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El TJUE estima que la vulneración del Derecho de defensa está en relación con la posibilidad de un resultado distinto

El TJUE estima que la vulneración del Derecho de defensa está en relación con la posibilidad de un resultado distinto Juan Ignacio Navas abogado especialista en Derecho de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia dictada el día 4 de junio de 2020, ha declarado que el Principio General de la Unión Europea del respeto al Derecho de defensa debe interpretarse en el sentido que cuando un sujeto pasivo no ha podido acceder a la información que figura en su expediente administrativo en relación a un proceso de inspección, debe anularse esa resolución si el acceso a tal documentación hubiese podido dar un resultado distinto.

La cuestión se encuadra dentro de un litigio entre una empresa rumana, que tiene como objeto la explotación de recursos forestales, a la cual, se le realiza una inspección fiscal, con el objetivo de determinar si se le deben imponer obligaciones fiscales adicionales en base a los resultados de esa inspección. Posteriormente a esta, el representante legal de la misma fue a retirar una copia de tal acta de inspección, la cual le fue denegada sin motivo de interés alguno.

El Tribunal de Justicia de la Unión resuelve recordando que el Derecho Europeo, no regula las condiciones en que debe hacerse efectivo ese respeto al Derecho de defensa ni las consecuencias de la vulneración del mismo, siendo de ámbito nacional su regulación, y considera, que “la vulneración de ese derecho solo da lugar a la anulación de esos actos administrativos encuadrados en un proceso de inspección, si el acceso a tales documentos, hubiese podido llevar a un resultado diferente de no concurrir tal irregularidad, tal y como expone en la Sentencia Kamino International y Datema Hellmann, en los asuntos acumulados C 129 y 130/ 13.

Asimismo, defiende que debe ser el órgano jurisdiccional que conoce de ese procedimiento de inspección, el cual debe apreciar en qué medida, podía haber cambiado el resultado de ese procedimiento administrativo si el particular hubiera tenido acceso al expediente.

En base a todo lo anterior, el TJUE estima que en efecto, se debería anular el acta o resolución administrativa de ese procedimiento de inspección por el que se imponen obligaciones fiscales adicionales, si el acceso a la información por parte del particular hubiese conducido a un resultado diferente, siendo en todo caso el órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto quien debe apreciarlo.

El TJUE anula la decisión de la comisión europea de bloquear una concentración de empresas telefónicas

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El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado, finalmente, la Decisión de la Comisión Europea que impidió el proyecto de adquisición de Telefónica UK (O2) por parte Hutchison 3G UK (Three). La Comisión Europea había considerado que la adquisición habría eliminado la competencia entre los principales actores del mercado, pues pasar de cuatro a tres competidores habría comportado un incremento de los precios de los servicios telefonía móvil, repercutiendo de forma negativa en los consumidores.

La anulación de esta Decisión (frente a lo que todavía cabe que aún está recurso de casación) se basa en la aplicación del Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (Reglamento comunitario de concentraciones).

El Tribunal General considera que los criterios aplicados por la Comisión Europea para impedir la concentración adolecen de errores de Derecho. Así, entiende que el concepto de “fuerza competitiva importante” que alega la Comisión es erróneo, pues el Tribunal estima que la proximidad entre dos competidores concretos no basta para demostrar que su concentración comportará la desaparición de las presiones competitivas en su sector, en este caso, en el de las telecomunicaciones en Reino Unido.

El Tribunal refuerza su postura de anular la Decisión y, por tanto, permitir la concentración de las dos empresas telefónicas sobre la base de que el análisis cuantitativo de los efectos de dicha concentración sobre los precios, y, por tanto, su incremento, no es concluyente ni la Comisión ha demostrado, efectivamente y de forma fiable, que pudiese darse ese aumento de los mismos. Asimismo, también dispone que no se ha demostrado que la operación de concentración pudiese causar serios efectos sobre el uso compartido de redes e infraestructura en el Reino Unido, de forma que la misma hubiese sido constitutiva de un obstáculo significativo para la competencia, dentro del mercado.

Concluye el Tribunal General que la calificación de la compañía Three como “fuerza competitiva importante” no ha dejado al resto de los operadores virtuales existentes sin el uso de las infraestructuras, pes dicha compañía no puede ser considerada como relevante, ya que, aunque en el mercado desempeñe un papel competente más importante de lo esperado, su cuota de mercado no lo es tanto, con lo que, no existe el suficiente obstáculo significativo que deje al resto de operadores en una posición negociadora más débil respecto del nivel mayorista.

Lo único que queda por ver es si, en la práctica, esta resolución del Tribunal General de la Unión Europea tiene efectos sobre los consumidores finales y, por tanto, si su decisión de anular el bloqueo de la concentración de estas empresas telefónicas acaba suponiéndoles un mayor coste o un peor servicio.

Los Estados miembros deben garantizar la seguridad del suministro de gas

Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Comunitario-y-de-la-Unión-Europea

Recientemente, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra, prácticamente, todos los Estados miembros, incluido el Reino de España, (a excepción de Reino Unido y Chipre), en que advierte de la falta de implementación del Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas.

Es fundamental tener presente la importancia del cumplimiento de las obligaciones impuestas en este Reglamento, pues la Unión Europea se encuentra inmersa en la llamada “dependencia energética”, lo que significa que la mayoría de los combustibles utilizados en el territorio europeo se importan de terceros Estados. Esto provoca que todo lo relacionado con los suministros energéticos y el cumplimiento de su normativa sea una de las principales preocupaciones políticas de las instituciones comunitarias.

Del referido Reglamento destaca el llamado “mecanismo de solidaridad”, que permite que un Estado Miembro -previa declaración de una situación de emergencia- pueda solicitar asistencia a los Estados Miembros vecinos para asegurar el suministro a sus “clientes protegidos”, como son los hogares u servicios sociales esenciales. Este mecanismo es un mecanismo que debe ser de último recurso, pero los Estados Miembros requeridos están obligados a prestar esa asistencia si les fuese solicitada.

Quiero recordar que los procedimientos de infracción se encuentran regulados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que son iniciados por la Comisión Europa, si detecta posibles infracciones de la normativa, bien a través de sus propias investigaciones, bien a partir de denuncias de ciudadanos, personas jurídicas u otras partes interesadas; todo ello, en virtud de la competencia de la Comisión de supervisar el cumplimiento del Derecho de la Unión.

Estos procedimientos de infracción constan de varias fases y, en el caso del seguido sobre el suministro de gas, en concreto, respecto a España, se encuentra en la primera fase. Así, la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno explicaciones e informaciones sobre el presunto incumplimiento del referido Reglamento sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas.

Ahora el Gobierno español tiene dos meses para dar a la Comisión una respuesta detallada que convenza al órgano europeo de que está cumpliendo –y qué medidas ha adoptado para ello- con las obligaciones que le impone este Reglamento, si no quiere que la Comisión remita al asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pudiendo, si ese presunto incumplimiento fuere reiterado, llegar a proponer a dicho Tribunal la imposición de sanciones económicas.

El TJUE establece que desistir de un contrato de crédito a distancia da derecho a reembolso, pero no a compensación

El-TJUE-establece-que-desistir-de-un-contrato-de-crédito-a-distancia-da-derecho-a-reembolso-pero-no-a-compensación-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Sentencia de 4 de junio de 2020, ha declarado que cuando un consumidor ejerce su derecho de desistimiento respecto de un contrato de crédito celebrado a distancia, tiene derecho a obtener del proveedor el reembolso del principal y de los intereses pagados, pero no a una compensación por ese disfrute de esas cantidades.

El litigio sobre el que versa la cuestión planteada al TJUE trata el caso de un consumidor persona física que, en el año 2005, había celebrado dos contratos de préstamo con DSL-Bank (para financiar la adquisición de dos apartamentos), que si bien contenían información sobre el derecho de desistimiento, no se correspondía con lo dispuesto en la normativa nacional en vigor.

Diez año después, tras haber estado pagando los intereses, el consumidor, comunicó a la entidad prestamista su voluntad de desistir del contrato alegando, precisamente, que la información relativa a ese desistimiento, que se le había proporcionado diez años antes, no era conforme a la normativa alemana, y solicitando la devolución del reembolso de los pagos de intereses hechos, así como una compensación por los intereses ya pagados.

El órgano jurisdiccional alemán, en base a lo dispuesto en la legislación nacional, consideró que el prestatario tenía derecho, no sólo a la devolución del capital reembolsado, sino también a una compensación por el disfrute. Sin embargo, este tribunal se cuestiona si esta posibilidad que da el derecho nacional, es conforme con el artículo 7.4 de la Directiva 2002/65, de 23 de septiembre de 2002,relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, que únicamente se refiere a que el proveedor reembolsará al consumidor “todas las cantidades que haya percibido de éste con arreglo a lo establecido en el contrato a distancia”.

El TJUE se basa, precisamente, en ese todas las cantidades que haya percibido” para sostener que en los casos de desistimiento por parte del consumidor, el proveedor deberá devolverle el capital y los intereses que aquél haya pagado, pero no una compensación. Por último, cabe destacar que el recordatorio que hace el alto Tribunal europeo al insistir que, salvo que se índice expresamente, los Estamos miembros no deben poder adoptar, en su legislación nacional, más disposiciones que las establecidas en las Directivas.

La declaración de nulidad del IRPH Cajas, pero la aplicación del IRPH Entidades

Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Comunitario-y-de-la-Unión-Europea

En primera instancia se habían declarado válido el IRPH cajas y el CECA, pero nulo ese tipo “fijo”.

La Audiencia provincial de Tarragona, por su parte, declaró la abusividad tanto del IRPH Cajas, como del CECA, alegando que, en sintonía con lo dispuesto por el TJUE, esos índices deben reputarse como nulos por no superar los criterios de transparencia extensiva marcados por el alto tribunal europeo.

Entiende la Audiencia que si la entidad prestamista hubiera informado a los consumidores de la evolución de esos dos índices y éstos hubieran podido comprender el funcionamiento concreto del modo en que se calculan dichos tipos, no hubieran suscrito el contrato. En relación al índice sustitutivo del IRPH, es decir, a ese tipo “fijo” que, en la práctica, lo que supone es la conversión de un préstamo hipotecario inicialmente a interés variable en uno a interés fijo, también declara su nulidad.

Lo que es relevante de esta sentencia es cómo interpreta la Sentencia del TJUE.

En efecto, y aunque es cierto que esa Sentencia no establece qué índice tendrán que aplicar los tribunales nacionales si considerasen que, en un caso concreto, la inclusión de esa cláusula no hubiera sido transparente, la práctica habitual de nuestros juzgados y audiencias provinciales ha sido la de dejar referenciado el préstamo a EURIBOR.

Sin embargo, la Audiencia provincial de Tarragona, en su sentencia, se decanta por no aplicar el EURIBOR, sino el IRPH Entidades, por entender que, si no se ha pactado como supletorio el Euribor, lo que corresponde es la aplicación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que en su Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 3, que, precisamente, impone el IRPH Entidades más un diferencial.

Dicho todo esto, no quiero concluir sin lanzar una pregunta abierta sobre si, desde un punto de vista de seguridad jurídica y cumplimiento de la normativa y jurisprudencia europea tiene sentido que nuestros tribunales declaren la nulidad de una modalidad de IPRH (Cajas), pero impongan –a sabiendas de que así lo permite la Ley- la aplicación de otra (Entidades).

El Tribunal Supremo alemán condena a Volkswagen por el “dieselgate”

El-Tribunal-Supremo-alemán-condena-a-Volkswagen-por-el-“dieselgate”-Navas-&-Cusí-Abogados-especialistas-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

La Sentencia del Tribunal Supremo alemán, de 25 de mayo de 2020, condena a Volkswagen a indemnizar a un comprador afectado por el “dieselgate”, sentando un precedente que podría causar efecto rebote en el resto de tribunales nacionales europeos.

Esta sentencia trae causa de la noticia que se hizo pública hace una años al conocerse que la multinacional alemana había estado manipulando un software que alteraba los resultados de las pruebas del nivel de emisiones contaminantes que emitían determinados vehículos de su compañía.

Ahora, el Tribunal Supremo alemán determina el comportamiento fraudulento de todo el Grupo automovilístico por considerar que no sólo un sector de ese grupo conocía del engaño.

Además, defiende que el comprador está legitimado para ejercitar la acción de indemnización de daños y perjuicios y es merecedor de ella con independencia de que hubiese actualizado dicho software de manera gratuita; lo que cabe recordar que ha sucedido en el caso de consumidores españoles.

En efecto, el alto tribunal germano reconoce al demandante el reembolso o devolución del precio de compra pagado por el vehículo, si bien teniendo en cuenta ciertos factores, por ejemplo, el uso dado al vehículo (en base a su kilometraje).

Es importante destacar que, en España, igual que en otros Estados miembros, el grupo automovilístico, está intentado llegar a acuerdos extrajudiciales con los compradores afectados; y que, no obstante, los procedimientos judiciales que se han instado por demandantes particulares frente a la empresa alemana, han sido resueltos con sentencias estimatorias.

A nivel de la legislación española, cabe señalar que nos encontramos en un supuesto de incumplimiento contractual de los regulados en los artículos 1.124, 1.101 y concordantes del Código civil estatal, los cuales fijan las consecuencias en los casos de incumplimiento de obligaciones bilaterales, y el derecho a exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos en el sí de una relación contractual, como la que existía entre el comprador del vehículos y la empresa ahora condenada. A todo ello, debe añadirse la protección que ofrece la normativa en materia de consumidores y usuarios y su importancia a nivel comunitario, pues la Unión Europea ha venido poniendo especial énfasis en la defensa de este colectivo, casi siempre en situación de inferioridad frente a las grandes corporaciones.

En definitiva, esta Sentencia del Tribunal Supremo Alemán es una muestra más de la preminencia de la defensa de los intereses de los consumidores y del calado de la ya comentada normativa europea en defensa de los mismos, y podría hacer que los consumidores españoles y de otros Estados miembros reconsiderasen sus estratégicas, y se plantearán no sólo intentar solventar su situación intentado un acuerdo extrajudicial con la automovilística alemana, sino acudir a los tribunales.

La transposición de la “Directiva DAC 6”

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Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley, por la que se modificará la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para transponer la Directiva (UE) 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación e información, también conocida como “Directiva DAC 6”.

Esta Directiva fijaba como fecha límite para su transposición el día 31 diciembre de 2019 y la norma de trasposición entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2020.

El objetivo de la Directiva DAC 6 es el de aumentar la transparencia en la comunicación de las operaciones, negocios, acuerdos fiscales y otros mecanismos que se realicen entres dos estados miembros o entre un estado miembro y un tercer estado, para evitar que las mismas puedan dar lugar a hechos susceptibles de ser constitutivos de delito fiscal.

Una de las principales medidas que prevé esta norma europea es la obligación de los llamados “intermediarios fiscales” –sean asesores, abogados, gestores administrativos u instituciones financieras- de revelar las operaciones fiscales de sus clientes, lo que, en el caso de los abogados, tendrá especial complejidad, pues puede suponer una vulneración del secreto profesional que debe presidir en las todas las relaciones profesionales entre el letrado y su cliente y que, recordemos, está expresamente reconocido en los artículos 43.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 32 del Estatuto General de la Abogacía Española.

Ahora bien, no todas las operaciones transfronterizas se encuentran afectadas por estas medidas, sino que únicamente afectarán a aquéllas que, por su propia naturaleza y carácter, posean indicios de lo que la Directiva DAC 6 denomina “planificación fiscal agresiva”, es decir, conductas que podrían ser constitutivas de delito (lo cual no implica que lo sean). Así, estas conductas que puedan ser defraudadoras o elusivas deberán ser informadas –mediante la declaración que reglamentariamente se determinará- a la Agencia Estatal de Administración Tributaria española, quien la remitirá a la Comisión Europea.

A modo de ejemplo, entre alguna de estas operaciones fiscales que podemos encontramos, por ejemplo, la remuneración del intermediario fiscal que puede variar según el ahorro fiscal que haya obtenido para su cliente o la adquisición de empresas en pérdidas para obtener beneficios fiscales, siempre que se trate de operaciones que afecten a uno o más Estados miembros.

Por último, cabe destacar que esta nueva modificación legislativa, introduce un nuevo régimen sancionador que implica multas pecuniarias por la no presentación o presentación defectuosa o incompleta de esas operaciones, las cuales serán de un valor mínimo de 4.000€.

En definitiva, una mes más, vemos como el Derecho de la Unión Europea delimita el marco en el que deben producirse las actuaciones de los Estados miembros, para evitar la vulneración e infracción de sus principios rectores, y, en este caso concreto, con el objetivo de prevenir y combatir las estructuras de planificación fiscal agresiva; y sólo nos queda esperar para saber en qué se traduce la Directiva DAC 6 en la normativa tributaria española.

La obligación de elegir plazas MIR de forma telemática

La-obligación-de-elegir-plazas-MIR-de-forma-telemática-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-de-la-Unión-Europea

La declaración del estado de alarma y la situación que en que podamos encontrarnos una vez superado el mismo han provocado que muchos procesos y relaciones con las administraciones se hayan visto afectadas, tendiendo, hacia una mayor informatización de los trámites.

En este sentido, hace unos días conocimos una nueva Orden del Ministerio de Sanidad (Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto) que obliga a los aspirantes a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, a comparecer, por medios electrónicos para la adjudicación de plaza.

Esta nueva Orden ha causado malestar, en particular, entre los aspirantes de estos colectivos, en particular, entre los futuros MIR, (médicos interno residentes), que temen que este nuevo sistema de elección de plaza impida una asignación justa. Hemos de recordar que la anterior Orden SCB 925/2019 permitía daba dos posibilidades de elección: por comparecencia de la persona solicitante o de su representante legal, o bien, por vía electrónica.

Desde un punto de vista jurídico, esta Orden SND/411/2020, es una disposición general que pone fin a la vía administrativa, y, por tanto, contra ella puede plantearse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La Ley de la jurisdicción contencioso administrativa impone que este recurso debe interponerse en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, es decir, que habría plazo para interponerlo hasta el 15 de julio de 2020. Ahora bien, lo más probable es que, aunque se interpusiera este recurso, el Tribunal Supremo lo resolviera una vez transcurrida la fecha para la elección de plazas y, por tanto, no habría servido de nada, pues la Sentencia sobre esa Orden llegaría tarde.

Para casos como estos, la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa prevé la solicitud de medidas cautelares. Se trataría de pedir al Tribunal –en el mismo escrito de interposición del recurso o de demanda-, la suspensión cautelar de la referida Orden del Ministerio de Sanidad, para que se asegure la efectividad de la sentencia, pudiéndose alegar, incluso, “la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso”.

Por último, quiero destacar que es importante tener en cuenta que el Tribunal Supremo no está obligado a acordar estas medidas, por lo que deberá probarse su necesidad, acreditando que, de aplicarse la Orden, el recurso contencioso perderá su finalidad. Así, la jurisprudencia exige la existencia de «periculum in mora» -es decir, la prueba de que si no se suspende la Orden existe un riesgo de que la situación fáctica va a devenir de tal forma que la sentencia que se adoptare sería inejecutable-; la “apariencia de buen derecho” –es decir, que concurren indicios favorables a los fundamentos alegados; y, por último, que la adopción de la medida cautelar no va a causar una grave perturbación en los intereses generales o de terceros.

¿A qué tiene derecho un autorizado en una cartilla bancaria?

¿A-qué-tiene-derecho-un-autorizado-en-una-cartilla-bancaria?-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Bancario

Muchos nos habéis preguntado qué derechos tiene un autorizado en una cartilla bancaria.

Os respondo explicando la diferencia entre ser titular y autorizado. Es una diferencia de naturaleza. El titular es propietario. El autorizado tiene derecho de uso con los límites establecidos por el titular.

Diferencias

Si bien es cierto que en la práctica habitual no hay diferencia, sí que hay tres circunstancias en las que las diferencias son sustanciales:

  • Fiscalmente. El autorizado no tiene por qué comunicar ese dinero ni sus rendimientos, porque no es suyo.
  • Deudas. El autorizado no responde de las deudas de la cuenta, una vez más, porque no es suya.
  • Fallecimiento. Al fallecimiento del titular, el autorizado no puede disponer del dinero (insisto, porque no es suyo). El banco debe de congelar la cuenta hasta que ese dinero se reparta entre los herederos.

Hay figuras que se parecen a la del “autorizado” desde el punto de vista práctico, pero que son distintas desde el punto de vista de su naturaleza. Son las siguientes:

  • Titularidad indistinta o solidaria. Hay varios titulares de la cuenta y, por tanto, todos son propietarios, y todos o alguno de ellos pueden hacer uso de los fondos, de manera indistinta.
  • Titularidad conjunta o mancomunada. En este caso, también todos son los titulares de la cuenta y, por tanto, propietarios, pero para hacer uso de la cuenta es necesario el consenso de todos. Se puede establecer esta exigencia a partir de determinado límite, para no entorpecer la operativa ordinaria. Esta titularidad conjunta o mancomunada suele ser la fórmula utilizada en un negocio con varios socios.
  • Titularidad subordinada. Todos son titulares de la cuenta, pero “unos son más titulares que otros”, es decir, unos tienen más derechos que otros. Por ejemplo, unos titulares tienen plenos derechos y otros sólo tienen derecho a operar en cantidades pequeñas. Suele ser la fórmula empleada en familias, donde los hijos tienen limitada la operativa de la cuenta.

En definitiva, el autorizado de una cartilla bancaria:

  • Puede disponer de los fondos en los límites marcados por el titular o titulares.
  • No puede disponer de los fondos en caso de fallecimiento del titular (porque corresponden a los herederos)
  • No tiene que declarar a Hacienda nada en relación a esa cuenta, porque aunque opere con ella no es suya
  • No responde de las deudas de la cuenta porque no es el titular, y, por ende, no es suya.

Puede disponer de los fondos con los límites marcados por el titular, salvo en caso de fallecimiento del titular. No tiene que declarar esos fondos -ni sus rendimientos- a Hacienda.

El proyecto de Ley de cambio climático y transición energética

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El Consejo de Ministros ha remitido, finalmente, el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La ley de cambio climático y transición energética en España

Los principales objetivos de esta nueva Ley son los de establecer la descarbonización de la economía española, antes del año 2050, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, así como la implantación de un sistema eléctrico basado en energías renovables. Todo ello, para dar cumplimiento a los objetivos marcados por la Comisión Europea y a las políticas acordadas en Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015.

Entre sus previsiones, esta Ley pretende que el Estado proceda a deshacerse de todas aquellas inversiones y activos que tenga en empresas o entidades cuyas actividades se encuentren relacionadas con los productos energéticos de origen fósil; recordando la importancia de la rehabilitación energética de los edificios, estando ello relacionado con la pobreza energética.

Desde el punto de vista de la actuación de los organismos públicos, esta Ley ambiciona que el conjunto de las administraciones Públicas pongan en marcha medidas que posibiliten y faciliten que, en 2050, sus respectivos parques de turismos y vehículos comerciales ligeros no emitan, directamente, dióxido de carbono.

Pero, sin duda, uno de los temas más controvertidos de este proyecto de Ley es la subasta del derecho de emisión de gases efecto invernadero.

Actualmente, el mercado de emisiones se encuentra regulado en la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas; esta Directiva permite a las empresas recibir o comprar derechos de emisión con los que pueden comerciar entre sí, y, actualmente, este régimen de comercio opera en 31 Estados del territorio europeo, cubriendo alrededor del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea.

Pues bien, si las Cortes Generales españolas aprueban este proyecto de Ley, en España, esos ingresos que puedan obtenerse serán empleados para dar cumplimiento a los objetivos de esta nueva Ley climática. Sin duda, esta nueva Ley fija metas a largo plazo, con el fin de, verdaderamente, adaptar la política medioambiental española a la política de sostenibilidad, reducción de emisiones y economía circular que, desde hace años está siendo abanderada por la Comisión Europea, todo ello, en el marco de la dependencia energética europea y de la vulnerabilidad al cambio climático al que se está expuesto a nivel global.

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