Categoría: Derecho Bancario Página 1 de 13

“Navas & Cusí y Juan Ignacio Navas lideran el ranking de Reputación Digital marcado por la crisis del coronavirus”

Navas Cusi y Juan Ignacio Navas lideran el ranking de Reputacion Digital marcado por la crisis del coronavirus

Con este titular, la prestigiosa revista jurídica digital Law & Trends, sigue reconociendo y premiando mi trabajo y esfuerzo y el de todo el equipo de Navas & Cusí Abogados, pero además, lo hace en un momento especialmente delicado, pues las condiciones y circunstancias que nos ha impuesto el COVID 19 son, innegablemente, extraordinarias e inesperadas.

A lo largo de los años, en Navas & Cusí Abogados hemos logrado combinar los valores de la profesionalidad y la confidencialidad, con los de la vanguardia, la innovación y la formación constante en novedades legales, doctrinales y jurisprudenciales, tanto nacionales como europeas, siempre con la intención última de ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento completo y multidisciplinar.

Son justamente estos principios y nuestra concepción del Derecho, lo que nos exige, en una situación como la actual, estar preparados para brindar soluciones a las familias y empresas que se están viendo golpeadas por el coronavirus soluciones, y ello, sin dejar de lado la dedicación a otras exigencias y problemas menos extraordinarios.

Es precisamente por todo ello, por lo que me llena de satisfacción mantener el liderazgo en reputación digital y el reconocimiento de tan reputada revista jurídica y poder compartirlo con vosotros, pues pone en valor el espíritu y esfuerzo del equipo de Navas & Cusí Abogados, que dirijo desde hace más de 35 años, y nuestra capacidad de especialización y adaptación, en función de las necesidades de nuestros clientes, para ayudarles ante cualquier adversidad.

El inicio del plazo para desistir de un contrato crédito al consumo debe especificarse de forma clara y concisa

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Ayer, día 27 de marzo, conocimos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la forma en que los contratos de crédito al consumo deben referirse al plazo de desistimiento.

La controversia gira entorno a un contrato de crédito, de 100.000 euros, que un consumidor alemán celebró, el año 2012, con la entidad de crédito Kreissparkasse Saarlouis.

Ese contrato establecía que el consumidor tenía un plazo de 14 días para desistir del contrato, y que ese plazo empezaba a computar cuando el consumidor hubiese recibido toda la información contractual obligatoria.

Lo cierto es que el contrato no contenía toda la información obligatoria y el consumidor, en el año 2016, decidió ejercer su derecho de desistimiento. Como era de esperar, la entidad bancaria se opuso alegando que ese derecho ya había expirado por haber transcurrido, sobradamente, esos 14 días.

El asunto llegó hasta el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken, y éste decidió elevar una cuestión prejudicial preguntando al TJUE si el artículo 10.2.p) de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo -que dispone que “El contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, los siguientes datos […] p) la existencia o ausencia de derecho de desistimiento y el plazo y demás condiciones para ejercerlo, incluida la información relativa a la obligación del consumidor de pagar el capital utilizado y los intereses […] y el importe del interés diario”- supone que estos datos sobre el “plazo y demás condiciones para ejercerlo” [el derecho de desistimiento] se incluyen entre las condiciones obligatorias para que comience a correr el plazo de desistimiento.

El Alto tribunal europeo ha resuelto la cuestión basándose en que dicha Directiva 2008/48/CE tiene como finalidad la de garantizar la protección de los consumidores que suscriben créditos al consumo, y que, esa protección se logra, entre otras cosas, obligando a que esos contratos especifiquen, de forma “clara y concisa”, el modo de cómputo del inicio del plazo de desistimiento; sin permitir, por ser contrario al Derecho de la Unión Europea, que el contrato haga referencia a esa información fundamental y obligatoria mediante una remisión a otras disposiciones de Derecho nacional.

En definitiva, esta Sentencia es una muestra más de la relevancia que para las instituciones y la normativa europea tiene la protección de los consumidores y consolida sus derechos de los consumidores frente a las entidades bancarias y de crédito.

Los jueces deberán verificar, de oficio, si en el contrato existen otras cláusulas abusivas vinculadas con el objeto litigioso

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El pasado día 11 de marzo conocimos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la que, resolviendo sobre una cuestión prejudicial derivada de un litigio entre una consumidora húngara y una entidad bancaria, determinó que el juez nacional que conozca de un caso sobre la abusividad de determinadas clausulas contractuales, está obligado a verificar, de oficio, todas aquellas cláusulas abusivas que contenga el contrato si guardan relación con el objeto del mismo.

El caso concreto radicaba sobre un contrato de préstamo hipotecario en divisas (comúnmente conocidos como “hipoteca multidivisa”) que contenía diversas cláusulas por las que la Entidad bancaria podía modificar el contenido de ese contrato de forma unilateral.

La consumidora pidió que, con efectos retroactivos, se le aplicase la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, la cual fue adaptada a la legislación húngara en 2014, y, que, en concreto, declaraba abusivas ese tipo de cláusulas.

El tribunal húngaro que conoció de la demanda (el Tribunal General de la Capital) planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE, preguntando si el Tribunal nacional que conocía del asunto estaba obligado a examinar, de oficio, el carácter abusivo de todas las cláusulas del contrato del préstamo, aun cuando esas cláusulas no hubieran sido cuestionadas por la parte demandante y el examen de las mismas no fuese fundamental para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

El TJUE sentencia que el juez ante el cual se alegan unas determinadas cláusulas abusivas no está obligado a examinar de oficio e individualmente todas las demás cláusulas que puedan considerarse abusivas –pues eso podría exceder los límites del objeto del litigio definido-, pero sí deberá verificar aquellas que estén vinculadas a dicho objeto cuando disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios al efecto, para reconocer tal abusividad.

En definitiva, esta nueva sentencia viene a reforzar la protección que desde el Derecho de la Unión Europea se está brindando a los consumidores y prueba, una vez más, cuál es la línea jurisprudencial que debe seguirse en materia bancaria y financiera, cuando se trata del reconocimiento de los derechos de estos consumidores minoristas y de posibles cláusulas abusivas.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH

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Hoy hemos conocido la esperada Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el tipo medio de los préstamos hipotecarios concedidos por las cajas de ahorro, comúnmente conocido como “IRPH de las cajas de ahorro” o “IRPH cajas”.

Como interpretar la Sentencia del TJUE sobre el IRPH

El TJUE ha resuelto las cuestiones planteadas por el Juzgado de primera instancia nº 38 de Barcelona en el siguiente sentido:

  1. Que la cláusula IRPH cajas sí está comprendida en el ámbito de la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
  2. Que los tribunales nacionales deben examinar el carácter abusivo de la cláusula IRPH cajas, es decir, si, en cada caso concreto, esta cláusula era clara y comprensible, y si el consumidor fue debidamente informado de cómo se calculaba este tipo y de valorar sus consecuencias económicas.
  3. Que si el juez nacional constatara: 1º el carácter abusivo de la cláusula IRPH cajas, 2º que el préstamo hipotecario no pudiera sobrevivir si se eliminara esa cláusula y 3º que la anulación del préstamo sería perjudicial para el consumidor, podría reemplazar la cláusula IPRH cajas por el índice sustitutivo previsto en la Disposición adicional 15ª de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (IRPH de entidades de crédito más un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el IRPH cajas y el IRPH entidades), aunque añade la Sentencia, en defecto de acuerdo entre las partes.
  4. Que los efectos de esta Sentencia no tienen límite temporal.

Pues bien, aunque puede parecer que esta Sentencia no resuelve claramente si los consumidores pueden o no reclamar, hemos de recordar que la función del TJUE no es esa, sino la de determinar cómo debe interpretarse la normativa europea y si un determinado conceptos de derecho nacional -en este caso, la cláusula IRPH cajas-, es conformes a esa normativa; y deberán ser los tribunales nacionales quienes, en aplicación de las directrices dadas por el TJUE, resolviendo las demandas que se vayan planteando, vayan discerniendo el alcance y los efectos prácticos de esta Sentencia.

En definitiva, esta sentencia es un primer paso a favor de los consumidores que tienen un préstamo hipotecario referenciado al IRPH cajas, pues permite que los tribunales nacionales puedan anularla si aprecian falta de transparencia, y habrá que ver cómo va evolucionando la jurisprudencia nacional respecto de este índice y qué efectos concretos se fijan en los casos de anular la cláusula de IRPH cajas, e, incluso, si algún tribunal nacional plantea otra cuestión prejudicial respecto del único tipo de IRPH a día hoy aplicable, el IRPH de entidades de crédito.

Los consumidores españoles están a la espera de las inminentes sentencias sobre IRPH y tarjetas revolving

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En muy poco tiempo se conocerán dos sentencias relativas a dos temas que tienen una gran relevancia en el Derecho bancario y, en concreto, para los consumidores. Me refiero a las sentencias sobre las tarjetas “revolving” y el IRPH.

En relación al IRPH estamos pendientes de la resolución, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de la cuestión que fue formulada por un juzgado de Barcelona a través del mecanismo jurídico llamado “cuestión prejudicial”, a través del cual los tribunales nacionales pueden formular preguntas al TJUE acerca de si una disposición de su derecho nacional es conforme con la normativa comunitaria.

Recordemos que el Alto Tribunal español ya se pronunció, en 2017, sobre el índice IRPH, y ahora será el TJUE quien, el próximo día 3 de marzo, dirima la cuestión, pudiendo decantarse bien por reconocer que las cláusulas relativas al IRPH deben ser sometidas a los controles de transparencia y abusividad, otorgando así a los consumidores el derecho a reclamar frente a las entidades bancarias por esas cláusulas, en el caso de que pueda probarse su abusividad, bien por seguir la formulación del Tribunal Supremo, que no las considera abusivas por tratarse de un índice transparente y fácilmente conocible por los consumidores.

Conoceremos, también, el criterio del Tribunal Supremo español sobre las tarjetas “revolving”, caracterizadas por fijar unos tipos de interés muy superiores a los de los créditos al consumo y sobre cuya nulidad versa la cuestión. Si el Tribunal Supremo fallara en contra de los bancos, abriría un nuevo aluvión de reclamaciones judiciales frente a las entidades de crédito. En definitiva, si ambas resoluciones se descantasen a favor de los derechos de los consumidores, las entidades bancarias se enfrentarían a nuevas reclamaciones, que en España, podrían alcanzar sumas económicas ingentes.

La inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH

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Hace unos días conocíamos la noticia de que la tan esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice IRPH está prevista para el próximo día 3 de marzo de 2020.

Esto significa que, en breve, sabremos si el TJUE se ha decantado por una línea más cercana a las conclusiones del Abogado General de la Unión Europea, Maciej Szpunar, del pasado mes de septiembre de 2019, o bien, si se posiciona de forma similar a como lo hizo el Tribunal Supremo español en su conocida sentencia de diciembre del 2017.

Cabe recordar que las conclusiones –no vinculantes- del Abogado General se decantaban por reconocer el sometimiento de las cláusulas relativas al índice IRPH a los controles de transparencia y abusividad, entendiendo que así debía ser conforme a lo dispuesto en la Directiva 93/13.

En efecto, entendió el Abogado General que, en base a esos controles, los jueces nacionales debían poder declarar la nulidad de las cláusulas de IRPH en aquéllos supuestos en los que las entidades bancarias no hubieran informado al consumidor de forma clara, sencilla y comprensible de la evolución y repercusión de dicho índice.

Por el contrario, el Pleno de la Sala Civil de nuestro Tribunal Supremo se había postulado dos años antes –de forma no pacífica: no podemos olvidar el voto particular de dos de sus Magistrados- a favor de la trasparencia del IRPH, por ser un índice oficial que se publicaba y que, por tanto, no era desconocido para los consumidores. Fue, precisamente, la duda de si esta argumentación era conforme con el Derecho de la Unión Europea la que llevó al Juzgado de primera instancia nº 38, de Barcelona, a plantear la cuestión prejudicial que ahora va a resolverse.

A efectos prácticos es indiscutible el alcance que tendrá la sentencia del TJUE, puesto que si se decanta por la posibilidad de declarar la nulidad de las cláusulas que contuvieran esos índices, los afectados por esa nulidad estarían en su derecho a reclamar frente a las entidades bancarias esos perjuicios -estando, por su puesto, a las condiciones concretas que prevea el TJUE.

En definitiva, el día 3 de marzo de 2020 conoceremos los derechos de aquéllos consumidores que, por ver referenciados sus préstamos hipotecarios al índice IRPH, hayan sufrido perjuicios económicos y, en su caso, en qué se concretan los efectos jurídicos y económicos de esos derechos.

La incertidumbre sobre la reclamación de los gastos de formalización de hipoteca

La-incertidumbre-sobre-la-reclamación-de-los-gastos-de-formalización-de-hipoteca-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Bancario

Desde que empezaron las reclamaciones judiciales en materia de cláusulas abusivas, los criterios jurisprudenciales han ido cambiando, y estos cambios han sido especialmente significativos en relación a la postura de nuestros tribunales respecto de la cláusula de gastos de formalización de hipoteca.

El Tribunal Supremo, ya en 2015, reconoció la nulidad de la cláusula que imponía todos los gastos a la parte prestataria, sin embargo, los efectos que ha venido reconociendo a dicha declaración de nulidad han ido variando. Así, en algunas de sus sentencias atribuye a tal declaración de nulidad efectos parciales (excluyendo el reintegro del impuesto que grava la hipoteca), en otras, reconoce un efecto restitutorio total, y, en las más recientes, incluso, establece el reparto de los gastos de notaría y gestoría por mitad entre la Entidad bancaria y la parte prestataria.

Ante esta situación, el pasado 26 de diciembre de 2019, el Juzgado de lo mercantil nº 1 de Badajoz planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el procedimiento acelerado, solicitando que se pronunciara sobre si, declarada nula por abusiva la cláusula que atribuye todos los gastos de formalización, novación o cancelación,

  • Es conforme con el principio de no vinculación del artículo 6.1 de la Directiva 93/13 y con el principio de no moderación de las cláusulas declaradas nulas (sentado por la jurisprudencia del propio TJUE), la moderación de los efectos restitutorios que están estableciendo los Tribunales nacionales, así como la imposición al prestatario del pago de los gastos de tasación y del impuesto que grava la hipoteca.
  • Es conforme con el artículo 3.2 de la Directiva 93/13, imponer a la parte prestataria la carga de probar que no se le permitió aportar su propia tasación.
  • Es conforme con el efecto disuasorio que prevé el artículo 7.1 de la Directiva, que el Tribunal nacional excluya parcialmente el efecto restitutorio.

Es evidente que el pronunciamiento del TJUE respecto de todas estas cuestiones es necesario para unificar el criterio interpretativo de nuestros tribunales y acomodarlo a la normativa europea –lo que, a la postre, supondrá una mayor seguridad jurídica-, y será clave para sentar las bases de lo que deben ser las sentencias nacionales en materia de gastos hipotecarios y para resolver todos aquellos procedimientos que todavía están pendientes.

A la espera de la nueva decisión del Tribunal Supremo sobre las tarjetas “revolving”

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Las llamadas tarjetas “revolving” son en realidad un producto financiero de alto riesgo que puede acabar comportando un espiral de endeudamiento en el consumidor, quien por su falta de conocimientos financieros y la poca transparencia e información proporcionada por las entidades, termina por creer que este producto le será muy ventajoso.

Se trata de tarjetas que son similares a las tarjetas de crédito tradicionales, pero que, a diferencia de éstas, permiten al cliente aplazar los pagos de sus compras, ya sea fijando una cuota mensual fija o fijando el porcentaje de la deuda pendiente que devolverá cada mes.

Lo que desconocen los consumidores es que si fijan una cuota muy baja, estarán dejando de pagar parte de los intereses, que se incluirán como más deuda pendiente de pago y dando lugar a nuevos intereses.

Esta operativa convierte a las tarjetas “revolving” en un producto financiero “trampa”, pues termina por generar a los consumidores una deuda inasumible, debido a los altos intereses que aplican las entidades financieras, los cuales llegan incluso a porcentajes de entre un 25-30% (cuando el que rige sobre el crédito al consumo al uso es del 8,3%).

El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre este producto en su sentencia nº 628/2015 de 25 de noviembre de 2015, en la que decidió anular, por usurario, un crédito concedido en una tarjeta “revolving” en el que el tipo de interés era del 24,6%. El Alto Tribunal fundó su resolución en la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, que tacha de nulo;

todo contrato de préstamo que estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.”.

Desde que se publicara tal sentencia, las reclamaciones por tarjetas “revolving” no han hecho sino aumentar. De hecho, actualmente, estamos a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación interpuesto por Wizink Bank, S.A. en el que éste alega que los tipos de las tarjetas “revolving” deben compararse con los de las tarjetas de crédito –que están alrededor del 20%- y no con los de crédito al consumo; y es de esperar, que si la sentencia es favorable a la recurrida –una mujer que contrató una tarjeta de crédito con un interés del 27% TAE- continúen creciendo las reclamaciones judiciales frente a las entidades de crédito y bancarias por razón de las tarjetas “revolving”.

La tasa anual equivalente debe expresarse en un porcentaje concreto

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Desde hace casi 30 años, el Banco de España obliga a las Entidades de crédito a incluir en sus operaciones de crédito la Tasa Anual Equivalente (TAE), para que el cliente pueda conocer el coste total de su crédito, garantizándose, así, la trasparencia de las operaciones y la protección de la clientela.

Y a nivel comunitario, la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo, se refiere a dicha TAE como

“el coste total del crédito para el consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido” y se refiere a ella como parte de la información básica que debe especificarse en los contratos de crédito “de forma clara y concisa”, disponiendo que “la [TAE] y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito; se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje”.

Pues bien, un Tribunal eslovaco se planteó la duda de si la TAE fijada en un contrato de crédito, no mediante un tipo único, sino mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo, cumplía con la mencionada Directiva la TAE, y elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El TJUE, en su Sentencia de 19 de diciembre de 2019, es claro al señalar que;

“la indicación de la TAE en forma de una horquilla de dos valores no es conforme al tenor literal de varias disposiciones de la Directiva 2008/48, en particular de los artículos 3 y 19, ni al sistema de esta. En efecto, de dichas disposiciones se desprende que la TAE debe expresarse en porcentaje, por referencia a una cifra concreta.”.

Añade el Tribunal europeo que la concreción de la TAE en un tipo único es obligatoria incluso en los casos en que, ofertándose una oferta de contrato de crédito a un consumidor, no se sabe, con exactitud, la fecha de disposición del crédito o la fecha de la celebración del contrato. Por tanto, los consumidores pueden exigir que, en los créditos al consumo, la tasa anual equivalente se exprese mediante un tipo único, pudiendo plantear la pertinente reclamación judicial en el caso de que la entidad la fije mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo.

¿Qué daños y perjuicios pueden reclamarse tras el canje obligatorio de deuda subordinada?

¿Qué-daños-y-perjuicios-pueden-reclamarse-tras-el-canje-obligatorio-de-deuda-subordinada?-Juan-Ignacio-Navas-Abogado-especialista-en-Derecho-Bancario

La reestructuración del sector bancario que tuvo lugar como consecuencia de la última crisis financiera fue el detonante de la desaparición de las cajas de ahorro, que se fusionaron y unificaron con otras entidades y bancos.

Este proceso de recapitalización de las cajas supuso que sus activos y pasivos fueran cedidos a sus sucesores, quienes se vieron obligados a cumplir con las directrices impuestas por el FROB (así como por el Banco de España y la Comisión Europea), entre las que destacaron los planes por los que se imponía a las entidades emisoras de deuda subordinada, su obligatoria recompra para la inmediata suscripción y desembolso de nuevas acciones.

Riesgos en la adquisición de deuda subordinada

Es evidente que estas intervenciones del FROB tuvieron consecuencias directas sobre los titulares (mayoritariamente, clientes minoristas) de obligaciones subordinadas. En primer lugar, porque en la mayoría de casos las cajas no les habían informado de las características ni riesgos que suponía tal adquisición de deuda subordinada. Y, en segundo lugar, porque las acciones por las que (obligatoriamente) se canjeaban sus obligaciones no estaban admitidas a negociación en ningún mercado secundario oficial, es decir, carecían de liquidez

Ante esta situación, los titulares no han tenido otra opción –por decirlo de algún modo, pues está claro que, en realidad, no tuvieron otro remedio- que vender sus acciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Esta operativa se ve, si cabe, agravada, por el hecho de que, en la mayoría de casos, tanto en el momento de canje de las obligaciones subordinadas a acciones, como en la posterior venta de dichas acciones, los ahora accionistas no recibían el 100% del valor correspondiente a sus títulos, sino una cantidad inferior. Lo que obliga a plantearse lo siguiente: ¿Tienen derecho estos clientes a reclamar alguna cantidad a la entidad bancaria? Y, en caso afirmativo, ¿qué cantidades pueden reclamar?

Está claro que la respuesta a la primera cuestión debe ser afirmativa, pues nuestro Código civil obliga a aquéllos que incurran en negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones a indemnizar los daños y perjuicios causados; y no parece descabellado tachar de negligente la conducta de las cajas en aquellos casos en que omitieron informar a sus clientes de los riesgos del producto que estaban adquiriendo, incumplimiento toda normativa relativa a la defensa de consumidores y usuarios y a la obligaciones de información y diligencia en el ámbito bancario.

Y respecto a las cantidades que pueden reclamarse como daños y perjuicios, se ha pronunciado, recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sentencia nº 701/2019, de 20 de diciembre de 2019), que, siguiendo su criterio de que “no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y lucro” determina que las cantidades exigibles como indemnización son las que resultan de descontar de la cantidad invertida para la adquisición de las obligaciones subordinadas, la cantidad recuperada por la venta de las acciones y los rendimiento percibidos durante la vigencia de las subordinadas.

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