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Héroes de bata blanca y uniforme

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Cada día a las ocho se les reconoce en todo el país. Son los verdaderos héroes. Los que salvan nuestras vidas sin dudar en exponer la suya propia. O dándola como ya ha sucedido. Dándola… a cambio de nada. Sólo por amor a su vocación. En su ADN escogieron vivir por y para los demás.

Son los batas blancas y también nuestros uniformados que nos protegen. ¡Cuánto hemos aprendido de ellos! Que jamás olvidemos su impagable testimonio de entrega, servicio. A ellos no les importa la política. Sólo les importa salvar vidas aún a costa de la propia. ¡Menuda lección para esta sociedad que sólo creía en otros valores efímeros!

Que gracias a ellos cambiemos para siempre, que cada paso que demos al aire libre en el futuro sea un acto de felicidad, y que su ejemplo de unión para salvar vidas, sirva para que todos estemos unidos para siempre, sin diferencias, sin rencores de ningún tipo. ¡Nunca jamás!

Si no aprendemos la lección no habrá servido de nada el injusto tributo que han pagado nuestros mayores. Tras una vida de esfuerzo y sacrificio que nos han regalado. Todo a cambio de nada para hacer de este país lo que es hoy. Lo que somos nosotros hoy. ¿Acaso se merecían ellos y sus familiares este estremecedor y cruel destino?

Los aplausos no bastan, hay que fijar una fecha, un aniversario. Para que siempre, año tras año, rindamos nuestro más emocionado tributo y recuerdo a esos héroes anónimos de bata blanca y de uniforme. Y también a nuestros mayores a los que debemos todo y que hicieron de este mundo un mundo mejor. En algo tenemos que haber fallado cuando no los hemos sabido cuidar ni a ellos ni a sus familias. Pesará sobre nuestras conciencias de por vida.

Y como en todas las guerras, porque esta lo es, que se les resarza como es debido y con todas las consecuencias que les ha acarreado su absoluta entrega y que se les premie como es debido. Los aplausos son un emocionado tributo, pero no son suficientes para agradecer su estrega absoluta. Los héroes de un país son el bien más preciado. Los caídos, nuestra razón para devolverles lo que no les supimos o no les pudimos dar.

¿Acaso no se reconocen así a los héroes de las guerras, cuando estas acaban? Estarán en memoria, en nuestro corazón y en nuestra alma de por vida. Por este maldito virus lo dieron todo por nosotros. Incluso sus vidas.

“Navas & Cusí y Juan Ignacio Navas lideran el ranking de Reputación Digital marcado por la crisis del coronavirus”

Navas Cusi y Juan Ignacio Navas lideran el ranking de Reputacion Digital marcado por la crisis del coronavirus

Con este titular, la prestigiosa revista jurídica digital Law & Trends, sigue reconociendo y premiando mi trabajo y esfuerzo y el de todo el equipo de Navas & Cusí Abogados, pero además, lo hace en un momento especialmente delicado, pues las condiciones y circunstancias que nos ha impuesto el COVID 19 son, innegablemente, extraordinarias e inesperadas.

A lo largo de los años, en Navas & Cusí Abogados hemos logrado combinar los valores de la profesionalidad y la confidencialidad, con los de la vanguardia, la innovación y la formación constante en novedades legales, doctrinales y jurisprudenciales, tanto nacionales como europeas, siempre con la intención última de ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento completo y multidisciplinar.

Son justamente estos principios y nuestra concepción del Derecho, lo que nos exige, en una situación como la actual, estar preparados para brindar soluciones a las familias y empresas que se están viendo golpeadas por el coronavirus soluciones, y ello, sin dejar de lado la dedicación a otras exigencias y problemas menos extraordinarios.

Es precisamente por todo ello, por lo que me llena de satisfacción mantener el liderazgo en reputación digital y el reconocimiento de tan reputada revista jurídica y poder compartirlo con vosotros, pues pone en valor el espíritu y esfuerzo del equipo de Navas & Cusí Abogados, que dirijo desde hace más de 35 años, y nuestra capacidad de especialización y adaptación, en función de las necesidades de nuestros clientes, para ayudarles ante cualquier adversidad.

La cláusula rebus sic stantibus como clave para adaptar todas las relaciones contractuales

La cláusula rebus sic stantibus como clave para adaptar todas las relaciones contractuales-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-

Esta misma mañana he sido entrevistado en el programa “Capital, la Bolsa y la Vida” de la estación radial Capital Radio, junto con el Secretario General del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, el periodista financiero, Luis Losada Pescador, así como con Javier Plaza, Catedrático de derecho civil y off counsel de Navas & Cusí, y el abogado Fernando Navas Cusí, para analizar el impacto que está teniendo el estado de alarma en algunos de los sectores más relevantes de nuestra economía y las soluciones jurídicas que ofrece el ordenamiento.

A continuación, comparto algunos de los planteamientos y soluciones a los se ha aludido.

Ante todo, debo señalar que es evidente que la situación en la que nos encontramos es excepcional y que las medidas que el Gobierno va adoptando, a medida que se suceden los acontecimientos, difícilmente pueden dar cobertura a la inmensa casuística que se da en la realidad.

En efecto, sólo hace falta pensar en las particularidades de las distintas empresas que están llevando a cabo ERTE para poder subsistir a esta pandemia o en las singularidades que existen en cada contrato del sector inmobiliario.

Juan-Ignacio-Navas-en-Capital-Radio
Foto de archivo en una intervención en Caputal Radio

La posibilidad de la cláusula rebus sic stantibus

Precisamente por ello, desde Navas & Cusí Abogados siempre hemos intentamos ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales a sus problemas. Como bien ha apuntado el Catedrático de Derecho civil, Javier Plaza, durante la entrevista, Navas & Cusí fue uno de los primeros despachos “en destapar la posibilidad que ofrece la cláusula rebus sic stantibus para adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la realidad actual para mantener su vigencia adaptada al momento, o incluso, cuando ya no es posible o no tiene sentido su continuidad, su resolución”.

No puede negarse que las circunstancias han cambiado de forma sustancial y que hemos de volver a buscar el reequilibrio entre las prestaciones de las partes contractuales, adaptándolas a esta nueva e imprevista situación. Para ello, y dentro del nuevo marco legislativo que se va construyendo, es básico que las partes traten de llegar a acuerdos mediante una negociación amistosa –siempre recomendando que sea bajo el asesoramiento y acompañamiento de un despacho de abogados especializado- teniendo siempre en cuenta la protección que ofrece esa cláusula rebus.

Cuando alguna de las partes esté tentada a ejecutar el contrato con las condiciones originarias –imaginemos, por ejemplo, que se requiera a un promotor inmobiliario una indemnización por no haber entregado las obras en plazo- o cuando para una alguna de las partes no sea suficiente la solución decretada –por ejemplo, cuando para una empresa inquilina de un local comercial no es suficiente con la moratoria del pago de la renta-, será sumamente importante la intervención de expertos para poder analizar de forma integral la situación y, en base a esta doctrina de la adaptación contractual, ofrecer la solución óptima.

Para terminar, también se ha tratado de la posibilidad de exigir responsabilidad ante las administraciones por los daños sufridos por el coronavirus. Por el momento, lo que debemos decir es que, dada la complejidad del asunto, ante todo, debe hacerse un análisis integral de cada caso concreto, bajo el prisma de la tan reiterada cláusula rebus, para, así, poder valorar si se ha generado responsabilidad y en qué se concreta la posibilidad de ser indemnizado por los daños sufridos.

El futuro de la Unión Europea

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Estos días estamos asistiendo a un verdadero déjà vu. La crisis provocada por la pandemia del COVID 19 recuerda a la situación vivida entre los Estados miembros durante la crisis de 2008, que duró casi una década y que dejó entrever la dificultad del “proyecto europeo” en responder a aquella fractura económica y social. Parece que la Unión Europea sigue adoleciendo de las mismas carencias y vuelve a cuestionar si la respuesta de los Estados miembros es la de una verdadera “unión europea”.

Estado actual partiendo hacia el futuro

En este sentido, la magnitud de la actual crisis está sacudiendo los más fundamentales principios de Derecho europeo. Entre ellos, el contenido en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que prevé que “La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”. A pesar de ello, estos días estamos comprobando que es difícil hablar de cohesión y solidaridad, pues las posturas de los Estados se encuentran más polarizadas y fragmentadas que nunca y vuelve a aflorar aquella sensación de que existe una Unión con dos velocidades distintas y con bloques muy diferenciados de intereses económicos y políticos.

Es cierto que el propio ordenamiento europeo también prevé mecanismos para lograr esa solidaridad –sólo hace falta pensar en la, precisamente, cláusula de solidaridad que contiene el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-, sin embargo, estos mecanismos carecen de traducción práctica si las instituciones europeas no pueden accionarlos por no contar con la unanimidad requerida para su aplicación.

Y todo ello, no hace más que resaltar uno de los puntos débiles de la Unión Europea: la falta de integración de políticas fiscales y monetarias. Esta no integración, que ya supuso un verdadero problema durante la recesión económica anterior y sigue haciendo mella entre los Estados miembros, poniendo de relieve las diferencias entre los del “norte” y los del “sur”, haciendo peligrar el proyecto europeo.

Concluyo este artículo apelando a la importancia de actuar bajo los principios de cohesión y solidaridad para enfrentarse a una crisis como la que estamos atravesando, así como a la necesidad de que la Unión Europea actúe como un frente unido -en coherencia con los valores que la formaron- para poder superar, cuanto antes, las dificultades en las que todos sus Estados miembros están inmersos y con el objetivo de que las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos puedan encarar el futuro con más fuerza y en las mejores condiciones posibles.

La posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las relaciones laborales de duración determinada sucesivas

Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Comunitario-y-de-la-Unión-Europea

El pasado 19 de marzo conocíamos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las “relaciones laborales de duración determinada sucesivas”.

El Juzgado de lo Contencioso de Madrid planteó al TJUE una cuestión prejudicial que giraba en torno a la solicitud de varios empleados públicos del sistema sanitario madrileño, que tenían una relación laboral de duración determinada, a la Administración, para que les reconociera la condición de personal fijo.

Los empleados fundan su solicitud en que están ocupando de modo permanente un puesto de interinos, por irse sucediente sus nombramientos, implícitamente, de año en año (sin proceso selectivo alguno).

Estas solicitudes son rechazadas y, ya en el ámbito contencioso, el Tribunal español plantea al TJUE la conformidad de estas situaciones laborales sucesivas con el Acuerdo marco sobre el trabajo con contrato de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES) y la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que precisamente tiene por objeto la aplicación del referido Acuerdo marco.

El TJUE resuelve la cuestión señalando que uno de los objetivos esenciales del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada es, precisamente, limitar la utilización sucesiva de contratos de duración determinada.

Señala el Alto Tribunal que con esta limitación se pretende evitar que, en el caso de que existiera una situación laboral abusiva o precaria en detrimento de los trabajadores, éstas pudieran sucederse durante años, prolongándose los perjuicios sufridos por dichos trabajadores.

Así, el Tribunal europeo, concluye que la situación nacional enjuiciada es contraria a la Cláusula 5 del Acuerdo Marco, que prevé ciertas medidas que los Estados miembros deben introducir, a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada (como señalar las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales; fijar la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada o el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales), así como la obligación de los Estados miembros, cuando resulte sea necesario, de determinar en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada se considerarán sucesivos o celebrados por tiempo indefinido.

En definitiva, el TJUE considera que se ha producido una contravención del Derecho de la Unión Europea por no responder la situación en que se encuentran los trabajadores a una necesidad o de urgencia, sino, verdaderamente, a una necesidad permanente y estable.

El inicio del plazo para desistir de un contrato crédito al consumo debe especificarse de forma clara y concisa

El-inicio-del-plazo-para-desistir-de-un-contrato-crédito-al-consumo-debe-especificarse-de-forma-clara-y-concisa-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialistas-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

Ayer, día 27 de marzo, conocimos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la forma en que los contratos de crédito al consumo deben referirse al plazo de desistimiento.

La controversia gira entorno a un contrato de crédito, de 100.000 euros, que un consumidor alemán celebró, el año 2012, con la entidad de crédito Kreissparkasse Saarlouis.

Ese contrato establecía que el consumidor tenía un plazo de 14 días para desistir del contrato, y que ese plazo empezaba a computar cuando el consumidor hubiese recibido toda la información contractual obligatoria.

Lo cierto es que el contrato no contenía toda la información obligatoria y el consumidor, en el año 2016, decidió ejercer su derecho de desistimiento. Como era de esperar, la entidad bancaria se opuso alegando que ese derecho ya había expirado por haber transcurrido, sobradamente, esos 14 días.

El asunto llegó hasta el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken, y éste decidió elevar una cuestión prejudicial preguntando al TJUE si el artículo 10.2.p) de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo -que dispone que “El contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, los siguientes datos […] p) la existencia o ausencia de derecho de desistimiento y el plazo y demás condiciones para ejercerlo, incluida la información relativa a la obligación del consumidor de pagar el capital utilizado y los intereses […] y el importe del interés diario”- supone que estos datos sobre el “plazo y demás condiciones para ejercerlo” [el derecho de desistimiento] se incluyen entre las condiciones obligatorias para que comience a correr el plazo de desistimiento.

El Alto tribunal europeo ha resuelto la cuestión basándose en que dicha Directiva 2008/48/CE tiene como finalidad la de garantizar la protección de los consumidores que suscriben créditos al consumo, y que, esa protección se logra, entre otras cosas, obligando a que esos contratos especifiquen, de forma “clara y concisa”, el modo de cómputo del inicio del plazo de desistimiento; sin permitir, por ser contrario al Derecho de la Unión Europea, que el contrato haga referencia a esa información fundamental y obligatoria mediante una remisión a otras disposiciones de Derecho nacional.

En definitiva, esta Sentencia es una muestra más de la relevancia que para las instituciones y la normativa europea tiene la protección de los consumidores y consolida sus derechos de los consumidores frente a las entidades bancarias y de crédito.

Las medidas económicas de la Unión Europea frente al coronavirus: los “coronabonos”

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Los próximos días serán cruciales para las economías europeas, pues se prevé que la Unión Europea dicte un paquete de medidas económicas y fiscales para combatir los estragos económicos que está causando la pandemia del COVID 19.

Entre las medidas que están sobre la mesa y que deben debatirse en el Consejo Europeo, están la activación de la suspensión de la reducción del déficit. Se trata de poner en marcha un mecanismo que se creó durante la crisis económica de 2008 y que, ahora, propone la Comisión Europea, con la finalidad de permitir a los Estados miembros, aumentar su gasto público. En esta línea, también se baraja la posibilidad de que pueda activarse y recatarse el crédito necesario del fondo de rescate europeo, el llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Pero sin duda, una de las propuestas que han generado más polémica es la relativa a que el Banco Central Europeo emita eurobonos -que ya han sido bautizados como “coronabonos”. Esta medida, respaldada por países como España, Italia, Francia, Bélgica, Grecia o Luxemburgo, supondría emitir deuda compuesta por diferentes bonos nacionales de los Estados miembros y, por tanto, contaría con mayor garantía que las deuda emitida por cada Estado, de forma independiente, pues la responsabilidad del pago sería mancomunada.

Pero esta emisión, que está prevista como respuesta a situaciones de shock que sorprenden al mercado europeo, como sin duda lo está siendo la crisis del coronavirus, por el momento, no cuenta con el apoyo de miembros como Alemania (si bien su Canciller ya ha manifestado que se han de trabajar distintas fórmulas para paliar los efectos del coronavirus) y Países Bajos. Ello no hace sino poner de manifiesto que, a pesar de todos los mecanismos unificadores existentes, la política económica y fiscal no está completamente integrada e unificada, existiendo, en muchos casos, grandes divergencias entre las economías de los distintos Estados miembros de la Unión Europea.

Cabe recordar que durante la profunda recesión que vivió Europa hace apenas diez años, ya algunos Estados miembros, como Alemania, se negaron a la emisión de este tipo de deuda por parte del Banco Central Europeo.

Sin embargo, también es cierto que la situación de crisis actual es distinta a la sufrida entonces, pues, esa crisis económica tuvo una afección muy desigual entre los distintos Estados (pensemos por ejemplo, en las situaciones de España, Grecia o Portugal) mientras que, actualmente, el COVID 19 amenaza al conjunto de los tejidos económicos de todos los Estados, pudiendo llegar a provocar, según el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Drahgi, “un daño irreversible a las economías europeas”.

En definitiva, sólo nos queda esperar a ver qué decisiones toma el Consejo Europeo respecto la adopción de todas estas medidas y si sus efectos prácticos son o no suficientes para hacer frente a la difícil situación económica que está provocando el coronavirus.

El TJUE sanciona a Grecia por incumplir el derecho medioambiental

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Recientemente, el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea ha condenado a Grecia a pagar una suma de 3,5 millones de euros por haber retrasado, durante cuatro años, la aplicación del Derecho europeo en materia medioambiental.

Es sin duda, un fallo que no sorprende, pues como bien recuerda el Tribunal, la protección del medio ambiente es uno de los objetivos esenciales de la Unión Europea y, por ende, el incumplimiento del mismo reviste una seria gravedad, que es tomada en cuenta en la argumentación de su fallo.

Esta sentencia es el resultado del proceso que inició la Comisión Europea instando a Grecia a cumplir con la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura, cuando constató que existían zonas que podrían ser afectadas por estas sustancias, y que se encontraban desprotegidas, concretamente, en el área de Tesalia y del río Evros.

Al no cumplir el Estado griego con las exigencias de la Comisión, ésta elevó la cuestión al TJUE que ya en Sentencia de 23 de abril de 2015 se pronunció condenando a Grecia por no haber establecido programas de acción de las referidas zonas, contraviniendo, así, las disposiciones europeas. Además, la Comisión, en su función de control de las ejecuciones de las sentencias del TJUE, constató que tal incumplimiento persistía, pues las medidas deberían haber sido implementadas a finales de diciembre de 2017.

Y fue, precisamente, la no implementación de esas medidas, lo que llevó a la Comisión a devolver el asunto al TJUE y lo que ha culminado con esta nueva resolución, que, finalmente, obliga a Grecia al pago de una cantidad a tanto alzado, por haber, en mayo de 2019, cuando aprobado una orden ministerial que adoptaba las medidas necesarias que ejecutaban la Sentencia.

Todo ello, no hace sino revelar la importancia que para las instituciones europeas tiene el cumplimiento de la normativa de la Unión y, en concreto, la normativa relativa a las políticas medioambientales y de protección del medio ambiente y los recursos naturales; compeliéndose a los Estados miembros a cumplirla llegando, incluso, a imponer sanciones económicas a aquéllos que no la respeten, con una finalidad, también, disuasoria, de cara a futuro.

Los efectos del coronavirus: la negociación y adaptación de los contratos según la cláusula rebus sic stantibus

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El pasado 18 de marzo la cadena radiofónica Capital Radio me invitó para tratar, en el programa económico “Capital, la Bolsa y la Vida”, las consecuencias que pueden tener las medidas detalladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en las relaciones contractuales, no solo para las PYMES, sino también para las grandes empresas.

Como sabemos, la crisis del coronavirus está provocando situaciones a las que nunca antes nos habíamos tenido que enfrentar. La mayoría de medidas adoptadas hasta ahora están dirigidas a las PYMES, no contemplándose, a penas, medidas para las grandes empresas, cuya paralización puede llegar a ser más peligrosas por la mayor cantidad de carga que soportan.

Sobre la inaudita situación que estamos viviendo, también habló Javier Plaza Penadés, Catedrático de derecho civil y off counsel de Navas & Cusí, quien calificó esta situación de “excepcional, fortuita y de fuerza mayor”.

Durante el programa comentamos que, tras la renegociación de nuestro contrato con la otra parte (entidades de crédito, empresas o particulares), que existen mecanismos legales para reducir los daños de esta crisis. En concreto, la cláusula rebus sic stantibus, aplicable a contratos, licencias de uso, concesiones y otras relaciones jurídicas de larga duración (como, por ejemplo, el arrendamiento de un local de un negocio), en las que las circunstancias en las que se firmaron ya no existen, lo que produce graves consecuencias económicas para ambas partes.

La cláusula rebus sin stantibus permite que la parte perjudicada pueda o bien conseguir la adaptación de las relaciones contractuales, bien produciéndose una revisión del contrato, licencia o concesión, o bien, incluso, obteniéndose la resolución, sin necesidad de acreditar el incumplimiento, ni ningún culpa o negligencia de la otra parte del contrato.

En definitiva, la excepcional crisis del COVID-19 está generando situaciones límite y debemos recordar que el ordenamiento jurídico nos ofrece herramientas -como la cláusula rebus sic stantibus- para paliar sus efectos.

La Comisión Europea contra España por el incumplimiento de la Directiva de aguas residuales urbanas

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Una de las facultades que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye a la Comisión Europea es la de emitir un dictamen motivado frente a aquél Estado miembro que hubiera incumplido una de las obligaciones que le incumben, en virtud de los Tratados.

Y esto es lo que ha hecho la Comisión Europea: ha enviado un dictamen al gobierno español advirtiéndole de que, si en el plazo de dos meses, no cumple con lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, remitirá el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En diciembre de 2016, la Comisión ya había enviado una carta de emplazamiento al Estado español, en que constataba esa infracción, la cual persiste desde que, hace más de dos décadas, entró en vigor la referida Directiva de aguas, cuyo objetivo principal es la protección del medio ambiente.

En concreto, la Directiva regula los tratamientos que los Estados miembros deben implementar sobre las aguas residuales urbanas, respecto de las cuales, primero deberá hacerse una decantación progresiva, eliminando, por un lado, las materias que existen en la superficie del agua y, por otro, las materias sólidas provenientes de sustancias orgánicas.

Pero el principal aspecto que está incumpliendo el Estado español es el llamado tratamiento “terciario”, que tiene como fin proteger los medios acuáticos sensibles. En efecto, en su última evaluación técnica, la Comisión constata que todavía existen 133 aglomeraciones urbanas, que superan los 10.000 habitantes, que vierten sus aguas en zonas sensibles, lo que contraviene lo dispuesto en la Directiva.

Si la Comisión decidiera seguir con el procedimiento de infracción por incumplimiento del Derecho comunitario, por no atenerse, el Estado español, a su dictamen, podría recurrir al TJUE. En ese caso, si el TJUE estimase el incumplimiento, el Estado español estaría obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia y, en caso de persistir en el incumplimiento, podría ser sancionado económicamente; como ya sucedió en 2018, cuando el TJUE condenó a España a pagar cerca de 33 millones de euros, por su incumplimiento respecto de la depuración de aguas de núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes.

En definitiva, lo que viene a poner de relieve este dictamen de la Comisión es la importancia que las instituciones comunitarias están dando al Derecho medioambiental y a la protección de los recursos ambientales; todo ello en el marco de la implementación de la nueva agenda de la Presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, quien, con el Pacto Verde Europeo, da máxima prioridad a todas estas cuestiones y nos lleva a no descartar futuros procedimientos por incumplimiento de los estados miembros de la normativa medioambiental.

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