Esta página utiliza cookies para mejorar su navegabilidad, si continúa estara aceptando la política de cookies.

¿Qué consecuencias puede tener para el ciudadano español el procedimiento de infracción abierto frente a España por infringir el Derecho de la Unión Europea?

La suerte está echada.

Hace unos días expuse y conocíamos la noticia de la Comisión Europea envió, el pasado mes de abril, una carta de emplazamiento a España requiriéndole para que proceda de forma inmediata a adecuar su normativa nacional en materia financiera y de ejecuciones hipotecarias al Derecho de la Unión Europea, respetando los principios y Directivas comunitarias.

Y ello es debido a que desde hace ya varios años el poder legislativo español no acaba de transponer el espíritu de las Directivas comunitarias de protección al consumidor en contrataciones que puedan incluir cláusulas abusivas.

Ello es sumo relevante, teniendo en cuenta que están en juego los derechos de los consumidores.

Y lo mismo se ve reflejando en las miles y miles de Sentencias que se dictan por nuestros tribunales españoles, declarando la nulidad de multitud de cláusulas tildadas de abusivas en procedimientos de ejecución hipotecaria.

Los números hablan por sí solos: en el cuarto trimestre del año 2015, se instaron casi 7.000 ejecuciones hipotecarias, un 15,7% que el trimestre anterior; y todas ellas ejecutando y declarando vencidos préstamos suscritos con entidades de crédito durante el boom de las suprime, en 2007 y 2008.

En suma, solo en 2015 fueron 101.820 ejecuciones hipotecarias registradas, de las cuales más de la mitad (59.808) son realizadas sobre vivienda.

¿Qué efectos tendrá el procedimiento de infracción sobre España y sobre los ciudadanos?

Como consecuencia de dicho proceso de infracción cabe asegurar que España se llevará una nada despreciable multa económica.

Sin embargo, para poder dar respuesta a cómo afectará a los ciudadanos dicho ultimátum dado por la Unión Europea a España en lo que se refiere a legislación hipotecaria cabe hacer referencia a una Sentencia del TJUE de Mayo de 1991.

espana europa infraccion derecho comunitario

Dicha Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Mayo de 1991, – denominada “caso Francovich”– consagraba lo que hoy conocemos como el principio de responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario.

Es decir, un consumidor a quien le haya afectado de manera directa la inaplicación o incorrecta aplicación de la legislación comunitaria, puede solicitar al Estado daños y perjuicios.

En la mencionada Sentencia, el Tribunal de Luxemburgo configuraba el derecho de los consumidores a reclamar a su estado – es decir, en España en nuestro caso- por los daños sufridos a causa de que la legislación del Estado Miembro no hubiere transpuesto (o lo ha hecho de manera inadecuada) una Directiva comunitaria en el plazo determinado para ello.

España ya ha sido advertido varias veces de su no adecuación a la normativa comunitaria

Varios son los ejemplos que tenemos. En un primer lugar, la Directiva 93/13/CEE, en la que España ya fue advertido de su no adecuación; hecho que derivó en una confirmación por parte del Tribunal de Luxemburgo en 2004.

Ahora, con la Directiva 17/2014/CEE, cuyo plazo terminó el pasado 21 de marzo de este mismo año, ocurre lo mismo: España todavía no ha traspuesto el contenido de la referida Directiva (relativa a la regulación del mercado hipotecario), lo que conlleva que se pueda aplicar directamente.

La obligación de daños y perjuicio deriva también del 5º artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo tenor establece que los Estados que son miembros deberán acoger todas las medidas de carácter general o particular que sean pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que les afectan en virtud del Derecho común en la Unión Europea.

Son tres los requisitos necesarios que conllevan a la responsabilidad del Estado pertinente, y son:

  • Que el resultado determinado por la Directiva atribuía derechos para con particulares.
  • El contenido de dichos derechos era identificado en base a las disposiciones correspondientes de la Directiva.
  • Existió una relación causal entre el incumplimiento de la correspondiente obligación que incumbe al estado y el daño sufrido por parte de las personas afectadas.

¿Quiénes deben ser los encargados de velar por la protección de los derechos particulares conferidos por el Derecho Comunitario?

Respecto a dicha cuestión, el Fallo Europeo resulta más que interesante en tanto que constata que, pese que es verdad que las directivas deben ser transpuestas en el plazo que se señale, la obligación de los Jueces y Tribunales es la de asegurar la completa eficacia del Derecho Comunitario y proteger los derechos que este confiere a los particulares, dotando de sentido entonces a los fundamentos de todo el ordenamiento jurídico comunitario.

La Sentencia en el caso Francovich fue el nacimiento del principio de responsabilidad de la Administración, pero muchas han sido las resoluciones consecutivas que han ido perfilando y precisando el mismo.

A pesar del incumplimiento por parte de España son varias las Sentencias que se han establecido al respecto a lo largo del tiempo

La siguiente Sentencia a destacar es la conocida Sentencia Brasserie du pêcheur  S.A., de fecha 5 de marzo de 1995. A diferencia del caso Francovich, el Bundesgerich alemán buscaba respuesta a si el principio de responsabilidad del Estado era aplicable de manera general, especialmente en casos en que una ley nacional violara disposiciones directamente aplicables, y en qué condiciones.

tribunal justicia

Dando respuesta a estas dudas, la Sentencia Brasserie adquirió relevancia por establecer y perfilar los requisitos en que cabe pedir la responsabilidad por la parte de los sujetos legitimados.

La reclamación alegando el principio de responsabilidad del Estado se hace ante los Tribunales Españoles, pues como se ha puesto de manifiesto anteriormente, son -por excelencia- los Tribunales Nacionales los que deben proteger y velar por la observancia, cumplimiento y armonización de las directivas comunitarias por parte de la legislación nacional.

Un buen ejemplo de ello son todas las Sentencias que existen en relación a las ejecuciones hipotecarias.

¿Qué podrían alegar los afectados por las ejecuciones hipotecarias?

En base a lo anterior, se podría plantear la reclamación de los perjudicados que acrediten un perjuicio mientras se estaba en período de infracción de directiva comunitaria.

Y esta vulneración se produce en el doble marco temporal y material, dado que la legislación española debió haber sido adaptada a la Directiva que protege los derechos de los consumidores – 93/13/CEE-  tanto en texto como en espíritu, y con anterioridad al día 1 de Enero de 1995.

Es decir, si realmente existe un perjuicio causado por la inaplicabilidad o violación del Derecho comunitario, se debe obtener reparación sea cual sea la autoridad pública que hubiere concurrido en un incumplimiento de la normativa; y sea cual sea aquella a la que, con arreglo al Derecho del Estado Miembro, le corresponda en principio hacerse cargo de dicha reparación.

Dicho de otra manera, la infracción del Reino de España en este caso, de las Directivas 93/13/CEE y 2014/17/CEE daría lugar a la reclamación del ciudadano español a quienes hayan sufrido situaciones de indefensión o abuso en materia de ejecución hipotecaria durante los últimos años, indemnización que deberá pagar el Estado Español a los perjudicados.

 

También te puede interesar:

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Anterior

Google posiciona a Navas & Cusí Abogados como el primer despacho especialista en Derecho Bancario

Siguiente

Hipotecados, ustedes tienen derecho a no aceptar o a no renunciar a la comunicación de la cesión de su crédito hipotecado

2 Comentarios
  1. José Herrera Pérez

    Sr. letrado Juan ignacio Navas: He leido con gran interés su documento sobre la situación en España del sector hipotecario.
    En la actualidad, ante la imposibilidad de seguir pagando las cuotas de mi crédito hipotecario, he pedido a la entidad bancaria, la reestructuración de mi crédito, de manera a seguir pagándolo pero con cuotas adaptadas a mi situación actual de pensionista.
    La respuesta del banco es: Apoyandose el el RD Ley 1/2013 de 14 de mayo, habiéndo aceptado como viable mi petición, me exije a través de Aktua, un nuevo crédito, rembolsable en cinco años. Para ello me pide que firme un documento FIPER para poder acceder al borrador de lo que será la escritura notarial. Al banco he tratado de hacerle comprender que no pido un nuevo crédito sino seguir pagando el actual. Ante la posición monolítica del banco,¿Qué debo hacer? ¿Lanzarme a firmar un tal documento que sospecho sea una trampa? Gracias por emitir su omentario

    • Buenas tardes Sr. Herrera, y ante todo muchas gracias por su interés y contacto.

      Sobre el tema que me expone, está claro que hay varias maneras de reestructuración. Una de ellas es suscribir un nuevo préstamo (y la más beneficiosa para la entidad), pero no es la única. Se pueden valorar otras como una carencia. No obstante lo que le pueda afirmar, haría falta ver la documentación tanto de lo que tiene como de las propuestas de la entidad financiera le ofrece, y así podremos valorar y asesorarle correctamente.

      Con ello, le animo a poder contactar con nosotros a tal fin.

      Saludos

Deja un comentario

Design by Bocetos Marketing