Ni la JUR ni el Banco de España han ofrecido respuestas satisfactorias; tendrán que darlas ante la Justicia
¿Por qué un banco declarado solvente por la autoridad bancaria europea es resuelto de la noche a la mañana?
Esta es la pregunta no resuelta en el 2017 y pendiente para este 2018. Como es sabido, la JUR se ha negado a facilitar el informe de Deloitte que habría justificado tan drástica decisión.
La JUR argumenta su opacidad en la estabilidad financiera. Un ‘argumentario’ contradictorio con el principio de transparencia que debe regir la UE. Porque lo que afecta a la estabilidad financiera es la falta de seguridad jurídica de unos accionistas y bonistas que de la noche a la mañana pierden todo mientras las autoridades de supervisión habían venido manifestando que todo estaba en orden. También el auditor, que hasta la fecha había emitido informe sin salvedades. ¿Firmón?
Nuestra lucha llega hasta el defensor del Pueblo Europeo
Desde Navas & Cusí Abogados hemos reclamado al Defensor del Pueblo Europeo que intervenga para reclamar a la JUR la publicidad de la documentación que llevó a la resolución. Si la JUR desoye al Defensor del Pueblo será el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo quien fuerce a la JUR a cumplir con su deber de transparencia previsto en el Mecanismo Único de Resolución.
Mientras tanto, los accionistas y bonistas que deseen recuperar su dinero deberán de acudir por vía civil para reclamar lo que es suyo al nuevo dueño del Popular, el Banco Santander. La entidad cántabra no puede escudarse en la decisión de la JUR porque pudieron haberse negado y no lo hicieron. Y obviamente, como nueva propiedad, heredan el activo de la hasta entonces sexta entidad del país, pero también el pasivo y las eventuales contingencias.
En paralelo, mantendremos el contencioso-administrativo contra la decisión del Frob, por cierto, asesorado por Arcano, entidad cuya sede social coincide con la del Popular. Curiosas coincidencias… ¿Por qué el Frob optó por resolver una entidad solvente?, ¿por qué en Banco de España retrasó la asistencia financiera hasta el último minuto?, ¿Por qué entregaron 3.400 millones de euros de liquidez cuando reclamaban 9.000 y habían presentado colateral por 52.486?, ¿por qué no se ofreció asistencia para apenas unos días sabiendo que el 12 de junio estaba prevista una ampliación de capital?
Son muchos los interrogantes que el Banco de España no quiso resolver en sede parlamentaria, pero que deberá aclarar en sede judicial. No es la única actuación atípica. Tampoco la CNMV actuó con equidad. ¿Por qué se permitieron los cortos contra el Popular y se prohibieron contra Liberbank a los pocos días?
La doble vara de medir resulta escandalosa
Como la de Economía. En su desesperación, el Popular reclamó asistencia al Tesoro (Economía). Este se la negó con el argumento de que no podía interferir en entidades privadas. Sin embargo, a los pocos días Italia sale al rescate de sus bancos privados y la Comisión Europea no le afea la conducta. ¿Somos los más listos de la clase o los más tontos?
Para colmo, la presidenta de la JUR, Elke Konig, citó expresamente al Popular como una de las entidades en su radar. ¿Pretendía que su señalamiento fuera inocuo?, ¿era consciente del desprestigio reputacional que supusieron sus palabras? Si lo fue, ¿por qué apuntilló a una entidad precipitando su caída? Konig actuó al revés de como sería esperable: con locuacidad no reclamada ex ante y con opacidad ‘contra legem’ ex post.
La fuga de capital de empresas públicas y privadas
Por último, queda sin aclarar la fuga de depósitos. De los 9.685 millones de euros retirados en la última semana, 2.909 corresponden a instituciones públicas. Por ejemplo, la Seguridad Social retiró 1.140 millones de euros en la semana previa a la intervención. Aunque De Guindos niega la causalidad, resulta demasiado ‘casual’ que los entes públicos retiraran sus fondos mientras se trataba de transmitir calma a los particulares… También el gobierno canario y el madrileño y el Ayuntamiento de Barcelona retiraron sus dineros poco antes de la intervención. ¿Casualidad?
La ciudadanía española y europea tienen derecho a saber qué fue exactamente lo que pasó. De momento ni la presidenta de la JUR, ni Banco de España, ni Frob ni CNMV ni Economía han dado respuestas satisfactorias. Pero las tendrán que dar en sede judicial. Y se hará Justicia. Y los accionistas y bonistas recuperarán su dinero. Porque no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo.