposiciones se desprende que la TAE debe expresarse en porcentaje, por referencia a una cifra concreta.”.

Añade el Tribunal europeo que la concreción de la TAE en un tipo único es obligatoria incluso en los casos en que, ofertándose una oferta de contrato de crédito a un consumidor, no se sabe, con exactitud, la fecha de disposición del crédito o la fecha de la celebración del contrato. Por tanto, los consumidores pueden exigir que, en los créditos al consumo, la tasa anual equivalente se exprese mediante un tipo único, pudiendo plantear la pertinente reclamación judicial en el caso de que la entidad la fije mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo.

La responsabilidad de una compañía aérea por los daños sufridos por el derrame de un vaso de café

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La gran mayoría de usuarios de aerolíneas tienen claro que en los casos de retraso o cancelación de vuelos, de pérdida de equipajes o de daños sufridos como consecuencia de riesgos típicos de la aviación, pueden reclamar una indemnización frente a las compañías aéreas; todo ello, de conformidad con el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999, y con el Reglamento (CE) n.º 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

Sin embargo, la cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria plantea frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) versa sobre un supuesto no tan habitual.

El caso es el siguiente: una niña de 6 años viajaba sentada al lado de su padre, de Mallorca a Viena, siendo el vuelo operado por la compañía austríaca Niki Lufthart. Durante el vuelo, se sirvió al padre de la menor un vaso de café caliente, que se colocó en la bandeja plegable situada frente al mismo, sin embargo, el vaso se volcó sobre la pierna derecha y el pecho de la niña, produciéndole quemaduras de segundo grado.

La cuestión que el Tribunal austríaco plantea al TJUE es la de si el artículo 17.1 del Convenio de Montreal -que establece que “El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque”debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “accidente” comprende una situación en la que un objeto utilizado para el servicio de los pasajeros ha causado una lesión corporal a uno de ellos, sin que sea necesario esclarecer si ese accidente deriva de un riesgo típico de la aviación o no.

El TJUE, en su Sentencia de 19 de diciembre de 2019, dispone el concepto de “accidente” hay que entenderlo dentro del contexto del Convenio en el que se inscribe, y teniendo en cuenta la finalidad de éste. Así, para el alto tribunal europeo, el sentido ordinario que el Convenio de Montreal atribuye al concepto de “accidente” es el de “un acontecimiento involuntario perjudicial imprevisto”, recordando, también, que el espíritu de esta norma inspira la preservación de un “equilibrio de intereses equitativos, en especial relación con los intereses de las compañías aéreas y de los pasajeros”.

Y, en base a todo ello, el TJUE determina que no es conforme con la finalidad del referido Convenio supeditar la responsabilidad de las compañías aéreas a que el daño derive de la materialización de un riesgo o movimiento típico de la aviación, declarando que, de conformidad con el artículo 17.1 del Convenio de Montreal, la situación en la que un vaso utilizado para el servicio de los pasajeros causa una lesión corporal a otro pasajero debe ser considerada como “accidente” y, por tanto, es reclamable una indemnización por el daño sufrido.

Suspenso europeo a la banca española

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La Autoridad Bancaria Europea suspende a la banca española por el mal gobierno corporativo.

Un nuevo informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) suspende a la banca por el mal gobierno corporativo. En concreto, afean la figura de las presidencias ejecutivas. La ‘cruzada’ de la EBA es que la banca española -como la mayoría europea- cuente con una presidencia no ejecutiva y un consejero delegado con poderes ejecutivos.

De esta manera, la EBA cree que el poder queda equilibrado y balanceado evitando acumulación de poder en una sola persona. De las 12 entidades analizadas, sólo un tercio poseen una presidencia no ejecutiva y de esas, dos ya disponía de esa figura: Liberbank y Bankinter. Las nuevas entidades que han aceptado el modelo europeo son Caixabank e Ibercaja.

El informe de la EBA también reclama más independencia del consejo de la administración. En concreto, más debate interno en las decisiones. Lo saben porque sus inspectores acuden como observadores para incomodidad de los consejeros. También reclaman más calidad en la información que llega al consejo sobre el negocio, grado de cumplimiento y riesgos.

Toda esta ‘auditoría’ no es una mera formalidad. El informe de transparencia de la EBA advierte que en el 2018 se alcanzó el máximo en los “percances” detectados. Es decir, blanqueo de capitales, fallos tecnológicos u otros problemas.

Así que aunque las entidades sacan buena nota en los requerimientos de capital “necesitan mejorar” en lo que a gobierno corporativo se refiere.

No es la única asignatura pendiente. El Banco de España también apunta a un exceso de sucursales y ladrillo que lastra a la banca en 5.000 millones de euros. En el fondo de todo, un sector en plena reordenación con la competencia de los fintech pisando los talones y en un entorno de tipos a cero y caída de la demanda del crédito.

Algunas entidades han optado por reconvertirse en meras gestorías abandonando su función social de canalizar el ahorro en inversión y medir el riesgo. Otras en cambio, han considerado las nuevas tecnologías como una oportunidad en lugar de como una amenaza para ofrecer un servicio más ágil, menos burocrática y con mucha más información analizada en tiempo real.

Este es el reto, señala en una reciente entrevista el presidente de la EBA, José Manuel Campa. La banca española tiene que seguir mejorando sus costes operativos y encontrar modelo comerciales viables en el futuro. Pero la intermediación entre el exceso y el defecto de liquidez seguirá siendo una necesidad social. Podrán quejarse de una estricta regulación como un pasivo. Pero tienen un gran activo intangible que quizás no valoran adecuadamente: la seguridad frente a los ‘chiringuitos’ que aparecen a diario en la red.

Su reto consiste en subirse a la ola de las nuevas tecnologías para poder ofrecer servicio eficiente y cómodo -y por lo tanto barato- con análisis de riesgo adecuado, siguiendo las exigencias de las autoridades y con un trato humano que ‘desvirtualice’ la operativa.

Porque el dinero es tan ‘espiritual’ que ya hay bancos sin cajas. Pero el ser humano siempre necesitará alguien al otro lado que le de confianza y seguridad en la operativa. Este es el futuro de la banca y el modelo por el que están trabajando tanto en la EBA como en el Banco de España.

Se acabaron los manguitos y las cajas para todo. Internet ha llegado para quedarse. Eso significa menos personal, pero mucho más especializado: expertos en finanzas y en productos financieros y casi, casi, en psicología humana. El banco que asuma la nueva realidad tiene todo un futuro por delante. Quien prefiera aferrarse al viejo modelo irá languideciendo.

En definitiva, regresar a los orígenes con el apoyo de la tecnología: servicio, trato humano y operativa eficienciada.

El TJUE, sobre la igualdad de trato en relación al complemento por aportación demográfica

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Hace apenas unos días que hemos conocido la Sentencia de Luxemburgo en la que se concluye que los hombres también tienen derecho al complemento por aportación demográfica.

El litigio plantea se plantea a raíz de un caso en que W.A, padre de dos hijas y al cual se le ha concedido la pensión por incapacidad absoluta del 100% de la base reguladora, solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social el complemento de pensión que perciben las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados.

La discriminación en materia de igualdad de trato

Tanto el TFUE en su artículo 157 relativo al principio de igualdad como la Directiva 79/7/CEE relativa a la igualdad de trato en hombres y mujeres en materia de seguridad social regula los regímenes legales a los que se aplicará tal protección, entre los cuales encontramos en su artículo 3, apartado 1.a, la invalidez.

1. La presente Directiva se aplicará a) a los regímenes legales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos: — enfermedad, — invalidez,…

Asimismo, y teniendo en cuenta las diferencias aún existentes en materia de igualdad, el legislador español introdujo en la Ley General de la Seguridad Social, el artículo 60 relativo al complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, que en el caso de dos hijos correspondería al 5% por ciento de esa pensión que establece lo siguiente:

1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función del número de hijos según la siguiente escala: a) En el caso de 2 hijos: 5 por ciento.

No obstante, tal y como expresa el artículo 4.1 de la mencionada Directiva, el principio de igualdad supone la ausencia de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirecta en cuanto a el ámbito de aplicación de los regímenes. Es por eso, que el Tribunal para dar refuerzo a sus argumentaciones jurídica, esgrime, entre otras cosas, que, el proceso de traer a un niño al mundo es llevado a cabo por ambas personas así como que la cualidad predicable de ser padre y madre puede ser comparada en cuanto al cuidado de los hijos pues un hombre puede asumir de forma igualitaria y con similares desventajas el cuidado de tales.

Fallo del Tribunal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye en su sentencia que existe una clara discriminación en aplicación de la Directiva 79/7/CEE, relativa a la igualdad  de trato entre hombres y mujeres y especifica que la disposición legal contenida en el artículo 60 de la LGSS es contraria a derecho comunitario pues hombres y mujeres no se encuentra en un plano de igualdad a la hora de ser beneficiarios de ese complemento de pensión sin perjuicio de las medidas que los estados miembros puedan adoptar facilitando ventajas concretas al sexo menos representado para compensar desventajas en el área de desigualdad.

Navas & Cusí y Juan Ignacio Navas despiden el año 2019 liderando la reputación digital

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Hace tan solo tres meses publicaba la noticia de que lideraba el ranking de reputación digital que reconoce la prestigiosa revisa jurídica digital Law&Trends.

Pues bien, estoy muy contento, junto mi equipo, de poder anunciar que el ultimo trimestre de 2019, con los datos actualizados a diciembre de 2019, también me ha reconocido la primera posición en reputación digital debido a mis aportaciones periódicas en forma de artículos.

Tan solo hará un mes que también la prestigiosa revista BEST LAWYERS me reconocía la categoría de mejor abogado en derecho de la Unión Europea para España.

Además, mi firma Navas & Cusí Abogados cuenta también con primeras posiciones dentro de este ranking de reputación jurídica digital.

Desde siempre he sido un firme defensor del acceso a la información y la divulgación de cuantas noticias puedan ser interesantes, sobre todo si estamos hablando de consumidores.

Las situaciones de constantes cambios de gobiernos hacen propenso el cambio constante de legislación y publicación de nuevas leyes. Por ello, es importante poder saber y conocer cuales son las novedades que puedan afectar a los usuarios o empresas, tanto desde el punto de vista personal como por supuesto desde el punto de vista profesional.

Por ello, estoy muy orgulloso y agradecido del reconocimiento, y para este año 2020 que empieza prometemos seguir manteniéndonos fieles a nuestra filosofía y ayudar a nuestros clientes y usuarios en todo lo que podamos gracias a nuestros mas de 35 años de experiencia jurídica.

Despidiendo al 2019: Último repaso legal

Despidiendo-al-2019:-Último-repaso-legal-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Bancario

Cuando termina el año es bueno hacer balance de todo lo sucedido en el año que ya termina, valorando también los aspectos negativos siempre con el animo de poder seguir creciendo.

En términos legales, si por algo recordamos este 2019 es, sin duda, por la publicación y entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 14 de marzo, de crédito inmobiliario. Es la ley que traspone, tardíamente, la Directiva 2014/17, norma que incluye y garantiza los derechos de los consumidores a la hora de suscribir un préstamo hipotecario con una entidad financiera.

Esta ley viene a recoger las nuevas exigencias normativas relativas al pago de las comisiones, el vencimiento anticipado, interés de demora y la exigencia de información a las entidades financieras hacia sus clientes. Echamos de menos, como hemos comentado en varias ocasiones, la regulación de qué ocurre con los centenares de desahucios que se han practicado en España.

Por su lado, y ya más a nivel jurisprudencial, tenemos la confirmación por parte del Tribunal Supremo, de su postura en relación a las llamadas hipotecas multidivisa. Si en su día hubo dudas sobre la naturaleza de este producto, la doctrina del Supremo ha quedado consolidada con sus ya 6 sentencias (las más reciente del pasado 14 de noviembre de 2019) en el que ha declarado que estamos ante un producto complejo, de alto riesgo, y al que las entidades debe exigírseles

A nivel europeo, también sumamente importante es la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019 en relación a la cláusula de vencimiento anticipado, concluyendo que debe atenderse y analizar la proporcionalidad de cada asunto para poder ver si cabe la nulidad y archivo de ejecuciones hipotecarias.

Las tareas pendientes para 2020

Entre las tareas que quedan pendiente está la sentencia relativa a la posible abusividad del IRPH y la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

También nos resulta altamente interesante poder descubrir de qué forma (y cuando) se traspondrá a nivel español la recién salida del horno Directiva 2019/2161, de 27 de noviembre, que modifica la ya tan citada Directiva 93/13/CE en relación a la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas.

Por último, y no menos importante, en el inicio de este 2020 que está a punto de empezar sabremos cual es la dirección definitiva del Reino Unido en su divorcio con la Unión Europea (Brexit), tras la victoria por mayoría del primer ministro Boris Johnson en las ultimas elecciones celebradas este mes de diciembre.

No me quiero despedir sin aprovechar para desearos a todos unas ¡felices fiestas y un muy prospero año 2020!

Juan Ignacio Navas Marqués, reconocido en la lista “Best Lawyers” en materia de Derecho de la Unión Europea

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La semana pasada conocíamos la noticia de que el prestigioso directorio jurídico internacional “Best Lawyers” ha reconocido e incluido al Socio Director Juan Ignacio Navas dentro de lista de mejor abogado 2020 para el área de derecho de la Unión Europea.

Navas & Cusí abogados lleva más de 35 años insistiendo en que el conocimiento y aplicación del Derecho de la Unión Europea es la base y oportunidad para cualquier abogado ya que, según el principio de supremacía del derecho, el marco jurídico europeo emanado por las instituciones europeas es la base en la que luego se construye la legislación nacional a través de leyes que trasponen las Directivas y reglamentos europeos.

El Derecho de la Unión Europea como base legislativa

Tal como hemos venido insistiendo, desde que formamos parte de la Unión Europea, nuestro poder legislativo tiene la obligación de seguir las directrices y pautas de la Unión en relación a la confección y publicación de leyes y reglamentos en relación a aquellas áreas sobre las que la Unión tiene competencia exclusiva o compartida para poder legislar

Tal como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las instituciones europeas tienen competencia exclusiva en materias tan altamente notorias como es la unión aduanera, la política monetaria de los Estados Miembros, normas sobre competencia para el buen funcionamiento del mercado interior o la política comercial.

Luego, mantiene competencias compartidas con el poder legislativo de los Estados miembros en materia de política social, cohesión económica social y territorial, medio ambiente, agricultura y pesca, protección de los consumidores, transportes, redes, energía espacio de libertad, seguridad y justicia, y los asuntos comunes de seguridad.

Por último, hay una serie de materias en las que, a pesar de no tener competencia ni compartida ni exclusiva, se le permite a la Unión Europea de tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados Miembros cuando éstos no lo hacen. Nos referimos aquí a las competencias de apoyo, coordinación o complemento, y se podrá disponer en relación a la industria, cultura, turismo, educación, protección civil o cooperación administrativa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En los últimos años hemos oído hablar mucho sobre el llamado “Tribunal de Luxemburgo”, pues es el organismo encargado de ayudar a nuestros tribunales nacionales a interpretar de forma correcta la normativa europea. Así, cuando un tribunal nacional tiene dudas en qué o cómo aplicar la legislación, tiene la opción de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En definitiva, el derecho de la Unión Europea es sumamente relevante en aras a poder aplicar la defensa de los intereses de tanto consumidores como también empresas que pueden operar en distintos marcos jurídicos gracias a la globalización comercial. Por ello, nos sentimos muy agradecidos de recibir esta nominación a Mejor Abogado dentro de uno de los ámbitos más apasionantes como es el derecho de la Unión Europea.

Un paso adelante en el planteamiento de demandas colectivas en Europa

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El sistema de demandas colectivas (más conocidas de la terminología inglesa, class action) es un sistema muy conocido en las legislaciones estadounidenses y en general, en los países de habla anglosajona.

En EEUU, este sistema viene configurado desde una Ley Federal que data ya del año 1938. No obstante, tiene unos requisitos bastante más rigurosos que en algunos sistemas legislativo europeos como puede ser España, por ejemplo.

Una demanda colectiva permite a un grupo de personas afectadas con un común denominador, reclamar en un único procedimiento, los posibles daños y perjuicios derivados de una acción u omisión. Un ejemplo claro es una reclamación de afectados por el trágico accidente de una aerolínea.

Hasta ahora, estos modelos colectivos de reclamación no tenían configuración propia en sede de la Unión Europea.

La única referencia que encontrábamos era la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses del consumidor, siendo ésta una norma que tiene como objetivo aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a las acciones de cesación, para el buen funcionamiento del mercado interior.

Luego, sí conocíamos que existían intenciones por parte de los reguladores europeos para crear una norma homogénea en relación a las acciones colectivas. Y ello no es baladí, ya que, si bien es cierto que por ejemplo España cuenta con un sistema muy garantista y desarrollado en cuanto a la estructura de las demandas colectivas, hay otros estados que cuentan con sistemas muy complejos.

Y con esta misma intención se creó la propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del consejo, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.

Nuevo camino hacia la homogeneidad en la regulación de las demandas colectivas

Esta semana hemos conocido que, por fin, los Estados miembros parece que se han puesto de acuerdo y han abierto claro camino para la negociación final para que se llegue a publicar la propuesta anteriormente citada.

La nueva norma, según determina la propuesta, obligaría a contar con estos sistemas en todos los países de la UE y especifica que este tipo de demandas tienen que ser canalizadas a través de entidades cualificadas -por ej: organizaciones de consumidores- para evitar que se disparen los litigios.

Estas entidades podrían actuar o bien a nivel nacional de cada país o también a nivel internacional.

Sin duda, un nuevo método que ayudará, en cuanto a los costes, a muchos consumidores perjudicados que tengan que reclamar sus derechos.

Los juzgados condenan a Banco Santander por la compra de acciones de Popular en la ampliación de 2016

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Son ya varios los juzgados que han condenado a la entidad Banco Santander al abono del importe e inversión en la compra de acciones de la ya extinguida Banco Popular, por ser la entidad sucesora y quedarse a B. Popular por el precio de 1 euro.

Obtención de la Sentencia por acciones de Banco Popular

Una de las más recientes sentencias es la que nuestro despacho ha conseguido, y que ha sido emitida por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Majadahonda, en el que el Juzgador condena a Santander a abonar al cliente inversor la cantidad de más de 170.000 euros en acciones de B. Popular.

Nuestros tribunales parecen tener clara cual es la situación de todos estos inversores que, llegado el 7 de junio del pasado 2017, vieron como sus ahorros invertidos en una de las entidades más solventes y tradicionales española – Banco Popular Español- se desvanecían de la noche a la mañana.

Parece claro que a la hora de tomar la decisión de comprar acciones de una entidad como es Popular, la comunicación pública de beneficios resulta determinante en la captación y prestación del consentimiento, hasta el punto de que, sin esa imagen pública de solvencia, el negocio no se hubiera realizado. Por ello, es evidente, como así determina la Sentencia de Majadahonda del pasado 23 de octubre, que si a un ciudadano medio se le indica que la entidad que oferta las acciones es solvente (como así se cansaron de indicar incluso en los medios públicos por parte del Consejo de Administración de Banco Popular),, se encuentra dentro de las principales entidades financieras del país, trasladándole información contable de solvencia, se está afectando a la esencia misma de la causa por la que se adquiere el producto, en este caso, la solvencia de la entidad en la que se confía, toda vez que una acción es una parte alícuota de la sociedad, y como tal, a mayor solvencia de la misma, mayor capacidad de influir en la voluntad de los suscriptores para su adquisición en tanto mayores dividendos (beneficios) se espera de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, el juzgador entiende procedente estimar la acción de nulidad basada en el error vicio del consentimiento del inversor – a su vez consumidor-, condenado así a la entidad Santander no solo al pago de la cantidad invertida, sino también al pago de las costas y los intereses legales correspondientes.

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