demandas banco popular

Vuelta de las vacaciones de agosto, y en lo que al Popular se refiere, ninguna noticia todavía.

A lo único que se dedican entre las instituciones de la Unión Europea y las nacionales es pasarse la pelota unos a otros, para intentar así difuminar una clara responsabilidad solidaria.

“Permítanme señalar que el proceso de resolución, que incluye el tratamiento de los accionistas y de los titulares de deuda subordinada, no entran en el ámbito de las tareas de supervisión asignadas al BCE y desempeñadas por este. A este respecto, les sugiero que dirijan sus preguntas a la JUR”

Así finalizaba la intervención de Danièle Nouy, Presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, este pasado mes de Julio, en el que se puede comprobar como la institución bancaria europea intenta eximirse de cualquier responsabilidad, haciendo constar que la decisión la ha tomado la Junta Única de Resolución.

Pero, ¿Y no tiene el BCE que autorizarlo y ser informado acaso, según la normativa estipulada a nivel europeo?

Se intenta, a través de este tipo de noticias, evadir la atención de lo que realmente es importante y afecta a los tenedores de títulos y deuda subordinada del Popular: la publicación del famoso informe emitido por Deloitte; y con ello, la publicación de respuesta a las miles de preguntas que todavía hoy siguen en el aire.

El ejecutivo europeo se ha negado tajantemente, a través de la presidenta Elka König, a dar publicidad al informe.

La razón que invocan es la protección al banco comprador y al sistema financiero de la Unión Europea.

“La relevación de esta información, en este momento, podría socavar la protección de los legítimos intereses comerciales de Santander en lo relativo a su posición competitiva en el mercado bancario”. Con estas palabras se plantaba la Direccion general para la estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales de la Unión Europea.

Pero, ¿y qué ocurre con los más de 300.000 inversores que han visto reducidos sus ahorros/inversiones a 0, de la noche a la mañana, y sin explicación –coherente-alguna?

No obstante, tarde o temprano, este informe deberá salir a la luz pública. De hecho, ya se afirma que desde la Audiencia Nacional ha admitido varios recursos contencioso administrativos y, con ello, la admisión de solicitar a la JUR que entregue a las partes el referido informe.

El pasado primero de septiembre era la fecha límite para presentar los anuncios de recursos contenciosos administrativos frente a la Audiencia Nacional en Madrid, solicitando la nulidad de la decisión ejecutada por parte de FROB y emitida por la Junta Única de Resolución, restituyéndose así la expropiación ejercitada a los miles de afectados por la venta de Banco Popular.

Ahora solamente queda esperar.

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