El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de los Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión para remitirlo a las Cortes Generales. La norma tiene como objetivo la modernización de los mercados de valores con el fin de mejorar y potenciar su capacidad de financiación de forma transparente y eficiente, fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión y mantener un elevado nivel de protección de los clientes de servicios financieros y de los ahorradores, especialmente en el ámbito de los criptoactivos.

Este nuevo proyecto constituye una ley marco que pretende sustituir la normativa vigente, la Ley 4/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, fundiendo en un único texto reglamentos y directivas europeas que han venido desarrollando esta materia para proporcionar seguridad jurídica a las empresas e inversores. Mediante esta nueva regulación se pretende adaptar el marco legal financiero a las nuevas realidades económicas y tecnológicas, distinguidas por la digitalización, las directivas comunitarias, los nuevos instrumentos y mercados de financiación de las PYMES o las nuevas formas de salida a cotización.

Medidas que mejoran la capacidad de los mercados de valores

Estas medidas pretenden mejorar la regulación de este tipo de mercados, con el objetivo de mejorar la capacidad de financiación no bancaria de las empresas y aumentar la protección de inversores, permitiéndoles otras vías de financiación.

El Proyecto de Ley busca simplificar algunos procedimientos y eliminar cargas administrativas redundantes para atraer a inversores dentro de los mercados de valores. Por ejemplo, se simplifican los procesos de emisión de valores de renta fija, se reducen las tasas de la CNMV por dichas emisiones o se eliminan determinadas obligaciones de información relativas a procesos de compensación y liquidación de valores, alineando así la regulación nacional con la normativa comunitaria mediante su transposición.

Tal y como hemos mencionado anteriormente, uno de los aspectos que el proyecto pretende adaptar al marco legal nacional es el de los mercados de financiación de las pymes. En esta línea, se establecen mejoras en el mercado BME Growth, un mercado de valores español orientado a pymes en expansión, gestionado por las Bolsas y Mercados Españoles y supervisado por la CNMV. A tal efecto, se aplica a este segmento empresarial un régimen de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS), permitiendo a los accionistas recibir proporcionalmente una prima de control en caso de oferta de adquisición de la pyme cotizada, lo que mejorará la financiación de estas empresas.

Asimismo, quedan incluidas en la definición de pymes aquellas empresas con una emisión de deuda de un ejercicio inferior a 50 millones de euros, aumentando las posibilidades de cotizar en ese mercado y por lo tanto de mejorar la financiación de las empresas.

Medidas que mejoran la protección de los inversores

Teniendo en cuenta que la reforma pretende avanzar en los procesos de digitalización, se establecen las previsiones necesarias para transponer la normativa europea sobre criptoactivos, dotando a la CNMV de las competencias necesarias para garantizar la protección de los inversores así como la estabilidad financiera en este ámbito.

Se incorporan nuevas infracciones y sanciones que permitirán a la CNMV actuar ante los incumplimientos de las obligaciones y requisitos de las monedas virtuales que, aunque no sean instrumentos financieros, se presenten como objeto de inversión. También se implementa en los mercados de valores la utilización de la tecnología blockchain, que permitirá operar con acciones y bonos tokenizados durante cinco años. Asimismo, en esta reforma se incluyen condiciones y obligaciones que deben cumplirse para constituir y registrar criptoactivos sujetos a la normativa del mercado de valores.

Por otro lado, el proyecto de reforma también incorpora una reforma de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC), garantizando las condiciones de reembolso del capital invertido por los accionistas. Así, se logra favorecer la salida en bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, ayudando al crecimiento de empresas en crecimiento y reduciendo su dependencia del crédito bancario.

En cuanto a las empresas de servicios de inversión (ESI), pretende mejorarse su funcionamiento introduciendo obligaciones de solvencia contenidas en la Directiva 2019/2034. Concretamente, se establece un régimen de supervisión adecuado para este tipo de empresas, adaptándolo a las particularidades de sus modelos de negocio.

Finalmente, se otorgan ciertas prerrogativas a la CNMV para que establezca su régimen aplicable de la ESI en función de su naturaleza, tamaño, escala o complejidad de su actividad, estableciendo un régimen más flexible.