Categoría: Derecho de las nuevas tecnologías

El Derecho al Olvido por nuestro Tribunal Constitucional

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La semana pasada el Tribunal Constitucional emitió una Sentencia en la que ha versionado y ampliado el concepto de Derecho al olvido. Este derecho fue configurado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ahora nuestro máximo tribunal ha interpretado, en un caso concreto relativo a las hemerotecas de periódicos digitales, como se debe aplicar.

Y es muy importante porque están en juego dos derechos fundamentales, protegidos tanto por nuestra constitución como también por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: el derecho a la intimidad y vida privada, y el derecho a la información y relevancia pública de una noticia.

Aquí, por ejemplo, el Constitucional admite que la libertad de información constituye no sólo un derecho fundamental de cada persona sino también una garantía de la formación y existencia de una opinión pública libre y plural.

Limitación al Derecho de la información y opinión pública

No obstante, este derecho a la información y opinión pública debe ser limitada, idónea y necesaria, ya que debe poder coexistir con el derecho a la intimidad de las personas, cuando éstas no son públicas. Aquí por ejemplo se trataba de unos usuarios que habían sido detenidos por tráfico de drogas hacía más de 20 años y aparecían en la hemeroteca del periódico, versión digital, de El País.

En primera instancia en Barcelona y en segunda ante la Audiencia Provincial ganaron, pero luego el Supremo desestimó que se pudieran eliminar sus datos personales de la hemeroteca. Ahora es el Tribunal Constitucional ele que ha afirmado que la universalización del acceso a las hemerotecas, como la universalización del acceso a la información a través de los motores de búsqueda, multiplica la injerencia en los derechos a la autodeterminación informativa (art. 18.4 CE) y a la intimidad (art.18.1CE) de los ciudadanos. 

El Derecho al olvido, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El derecho al olvido fue configurado por primera vez por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ya viene recogido en el Nuevo Reglamento de Protección de Datos que acaba de entrar en vigor hará cosa de un mes, en su artículo 17.

El derecho al olvido podríamos definirlo como el derecho a impedir la difusión de información precisa sobre una persona física o jurídica a través de internet en el caso de que su publicación web no cumpla los requisitos previstos en la norma. Por tanto, estamos ante el derecho que tiene toda persona a borrar o bloquear cualquier información personal que considere no oportuna u obsoleta.

La era tecnológica supone la apertura de un nuevo frente de amenazas a la privacidad, que requiere de cobertura legal, una regulación efectiva y la defensa del derecho al olvido. El problema de esta área de derecho es que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que lo puede hacer nuestro legislador, lo que provoca que tengan que ser los mismos jueces los que estén configurando e interpretando las situaciones y las consecuencias a posibles ilícitos legales. Un ejemplo lo acabamos de ver: el derecho al olvido, el cual fue configurado, por una necesidad, por el TJUE.

No obstante, Europa se está centrando demasiado en garantizar que todo el mundo tenga un acceso a internet (que me parece más que razonable y estoy absolutamente de acuerdo), pero también debería focalizarse en garantizar protección legal a estos mismos usuarios cuando, al conectarse, pueden sufrir algún “ataque digital”.

La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos personales. La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto la economía como la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales.

Estos avances requieren un marco más sólido y coherente para la protección de datos en la Unión Europea, respaldado por una ejecución estricta, dada la importancia de generar la confianza que permita a la economía digital desarrollarse en todo el mercado interior. Las personas físicas deben tener el control de sus propios datos personales. Hay que reforzar la seguridad jurídica y práctica para las personas físicas, los operadores económicos y las autoridades públicas.

Inteligencia Artificial y Big Data

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La inteligencia artificial se está manifestando principalmente como una evolución más de la llamada sociedad de la información y del conocimiento, del desarrollo del Internet de las cosas, del big data y la economía de los datos (todo ello fruto de la Inteligencia Humana).

Una oportunidad para crecer

Obviamente la I.A. representa una indiscutible oportunidad de desarrollo económico y social para todos los sectores económicos y productivos, desde el agrario y agroalimentario, pasando por la industria del transporte (con la idea del vehículo teledirigido de forma segura), hasta la redefinición de las propias tecnologías de la información y de la comunicación, que están siempre en continua evolución.

Como toda invención o novedad está rodeada de una cierta desconfianza o temor. De ahí que un desarrollo ético y jurídico adecuado de la inteligencia artificial deba de servir, más allá garantizar la debida seguridad jurídica, para generar confianza en dichas herramientas, productos o servicios, que deben de tener como fin el progreso de la humanidad.

¿Hay que temer por la seguridad?

Cierto es que, desde un punto de vista de la seguridad, no hay que temer a las máquinas y a estas nuevas aplicaciones y servicios de inteligencia artificial, sino a algunos hombres que las pueden utilizar indebidamente, lo que plantea un verdadero desafío a la seguridad, tanto física como tecnológica, especialmente de las llamadas infraestructuras críticas, como centrales nucleares, presas, satélites… Y obviamente el Derecho y los cuerpos dedicados a la seguridad y a la defensa no deben subestimar estas nuevas amenazas.

Pues bien, toda inteligencia artificial, como realidad tecnológica, debe tener en cuenta que los derechos fundamentales de la persona y la dignidad del ser humano están por encima de cualquier tecnología y que su diseño inicial y su previsible desarrollo debe de respetar siempre y en todo momento dichos derechos y principios.

Pero además, instituciones como el Know-How (que ahora tiene una normativa europea), la propiedad intelectual (especialmente en lo que refiere a protección de apps, programas de ordenador, bases de datos sui generis…), la protección del diseño, la patente… junto con un adecuado marco contractual que proteja a los creedores y desarrolladores, resultan esenciales para una adecuada protección y desarrollo de esta nueva realidad tecnológica.

Navas &  Cusí Abogados, como despacho de marcado carácter europeo y vinculado al desarrollo de las nuevas tecnologías, tiene una línea especial de asesoramiento en materia de inteligencia artificial y big data,  para poder obtener el mayor rendimiento económico y para tener la mayor seguridad jurídica a través de un asesoramiento experto.

El ‘copyright’ del ‘impuesto Google’

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La Comisión Europea ya lo propuso en un documento del pasado 21 de marzo

El ministro de Hacienda parece haberse ‘inventado’ un nuevo impuesto para las grandes compañías de internet que tienen deslocalizado su negocio europeo en Irlanda, con un gravamen mucho más benigno.

Supuestamente, Montoro se habría ‘inventado’ este impuesto para compensar el coste que supone actualizar las pensiones conforme al IPC. Pero en realidad se trata de una propuesta de directiva europea denominada “Fiscalidad justa en la economía digital”. La Comisión emitió su primer borrador el pasado 21 de marzo y actualmente está sometido a consultas

Como todavía estamos a tiempo de opinar, nuestro despacho, Navas & Cusí Abogados, organizó recientemente un encuentro empresarial en Bruselas para trasladar a la Comisión Europea el sentir del mundo empresarial.

En el acto estuvo presente el “policy officer’ de la Dirección General de Fiscalidad de la Comisión Europea, David Howell. Estuvieron presentes representantes del Santander, BBVA y Telefónica y también representantes de las cámaras de comercio francesas, alemanas y europeas. Nos acompañó también el consejero económico de la representación permanente de España ante la UE, Jorge Ferreras Gutiérrez

El sentir general del mundo empresarial es que hay consenso en tratar de evitar la erosión de las bases fiscales. Es decir, todos comparten que no es razonable que las actividades de Google y Facebook en los 27 países de la UE tributen prácticamente en su totalidad en Irlanda. ¿Cómo se soluciona? La propuesta es crear una base imponible común que posteriormente esa cuantía se repartiría entre los estados en los que la empresa cumpla algunos de los siguientes tres requisitos: más de 7 millones de facturación o más d 100.000 usuarios o más de 3.000 contratos B2B.

Aunque no se puede poner puertas al campo sí que se puede objetivar la actividad y beneficios en cada país. El objetivo, en definitiva es que se tribute en el lugar del consumo y no en el lugar de prestación de servicio. Menos en el lugar de la sede social.

Bajo mi punto de vista, esta es una propuesta deseable, pero extraordinariamente compleja. ¿Cuáles serán los mecanismos de ‘enforcement’ es decir, de hacer ejecutiva y efectiva esta medida?, ¿qué garantías tenemos que no afecta a las pymes y limita el comercio interior? Adicionalmente, más allá de la preocupación por la erosión de las bases fiscales, ¿por qué desaprovechar la ocasión para proteger adecuadamente los derechos del consumidor? Desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, un consumidor o usuario de un servicio de una empresa de otro estado miembro, se encuentra desasistido si tiene que realizar cualquier reclamación.

Como quiera que la Comisión es consciente de las dificultades de realizar esta base imponible única, plantea un ‘interin tax’, es decir, un impuesto interino hasta que se llegue a realizar y ejecutar esa base imponible única. Este ‘interin tax’ consistiría en un 3% de los ingresos de las compañías en cada país.

Es un mecanismo fiscal sencillo y aficaz, aunque -como toda la fiscalidad indirecta- recorta la competitividad. Y esta propuesta de la Comisión es la que Montoro ha adoptado como ‘tasa google’ para compensar la subida de las pensiones.

En definitiva no existe un ‘copyright’ español sino comunitario. Y además es interino. O al menos eso se pretende. El reto está encima de la mesa. Y la Comisión ha tenido ocasión de escuchar las preocupaciones del empresariado. Ahora toca afrontar el reto con inteligencia y equilibrio.

¿Qué leyes mandan sobre las nuevas tecnologías?

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Recientemente un directivo del IBEX de una empresa tecnológica impartió una conferencia en la que explicaba sus vivencias personales. Entre ellas se encontraba su primera etapa de emprendimiento en los años 70 cuando comenzó su primera empresa relacionada con el mundo de la tecnología. Durante su explicación hizo notar que en aquellos momentos ya se hablaba del término “nuevas tecnologías”, lo que usó para ilustrar que dicho término no es de tan reciente creación.

El motivo por el que nosotros explicamos aquí este hecho es para plantearnos si realmente las tecnologías disruptivas se encuentran en un limbo legal o tienen cabida en el marco legal ya existente.

Las nuevas tecnologías para las leyes

El problema no debemos enfocarlo desde si las leyes se adaptan a las nuevas tecnologías, sino si las nuevas tecnologías se adaptan a las leyes. Este cambio de enfoque se debe hacer para entender que las mismas se realizan con un prisma amplio y que no pueden cambiar a la misma velocidad que las innovaciones.

Un ejemplo de lo anterior son las criptomonedas; ¿se encuentran desreguladas? Algunos defenderán que sí, sin pensar en los riesgos a los que expone dicha tesis a todos los que participan en el mundo de los mismos. La realidad es que las criptomonedas se encuentran reguladas, aunque no con ese término ya que es de reciente creación, pero podríamos englobarlas dentro del la Ley del Mercado de Valores al hablar de un bien susceptible de ser transferido en un mercado; y así protegeríamos a todos los miembros del sistema.

Pero que a día de hoy existan unas cuantas normas no es motivo para dejar de lado el tsunami de la transformación desde el punto de vista legal, sino que es necesario adaptar la legislación para que el máximo número de tecnologías disruptivas puedan adaptarse.

¿Qué podemos hacer?

En mi labor como socio de Navas & Cusí procuro apoyar la innovación y disrupción, implementándola en nuestro día a día y colaborando en el sistema, pero adicionalmente soy participante de los Think Tank existentes en Bruselas para colaborar con una legislación favorable a las nuevas tecnologías y a los usuarios.

Además, no solo buscamos mejorar el sistema a futuro, sino que con la especialización en derecho de nuevas tecnologías podemos asesorar a aquellos que estén interesados en desarrollar, proteger o mantener sus innovaciones dentro del marco legal europeo, que es el que evitará problemas en la internacionalización.

La fiscalidad de las operaciones por internet, en el orden del día

Hoy he asistido, como vicepresidente de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, a un evento patrocinado por Navas & Cusí Abogados, en el que se ha discutido la problemática de la fiscalidad en las operaciones de la era digital.

Tras la consulta pública sobre “Imposición equitativa de la economía digital” el 21 de marzo de 2018, la Comisión Europea propuso nuevas normas para garantizar que las actividades comerciales digitales se graven de manera justa y favorable al crecimiento en la UE. Esto ayudará a superar la brecha fiscal existente entre esas empresas digitales y las empresas tradicionales.


La Comisión hizo dos propuestas legislativas que tienen como objetivo una imposición más justa de las actividades digitales en la UE:

  • La primera iniciativa tiene como objetivo reformar las normas de impuestos corporativos para que las ganancias se registren y graven cuando las empresas tengan una interacción significativa con los usuarios a través de canales digitales. Esto constituye la solución, a preferir, para largo plazo, por parte de la Comisión Europea.
  • La segunda propuesta responde a las llamadas de varios Estados miembros para un impuesto provisional que cubre las principales actividades digitales que actualmente escapan a los impuestos en conjunto en la UE.

evento patrocinado por Navas & Cusí Abogados, en el que se ha discutido la problemática de la fiscalidad en las operaciones de la era digital

En este contexto, la delegación de la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea, en colaboración con la Asociación Europea de Economía y Competitividad, patrocinada por Navas & Cusí, ha organizado un debate en la capital europea, cuyo título establecía “Fair Taxation of Digital Economy. Where should the income generated on the internet be taxed?”

Han acudido todo tipo de empresas, con el objetivo de estar al día de las nuevas propuestas, y también tener voz para poder expresar sus puntos de vista y preocupaciones por este tema.

La regulación actual de la fiscalidad europea

La regulación en la era digital todavía es muy preliminar, no obstante, sí podemos hacer referencia a lo que actualmente sí tenemos.

Según la normativa actual, los servicios prestados por vía electrónica abarcarán los servicios prestados a través de internet que requieran una intervención humana mínima, y que no tengan viabilidad al margen de la tecnología de la información, por ejemplo (alojamiento páginas web, enseñanza impartida a través de la red…..)

El régimen especial de IVA que afecta a estas operaciones implica que el IVA a aplicar cuando el consumidor final es un particular será el del país de residencia del consumidor

El país de residencia se considerará a partir de la IP del usuario, o del número de teléfono o si nada de esto es posible a partir del país donde se sitúe la cuenta de pago del Servicio

No entra en este régimen especial la venta de productos por internet que se regirá por el régimen general del IVA mientras las ventas a consumidores finales en un mismo país no lleguen a 35.000 euros

Las criptomonedas ¿Lo sabemos todo?

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¿Con quién estoy contratando exactamente?

¿Quién está emitiendo y promoviendo la criptomoneda?

¿Quién promociona o comercializa la criptomoneda?

 ¿Tienen licencia para venderla?

¿Dónde está ubicada la empresa?

¿A dónde va mi dinero y para qué se usará?

¿Puedo revender la criptomoneda libremente?

Una de las características de las llamadas criptomonedas es que prácticamente no podemos dar respuesta a lo anterior, ya que son emisiones que no tienen ni control, ni regulación.

Es un tema recurrente últimamente: bitoin, Litecoin, Ethereum… En un tiempo absolutamente récord, la cotización del bitcoin ha alcanzado y superado los 15.000 dólares la unidad. Pero, ¿qué sabemos de las criptomonedas?

Advertencias publicadas sobre las criptomonedas

Visto lo anterior, varias instituciones, no solamente a nivel española sino también a nivel de todo el mundo, se han puesto manos a la obra para advertir sobre las consecuencias que tiene esta burbuja creada a raíz de la especulación en la “novedad” de este tipo de inversión. Y más, cuando un común denominador es el uso de las nuevas tecnologías e internet.

Sin ir más lejos, el pasado 8 de febrero de este año en curso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió un comunicado en virtud del cual se ponía en conocimiento el peligro de las criptomonedas en tanto en cuanto estamos ante una “divisa” que no está respaldada por un banco central u otras autoridades públicas, y por tanto, no es obligatorio aceptarlas como medio de pago, su circulación es muy limitada y además, su valor oscila fuertemente, advirtiendo que no pueden considerarse como un buen deposito de valor ni una unidad de cuenta estable.

Por otro lado, también se están creando las llamadas ICO’s (“Initial Coin Offering”), que son actuaciones de captación de fondos de inversores para financiar proyectos.

Estas emisiones, tal como indica tanto la CNMV como también el mismo Banco de España, no han sido ni registradas ni tampoco autorizadas, por lo tanto, no existe garantía alguna en caso de pérdida de la inversión.

Otras autoridades, tales como la misma ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) o la IOSCO, también han publicado, a finales de 2017, advertencias en relación a este asunto, dirigida principalmente a los inversores que intermedian con las llamadas criptomonedas.

La legislación de las criptomonedas

El motivo de las advertencias a las que me he referido con anterioridad es lógico, a la par que necesario: la inexistencia de regulación.

La falta de un marco jurídico que regule las criptomonedas ha provocado que se utilicen para objetivos poco ilícitos (blanqueo de capitales o evasión de impuestos), lo que provoca al mismo tiempo que los inversores se vean absolutamente desprotegidos, e incluso llegar a perder su inversión, pues no se dispone a día de hoy, de ningún mecanismo de garantía.

¿Cómo tributan la compra de las criptomonedas?

 

Ahora bien, el hecho de que no exista regulación, no significa que no tenga que cumplir con mis obligaciones tributarias, derivadas de la compra de las llamadas criptomonedas.

Si por una cosa empezará el poder legislativo, será por regular precisamente el aspecto tributario y fiscal.

De hecho, la misma Comisión Europea y las instituciones reguladoras de cada estado miembro ya han emitido una serie de propuestas, cuyo fin es regular las monedas virtuales y los ámbitos que abarca.

En el caso de la compra de bitcoins, el nombre del comprador permanece en el anonimato; y por tanto Hacienda no tiene manera de conocer de primera mano este movimiento. Para ello, lo que hará será vigilar bien de cerca los movimientos “extraños” que existan en determinadas cuentas, para pedir explicaciones sobre la referida compra a los titulares.

En el caso de la venta de bitcoins, aquí deberemos fijar el importe derivado por el posible incremento patrimonial.

En Proyecto una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal

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En estos momentos se está tramitando un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 24 de noviembre de 2017.

Más allá de que es seguro que habrá una nueva Ley que sustituirá la vigente 15/1999, de 13 de diciembre, lo más significativo son, cuanto menos, cinco aspectos que paso a destacar.

1- Habrá una doble regulación: la de la futura LOPD y la del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Tal y como se señala se señala en el artículo 1.2 del Proyecto; con la complejidad que ello supone y con la prevalencia del RGPD sobre la LOPD.

Por ello, un despacho especializado en protección de datos y nuevas tecnologías con presencia en Bruselas, como es Navas & Cusí Abogados, es garantía de profesionalidad a la hora de recibir el mejor asesoramiento, formación y prestación de servicios en esta materia.

2- Protección de datos de una persona fallecida

Como novedad para el Derecho español en materia de protección de datos se debe destacar la regulación contenida en el artículo 3 sobre la protección de datos de la persona fallecida, del que ya había una regulación en Cataluña (ley 10/2017, de voluntades digitales), pero que ahora gozará de una regulación de ámbito nacional.

3- Desaparece el sistema de inscripción de ficheros en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos

Ello determina que el sistema de protección sea idéntico para todas las personas físicas y jurídicas que tiene ficheros con datos personales, con la única diferencia que unos requerirán de un “Delegado de protección de datos”, externalizado o en plantilla, y otros no necesitarán de la tenencia de dicho Delegado, pero requerirán de un tercero que garantice la adecuación de los ficheros y de la protección de datos a las nuevas exigencias de la normativa comunitaria y nacional. Efectivamente, se impone una nueva política de previsión y prevención de infracciones, un sistema de accountability de cada fichero, que va a requerir de una protección más específica e individualizada.

4- La extensión de los supuestos en los que va ser obligatorio tener un Delegado de Protección de Datos, especialmente en lo que refiere al sector privado

En ese sentido, el artículo 35 del Proyecto LOPD, que establece la obligatoriedad de los responsables y encargados del tratamiento deban designar un delegado de protección de datos (DPD o DPO de Data Protection Officer) en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de colegios profesionales; colegios y centros docentes; Universidades públicas y privadas; empresas de telecomunicaciones; prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio; entidades de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; establecimientos financieros de crédito; entidades aseguradoras y reaseguradoras; empresas de servicios de inversión; distribuidores y comercializadores de energía eléctrica; entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito; entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos; empresas de juego online y empresas de seguridad privada.

Pero, sobre todo, los más afectados son las instituciones y centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.

Es verdad que la mayoría de instituciones privadas que aparecen en este amplio elenco de entidades obligadas a tener un Delegado de Protección de Datos, interno o externalizado, no estaban obligadas a ello por el RGPD y será complicado que a la entrada en vigor puedan tener sus ficheros regularizados, pero Navas & Cusí ya ha sido designado por su experiencia, rigor y profesionalidad como DPD o DPO de diversas multinacionales europeas.

5- El régimen sancionador se va a mantener como está, con infracciones leves, graves y muy graves

Aunque deberemos de esperar a la aprobación definitiva de la LOPD, entrada en vigor que se quiere hacer coincidir con la plena eficacia del RGPD, el 25 de mayo de 2018, pero las sanciones, en el caso de muy graves pueden llegar hasta 20 millones de euros, ya que son las cuantías previstas en los artículos 83, apartados 4, 5 y 6.

Tal y como está redactado el Proyecto, hay un elevado grado de indefinición en la concreción de las cuantías de las sanciones, ya que, aunque se anuncia una voluntad por la Agencia Española de Protección de Datos de no imponer sanciones cuantiosas, la letra del RGPD no establece eso, y, en esta materia, se agradecería por la Ley española un elevado grado de concreción.

Además, conforme al artículo 76.4 del Proyecto LOPD, será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado toda sanción que sea superior a un millón de euros cuando el infractor sea una persona jurídica y la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos. Y ello, junto con la necesidad de dar noticia de las brechas de seguridad a los afectados, es algo que puede afectar bastante al prestigio de las personas jurídicas y entidades, por lo que conviene tener todo bien previsto y documentado.

En conclusión

Se impone una nueva normativa en materia de protección de datos, que quiere ser mucho más preventiva en los que refiere al respecto al derecho de protección de datos de carácter persona y que supone un cambio de modelo mucho más complejo y especializado. Confiar en Navas & Cusí Abogados no solo evita ser sancionado con multas de hasta 20 millones, sino que garantiza un elevado índice de calidad y transparencia en el cumplimiento de esta nueva normativa de protección de datos.

Los nuevos chiringuitos financieros: Las criptomonedas

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Criptomonedas, blockchain, bitcoin…todos ellos conceptos que han entrado en nuestras vidas de forma atropellada, y sin todavía margen de conocer sus intenciones.

Las nuevas tecnologías aplicadas a nuestro día a día tiene muchas cosas buenas, aunque también varias de no tan ventajosas; entre las más importantes, destaca la inseguridad jurídica y falta de normativa en este nuevo sector, en crecimiento cada vez más.

Las criptomonedas

Una criptomoneda es una moneda virtual que sirve para intercambiar bienes y servicios a través de un sistema de transacciones electrónicas sin la necesidad de un intermediario.

El bitcoin es el tipo de criptomoneda que más se ha puesto de moda en los últimos tiempos, por la revalorización que ha experimentado en bolsa en tiempo récord (llegando a cotizar a más de 10.000 dólares hará cosa de un mes).

Empresas multinacionales ya se han apuntado al carro de facilitar a los usuarios la compra a través de las llamadas criptomoneda. Uno de los últimos, la empresa española de alimentación Nostrum, quien ha lanzado criptomonedas para financiar su expansión en el extranjero.

No obstante, no es oro todo lo que reluce.

De hecho, fue el proyecto de Nostrum el que puso en alerta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien ha lanzado recientemente un aviso de “nivel alto riesgo”, refiriéndose a las operaciones con criptomoneda.

Los reguladores nacionales, así como también a nivel de la Unión Europea, han empezado ya a analizar el fenómeno en base a los pronunciamientos de instancias internacionales y supervisores de terceros países.

Normativa aplicable: Ley de mercado de valores

En palabras de la misma CNMV, las ICO deben “quedar sujetas a las reglas aplicables a la oferta y distribución de valores convencionales”.

Lo anterior pasa por la aprobación de un folleto informativo, la intervención de entidades financieras registradas en el proceso de comercialización y la aplicación de las reglas de la normativa Mifid en lo relativo a la protección de los inversores.

La desregulación de las criptomonedas, como los bitcoins o los ethereum, facilita los procesos especulativos y las estafas por el carácter anónimo de muchas de sus transacciones.

En la actualidad, se estima que se negocian algo menos de 1.400 divisas virtuales diferentes, un número que ha crecido de forma exponencial en el último año apoyado en el rally del bitcoin.

Los robos de carteras por parte de piratas informáticos han hecho aparecer un nuevo temor entre los inversores que se añade al vértigo de su espectacular subida. También ha impactado de forma negativa la propuesta de prohibir las transacciones anónimas en Corea del Sur, país que en ocasiones mueve el 25% de la negociación de la divisa.

Hay que ser optimistas, a la vez que cautos, con las facilidades de las nuevas tecnologías.

El Bitcoin imparable

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El Bitcoin imparable supera la barrera de los 10.000 dólares

Comprar lingotes de oro como forma de inversión y de preservar el dinero, ya ha pasado a la historia.

El Bitcoin es un fenómeno que hasta hace relativamente poco tiempo, ni sabíamos que existía. No obstante, el concepto e idea que trasmite el Bitcoin y todo lo que ello conlleva (la implantación de las nuevas tecnologías en nuestro día a día).

Recapitulemos: ¿qué es el Bitcoin?

Es una moneda, como puede ser el euro, que sirve para intercambiar bienes y servicios, que funciona a través del sistema denominado blockchain.

La diferencia con las monedas corrientes es que es una divisa electrónica que destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio. Los Bitcoin no pertenecen a ningún Estado (es descentralizada y no tiene un emisor central) y por tanto puede usarse en todo el mundo por igual, ni hay intermediarios y por tanto cada transacción se hace de persona a persona y por tanto el dinero no puede ser intervenido y nadie puede congelarte las cuentas.

Y otro elemento importante: es imposible falsificarla gracias a su sistema criptográfico de elaboración.

Entrando en terreno técnico, el Bitcoin es una moneda que se compra y vende en plataformas especializadas de internet. Sus inicios empezaron con precios de menos de  un euro y esta semana ya ha batido récords, superando los 11.000 dólares. En cuestión de horas, se ha llegado a revalorizar un 15%.

El ascenso del Bitcoin: ¿cual es su valor?

La espectacular revalorización que ha sufrido el bitcoin en los últimos meses lo han situado como la burbuja económica más importante después de la famosa crisis de los Tulipanes experimentada en los Países Bajos en el siglo XVII.

La revalorización de los tulipanes llegó a alcanzar tal magnitud que hizo tambalear los mercados. El exotismo de los bulbos de tulipán provocó una euforia productora y compradora, provocando que los precios de los tulipanes aumentasen exponencialmente.

Todo el mundo quería tulipanes.

Y tal como se define en la ley de oferta y demanda, en un mercado de siempre al alza, en principio, nadie podía perder. Mucha gente dejó su trabajo para dedicarse al cultivo de tulipanes. Y como toda burbuja económica, estalló y el precio empezó a caer en picado.

Pues bien, algo parecido está pasando con los Bitcoin, moneda que a principios de este año nos sorprendía porque había superado el máximo precio del oro; pero que hoy sobrepasa los 10.000 dólares.

Gráfica-ascendente-del-Bitcoin-Juan-Ignacio-Navas-Marqués

¿Cuando dejará de subir el Bitcoin?

LA TEORÍA DEL “TONTO MAYOR”

El Bitcoin está circundado como una extraordinaria fuerza alimentada por la especulación y lo que en términos económicos se conoce como la teoría del tonto mayor (del inglés, the greater fool theory), y viene a explicarnos lo que está ocurriendo actualmente: la gente está comprando Bitcoins porque esperan que otras personas se lo compren a un precio más alto.

La cuestión es que siempre vamos a encontrar un comprador a quien venderle nuestras acciones a un precio superior al que nosotros lo compramos; y ello independientemente de que el mercado se encuentre mas o menos valorado. Y así es como la burbuja se va creando, hasta que encontramos al “mayor tonto de todos”.

El precio de un activo no viene determinado por el valor intrínseco, sino mas bien por la percepción o expectativas de los participantes en el mercado, y mientras no seamos este “más tonto”, es posible que obtengamos beneficios.

La fiebre del Bitcoin es el resultado, entre otras cosas, de la noticia de que la Bolsa Mercantil de Chicago negociará futuros en Bitcoins: un contrato de derivados basado en una moneda digital. Este entusiasmo por esta moneda significa más demanda de la misma, y por lo tanto el precio sube.

Ahora solamente nos queda esperar quien será the greater fool.

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