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El mercado de la renta fija, renta variable y sus riesgos

Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Comunitario-y-de-la-Unión-Europea

Con los tipos de interés que tiene el mercado actualmente – recordemos que hace ya muchos meses que el Euribor está rozando más que el negativo- es normal que las entidades financieras ofrezcan productos más “ventajosos” para los clientes. Y estos productos suelen llevar la etiqueta de “renta” y el apellido de “variable”. No obstante, ¿qué significa este concepto? ¿estamos seguros de conocemos todo el riesgo que conlleva?

Todos hemos oído hablar de los tipos de renta, y los principales son la renta fija y la renta variable. De estos dos tipos, en el presente artículo vamos a hablar del tipo de renta variable.

Cuando una persona quiera invertir, tiene que estar primeramente informado de los tipos de renta, y seguidamente de tendríamos que saber qué tipo de inversor somos.

La renta variable se trata de un tipo de inversión en la que los beneficios que obtiene la persona que invierte, no son un importe fijo, es decir, que la rentabilidad que se tiene con la inversión no puede garantizarse anticipadamente, siendo que la misma depende de factores externos, que pueden ser desde la situación de los tipos de interés hasta el precio de la materia prima; y puede depender además de una misma economía, o del estado de la economía o divisa de un país o continente distinto.

También, en este tipo de casos, hay que tener en cuenta no sólo la situación económica que pueda devenir en la empresa, sino que la propia sociedad puede decidir reducir su importe o incluso no repartir dividendos.

Por tanto, como podemos ver, el invertir en renta variable puede llevarnos a obtener unos beneficios importantes, o incluso, no sólo no llegar a obtener rentabilidad, sino perder todo el dinero que se ha invertido, y eso va a depender siempre de factores externos que un inversor medio no va a poder prever ni controlar.

Podemos poner, como ejemplo más claro de renta variable las acciones. La persona que compra acciones de una empresa consigue con ello tener derecho en cuanto al cobro de una remuneración, conocida en la jerga bancaria como dividendos, para el caso de que la empresa en la que ha invertido haya obtenido beneficios. Dichas acciones, a veces incluso dan otra serie de derechos al accionista, como puede ser el voto.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos y recientes que tenemos es el caso BANCO POPULAR, entidad que fue comprada por el módico precio de un euro, por B. Santander. Pues bien, nadie en su día se podía imaginar el riesgo de que la entidad desapareciera. Pero existía, y es uno de los riesgos que – aunque poco probable- existe.

Una vez más, en relación al caso Banco Popular, el mismo siempre había sido un banco muy solvente, del que los accionistas obtenían importantes beneficios, ascendiendo el valor de la acción de dicha entidad incluso a 9 euros, siendo que el último día, antes de la venta del mismo, pasó a tener un valor de 0,317 euros.

Como podemos ver, invertir en renta variable es mucho más arriesgado que invertir en productos de renta fija. En la inversión de renta variable no nos vamos a asegurar un pago periódico, cosa que con la renta fija sí que podemos llegar a conseguir.

Es por ello, que, si estamos dentro del rango de un inversor medio, recomendamos no invertir nunca en renta fija, y hacerlo en productos de renta variable, para de esta forma no poder llegar a encontrarnos en la situación de haber perdido todo nuestro dinero. Y en todo caso, desde Navas & Cusí Abogados aconsejamos siempre mejor asesorarse bien antes de suscribir cualquier producto, más si éste promete “grandes beneficios”.

¿Cuándo se puede ejercitar el derecho de retracto?

¿Cuándo-se-puede-ejercitar-el-derecho-de-retracto?-Juan-Ignacio-Navas-abogado-especialista-en-Derecho-Bancario

Cuando hablamos de cesión de crédito, lo primero que nos viene a la cabeza son impagos, deuda y fondo buitre, seguramente, y para nada vamos desencaminados.

Durante la crisis económica que sacudió a España a partir del año 2010, aproximadamente, fueron numerosas las empresas de compra de deuda que se crearon.

Cuando un fondo buitre compra una deuda, porque se la cede, normalmente, una entidad bancaria, lo hace por un precio bastante menor a la deuda realmente existente. Ello es debido a que dichas empresas, o fondos de inversión compran una cantidad de deudas en bloque.

El problema del que queremos hablar en el presente artículo es ¿qué pasa cuando una persona titular de una deuda se entera que la misma ha sido cedida a un tercero?

Cuando un fondo de inversión compra una deuda que le cede una entidad bancaria, el mismo, normalmente, se pone en contacto con cada deudor para informarle que ahora es titular de dicha deuda y que a quien debe pagársela es a él.

En ese caso, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en el derecho de retracto, un derecho tan publicitado últimamente, y que viene regulado en el artículo 1.535 del Código Civil, que el deudor, como titular de la misma, tiene sobre dicha deuda.

¿Qué requisitos han de darse para que pueda ejercerse el derecho de retracto?

Para que pueda llevarse a cabo el mencionado derecho, hay que partir del hecho de que el crédito sea litigioso.  Es decir, que exista previamente una reclamación judicial y que, además, exista oposición a la misma, sobre la deuda.

El segundo requisito que se exige para llevar a cabo el derecho de retracto es que o bien la cesión se haya llevado a cabo de forma individualizada o, que, si se ha llevado a cabo en bloque, la misma pueda ser objeto de individualización y determinar un precio concreto para la deuda de cada persona.

En este segundo requisito, de la individualización, es donde encuentran los deudores el mayor problema, en tanto que la mayoría de las cesiones se hacen en bloque.

A este respecto, además, son numerosas ya las sentencias, tanto de primera instancia como incluso del Tribunal Supremo, que establecen que no está permitido el derecho de retracto cuando la cesión se ha hecho en bloque.

Por ello, es importante contar con un buen asesoramiento legal, que permita analizar en cada caso si pudieran darse las condiciones para poder ejecutar un retracto, o no; con el objetivo de minimizar y evitar costes judiciales incensarios al cliente.

La trayectoria jurídica de la cláusula del vencimiento anticipado

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Comienzos jurisprudenciales y evolución

Si analizamos la cláusula de vencimiento anticipado y su trato tanto a nivel legal como jurisprudencial, hemos de partir de que el Tribunal Supremo había venido manteniendo la validez de dichas cláusulas cuando concurriese justa causa, o lo que es lo mismo, cuando no existan criterios de esencialidad de la obligación incumplida, tales como la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y la duración de contrato de préstamo. Y ello cumpliéndose las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (caso de falta de pago de al menos 3 plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que deudor ha incumplid su obligación por un plazo, al menos, equivalente a 3 meses). Por todas citamos, la STS de 23 de diciembre de 2015.

De esta forma, y tal como estableció en su día la famosa STJUE de 14 de marzo de 2013 (asunto C 415/11, caso Aziz), ante una cláusula de vencimiento anticipado incluida en un contrato celebrado  con un consumidor y cumpliendo los requisitos del referido precepto legal, los Tribunales han de valorar, además, en el caso concreto si el ejercicio de dicha facultad de vencimiento anticipado por el acreedor está justificada en función de la esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.

Pues bien, a partir de dichas premisas, la Sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2019, resolviendo una cuestión prejudicial planteada a instancia de Tribunales españoles, y dentro de un procedimiento de ejecución acuerda la declaración de la nulidad por abusiva de la referida cláusula y el sobreseimiento y archivo definitivo de la ejecución, en un caso en el que se crédito que el incumplimiento por parte del ejecutado había sido mínimo y ello en relación con la duración pactada del préstamo.

La situación actual y las opciones del consumidor

Si nos referimos a la panorámica actual, ello pasa por citar obligatoriamente a la Ley de Crédito inmobiliario 5/2019, en vigor desde el pasado junio de 2019, que traspuso la Directiva 2014/17 emanada de la Unión Europea. No obstante, esta transposición se hizo de forma tardía, lo que significa que todos aquellos afectados o perjudicados por esta tardía transposición (por ejemplo, a todo aquel que hayan instado una ejecución hipotecaria entre marzo de 2016 y junio de 2019) pueden solicitar daños y perjuicios a la Administración, haciendo uso de la llamada doctrina Francovich Bonifaci -emanada del mismísimo Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia que data ya del año 1991- en virtud de la cual se puede instar la llamada responsabilidad patrimonial frente al Estado.

Un paso adelante en el planteamiento de demandas colectivas en Europa

Un-paso-adelante-en-el-planteamiento de-demandas-colectivas-en-Europa.Juan-Ignacio-navas-Abogado-especialista-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

El sistema de demandas colectivas (más conocidas de la terminología inglesa, class action) es un sistema muy conocido en las legislaciones estadounidenses y en general, en los países de habla anglosajona.

En EEUU, este sistema viene configurado desde una Ley Federal que data ya del año 1938. No obstante, tiene unos requisitos bastante más rigurosos que en algunos sistemas legislativo europeos como puede ser España, por ejemplo.

Una demanda colectiva permite a un grupo de personas afectadas con un común denominador, reclamar en un único procedimiento, los posibles daños y perjuicios derivados de una acción u omisión. Un ejemplo claro es una reclamación de afectados por el trágico accidente de una aerolínea.

Hasta ahora, estos modelos colectivos de reclamación no tenían configuración propia en sede de la Unión Europea.

La única referencia que encontrábamos era la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses del consumidor, siendo ésta una norma que tiene como objetivo aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a las acciones de cesación, para el buen funcionamiento del mercado interior.

Luego, sí conocíamos que existían intenciones por parte de los reguladores europeos para crear una norma homogénea en relación a las acciones colectivas. Y ello no es baladí, ya que, si bien es cierto que por ejemplo España cuenta con un sistema muy garantista y desarrollado en cuanto a la estructura de las demandas colectivas, hay otros estados que cuentan con sistemas muy complejos.

Y con esta misma intención se creó la propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del consejo, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.

Nuevo camino hacia la homogeneidad en la regulación de las demandas colectivas

Esta semana hemos conocido que, por fin, los Estados miembros parece que se han puesto de acuerdo y han abierto claro camino para la negociación final para que se llegue a publicar la propuesta anteriormente citada.

La nueva norma, según determina la propuesta, obligaría a contar con estos sistemas en todos los países de la UE y especifica que este tipo de demandas tienen que ser canalizadas a través de entidades cualificadas -por ej: organizaciones de consumidores- para evitar que se disparen los litigios.

Estas entidades podrían actuar o bien a nivel nacional de cada país o también a nivel internacional.

Sin duda, un nuevo método que ayudará, en cuanto a los costes, a muchos consumidores perjudicados que tengan que reclamar sus derechos.

La CNMC investiga un supuesto cártel de agencias inmobiliarias

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Entrevista en Capital Radio donde comentamos la nueva investigación de la CNMC sobre el Cártel inmobiliario, las prácticas del Cártel consistirían en acuerdos para fijar precios y otras condiciones comerciales, así como el intercambio de información comercialmente sensible.

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas entre las agencias inmobiliarias. Esas prácticas consistirían en acuerdos para fijar precios y otras condiciones comerciales, así como el intercambio de información comercialmente sensible.

Los días 18, 19 y 20 de noviembre el organismo realizó inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el mercado inmobiliario. Sin embargo, desde la CNMC no han querido citar nombres concretos para no entorpecer la investigación.

Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí, expertos en derecho de la Unión Europea y cárteles, explica qué puede haber sucedido con estas prácticas inmobiliarias:


En las conductas sospechosas puestas bajo lupa también habrían participado empresas del mercado nacional de software y soluciones informáticas, fundamentalmente el destinado a la intermediación inmobiliaria. En concreto, la CNMC investiga si el diseño de un determinado software inmobiliario y sus algortimos habrían podido fijar ciertas comisiones y condiciones comerciales.

Paso preliminar

Estas inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación para conocer si se han producido o no conductas anticompetitivas. En ningún caso significa que las empresas inspeccionadas sean culpables. Si como resultado de estas inspecciones la CNMC encontrase indicios de prácticas que van en contra de la Ley de Defensa de la Competencia, procedería a abrir un expediente sancionador.

Los acuerdos entre competidores suponen una infracción muy grave de la legislación de competencia. Pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

Popular, otro Bankia: Las acciones no reflejaban la imagen fiel del banco, señalan varias sentencias

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En las últimas semanas nuestro despacho está recibiendo varias sentencias dando la razón a accionistas del Popular y obligando a Santander a asumir la contingencia. El argumento siempre es el mismo: el folleto de ampliación de capital del Popular no reflejaba la imagen fiel de la situación económico-financiera del banco. Por lo tanto, las sentencias estiman que un consumidor medio, “normalmente informado y razonablemente perspicaz” no pudo conocer la verdadera realidad de lo que estaba comprando.

En definitiva: que compró ‘mercancía averiada’ y que, por lo tanto, el responsable de dicho ‘folleto fake’ debe de responder. Como el responsable es el Popular, actualmente propiedad al 100% del Santander, es el Santander quien debe de hacerse cargo de que el Popular engañara al mercado con unas cuentas falseadas.

Varias sentencias responden además a la argumentación del Santander de que el Popular fue intervenido por una crisis de liquidez. Si el problema hubiera sido de liquidez, señalan, no se habría liquidado el banco por un euro. Tampoco se habría reformulado las cuentas pasando de beneficios a abultadas pérdidas. El problema, concluyen, era de fondo: el banco no era solvente en el momento de la emisión del folleto de la ampliación de capital y se falsearon las cuentas para captar financiación en una huida hacia adelante que terminó por arruinar a miles de pequeños ahorradores.

Es muy curioso que en algunos casos se comercializaran estas acciones con el argumento de “no somos Bankia”, cuando en realidad lo que ha pasado es una nueva versión del ‘caso Bankia’, como nuestro despacho defendió desde que estalló la crisis. Los paralelismos son demasiados. El accionista de Bankia acudió a la OPV con la información de un folleto que no representaba la realidad financiero-patrimonial del banco. Por eso muchas sentencias le dan la razón a los accionistas que acudieron engañados a la OPV.

Ahora ocurre exactamente lo mismo: muchos accionistas del Popular acudieron engañados por un folleto que resaltaba la solvencia del banco y que presentaba la ampliación de capital como una estrategia para acelerar el regreso a dividendos y garantizar los requerimientos de capital. Aunque el folleto hablaba del riesgo de devaluación de activos, señalaba que en ningún caso ponía en ‘solfa’ la solvencia del banco.

Los hechos han demostrado que el folleto escondía la realidad de unas ‘subprime autóctonas’ que concluyeron en que el valor del banco pasara a ser un euro. Y como muy bien explican las sentencias aludidas, la crisis de liquidez no explica por si sola la resolución a un euro.

En el caso del Popular hay varias vías de reclamación para los accionistas. Está la vía europea, en la que nosotros también estamos presentes. Está la vía penal que nosotros desaconsejamos porque es más larga y menos interesante si lo que se pretende es recuperar los ahorros. También está la vía administrativa porque el Frob y el Banco de España tienen una responsabilidad en todo lo ocurrido en el ‘caso Popular’.

Pero la vía más segura y rápida para recuperar lo invertido es lo que llamamos la ‘vía española’, es decir, la reclamación civil ordinaria. E igual que ocurrió con el caso Bankia, se puede producir un verdadero ‘tsunami judicial’, ahora que el término paree ser moda… Porque la falsedad del folleto no exige analizar las circunstancias personales ni el grado de conocimiento ni la transparencia del comercial. Es decir, es objetiva y por tanto ajena a circunstancias subjetivas.

El fallo estuvo en el origen, en el mismo ‘folleto fake’ que no reflejó la imagen fiel del banco. Por lo tanto, no hay que demostrar ni alegar nada más. Simple y sencillamente: el folleto fue falso y obviamente nunca tuvieron medios ni capacidad para conocer la verdadera realidad económico-financiera del banco.

Por supuesto que Banco de España y CNMV y hasta la EBA tuvieron responsabilidad. El folleto fue auditado y publicado por CNMV, el Banco de España supervisaba el banco, PWC lo auditaba y la EBA ejercía la supervisión europea. Ninguno dio la voz de alarma y deberán de asumir sus responsabilidades. Pero siendo esto más relevante desde el punto de vista institucional, la mejor vía para que el pequeño inversor recupere sus ahorros es la vía civil: reclamar al heredero del Popular, el Banco Santander, su responsabilidad por un folleto que falseaba las cuentas y que nos hizo comprar una realidad que no existía. Las actuales resoluciones apuntan en este sentido y estoy seguro que en las próximas semanas se irán conociendo más sentencias en la misma dirección, facilitando de esta manera la recuperación de los ahorros de miles de accionistas.

El plagio: ¿Qué puedo reclamar?

El plagio: ¿Qué puedo reclamar?-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-Especialista-en-Propiedad-Intelectual

El plagio es un termino que suele ser muy usado en nuestra vida cuotidiana. No obstante, ¿sabemos realmente qué es y, sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener?

Si le preguntamos a cualquier ciudadano o conocido, nos definirá el plagio como el hecho de copiar una obra realizada por otra persona (o tercero). Y su definición técnica tiene precisamente este espíritu, aunque como todo en la ley, hay que matizar y ver qué es lo que engloba

Para empezar, para poder referirnos a plagio, debemos previamente hacer referencia obligada al concepto de AUTOR y de OBRA, dos conceptos que van muy unidos, ya que el autor, valga la redundancia, es el que realiza una obra. Y esta obra es la que puede ser objeto luego de plagio por un tercero que intente atribuirse esta obra.

El plagio como derecho de propiedad intelectual

El plagio como hecho ilícito se configura dentro de lo que se denomina derecho de propiedad intelectual, que es aquella rama del derecho que engloba los derechos que tienen los autores de obras artísticas.

Según el artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.

Diferentes formas de plagio

Existen distintas formas de plagio que pueden dar lugar a responsabilidad civil. Entre ellas y, en primer lugar, encontramos el plagio puro, que no deja de ser el más conocido, y es el “copy paste integro. Es decir, coger una obra, realizar un copiar de toda esta obra, y atribuirse su autoría.

Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otras formas de plagio, tales como son, centrándonos en las obras literarias y/o académicas, el maquillaje de párrafos o el uso abusivo del derecho de citas.

En el caso del maquillaje de párrafos, lo que se intenta es “disimular” este plagio mediante la recolocación de párrafos y sustitución de palabras por sinónimos. Se trata entonces aquí, de ir revisando “página a página” para ver si la forma de expresión y literalidad de párrafos ha sido cambiada con esta intención.

Y, en segundo lugar, el uso abusivo de la cita viene recogido en el art. 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. De hecho, se añade de una forma positiva, cuando el precepto se refiere en primer lugar a que las citas son lícitas; pero luego lo limita cuando establece que son licitas siempre y cuando busquen fines docentes o de investigación, y siempre indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Infracción del derecho de autor por plagio: indemnización por daños y perjuicios

La consecuencia directa que tiene un reconocimiento judicial de infracción del derecho de propiedad intelectual es que el autor original tiene derecho a una indemnización de daños y perjuicios. Esta indemnización tiene dos dimensiones: una dimensión patrimonial y una dimensión moral.

Dependerá, en cada caso, cual será el importe que se puede solicitar por el impacto e infracción de los derechos de autor por sufrir plagio en una obra.

«No solo por la ampliación, más accionistas del Popular pueden reclamar»

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Entrevista en Capital Radio por la sentencia sobre el Popular lograda por Navas & Cusí

Hablamos con Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, sobre la sentencia que obliga al Santander a indemnizar a un accionista que invirtió en el Popular antes de 2016

Un juzgado de Madrid ha sentenciado que la información del folleto de la ampliación de capital del Banco Popular reflejaba una imagen no veraz de la situación financiera de la entidad. La sentencia determina además que el Banco Santander tiene devolver 176.000 euros a un particular.

Es un caso que está llevando el despacho Navas & Cusí. Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, ha señalado en Mercado Abierto, el programa que dirige Laura Blanco, que “nosotros sostenemos que no solo la ampliación de capital debe verse afectada, sino que puede extenderse a otros accionistas, porque tenían ahí su dinero en base a una información que no era correcta”.

En todo caso, Navas señala también que el Banco Santander puede recurrir la sentencia, que no es la primera que recibe en su contra, por esas reclamaciones que están planteando miles de particulares por el proceso de ampliación del Banco Popular, que luego se vendió al Banco Santander por 1 euro.

Los juzgados condenan a Banco Santander por la compra de acciones de Popular en la ampliación de 2016

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Son ya varios los juzgados que han condenado a la entidad Banco Santander al abono del importe e inversión en la compra de acciones de la ya extinguida Banco Popular, por ser la entidad sucesora y quedarse a B. Popular por el precio de 1 euro.

Obtención de la Sentencia por acciones de Banco Popular

Una de las más recientes sentencias es la que nuestro despacho ha conseguido, y que ha sido emitida por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Majadahonda, en el que el Juzgador condena a Santander a abonar al cliente inversor la cantidad de más de 170.000 euros en acciones de B. Popular.

Nuestros tribunales parecen tener clara cual es la situación de todos estos inversores que, llegado el 7 de junio del pasado 2017, vieron como sus ahorros invertidos en una de las entidades más solventes y tradicionales española – Banco Popular Español- se desvanecían de la noche a la mañana.

Parece claro que a la hora de tomar la decisión de comprar acciones de una entidad como es Popular, la comunicación pública de beneficios resulta determinante en la captación y prestación del consentimiento, hasta el punto de que, sin esa imagen pública de solvencia, el negocio no se hubiera realizado. Por ello, es evidente, como así determina la Sentencia de Majadahonda del pasado 23 de octubre, que si a un ciudadano medio se le indica que la entidad que oferta las acciones es solvente (como así se cansaron de indicar incluso en los medios públicos por parte del Consejo de Administración de Banco Popular),, se encuentra dentro de las principales entidades financieras del país, trasladándole información contable de solvencia, se está afectando a la esencia misma de la causa por la que se adquiere el producto, en este caso, la solvencia de la entidad en la que se confía, toda vez que una acción es una parte alícuota de la sociedad, y como tal, a mayor solvencia de la misma, mayor capacidad de influir en la voluntad de los suscriptores para su adquisición en tanto mayores dividendos (beneficios) se espera de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, el juzgador entiende procedente estimar la acción de nulidad basada en el error vicio del consentimiento del inversor – a su vez consumidor-, condenado así a la entidad Santander no solo al pago de la cantidad invertida, sino también al pago de las costas y los intereses legales correspondientes.

El caso Banco Espirito Santo y Novo Banco, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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El pasado 10 de octubre de 2019, el portal oficial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública la petición de solicitud de cuestión prejudicial que ha efectuado el Tribunal Supremo español, en relación a la controvertida que afecta a Banco Espirito Santo y la entidad de nueva creación, Novo Banco S.A.

¿Qué ocurrió con el Banco Espirito Santo?

Para hacer un breve recordatorio, Banco Espirito Santo – banco portugués- entró en bancarrota de la noche a la mañana, y la mejor decisión que pudo encontrar el Banco de Portugal fue la creación de una decisión administrativa en virtud de la cual transmitía los activos “buenos” a un nuevo banco de nueva creación (conocido como “banco bueno”, Novo Banco S.A.), y dejaba la mayor parte de los pasivos en Banco Espirito Santo, quien todavía continuaría en “actividad”.

En la práctica, esta decisión, a pesar de que fuera emitida por un organismo competente como es el Banco de Portugal, significa que todas las deudas y pasivos se queda en el banco que es insolvente; y por arte de magia y con la ley en la mano, se crea una nueva entidad, que solamente tendrá los activos.

El problema de aquí reside en que se incluye dentro del concepto de pasivo las posibles reclamaciones y posibles responsabilidades que hubiera tenido Banco Espirito Santo en la comercialización de productos como por ejemplo los famosos “Bonos BES”. Lo que a su vez excluye, desde un punto de vista legal, que el legitimado o perjudicado pueda reclamar a Novo Banco (según la actual jurisprudencia española) ya que, al ser un banco de nueva creación, se le atribuye una falta de legitimación que, desde el punto de vista legal, resulta confusa (sin dejar de lado que todos los clientes que eran de Banco Espirito Santo pasaron a ser clientes automáticos de las nuevas sucursales que ahora ocupaban el nombre de Novo Banco en España).

Por otro lado, el perjudicado siempre podrá reclamar al titular original, Banco Espirito Santo. No obstante, recordemos que es un banco que solamente tiene pasivos, por lo que una estimación de demanda jamás podría ser ejecutada por falta de liquidez.

Y por su hubiera alguna duda, el Banco de Portugal también se encargó de dejar constancia, mediante una resolución administrativa, de la exclusión expresa de cualquier responsabilidad derivada de conflictos litigiosos en este sentido. Algo que ahora el Tribunal Supremo pone en duda en su petición ante el TJUE.

Así las cosas, el Tribunal Supremo decidió, mediante auto de fecha 2 de julio de 2019, elevar ante el Tribunal de Luxemburgo una cuestión prejudicial encaminada a determinar la compatibilidad del art. 3.2 de la Directiva 2001/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito, con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva configurada y reconocida tanto en nuestra Constitución española como en el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea así como con el principio general de seguridad jurídica.

En concreto, la única cuestión elevada dice así:

¿Es compatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el principio del Estado de derecho del art. 2 del Tratado de la Unión Europea y el principio general de seguridad jurídica, una interpretación del art. 3.2 de la Directiva 2001/24/CE que suponga el reconocimiento de efectos, en los procesos judiciales en curso en otros Estados miembros, sin otras formalidades, de una Decisión de la autoridad administrativa competente del Estado de origen que pretende modificar con efectos retroactivos el marco jurídico existente cuando se inició el litigio y que implique privar de eficacia a las sentencias judiciales que no se ajusten a lo previsto en dicha nueva Decisión?

Se vuelve a poner encima de la mesa una de las cuestiones que a día de hoy estaba pendiente en nuestros tribunales. Veremos ahora qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que puede suponer la reapertura o revisiones de sentencias en España, o bien la reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración española.

Se vuelve a poner encima de la mesa una de las cuestiones que a día de hoy estaba pendiente en nuestros tribunales. Veremos ahora qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que puede suponer la reapertura o revisiones de sentencias en España, o bien la reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración española.

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