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El cártel de divisas: Quién puede reclamar

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La semana pasada conocíamos la noticia de que la Comisión Europea ha impuesto una multa de más de 1000 millones de euros a los bancos Barclays, RBS, JPMorgan, Citigroup y MUFG por tener participación directa en dos cárteles en los mercados de cambio de divisa con once distintas monedas.

¿Quién pertenece al cártel?

Como he citado anteriormente fueron los bancos Barclays, RBS, JPMorgan, Citigroup y MUFG los que han tenido participación directa en en cártel.

Fue la entidad UBS, también involucrada, quien reveló la existencia de estas prácticas anticompetitivas, y gracias a su cooperación, fue eximida de cualquier sanción.

Tras la revelación, la Comisión Europea ha concluido que agentes individuales a cargo de los intercambios de divisa en Forex, actuando en nombre de los bancos, intercambiaron información sensible y planes de comercio. Estas conversaciones tenían lugar en salas de chat en internet que han desvelado que los brokers tenían contacto personal directo.

A consecuencia de lo anterior, han sido muchas las empresas y particulares que han sufrido graves perjuicios en su propio patrimonio.

La pregunta que me han hecho varios medios ha sido ¿pueden estas personas afectadas, reclamar los daños sufridos?

La respuesta debe ser claramente afirmativa.

¿Dónde y quién puede reclamar?

Las instituciones europeas, con esta multa, están dando un claro mensaje a los intermediarios financieros y agentes de mercado, dirigido a afirmar que no van a tolerar ningún tipo de prácticas que vayan en contra de la libre competencia.  Y menos cuando estas prácticas pueden afectar al consumidor y reducir así, la competitividad entre empresas.

Por tanto, los afectados que hayan sufrido directamente daños patrimoniales pueden reclamar en base a la Directiva 104/2014, de 26 de noviembre de 2014, la cual determina que los daños sufridos por un cártel o actividad colusoria podrán reclamar a las empresas que hayan formado parte del cártel, independientemente que ninguno de éstos sea español, pues puede darse perfectamente el caso de que un español pueda haber sido afectado por la manipulación de las divisas, ya que entre ellas, está el Euro.

En definitiva, podrá reclamar cualquier persona que haya operado con divisas durante diciembre de 2007 y enero de 2013. Cada reclamación y cada perjuicio económico hay que analizarlo y adaptarla al caso concreto. No obstante, y según las estadísticas europeas que constan por perjuicios en cárteles de otros años, los daños pueden rondar el 20%.

Teniendo en cuenta que es un daño que se ha producido en varias áreas, y la sanción ha sido europea, el daño puede reclamarse en cualquier juzgado del espacio europeo. No obstante, aquello más lógico es que cada ciudadano y cada empresa pueda demandar en su país, por un principio básico de costes y comodidad.

El futuro de la cláusula de vencimiento anticipado

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El debate de considerar la cláusula de vencimiento anticipado como abusiva cuando ha sido impuesta por la entidad financiera, no ha sido negociada entre las partes, y además crea un desequilibrio entre las mismas, es algo que estaba más que superado

¿Qué es la cláusula de vencimiento anticipado y como me afecta?

Según la cláusula de vencimiento anticipado, la cual está incluida en casi todos los préstamos hipotecarios, la entidad financiera puede presentar una demanda de ejecución, y con ello, declarar vencido el préstamo.

Traducido a un caso práctico: un matrimonio joven que suscriba un préstamo de 200.000 euros para adquirir una vivienda, a amortizar en 30 años, si dejaran de pagar, al cabo de 7 años, por la circunstancia que sea, dos o tres cuotas, en virtud de la referida cláusula, podría la entidad financiera declarar vencido el préstamo, pedir la deuda total, y seguramente ejecutarle mediante demanda. El matrimonio, si no pudo pagar en su momento un par o tres de cuotas, menos aún podrá hacer frente a la totalidad de la deuda, lo que se traduciría, irremediablemente, a que finalmente les acabarían expulsando de su vivienda.

Las conclusiones del Abogado General ante la inminente sentencia del vencimiento anticipado, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Estamos a la espera de que, en los próximos días, se publique la tan esperada sentencia en la que el Tribunal de Justicia dará, esperemos, una interpretación más restrictiva a la que ya teníamos en los mismos antecedentes de la jurisprudencia europea.

Y es que la Unión Europea ya es había pronunciado sobre esta cláusula, advirtiendo de que hay que establecer criterios razonables para que la misma se pueda aplicar, siempre que tratemos de un tema tan sensible como son los consumidores, y el derecho a la vivienda.

Lo que debe valorarse, por tanto, es el carácter esencial del marco de la relación contractual, así como la valoración de si constituye un incumplimiento tal grave como para que la entidad pueda presentar una demanda de ejecución hipotecaria y hasta llegar a quitarle la vivienda a un consumidor.

Trayendo a colación los criterios del Abogado general en sus conclusiones publicadas el pasado 13 de septiembre de este 2018, y en la que recuerda y usa como base de su argumentación la sentencia en el caso Mohamed Aziz, considera que el Tribunal de Justicia debe examinar unos parámetros concretos, teniendo en cuenta el incumplimiento por parte del consumidor, la gravedad de la misma, y las condiciones que el mismo derecho interno tiene para proteger esta facultad.

Así, la conclusión del Abogado General, para el caso pendiente de Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es considerar, amparándose a la jurisprudencia del Tribunal europeo, que una cláusula abusiva declarada nula se considera que nunca ha existido y no ha producido efectos. Es decir, en el caso de las ejecuciones hipotecarias, en caso de que el juzgador nacional falle a favor de la abusividad de la clausula de vencimiento anticipado, se deberá archivar la ejecución, y no podrá volver a empezar.

Y las conclusiones van más allá, pues también entiende que la aplicación del apartado 2 del art. 693 de la LEC tampoco puede darse, pues tal como concluye el mismo Abogado General europeo, los jueces y tribunales no tienen la potestad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores.

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