Categoría: Derecho comunitario Página 1 de 8

La problemática de los pesqueros en Europa

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La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo debate esta tarde el informe de la Comisión Europea sobre el control de la potencia motora de las embarcaciones de pesca de la UE. El informe -del pasado mes de junio- es demoledor: el 51% de las 68 embarcaciones investigadas de 15 estados miembro presentan potencias motoras superiores a las autorizadas. Y en un 16% no se cumplen la regulación de las restricciones de potencia.

Por eso, la Comisión concluye que “en general, los sistemas nacionales para controlar que no se excede la capacidad motora certificada no están siendo efectivos”. No funcionan los sistemas de certificación ni de verificación y eso supone una merma en la efectividad de la política pesquera común, denuncia Bruselas.

Y es que, aunque se han reducido el número de buques por la política común, se ha incrementado la potencia pesquera real.En Galicia antes de entrar en la UE estábamos 135 barcos de arrastre con una potencia de 450 caballos; ahora hay 85 con una potencia de 1.300; el resultado es que antes teníamos 60.000 caballos y ahora 100.000”, explica Francisco Pérez Paz, director de Armadora Parleros, que ya mostró su queja ante la Comisión Europea en el 2015.

Esta situación está poniendo en riesgo los caladeros. “En el 86 sacamos 260.000 toneladas de sardinas; ahora apenas llegamos a 60.000. Muchos caladeros, en concreto, la sardina, está próxima al colapso”, lamenta Pérez Paz

De los 68 barcos investigados por la Comisión, 4 son barcos españoles de la costa cantábrica noroeste, Galicia. En los cuatro casos se excede la potencia motora registrada y los excesos van del 53% al 198%. “Es decir, casi el triple de lo certificado”, señala el director de Armadora Parleros, que se muestra satisfecho de que la Comisión reconozca lo denunciado en el 2015.

El dato contrasta con la investigación realizada por las autoridades españolas que señalan que 11 de las 12 embarcaciones supervisadas cumple con la normativa. El informe explica la discordancia entre el informe nacional y el trabajo de campo de la Comisión en que puede que las autoridades españolas avisaran de la inspección dando tiempo a adaptarse o a que los análisis se realizaron con el barco en calma y no en máxima actividad y potencia.

La Comisión concluye que los sistemas de certificación nacionales no funcionan porque en muchos casos se basan en meras declaraciones del fabricante. Por eso proponen controles previos a la certificación como ya se practican en Alemania y Holanda.

También recomiendan la supervisión física y reconocen que sólo España la ha practicado en el período 2012-2017 que ha durado la investigación de la Comisión. Además, proponen un “monitoreo continuo” de los motores eléctricos y reforzar la autoridad y las capacidades de los inspectores. “Esperemos que no se imponga el criterio que ya se está aplicando en el Mediterráneo por el que se decide medir el esfuerzo pesquero por el esfuerzo de hora trabajada”, apunta Pérez Paz.

Desde el despacho Navas & Cusí, especializado en derecho europeo, también esperamos que la comparecencia de esta tarde suponga un antes y un después en el “desgobierno” comunitario del asunto pesquero. “El incumplimiento es generalizado y España ha regulado contra el derecho europeo. Por eso presentamos la queja ante la Comisión y ante el Parlamento Europeo en nombre de Armadora Parleros y esperamos que la Comisión sea firme en la aplicación de su normativa y garantice la efectividad del derecho europeo”, concluye Juan Ignacio navas, socio-director de Navas & Cusí.

El informe de la Comisión Europea se puede ver aquí

El futuro del Reino Unido, ¿En manos de Boris Johnson?

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Está claro, como hemos visto, que Johnson está dispuesto a muchas cosas. Prueba de ello es el cierre del Parlamento hace una semana.

La advertencia de Boris Johnson

Según las ultimas noticias, Johnson ha advertido de que quiere convocar elecciones en el caso de que la oposición británica quiera obligar a hacer una ley para solicitar una prórroga de tres meses para salir de la UE.

El objetivo de Johnson es hacer todo lo posibles para conseguir un mejor acuerdo con Bruselas, y este objetivo podría prosperar en el único caso de que Johnson tenga la mayoría que ahora mismo no tiene y que por este motivo quiere convocar elecciones. No obstante, esta decisión también puede poner en riesgo el futuro del Reino Unido, ya que puede forzar a una salida “a las bravas” del país del espacio europeo.

Y es que en el caso de que no se convoquen elecciones, entonces llegaría el 31 de octubre- fecha tope- y el Reino Unido tendría la salida tan “esperada” de la Unión Europea.

¿Cómo puede afectar el Brexit a los mercados Europeos?

Hay que analizar este aspecto desde tres puntos de vista distintos: económico, político y social. En primer lugar, el aspecto económico. Todos sabemos que la “City of London” es referente y punto de encuentro de muchas empresas y entidades financieras. Cuando el Reino Unido salga de la UE, se tendrá que buscar otro punto de referencia bancario. Varias empresas ya apuntan a Luxemburgo o París como nuevas sedes como “city” bancaria.

El punto de vista político también hay que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta que toda la Unión Europea está viviendo una cierta “crisis” política que ha venido acompañando a la crisis economica de la que aún nos estamos recuperando.

Y, por último, y no menos importante, el aspecto social. Aquí tenemos posibles varios temas que están un poco en el aire: la libertad de circulación, empleo, educación, formación, jubilación e inclusión social.

¿Y qué pasa con Gibraltar?

Son muchos los interrogantes con Gibraltar, aunque previsiblemente sufrirán sus consecuencias en el tránsito de personas y vehículos en la frontera, en el abastecimiento a las empresas o en las condiciones de los empleados transfronterizos.

Si bien es cierto que gran parte de estas dudas quedaron resueltas en los memorandos redactados entre España y Reino Unido, firmados en noviembre de 2018, pero que no tendrán validez en un Brexit sin acuerdo (según la interpretación de Gibraltar). Deberemos esperar un poco más para poder conocer más detalles.

El registro de marca en la Unión Europea

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A la hora de registrar una marca, hay que tener varios elementos en cuenta: el primero de ellos es que existe una clara diferenciación entre el registro de la marca a nivel nacional y el registro de la marca a nivel europea.

En el caso de que se busque una protección solo a nivel de un estado miembro de la UE (por ejemplo, mi actividad de la marca solamente se hará en España), entonces lo más lógico es buscar y registrar la marca en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual correspondiente.

Ahora bien, en un mundo tan globalizado como es en el que vivimos actualmente, las actividades no suelen centrarse o restringirse a un solo estado, sino que, a través de internet, la actividad de una marca puede llegar a pasar muchas fronteras.

Por ello, en este artículo nos vamos a centrar en analizar el registro de una marca a nivel de la Unión Europea.

En primer lugar, debemos saber que el sistema para poder registrar una marca en la UE se encuentra regulada en cuatro distintos niveles, cuya elección dependerá directamente de las necesidades y actividad de cada empresa.

El primer nivel es el nacional, al que nos hemos referido anteriormente, y solamente tendrá la protección relativa al país en el que se solicite el registro de nuestra marca

El segundo nivel, es el regional. En caso de que busquemos una protección en los países relativos a Países Bajos, Luxemburgo o Bélgica, debemos ir ante la Oficina de Propiedad intelectual del Benelux (BOIP), y solicitar la protección de estos países (lo que supone una protección a nivel “regional”).

Ahora bien, si queremos una protección más elevada a las comentadas hasta ahora, el debemos referirnos al tercer nivel, y solicitar la protección en el denominado EUIPO, es decir, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

La solicitud se puede realizar de forma electrónica y tiene un coste que no llega a los 1.000 euros. Cuando la Oficina europea recibe la solicitud, debe de analizarla y la tramitara para aceptarla, en caso de que se cumplan todos los requisitos. En este caso, se podrá luego renovar, de forma indefinida, cada 10 años.

En un nivel más exterior (o cuarto nivel) ya nos situamos en un ámbito más internacional. En este caso, podemos utilizar nuestra protección de marca de los tres niveles anteriores y ampliarnos internacionalmente. Para ello, debemos solicitar la protección de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que en el caso de España se sitúa en Madrid y se conoce como el WIPO.

El BBVA deberá de devolver un millón a una empresa turística por cinco swaps

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El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al BBVA a devolver a una empresa del sector turístico 1.095.678 euros, más intereses, al anular cinco contratos de permuta financiera («swaps») que le había vendido sin la suficiente transparencia.

Esta sentencia sigue la línea marcada por otros tribunales españoles sobre este tipo de contratos bancarios, pero con una novedad: en este caso, el cliente perjudicado no era un particular, sino una empresa mediana con 20 millones de euros en activos.

De hecho, el banco había defendido durante este litigio que su cliente tenía la suficiente experiencia y conocimientos financieros como para ser consciente de los riesgos que implicaban los «swaps».

Sin embargo, el magistrado Juan José Suárez rechaza ese argumento, porque no comparte que un dato como es el volumen de negocio de la empresa sea «suficiente, por sí solo», para «concluir que tuviera experiencia y conocimientos en la negociación, formalización y efectos de un contrato de permuta financiera».

«No ha quedado probada la experiencia de la demandante en este tipo de operaciones, las cuales han de ser calificadas como complejas», añade el juez, de forma que «recae» sobre el banco «la carga de acreditar que informó debidamente a la actora de la naturaleza, funcionamiento y riesgos de esos contratos».

La sentencia considera que el banco no ha presentado pruebas que acrediten tales extremos e insiste en que «los meros conocimientos generales no son suficientes», ni tampoco «el tamaño o el volumen de la empresa es lo determinante» para presumir esa preparación.

«La formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el swap no es la de un simple empresario, sino la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos», razona la resolución.

Contra esta sentencia, que ha sido difundida por el despacho jurídico Navas & Cusí, cabe recurso ante la Audiencia de Las Palmas.

Daños en competencia: Cártel mercado de divisas

En mayo de 2019 conocíamos la noticia de la Decisión emitida por la Comisión Europea acerca de la multa a cinco entidades financieras por participar en un cártel que tenía como claro objetivo alterar el mercado de las divisas (un total de 11 divisas, entre las que está el Euro). Las entidades sancionadas son Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y MUFG y la multa ha ascendido a un total de 1000 millones de euros.

La constitución de una filial en España por parte de una empresa matriz extranjera

Cabe la posibilidad de que una empresa extranjera -matriz- pueda abrir una filial en España para implantar su actividad. De esta manera, la nueva sociedad tendrá personalidad jurídica propia e independiente con respecto a la sociedad matriz. En el vídeo, se detallan los pasos a seguir para la constitución de una filial.

El procedimiento de infracción de España por incumplimientos reiterados de la norma de calidad del aire

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Está previsto que se anuncie por parte de la Comisión Europea la noticia que ya lleva anunciando lleva meses: que instará un procedimiento de infracción de normativa a España, en relación a la infracción de las normas de calidad del aire.

Tres han sido los detonantes que han llevado a Europa a denunciar a nuestro país. Y estos tres detonantes llevan nombre de ciudad: Madrid, Barcelona y Granada. Las ciudades con más contaminación y que menos respetan la normativa comunitaria.

Europa lleva advirtiendo en varias ocasiones a España, pero parece que aún

¿Cuál es el procedimiento que seguirá la Comisión Europea para denunciar a España?

Para ello tenemos que hablar de dos fases de denuncia: la fase de investigación y la fase de infracción.

En un primer momento, en la primera fase, la CE abrirá un procedimiento de investigación y se pondrá en contacto con las autoridades del país miembro denunciado. Concluida esta fase, la CE decidirá si procede dar curso o no a la denuncia.

En segundo termino estamos ante la segunda fase, la de infracción. Aquí se realizarán los contactos formales entre la CE y el Estado miembro, a quien le enviara un “requerimiento”, emplazándole a presentar observaciones. En base a la respuesta, o falta de respuesta, la CE podrá decidir enviarle un “dictamen motivado” en el que exponga claramente y con carácter definitivo las razones por las cuales considera que existe violación del Derecho de UE.

En el dictamen motivado también se le requerirá al Estado para que cese y/o se ajuste al Derecho de la UE en un plazo determinado.

A la raíz de la contestación o reacción del Estado, la CE podrá elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la persistente infracción, solicitando además que se imponga una multa diaria.

¿Qué multa puede imponerse a España por Europea por la infracción de las normas de calidad del aire?

Cuando devuelve el asunto al Tribunal de Justicia por segunda vez, la Comisión propone que este imponga sanciones económicas (consistentes en una suma a tanto alzado y/o en multas diarias).

Las sanciones se calculan teniendo en cuenta:

  • la importancia de las normas infringidas y las repercusiones de la infracción para los intereses generales y particulares
  • el periodo durante el que no se ha aplicado la norma en cuestión
  • la capacidad del Estado miembro para abonar las sanciones, con el fin de garantizar que estas tengan un efecto disuasorio.

¿Se puede evitar la multa?

Solo hay una manera: cumplir con la normativa

Cuando se inicia el procedimiento, como se ha indicado, la Comisión requiere al Estado para que cumpla y pueda salir de la situación de infracción. Si no lo hace, es cuando la Comisión llevará el caso al TJUE.

Una vez en el TJUE, para evitar la sanción, tendrá que ser la Comisión quien retire la demanda ante el Tribunal. Si la Comisión la retira (como por ejemplo ha hecho con el procedimiento de infracción de la Ley hipotecaria hará cosa de un mes), el TJUE tendrá que archivar el caso. No puede, de oficio, seguir el procedimiento.

España, el miembro de la Unión Europea con más expedientes de incumplimiento de la normativa europea

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Esta semana hemos conocido el informe que presenta anualmente la Unión Europea, sobre los expedientes de incumplimiento que presentan cada uno de los estados miembros, en relación a su funcionamiento normativo.

En este informe, podemos comprobar qué nivel de cumplimiento normativo está siguiendo cada uno de los países miembros de la Unión Europea en relación a la normativa que hacen las instituciones europeas.

Primacía del Derecho de la Unión Europea

Como es sabido, desde el momento en que aceptamos pertenecer a la Unión Europea, ello significa que, como Estado, hemos trasladado una serie de competencias a unas instituciones, que ahora serán las encargadas de legislar. Y nosotros, como país, tenemos que aplicar esta legislación. La forma de norma más conocida es la Directiva Europea. Una directiva no deja de ser una norma derivada y aprobada por el Parlamento Europeo, tras pasar por varias fases en la Comisión y Consejo, que tiene como objetivo legislar en puntos muy concretos de un área (medio ambiente, protección de consumidores, nuevas tecnologías…). Luego, cada estado, tiene lo que se llama un “plazo de trasnsposición”, que suele ser de dos años, durante el cual cada Estado miembro tendrá que redactar, aprobar y publicar una normal legal que tenga como objetivo “adaptar” o incluir a nivel interno, las nuevas exigencias legislativas.

Ahora bien, ¿Qué ocurre cuando un Estado no cumple con esta obligación?

En estos casos pueden darse varias situaciones, algunas de las cuales pueden llevar a un Estado miembro hasta responder con una sanción impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según hemos podido observar en el informe que recién ha publicado Europa, España se encuentra entre los países con más quejas y expedientes por incumplimiento.

En concreto, España es el segundo estado europeo con más quejas formales enviadas por parte de sus ciudadanos estatales.

Con números, destacamos que España cuenta con 97 expedientes, siendo así el país de toda la Unión Europea con más infracciones abiertas por incumplir la normativa europea, o no aplicarla de forma correcta o a tiempo. Como , por ejemplo, sucedió con la Directiva 2014/17/UE, a pesar de que la Comisión Europea, una vez ya había solicitando una multa de 100.000 euros diarios por tardar más de tres años en incorporar normas que afectaban a derechos de los consumidores, ha retirado su denuncia.

España tiene 52 casos pendientes más del doble de la media y los mismos que tenía en 2014.

Le siguen a España, por incumplimiento, Alemania y Bélgica. Y se sitúan en la cola Dinamarca y Finlandia.

En cuanto al área, en España, las quejas van destinadas a tratar los problemas con la Justicia, la protección al consumo, el empleo y el medioambiente.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

En caso de que el estado miembro – España en nuestro caso- no adapte ni transponga de forma correcta (o en el plazo correcto) una Directiva, el ciudadano que se vea afectado por ello puede reclamar responsabilidad patrimonial al Estado español, lo cual derivará, en caso de estimación, en daños y perjuicios.

Para ello, es importante que concurran los requisitos legales para poder apreciar posible responsabilidad del estado, y que se limitan a que exista un daño y que el daño lo haya producido el estado a través de su actuación u omisión (relación de causalidad).

El nuevo régimen de insolvencia del empresario: la Ley de segunda oportunidad Europea

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Hace apenas unas semanas conocíamos la nueva Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

Es una norma muy esperada, que a su vez aún deja bastantes lagunas a tratar, como por ejemplo la regulación de la llamada “segunda oportunidad” a los consumidores, desde el punto de vista de la Unión Europea, siendo que la norma se limita a tratar la exoneración de deudas directas con los empresarios.

Características de la Ley de segunda oportunidad Europea

Veamos algunos de los rasgos más significativos de esta nueva norma, pendiente de transposición a nivel de los estados miembros.

En primer lugar, como he avanzado, la Directiva tiene como ámbito de aplicación subjetivo los “empresarios”, entendiéndose como tal a cualquier persona física que ejerza una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Sí es cierto que la Directiva deja abierta la puerta a que los Estados miembros puedan ampliar el ámbito de aplicación de la norma a los consumidores (y, de hecho, lo aconseja), pero deja bastante que desear que realice estas indicaciones, cuando era mucho más fácil incluir a los consumidores, aunque hubiera sido desde un punto de vista “light”.

Un segundo factor muy importante, y con clara conexión con el anterior, es el tipo de deudas que pueden ser objeto de exoneración, ya que la normativa europea no distingue entre deudas profesionales y deudas domésticas. De hecho, permite la exoneración de cualquiera de las dos. Ello crea un claro perjuicio y patente desequilibro con la figura del deudor, ya que la categorización de sus deudas es de “domésticas”, y por tanto se sitúa en una misma posición que el empresario si a éste se le exonera de sus deudas.

¿Por qué puede el empresario exonerarse de sus deudas domésticas, y no puede el consumidor de esas mismas deudas?

Este es un punto que esperemos que España, en su normativa de transposición,pueda detallar con más precisión y claridad.

Además, en cuanto a la tipología de deudas, la Directiva no establece ningún tipo de limitación, a excepción de las deudas que figuran en el art. 24 de la norma: deudas garantizadas, derivadas de sanciones penales, responsabilidad extracontractual, alimentos, deudas posteriores declaración de concurso y costes de Procedimiento. El incluir o no el concepto de crédito público queda a libre arbitrio de los Estados.

En tercer lugar, la condición de “deudor de buena fe” desaparece por completo en esta regulación. En la ley española relativa a la Ley de Segunda Oportunidad el hecho de ser deudor de buena fe es un requisito indispensable para que se te puede aplicar el régimen de exoneración de pasivos. Ahora, lo que plantea la Directiva es que el empresario insolvente no tiene que pagar sus deudas, salvo que excepcionalmente se le prive de la exoneración.

Cabrá esperar ahora qué parámetros sigue el estado español para adaptar esta nueva normativa y reformar, con ello, si cabe, la Ley Concursal y la famosa Ley de Segunda Oportunidad.

La aceptación del uso de nuestros datos en internet

De forma consciente, bueno, generalmente inconsciente, ya que no reflexionamos sobre las consecuencias de teclear o “pinchar”, en nuestro teléfono móvil, en la tablet o en el ordenador “ACEPTO”. A partir de ese gesto,  hemos abierto puertas y ventanas  dando salida a nuestros datos personales y permitiendo el acceso a toda nuestra información al perceptor de ese “acepto”.

            Teníamos en nuestro sistema legal un instrumente de protección de datos  desde el año 1999, “Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre  de Protección de Datos de carácter Personal”, que era  suave y a la que nos acogíamos los ciudadanos de forma muy puntual. Ha sido a partir del día 25 de Mayo de 2018, cuando se ha establecido como de obligado cumplimiento el Reglamento (de la Unión Europea), 2016/679, relativo a la Protección de Datos de las Personas Físicas.  Regula el tratamiento de datos personales  y la libre circularon de esos datos.

Este Reglamento, ha definido todos las términos y conceptos. Establece, cual sea el objeto : “ protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de los  datos personales y las normas relativas a la libre  circulación de tales datos”. Exceptúa aquellos supuestos de  los que correspondan a los archivos de los organismos oficiales, , en el ámbito propio de su actividad, pero no para que los divulguen. ( Seguridad Social, Hacienda, Fuerzas de Seguridad del Estado…), en el  ámbito de su aplicación territorial para todos los residentes en el marco europeo.

Ese “acepto”, que supone ese consentimiento al uso de nuestros datos personales, en caso de que discutamos si lo habíamos permitido o no  traslada la obligación de demostrar que dimos ese “consentimiento” el responsable del  archivo y uso de esos datos  “deberá ser capaz  de demostrar” que dimos el consentimiento. Tenemos derecho a retirar el consentimiento. En cualquier momento.

Un aspecto importante es el consentimiento dado por  menores. La barrera se sitúa en los 16 años, por debajo de esta edad solo se podrá considerar licito el consentimiento dado por el niño si esta fue autorizado por quien detente la patria potestad o la tutela del menor.

El poseedor de nuestros datos viene obligado a informar y determinar el plazo en el que podrá utilizar nuestros datos, derecho a ser informados en que forma se han inscrito y que datos constan, posibilidad de rectificarlos. Derecho a presentar reclamaciones  ante las autoridades de control.

Se ha establecido nuestro derecho a  suprimir los datos del archivo al que se hayan incorporado es el conocido, como  “Derecho al Olvido”. Si se ejercita esta acción de que se supriman nuestros datos de un archivo el responsable del mismo, deberá realizarlo sin dilación. Podemos oponernos también a que  en  ese archivo figuren algunos datos  de los que podemos interesar su supresión.

Puede suceder, que los datos se hayan obtenido por otros sin el consentimiento el responsable de los archivos de los datos, que  han sido obtenidos de forma ilícita. En ese caso, apreciada la violación el responsable deberá ponerlo,  sin dilación alguna, en conocimiento de las autoridades competentes.. Deberá también informar al interesado de tal circunstancia.

El Reglamento ha establecido  nuestro derecho a presentar reclamaciones ante la autoridad de control. Es el derecho a la  tutela judicial efectiva, frente al responsable o encargado de los archivos en  los que consten nuestros datos.  En defensa de nuestros intereses podremos delegar la representación en alguna entidad,  organización o asociación, que no tenga animo de lucro.

Realizada nuestra oposición o denuncia por la utilización de nuestros datos  podremos reclamar la responsabilidad  frente al responsable de los archivos, así como  pedir indemnizaciones.

La Autoridad competente, podrá imponer multas administrativas a los responsables de los archivos de datos personales. Pueden imponerse multas de 10.000 €, con un máximo de 20.000 €. Si se tratase de una empresa  la sanción podrá alcanzar el 4%, como máximo  del volumen de negocio de dicha empresa.

A lo anterior , no podemos olvidarnos que el Código Penal, también se alza con fuerza en defensa de nuestros derechos al honor y propia imagen.

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